Maria Loreto Castillo Morelos

Expediente 590/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
590/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
30/06/2022

Partes del expediente

  • Maria Loreto Castillo Morelos

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la determinación dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se sobreseyó en el juicio, ha causado estado para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de junio de dos mil veintidós. Se tiene por recibido y se agrega al expediente el informe justificado de cuenta, con copias y anexo que se acompañan. Domicilio y delegados. Como lo solicita, téngase como domicilio de su parte, el que señala y, con fundamento en el artículo 9° de la ley de la materia, ténganse como sus delegados a las personas que indica. Consulta del expediente y sobreseimiento. Es menester precisar que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la omisión por parte de la autoridad responsable de brindar impulso procesal a la denuncia escrita presentada ante dicha institución en fecha siete de abril de la presente anualidad. Pues bien, del informe justificado rendido por la aludida responsable y del anexo que acompaña en copia certificada, se advierte que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable demostró haber radicado la denuncia presentada por la parte quejosa, siendo registrada bajo el número de expediente CIM-EIA-UI-53/2022, cuya omisión se reclamó en este juicio; por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues la omisión de que se trata ya fue subsanada, por lo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas del trece de junio de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la quejosa.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos el alegato ministerial que suscribe el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; sin perjuicio de dar nueva cuenta en la audiencia respectiva. Asimismo, con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, se le tiene formulando alegatos, los que serán tomados en consideración al momento de resolver. Finalmente, hágase de su conocimiento que en virtud del nuevo esquema de trabajo y las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado por la Covid-19, este juzgado no cuenta con un centro de fotocopiado con el fin de obtener la reproducción a que se refiere. Sin embargo, se precisa al citado representante social que la copia certificada de la resolución que refiere, puede obtenerla a través del expediente electrónico que se puede consultar en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, (una vez que solicite a este tribunal la autorización correspondiente, precisando el usuario para tal efecto), e incluso las que incluyan evidencia criptográfica, se considerarán copias certificadas, de conformidad con el artículo 36, segundo párrafo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Es así, ya que, no obstante la reanudación de labores de los órganos jurisdiccionales conforme al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es claro que aún continúa vigente la necesidad de tomar las medidas conducentes para mitigar la probabilidad de contagio del virus en comento, por lo cual, las partes, en la medida de lo posible, deberán procurar tramitar y dar seguimiento a sus asuntos con la utilización de herramientas tecnológicas; de ahí que, al no exponer algún impedimento para hacer uso de ellas, no es factible acordar de conformidad su petición. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por María Loreto Castillo Morelos, contra actos del Titular de la Contraloría Interna Municipal de esta capital, con cuatro copias y un anexo que se acompañan; con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, XII, y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, se admite en sus términos; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 590/2022-I-L. Sin tramitar incidente de suspensión por no haberse solicitado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde en términos del artículo 5°, fracción IV, de la ley reglamentaria, a quien, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se le exhorta para que su actuación se dé desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Se señalan las ONCE HORAS DEL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS para la celebración de la audiencia constitucional. Sin que sea el caso de tener como terceros interesados a las personas morales que menciona; en virtud de que no se encuentran dentro de los supuestos que establece la fracción III, del artículo 5° de la Ley de Amparo, dada la naturaleza de la omisión reclamada. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la parte quejosa la documental que se adjuntó al escrito de demanda, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza y podrá ser considerada al momento de dictar la resolución correspondiente, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia constitucional. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a las personas que señala toda vez que no proporcionan los datos de que se encuentren legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto, a los usuarios gilberto7008 y cars980901. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior.

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