Maria Lorena Peña Rodriguez
Expediente 305/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 13 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 305/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 22/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Maria Lorena Peña Rodriguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Téngase recibido el oficio SATES-DJ-DAAP-153/2022, signado por el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, mediante el cual, en cumplimiento a nuestro diverso 1550/2022, informa las diversas gestiones que han realizado a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el sumario en que se provee; comunicado que en atención a su contenido únicamente se ordena agregar en autos para que obre como constancia, en virtud de que el diecisiete de los que cursan se declaró cumplida la ejecutoria dictada en el presente sumario.
- Principal
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica por lista para conocimiento de la parte quejosa, la determinación de fecha diecisiete de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual en síntesis se acordó: Visto el estado de los autos, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa para que desahogara la vista contenida en proveído de ocho de febrero de dos mil veintidós; por lo que el suscrito procede a determinar con las constancias que obran en autos si la sentencia concesoria se encuentra cumplida en sus términos o, si hubo exceso o defecto en su cumplimiento, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. En sentencia ejecutoriada dictada el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa, para los efectos que a continuación se transcriben: " (.): a) Desincorporar de la esfera jurídica de la contribuyente la obligación de pagar los derechos registrales bajo la tarifa establecida en la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa en vigor, específicamente, sus artículos 50, fracción II, y 111, fracción II, inciso d), y no le sea aplicado en lo futuro hasta en tanto sea reformada. b) En razón de lo expuesto, deberá dejarse sin efectos el pago generado en el recibo oficial en un primer pago de $73,937.00 (setenta y tres mil novecientos treinta y siete pesos 00/100 moneda nacional) y un segundo pago por la cantidad total de $66,183.00 (sesenta y seis mil ciento ochenta y tres pesos 00/100 moneda nacional), por los conceptos de: (1) pago de derechos por servicios con motivo de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad, de la operación de compra-venta, y (2) los impuestos adicionales, consignados en los recibos oficiales números 0000718079 y 0000720187, de treinta de abril y dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. c) Sin que ello implique, desde luego, que la promovente quede exenta de pagar la cantidad generada por concepto de derechos derivados del servicio prestado por el Estado, sino que sólo deberá cubrir la cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, prevista en el inciso b) de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. d) De ese modo, al ser las autoridades fiscales recaudadoras a las que corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tal cumplimiento constriñe al Jefe de la Oficina de Recaudación en Mazatlán del Servicio de Administración Tributaria del Estado, con sede en esta ciudad, así como al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ambos en esta localidad, a fin de que cancelen los recibos oficiales número 0000718079 y 0000720187, de treinta de abril y dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, y devuelvan a la peticionaria del amparo las cantidades que por concepto de derechos e impuestos adicionales indebidamente pagó con motivo de la inscripción de la operación de compraventa ahí consignada más impuestos adicionales, por la cantidad total de un primer pago de $73,937.00 (setenta y tres mil novecientos treinta y siete pesos 00/100 moneda nacional) y un segundo pago por la cantidad total de $66,183.00 (sesenta y seis mil ciento ochenta y tres pesos 00/100 moneda nacional); previo descuento a dicha suma del importe que resulte de aplicar la cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que se actualizó a la fecha de la operación, en términos de lo previsto en el inciso b), de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. Cantidad esta última que deberá ser actualizada desde su entero y hasta la fecha en que sea devuelta al contribuyente. Apoya lo expuesto, la tesis 2a. XIV/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, intitulada: "LEYES FISCALES, AMPARO CONTRA. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS COMO ACTOS DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS." En la inteligencia que si bien la tutela protectora alcanza a las autoridades responsables que concurrieron en la discusión, aprobación, expedición y promulgación del decreto por el que se expidió la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, específicamente, su artículo 50, fracciones III, no implica por parte de éstas, la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. Sustenta lo anterior, la tesis P. CXXXVII/96 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, noviembre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN." En atención a lo anterior, mediante oficio SATES-DJ-DAAP-153/2022, acordado en auto de ocho de febrero del año en curso, la aludida autoridad responsable informó que ya fue entregado el cheque con número 0001359 de dos de diciembre de dos mil veintiuno, por la cantidad de $138,327.60 (ciento treinta y ocho mil trescientos veintisiete pesos 60/100 moneda nacional) a la quejosa María Lorena Peña Rodríguez, de lo cual remitió la constancia de acuse de recibo por parte de la citada quejosa. En esa tesitura, del análisis comparativo del acto emitido por la autoridad responsable, con los efectos de la sentencia de amparo, se declara que esta última se encuentra CUMPLIDA, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, sin exceso ni defecto, tal como se evidencia de la tabla que a continuación se inserta: EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE AMPARO FORMA EN QUE SE ACATÓ LA SENTENCIA. Desincorporar de la esfera jurídica de la contribuyente la obligación de pagar los derechos registrales bajo la tarifa establecida en la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa en vigor, específicamente, sus artículos 50, fracción II, y 111, fracción II, inciso d), y no le sea aplicado en lo futuro hasta en tanto sea reformada. Debiendo dejarse sin efectos el pago generado en el recibo oficial en un primer pago de $73,937.00 (setenta y tres mil novecientos treinta y siete pesos 00/100 moneda nacional) y un segundo pago por la cantidad total de $66,183.00 (sesenta y seis mil ciento ochenta y tres pesos 00/100 moneda nacional), por los conceptos de: (1) pago de derechos por servicios con motivo de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad, de la operación de compra-venta, y (2) los impuestos adicionales, consignados en los recibos oficiales números 0000718079 y 0000720187, de treinta de abril y dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Sin que ello implique, desde luego, que la promovente quede exenta de pagar la cantidad generada por concepto de derechos derivados del servicio prestado por el Estado, sino que sólo deberá cubrir la cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, prevista en el inciso b) de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. Mediante oficio SAF-PF-3746/2021, el Procurador Fiscal del Estado de Sinaloa ordenó al Director de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, desincorporara de la esfera jurídica de la quejosa la obligación de pagar los derechos registrales bajo la tarifa motivo del acto reclamado (foja 124). Cancelen los recibos oficiales número 0000718079 y 0000720187, de treinta de abril y dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, y devuelvan a la peticionaria del amparo las cantidades que por concepto de derechos e impuestos adicionales indebidamente pagó con motivo de la inscripción de la operación de compra-venta ahí consignada más impuestos adicionales, por la cantidad total de un primer pago de $73,937.00 (setenta y tres mil novecientos treinta y siete pesos 00/100 moneda nacional) y un segundo pago por la cantidad total de $66,183.00 (sesenta y seis mil ciento ochenta y tres pesos 00/100 moneda nacional); previo descuento a dicha suma del importe que resulte de aplicar la cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que se actualizó a la fecha de la operación, en términos de lo previsto en el inciso b), de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. Cantidad esta última que deberá ser actualizada desde su entero y hasta la fecha en que sea devuelta al contribuyente. Este supuesto se colma al haberle devuelto a la parte quejosa la cantidad de $138,327.60, por concepto de devolución de ingresos contenidos en los recibos que se alude en este apartado, lo que se corrobora con la copia certificada de la constancia que obra a foja 136 de autos que contiene cheque expedido a María Lorena Peña Rodríguez, así como comprobante de egresos en el que se asientan los motivos de la devolución del numerario, mismo que contiene fecha y firma de recibo por parte de la quejosa. Apoya lo anterior, la tesis VI.2o.C626, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 1412, registro 168786, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO AL RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE AQUELLA EN LA QUE SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL PARA EL EFECTO DE QUE SE DEJARA INSUBSISTENTE TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO DE ORIGEN, Y SE ORDENARA LA LEGAL REALIZACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO AL DEMANDADO, NO PUEDEN ANALIZARSE LOS VICIOS DE LA NUEVA DILIGENCIA DE LLAMAMIENTO A JUICIO." Consecuentemente, dado que no existe cuestión pendiente por determinar, acorde a lo establecido en el numeral antes indicado, SE ORDENA ARCHIVAR el presente asunto como concluido. Asimismo, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es DEPURABLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo de archivo, toda vez que se concedió la protección constitucional. Notifíquese el presente proveído a la parte quejosa, para los efectos a que refieren los arábigos 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo. Comuníquese esta determinación a las autoridades responsables para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Visto el estado de los autos, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa para que desahogara la vista contenida en proveído de ocho de febrero de dos mil veintidós; por lo que el suscrito procede a determinar con las constancias que obran en autos si la sentencia concesoria se encuentra cumplida en sus términos o, si hubo exceso o defecto en su cumplimiento, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. En sentencia ejecutoriada dictada el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa, para los efectos que a continuación se transcriben: " (.): a) Desincorporar de la esfera jurídica de la contribuyente la obligación de pagar los derechos registrales bajo la tarifa establecida en la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa en vigor, específicamente, sus artículos 50, fracción II, y 111, fracción II, inciso d), y no le sea aplicado en lo futuro hasta en tanto sea reformada. b) En razón de lo expuesto, deberá dejarse sin efectos el pago generado en el recibo oficial en un primer pago de $73,937.00 (setenta y tres mil novecientos treinta y siete pesos 00/100 moneda nacional) y un segundo pago por la cantidad total de $66,183.00 (sesenta y seis mil ciento ochenta y tres pesos 00/100 moneda nacional), por los conceptos de: (1) pago de derechos por servicios con motivo de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad, de la operación de compra-venta, y (2) los impuestos adicionales, consignados en los recibos oficiales números 0000718079 y 0000720187, de treinta de abril y dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. c) Sin que ello implique, desde luego, que la promovente quede exenta de pagar la cantidad generada por concepto de derechos derivados del servicio prestado por el Estado, sino que sólo deberá cubrir la cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, prevista en el inciso b) de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. d) De ese modo, al ser las autoridades fiscales recaudadoras a las que corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tal cumplimiento constriñe al Jefe de la Oficina de Recaudación en Mazatlán del Servicio de Administración Tributaria del Estado, con sede en esta ciudad, así como al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ambos en esta localidad, a fin de que cancelen los recibos oficiales número 0000718079 y 0000720187, de treinta de abril y dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, y devuelvan a la peticionaria del amparo las cantidades que por concepto de derechos e impuestos adicionales indebidamente pagó con motivo de la inscripción de la operación de compraventa ahí consignada más impuestos adicionales, por la cantidad total de un primer pago de $73,937.00 (setenta y tres mil novecientos treinta y siete pesos 00/100 moneda nacional) y un segundo pago por la cantidad total de $66,183.00 (sesenta y seis mil ciento ochenta y tres pesos 00/100 moneda nacional); previo descuento a dicha suma del importe que resulte de aplicar la cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que se actualizó a la fecha de la operación, en términos de lo previsto en el inciso b), de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. Cantidad esta última que deberá ser actualizada desde su entero y hasta la fecha en que sea devuelta al contribuyente. Apoya lo expuesto, la tesis 2a. XIV/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, intitulada: "LEYES FISCALES, AMPARO CONTRA. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS COMO ACTOS DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS." En la inteligencia que si bien la tutela protectora alcanza a las autoridades responsables que concurrieron en la discusión, aprobación, expedición y promulgación del decreto por el que se expidió la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, específicamente, su artículo 50, fracciones III, no implica por parte de éstas, la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. Sustenta lo anterior, la tesis P. CXXXVII/96 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, noviembre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN." En atención a lo anterior, mediante oficio SATES-DJ-DAAP-153/2022, acordado en auto de ocho de febrero del año en curso, la aludida autoridad responsable informó que ya fue entregado el cheque con número 0001359 de dos de diciembre de dos mil veintiuno, por la cantidad de $138,327.60 (ciento treinta y ocho mil trescientos veintisiete pesos 60/100 moneda nacional) a la quejosa María Lorena Peña Rodríguez, de lo cual remitió la constancia de acuse de recibo por parte de la citada quejosa. En esa tesitura, del análisis comparativo del acto emitido por la autoridad responsable, con los efectos de la sentencia de amparo, se declara que esta última se encuentra CUMPLIDA, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, sin exceso ni defecto, tal como se evidencia de la tabla que a continuación se inserta: EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE AMPARO FORMA EN QUE SE ACATÓ LA SENTENCIA. Desincorporar de la esfera jurídica de la contribuyente la obligación de pagar los derechos registrales bajo la tarifa establecida en la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa en vigor, específicamente, sus artículos 50, fracción II, y 111, fracción II, inciso d), y no le sea aplicado en lo futuro hasta en tanto sea reformada. Debiendo dejarse sin efectos el pago generado en el recibo oficial en un primer pago de $73,937.00 (setenta y tres mil novecientos treinta y siete pesos 00/100 moneda nacional) y un segundo pago por la cantidad total de $66,183.00 (sesenta y seis mil ciento ochenta y tres pesos 00/100 moneda nacional), por los conceptos de: (1) pago de derechos por servicios con motivo de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad, de la operación de compra-venta, y (2) los impuestos adicionales, consignados en los recibos oficiales números 0000718079 y 0000720187, de treinta de abril y dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Sin que ello implique, desde luego, que la promovente quede exenta de pagar la cantidad generada por concepto de derechos derivados del servicio prestado por el Estado, sino que sólo deberá cubrir la cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, prevista en el inciso b) de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. Mediante oficio SAF-PF-3746/2021, el Procurador Fiscal del Estado de Sinaloa ordenó al Director de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, desincorporara de la esfera jurídica de la quejosa la obligación de pagar los derechos registrales bajo la tarifa motivo del acto reclamado (foja 124). Cancelen los recibos oficiales número 0000718079 y 0000720187, de treinta de abril y dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, y devuelvan a la peticionaria del amparo las cantidades que por concepto de derechos e impuestos adicionales indebidamente pagó con motivo de la inscripción de la operación de compra-venta ahí consignada más impuestos adicionales, por la cantidad total de un primer pago de $73,937.00 (setenta y tres mil novecientos treinta y siete pesos 00/100 moneda nacional) y un segundo pago por la cantidad total de $66,183.00 (sesenta y seis mil ciento ochenta y tres pesos 00/100 moneda nacional); previo descuento a dicha suma del importe que resulte de aplicar la cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que se actualizó a la fecha de la operación, en términos de lo previsto en el inciso b), de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. Cantidad esta última que deberá ser actualizada desde su entero y hasta la fecha en que sea devuelta al contribuyente. Este supuesto se colma al haberle devuelto a la parte quejosa la cantidad de $138,327.60, por concepto de devolución de ingresos contenidos en los recibos que se alude en este apartado, lo que se corrobora con la copia certificada de la constancia que obra a foja 136 de autos que contiene cheque expedido a María Lorena Peña Rodríguez, así como comprobante de egresos en el que se asientan los motivos de la devolución del numerario, mismo que contiene fecha y firma de recibo por parte de la quejosa. Apoya lo anterior, la tesis VI.2o.C626, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 1412, registro 168786, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO AL RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE AQUELLA EN LA QUE SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL PARA EL EFECTO DE QUE SE DEJARA INSUBSISTENTE TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO DE ORIGEN, Y SE ORDENARA LA LEGAL REALIZACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO AL DEMANDADO, NO PUEDEN ANALIZARSE LOS VICIOS DE LA NUEVA DILIGENCIA DE LLAMAMIENTO A JUICIO." Consecuentemente, dado que no existe cuestión pendiente por determinar, acorde a lo establecido en el numeral antes indicado, SE ORDENA ARCHIVAR el presente asunto como concluido. Asimismo, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es DEPURABLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo de archivo, toda vez que se concedió la protección constitucional. Notifíquese el presente proveído a la parte quejosa, para los efectos a que refieren los arábigos 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo. Comuníquese esta determinación a las autoridades responsables para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Se tiene recibido el oficio SAF-PF-3747/2021, signado por el Procurador Fiscal del Estado, con residencia en Culiacán, a través del cual informa que la devolución de las cantidades pagadas indebidamente le corresponde a los Recaudadores de Rentas dependientes del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, por tanto, mediante comunicado SAF-PF-3746/2021, de cinco de noviembre del año en curso, dicha dependencia de gobierno, en representación del Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, con sede en Culiacán, solicitó a la Dirección de Recaudación adscrita al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, instruya a quien corresponda a fin de dar cumplimiento puntual al fallo constitucional. En consecuencia, toda vez que la Dirección de Recaudación adscrita al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con asiento en Culiacán, se encuentra directamente vinculada al cumplimiento del fallo protector; con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se le requiere para que dentro del término de tres días contado de manera legal, informe a este órgano jurisdiccional el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo que nos ocupa, y remita las constancias con las que acredite lo anterior, o bien, justifique el impedimento legal que tenga para ello, con el apercibimiento que de no acatar lo anterior dentro del término indicado, se aplicará el trámite establecido en el artículo 105 de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, el cual podrá culminar con su separación del cargo y consignación ante el Juez de Distrito correspondiente. Sustenta el anterior requerimiento la tesis P.LXIV/95, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, octubre 1995, página 160, Tribunal Pleno, Novena Época, del rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO". Así como en la diversa tesis P.XI/91, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 7, Tomo VII-Marzo, Tribunal Pleno, Octava Época, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. SI EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CONSIDERA QUE UNA AUTORIDAD INCURRIÓ EN ELLA Y DECIDE SEPARARLA DE SU CARGO, DEBE CONSIGNARLA DIRECTAMENTE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA".
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