MARÍA LORENA MERCEDES HERNÁNDEZ JIMÉNEZ y Otros.
Expediente 193/2020 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 36 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 193/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 24/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- MARÍA LORENA MERCEDES HERNÁNDEZ JIMÉNEZ y Otros.
- Isidro Montes Pérez
- María Lorena Mercedes Hernández Jiménez
- BLANCA LUISA VÁZQUEZ HUERTA y Otros.
- ISIDRO MONTES PÉREZ y Otros.
- Joaquín Espinoza Ortega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa se hubiere inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Finalmente, atento a lo establecido en el citado precepto 18, se hace constar que en el presente asunto no obra documento original exhibido por alguna de las partes. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a cinco de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 352 y 353), sin que hayan hecho manifestación alguna (fojas 356 y 357). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, este órgano colegiado concedió a María Lorena Mercedes Hernández Jiménez, e Isidro Montes Pérez, la protección constitucional solicitada, en los siguientes términos: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada. 2. En su lugar emita un auto en el que admita a trámite la demanda laboral intentada por los quejosos, ordenando el emplazamiento del enjuiciado. 3. Hecho lo anterior, continúe el procedimiento como en derecho corresponda, y en su momento, con libertad de jurisdicción emita la resolución de fondo que corresponda, sin que exista impedimento legal para que en ese fallo pueda arribar a una determinación jurídicamente similar a la que tomó en el auto inicial reclamado." (foja 104). Del examen de las constancias que remite la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de quince de diciembre de dos mil veinte, dejó insubsistente la resolución reclamada y admitió a trámite la demanda laboral intentada por los quejosos, ordenando el emplazamiento de los enjuiciados (fojas 117 a 119). Seguido el procedimiento laboral en sus fases conducentes, el dieciocho de mayo de dos mil veintidós dictó laudo en que determinó que la parte actora probó su acción y, en consecuencia, declaró la nulidad del congreso sexenal celebrado del cuatro de octubre de dos mil diecinueve, así como la cancelación de la toma de nota de cuatro de noviembre de dicha anualidad, relativa a la renovación del Comité de Vigilancia del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado de Tlaxcala "7 de Mayo". Para arribar a lo anterior, estimó que el congreso sexenal referido se celebró en contravención a diversas normas estatuarias que rigen la operatividad de tal órgano gremial, pues: a) El Secretario del Interior, Actas y Acuerdos, no hizo constar el número de las y los afiliados que se encontraban presentes, ni citó el número de las personas agremiadas que compone el padrón, como lo dispone el artículo 30, fracción V, de los estatutos del sindicato (fojas 337 y 338). b) Los agremiados Gilberto Paredes García, Óscar Hernández Meneses y Enrique Escobar Cortez, ostentaron dualidad de funciones en la mesa de debates y en la comisión dictaminadora de ponencias, lo cual no es permisible conforme a la sana crítica (foja 339). c) Dentro de las actuaciones del registro de sindicatos R.D.S. 01/1984, no se advierten las boletas que sostengan el resultado de la votación, lo cual impide avalar que: i) El proceso para elegir a los miembros del Comité de Vigilancia, se llevó a cabo en términos de lo que dispones el artículo 110 de los estatutos sindicales, esto es, que la votación sea nominal, personal, directa y secreta; ii) El material empleado para la votación se ajustó a lo dispuesto por el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo aplicada supletoriamente, que establece los requisitos de las boletas que se emplean en los procesos electorales de los organismos sindicales (foja 340). De lo anterior, se tiene que la autoridad responsable, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 192 de la ley de la materia, dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución de esa sentencia, pues circunscribió su actuación a los efectos fijados en ella. Así las cosas, de conformidad con el artículo 196 de la ley invocada, se tiene por cumplida dicha ejecutoria.
- Juicio de Amparo Directo
Acuerdo que se lista por segunda ocasión en términos del articulo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.Apizaco, Tlaxcala, a cinco de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 352 y 353), sin que hayan hecho manifestación alguna (fojas 356 y 357). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, este órgano colegiado concedió a María Lorena Mercedes Hernández Jiménez, e Isidro Montes Pérez, la protección constitucional solicitada, en los siguientes términos: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada. 2. En su lugar emita un auto en el que admita a trámite la demanda laboral intentada por los quejosos, ordenando el emplazamiento del enjuiciado. 3. Hecho lo anterior, continúe el procedimiento como en derecho corresponda, y en su momento, con libertad de jurisdicción emita la resolución de fondo que corresponda, sin que exista impedimento legal para que en ese fallo pueda arribar a una determinación jurídicamente similar a la que tomó en el auto inicial reclamado." (foja 104). Del examen de las constancias que remite la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de quince de diciembre de dos mil veinte, dejó insubsistente la resolución reclamada y admitió a trámite la demanda laboral intentada por los quejosos, ordenando el emplazamiento de los enjuiciados (fojas 117 a 119). Seguido el procedimiento laboral en sus fases conducentes, el dieciocho de mayo de dos mil veintidós dictó laudo en que determinó que la parte actora probó su acción y, en consecuencia, declaró la nulidad del congreso sexenal celebrado del cuatro de octubre de dos mil diecinueve, así como la cancelación de la toma de nota de cuatro de noviembre de dicha anualidad, relativa a la renovación del Comité de Vigilancia del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado de Tlaxcala "7 de Mayo". Para arribar a lo anterior, estimó que el congreso sexenal referido se celebró en contravención a diversas normas estatuarias que rigen la operatividad de tal órgano gremial, pues: a) El Secretario del Interior, Actas y Acuerdos, no hizo constar el número de las y los afiliados que se encontraban presentes, ni citó el número de las personas agremiadas que compone el padrón, como lo dispone el artículo 30, fracción V, de los estatutos del sindicato (fojas 337 y 338). b) Los agremiados Gilberto Paredes García, Óscar Hernández Meneses y Enrique Escobar Cortez, ostentaron dualidad de funciones en la mesa de debates y en la comisión dictaminadora de ponencias, lo cual no es permisible conforme a la sana crítica (foja 339). c) Dentro de las actuaciones del registro de sindicatos R.D.S. 01/1984, no se advierten las boletas que sostengan el resultado de la votación, lo cual impide avalar que: i) El proceso para elegir a los miembros del Comité de Vigilancia, se llevó a cabo en términos de lo que dispones el artículo 110 de los estatutos sindicales, esto es, que la votación sea nominal, personal, directa y secreta; ii) El material empleado para la votación se ajustó a lo dispuesto por el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo aplicada supletoriamente, que establece los requisitos de las boletas que se emplean en los procesos electorales de los organismos sindicales (foja 340). De lo anterior, se tiene que la autoridad responsable, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 192 de la ley de la materia, dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución de esa sentencia, pues circunscribió su actuación a los efectos fijados en ella. Así las cosas, de conformidad con el artículo 196 de la ley invocada, se tiene por cumplida dicha ejecutoria.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, treinta de junio de dos mil veintidós. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de siete del mes y año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente. En conformidad con el precepto 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 9/2022, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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