María Lorena D´Santiago Tiburcio
Expediente 20/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 20/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Lorena D´Santiago Tiburcio
- Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, y toda vez que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA QUEDADO FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En tal, virtud y toda vez de que por auto de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Ahora bien, del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Séptimo, numeral 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo séptimo, artículo 21, inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese únicamente para que obre como corresponda el pedimento número 105/2023, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, toda vez que mediante proveído de veinticinco de enero pasado, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente sumario constitucional; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio número 37/2023, signado por la Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 y 119 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado, asimismo se tienen por ofrecidas admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, las copias certificadas que adjunta como complemento. Ahora, de las constancias remitidas por el citado presidente a su oficio de cuenta, se advierte que en auto de once de octubre de dos mil veintidós, la junta responsable levantó la reserva en cuanto a dictar acuerdo sobre la admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes; asimismo, admitió la totalidad de las pruebas que ofreció la parte actora y demandada, así como señaló fecha para el desahogo de aquellos medios de convicción que por su naturaleza lo requirieran; de ahí que se estima que en el presente asunto se actualiza una causa de sobreseimiento en el juicio. A fin de demostrar lo anterior, se precisa establecer el contenido de los artículos 1°, fracción I y 63, fracción IV de la Ley de Amparo. "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ." "Artículo 63. Procede el sobreseimiento: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional."; y, De conformidad con el primero de los numerales transcritos, el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y los derechos fundamentales otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, dicho precepto se refiere a actos existentes, no probables o eventuales, además que el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. En concordancia con lo anterior, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevé el sobreseimiento del juicio cuando se demuestre que no existe el acto reclamado. En la especie, la parte quejosa reclamó a la Junta Especial Número Cinco de la local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad: ". IV.- ACTO RECLAMADO.- Violentar el derecho fundamental que posee la Quejosa de recibir administración de justicia pronta, expedita y sin dilaciones, toda vez que desde el día 16 dieciséis de mayo del año 2022 dos mil veintidós se desahogó la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas sin que a la fecha se haya emitido el acuerdo de admisión de pruebas, por lo que al encontrarse completamente paralizado el juicio en referencia, se advierte una evidente violación al derecho humano de tutela judicial efectiva en perjuicio de mi poderdante.". Actos que derivan del juicio ordinario laboral ********************, de la estadística de la junta responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Luego, la autoridad responsable, adjuntó a su informe justificado, copia certificada del juicio ordinario laboral de origen, de la que se advierte que en auto de once de octubre de dos mil veintidós, la junta responsable levantó la reserva en cuanto a dictar acuerdo sobre la admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes; asimismo, admitió la totalidad de las pruebas que ofreció la parte actora y demandada, así como señaló fecha para el desahogo de aquellos medios de convicción que por su naturaleza lo requirieran. Documentales que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. De esta manera, es oportuno establecer que en este caso, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En esa tesitura, de las documentales aportadas por la autoridad responsable, se desprende que en auto de once de octubre de dos mil veintidós, la junta responsable levantó la reserva en cuanto a dictar acuerdo sobre la admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes; asimismo, admitió la totalidad de las pruebas que ofreció la parte actora y demandada, así como señaló fecha para el desahogo de aquellos medios de convicción que por su naturaleza lo requirieran. En tal virtud, si la demanda de amparo que originó el presente juicio se presentó vía electrónica el diez de enero de dos mil veintrés, este hecho pone de manifiesto que, en esa data, no existían las omisiones reclamadas por la parte quejosa, pues la Junta responsable demostró que ya había levantado la reserva en cuanto a dictar acuerdo sobre la admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes; asimismo, ya había admitido la totalidad de las pruebas que ofreció la parte actora y demandada, así como señalado fecha para el desahogo de aquellos medios de convicción que por su naturaleza lo requirieran. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6673, del tomo LXXIX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con número de registro 324127, que dice: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia ley." En consecuencia, es evidente que respecto de los actos que por esta vía se reclaman, se actualiza la causal de sobreseimiento contemplada en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues de lo relatado en párrafos que anteceden, se pone de manifiesto que no existen los actos reclamados. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que sustenta, la tesis número XIII.1o.P.T.4 K (10a.), del tomo IV, correspondiente al mes de agosto de 2019, Décima Época, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito que obra en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado. En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por la quejosa..., por medio del cual interpone recurso de queja en contra de la interlocutoria respecto al incidente de liquidación de sentencia de amparo dictada por este órgano jurisdiccional dentro del presente juicio de amparo el cinco de diciembre de dos mil veintidós; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes la interposición del recurso para que en el plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación que se les realice, señalen las constancias que en copia certificada deban remitirse al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad. Por tanto, una vez que transcurra el término otorgado a las partes en el párrafo que antecede, remítase al Tribunal de Alzada, el original del escrito de cuenta, así como el informe materia de la queja, acompañando en copia certificada las constancias necesarias para su tramitación, incluyendo del proveído impugnado, así como de las notificaciones respectivas. Notifíquese.
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