María Lorena Castellanos Santiago

Expediente 702/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
702/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
13/07/2021

Partes del expediente

  • María Lorena Castellanos Santiago

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de julio de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que desechó su demanda de amparo sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda señalada en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el número 702/2021. Desechamiento. De conformidad con lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo, debido a que se advierte que el juicio constitucional que se promueve es improcedente por las razones que se expondrán a continuación. El precepto citado señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la disposición inserta se desprende que el Juez de Distrito debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente improcedente. Así, la norma transcrita impone al Juez de Distrito la obligación de estudiar el libelo de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, para lo cual en principio deben tomarse en consideración únicamente los hechos y las circunstancias narrados en el propio ocurso y los anexos que se acompañen. Precisa destacar que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y la plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento relativo no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o porque estén acreditados con datos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran aportar o hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." El proceder anterior tiene como base lo previsto por el arábigo 17 constitucional que consagra el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, dado que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse la improcedencia de una cuestión de orden público debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar qué supuestos legales que regulan a esa institución jurídica se actualizan en el presente sumario. Ahora bien, la promovente del amparo María Lorena Castellanos Santiago, quien tiene el carácter de parte procesal en la instancia de origen y que compareció al mismo a defender sus intereses, atribuye al juez Primero de lo Civil del distrito judicial del centro, lo siguiente: "[.] IV. ACTO RECLAMADO La orden dictada con fecha veintinueve de enero del año dos mil veintiuno mediante la cual se me exige que dentro del término de cinco días siguientes a la notificación de dicha determinación, cumpla con la sentencia dictada con fecha diecisiete de octubre del año dos mil dieciséis, con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá a la ejecución forzosa, misma que me fue notificada con fecha primero de junio del año dos mil veintiuno. [.]". Ahora bien, de los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados a la autoridad responsable, narrados por el justiciable bajo protesta de decir verdad se desprende lo siguiente: "[.] V. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. PRIMERO. - Con fecha diecisiete de octubre del año dos mil dieciséis dentro del juicio ordinario civil número 345/2014 se dictó sentencia mediante la cual en su punto resolutivo sexto se condenó a la suscrita a lo siguiente: "SEXTO.- SE CONDENA a la demandada MARIA LORENA CASTELLANOS SANTIAGO a pagar al licenciado OSCAR BETHOBEN SEGURA FUENTES, por concepto de indemnización pactada en la cláusula tercera del contrato de prestación de servicios profesionales base de la acción, el TREINTA Y CINCO POR CIENTO del total de la cantidad que le pague SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA por conducto de su representante legal, con motivo de la condena impuesta en el expediente 735/2009 (4) de la junta especial 4 de la local de conciliación y arbitraje en el estado; pago de indemnización que deberá realizarse inmediatamente después de que la ciudadana MARIA LORENA CASTELLANOS SANTIAGO, reciba el citado pago por parte de SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA; así también se condena a la demanda a pagar intereses moratorios a razón del nueve por ciento anual, a partir del día siguiente a aquel en que reciba el citado pago por parte de servicios de salud de Oaxaca, hasta que efectúe pago de la indemnización señalada al licenciado OSCAR BETHOBEN SEGURA FUENTES" Tal como se transcribe del punto resolutivo sexto de la sentencia antes señalada, se ordenó que dicho pago debe realizarse una vez que SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, cumpla con el laudo al que fue condenado y en el que debe pagar a la suscrita las prestaciones que le fueron reclamadas dentro del juicio laboral número 735/2009 (4) bis y de donde deriva el porcentaje reclamado por el actor en el juicio ordinario civil 345/2014, del índice del Juzgado Primero Civil del distrito judicial del centro. SEGUNDO. - Ahora bien, la sentencia señalada en el punto anterior fue específica y clara en la forma en que tiene que darse cumplimiento en cuanto a la forma del pago por parte de la suscrita hacía el actor, entendiéndose que está sujeta al plazo 'y tiempo de pago que por su parte realice servicios de salud de Oaxaca hacía la suscrita, sentencia y forma de pago ordenada por la juez natural que no fue recurrida ni planteada su inconformidad por parte del actor; en este sentido la juez de primera instancia con fecha trece de agosto del año dos mil dieciocho emitió un acuerdo en el que declaro que la sentencia dictada con fecha diecisiete de octubre del año dos mil dieciséis, causo ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes elevándose dicha sentencia a categoría de cosa juzgada, concediendo a la suscrita de manera errónea en el mismo auto por el que declara ejecutoriada la sentencia, el término de cinco días para que voluntariamente diera cumplimiento con la misma, razón por la cual, mediante promoción que presente con fecha treinta de agosto del año dos mil dieciocho aclaré el sentido y la forma de pago a la que fui condenada establecido en el punto resolutivo sexto de la sentencia de origen, además del hecho de que servicios de salud de Oaxaca incluso hasta este momento no ha cumplido con el pago que debe efectuar a la suscrita de donde se deriva el 35% que debo cubrir al actor con motivo de la sentencia de origen. TERCERO. - Así mismo, mediante auto dictado con fecha veintinueve de enero del año dos mil veintiuno mismo que se combate a través del presente juicio de amparo la juez de primera instancia determinó conceder a la suscrita el término de cinco días subsecuentes a la notificación del mismo, para que cumpla con la sentencia dictada con fecha diecisiete de octubre del dos mil dieciséis, con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá a la ejecución forzosa de la misma, esto es, me exige que pague al actor en el juicio natural el treinta y cinco por ciento de las cantidades que me vaya a pagar la institución servicios de salud de Oaxaca con motivo del diverso juicio laboral, incurriendo con ello en una abierta violación a las normas esenciales del procedimiento y además variando sustancialmente el sentido de lo sentenciado sin que exista norma legal que lo faculte para variar su determinación plasmada en la sentencia, en la forma en que lo realiza. [.]". De lo expuesto anteriormente y del estudio integral a su escrito de demanda de la quejosa, puede advertirse que la determinación que constituye el acto reclamado se emitió en la etapa de ejecución de sentencia, pues es la que ordena se cumpla con la sentencia dictada el diecisiete de octubre del año dos mil dieciséis, dentro de los autos del juicio ordinario civil 345/2014; sin embargo, no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, ni impide la ejecución de éste, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, el precepto legal aludido en primer término, en su fracción invocada, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" (Énfasis es propio). Conforme a lo transcrito, debe establecerse que el artículo 61, en su fracción XXIII, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo; en tanto que, el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, prevé que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido; empero, si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Así las cosas, por "última resolución" debe entenderse que es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. De ahí que la determinación reclamada, en la que se ordenó requerir a la aquí quejosa (parte demandada en el juicio natural) para que dentro del plazo de cinco días cumpla con la sentencia dictada el diecisiete de octubre del año dos mil dieciséis, dentro de los autos del juicio ordinario civil 345/2014; por tanto, se concluye que dicha determinación no es la última resolución, ni un acto de imposible reparación dentro del procedimiento de ejecución o autónomo, pues en todo caso será la resolución que tenga por cumplida la sentencia, la que pudiera causar una afectación a las partes. De ahí que en la especie, este juzgador estime actualizada la causal de improcedencia que nos ocupa. Sirve de apoyo la tesis I.11o.C.52 K (10a.), Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Libro 83, Febrero de 2021, Tomo III, página 2837 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 2022741, cuyos rubro y texto establecen: "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que indistintamente en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, 4. Actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada." Por otra parte, cabe destacar que el acto impugnado no constituye uno que afecte de manera inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa protegidos por la Constitución, tales como la propiedad, posesión o la libertad, que dieran lugar a la procedencia del juicio de amparo indirecto, toda vez que resulta factible que pueda reclamarse precisamente cuando se impugne la determinación que en su caso, tenga por cumplida la sentencia o declare la imposibilidad de cumplirla. Puesto que, al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado de manera general que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia sólo procede el amparo en contra del último acto dictado en ese procedimiento, el cual debe entenderse como aquel que tiene por cumplida la sentencia o declara la imposibilidad de cumplirla. Consecuentemente, el reclamo en amparo de actos "en" o "para" ejecución de sentencia debe hacerse hasta que culmine el período de ejecución, lo que se deduce de la interpretación sistemática de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo. Así entonces, resulta evidente la causal prevista en la fracción XXIII, del numeral 61, relacionada con el artículo 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de la Materia, pues como se explicó, el amparo indirecto únicamente procede contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, sin que el acto que se reclame en este asunto, cumpla con ese extremo, ni sea de los casos de excepción, pues como lo ha sostenido nuestro Máximo Órgano de Control Constitucional, por "última resolución" ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento. Abundando en lo anterior, debe decirse que el acto reclamado, no encuadra en los casos de excepción del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que para que la acción constitucional biinstancial sea procedente, se requiere que los mismos no se dicten en ejecución de la sentencia, los cuales revisten el carácter de autónomos y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio de origen, como son el arresto como medida de apremio o la adjudicación de los bienes que fije en cantidad líquida la condena, pues la resolución controvertida está vinculada con seguir la secuela procesal de la ejecución de sentencia dentro del contradictorio a que se ha hecho referencia; por lo que dicho extremo de excepción, no se satisface en este asunto. Sobre el tópico, cobra aplicación la Jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 163152, cuyos rubro y texto establecen: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, a contrario sensu, del ordenamiento legal invocado, procede desechar la demanda de plano promovida por María Lorena Castellanos Santiago, por las razones expuestas con anterioridad. Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el que indica, y por autorizado para dichos efectos a las personas que señala en su escrito de cuenta, por así señalarlo expresamente. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a la actuaria judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Juicio en línea. Debido a que se advierte que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente. (se notifico por lista al promovente)

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