Maria Lopez Lopez

Expediente 1106/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1106/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Maria Lopez Lopez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III-A "... Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que en proveído de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo promovida por ********************; como esa determinación no fue recurrida por parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; ..... se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, ...... archívese como asunto concluido, el cual es destruible; por lo que éste expediente será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, destrúyanse; ...... Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo...."

  2. Principal

    MESA III-A "... Vista la demanda de amparo promovida por ***********, contra actos del Registro Agrario Nacional, Delegación Oaxaca. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1106/2023. Improcedencia De la lectura integral de la demanda de derechos humanos se aprecia que la quejosa reprocha del Registro Agrario Nacional, Delegación Oaxaca, la omisión de realizar la inscripción de la sentencia de ocho de junio de dos mil veintitrés dictada en juicio agrario ******************** del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y cuatro; así como, la omisión de darla de alta como comunera. Al respecto, la gobernada refiere que el ocho de junio de dos mil veintitrés se dictó sentencia en el citado juicio agrario ******************** del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y cuatro, en la que, entre otras cuestiones, se ordenó darla de alta como comunera en el padrón respectivo. Al respecto, la quejosa exhibe copia del oficio T.U.A.54 871/2023 de cuatro de septiembre de la anualidad que trascurre de la que se aprecia que la Secretaria de Acuerdos del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y cuatro, requirió al Encargado del despacho del Registro Agrario Nacional en Oaxaca para que dé cumplimiento a la sentencia de ocho de junio de dos mil veintitrés dictada en juicio agrario ********************, de su índice. No obstante, manifiesta que al momento el Registro Agrario Nacional, Delegación Oaxaca, ha sido omiso en realizar la inscripción de la sentencia; así como, en darla de alta como comunera. Bajo esa tesitura, se actualiza la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, que disponen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte, los artículos 1 y 5, fracción II, de la propia ley, establece: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.). II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguida dichas situaciones jurídicas". De los preceptos legales transcritos se advierte, el juicio de amparo sólo puede promoverse contra actos de autoridad que violen o restrinjan los derechos humanos del quejoso. Para los efectos del juicio de amparo, las notas que distinguen a una autoridad, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Así lo determinó, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en la página 39, tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 2001, Novena Época, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Bajo ese contexto, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los Órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Ese tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el Órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Luego, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los Órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el arábigo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En esas condiciones, es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. En la especie, la parte quejosa reprocha del Registro Agrario Nacional, Delegación Oaxaca, la omisión de realizar la inscripción de la sentencia de ocho de junio de dos mil veintitrés dictada en juicio agrario ******************** del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y cuatro; así como, la omisión de darla de alta como comunera. Bajo ese contexto, es dable concluir que el acto que se reclama al Registro Agrario Nacional, Delegación Oaxaca, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque derivan del punto de coordinación existente entre la parte quejosa y el Registro Agrario, dado que ambos actúan en plano de particular subordinados al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y cuatro. En ese sentido, si lo que se pretende reclamar en esta instancia constitucional se trata de circunstancias inherentes a la omisión del Registro Agrario Nacional, Delegación Oaxaca, de realizar la inscripción de la sentencia de ocho de junio de dos mil veintitrés dictada en juicio agrario ******************** del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y cuatro; así como, la omisión de dar a la quejosa de alta como comunera; es indudable que éste no es autoridad para efectos del juicio de amparo y actúa en plano de particular subordinado al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y cuatro; a quien compete aplicar medios de apremio para hacer cumplir sus determinaciones. En ese sentido, es evidente que el acto reclamado, no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, y éste resulta notoriamente improcedente. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, se desecha, de plano, la demanda de amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como autorizado con las amplias facultades del artículo 12 de la ley de amparo a ********************, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se autoriza al usuario ********************, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del juicio en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, en la inteligencia de que la información proporcionada se otorga exclusivamente a la parte promovente, quedando bajo su más estricta responsabilidad la transferencia de la información a terceros; por lo que su resguardo se deberá efectuar observando las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, debiendo observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, pues en caso de incumplimiento será responsable en los términos que la propia ley señala. Además, a solicitud expresa de la parte promovente, en términos del ordinal 26, fracción IV, de la ley de la materia se autoriza la práctica de notificaciones electrónicas a través del usuario antes referido. Trámite de juicio en línea Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Habilitan días inhábiles De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Transparencia Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las demás partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de su publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY...."

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