María López Gómez y Otros.
Expediente 133/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 35 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 133/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 25/04/2018
Partes del expediente
- María López Gómez
- María López Gómez y Otros.
- Sala Regional Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y Otros.
- Manuela Santiz Gómez
- Manuela Santiz Gómez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
Vistos; tomando en consideración que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que las partes se inconformaran en contra del proveído en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, se tiene por consentido dicho auto. Devuélvase al Presidente de la Sala Regional de Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, las copias certificadas del expediente 2355/15-19-01-6-OT, que remitió en apoyo a su informe justificado, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, archívese el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Presidente de ese alto tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración; toda vez que, encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo concedido. En atención a lo anterior, es evidente que el presente juicio tiene valor jurídico, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS POR LAS PARTES. Ahora bien, toda vez que obran documentos exhibidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, en hora y día hábil ante este juzgado, a recogerlo, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con las constancias que corran la misma suerte y que obren en el expediente.
- Principal
DE AHI QUE DEBE DE TENERSE POR CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR.-
- Principal
Agréguese el oficio y anexos de cuenta; y de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con éstos y las diversas constancias remitidas por la autoridad de cuenta (fojas 332 a la 360), para que en el término de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga respecto al cumplimiento de la ejecutoria; apercibidas que de no hacerlo, este Juzgado resolverá con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Por otra parte, téngase como delegados a las personas que refiere.
- Principal
Agréguese el primer oficio de la autoridad de cuenta, mediante el cual, informa de manera sucinta el procedimiento administrativo (interno) que se sigue para cubrir las prestaciones a que fue condenada en el juicio de nulidad 2355/15-19-01-01-6-OT, del índice de la Sala Regional de Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a su vez indica el nombre de las persona físicas que ocupan los cargos públicos relacionados con el cumplimiento de la sentencia, y sustenta las atribuciones de dichas autoridades en lo dispuesto en el Reglamento Orgánico de las Delegaciones Estatales y Regionales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, específicamente los artículos 26 y 38. Al respecto indica sustancialmente lo siguiente: 1) La Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado una vez notificada de la sentencia de nulidad, gira oficio al Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene a efecto de que dé cumplimiento a la sentencia. 2) El Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene gira instrucción a su área interna SISCAL a efecto de realizar los cálculos correspondientes. 3) El Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene genera un resolutivo el cual notifica a la parte interesada. 4) El Departamento de Pensiones formula solicitud de recursos a oficinas centrales de Ciudad de México mediante el sistema (SPEP) y (CLC), asimismo formula dicha solicitud vía ordinaria al Jefe de Departamento de Finanzas del Instituto y de la valoración de la cuenta líquida (CLC). 5) Aprobada la documentación, el Departamento de Finanzas emite título de crédito e informa sobre su emisión al Departamento de Pensiones. 6) El Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene notifica la disposición del documento al beneficiario y hace su entrega a través de hoja finiquito. 7) Concluido lo anterior, el Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene lo informa a la Unidad Jurídica del Instituto quien a su vez remite las constancias del cumplimiento a los órganos jurisdiccionales. Ahora, en lo que toca a las gestiones informadas en el presente juicio por el Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Chiapas, mediante oficio de fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete (foja 325 y 327), informó que giró el diverso UJ/SF/1977/2017, al Subdelegado de Prestaciones y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, a efecto de realizar las gestiones correspondientes para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y al efecto remitió copia certificada del comunicado correspondiente. Por su parte, el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, por nombre propio y en representación del Subdelegado de Prestaciones, mediante oficio 007.300.302.0001/18 (foja 330), informó que se encontraba en vías de cumplimiento, pues mediante el diverso 007.300.302.SISCAL/1176/2017 realizo los cálculos correspondientes, asimismo fue notificado al aquí quejoso José Mariano Espinoza Pérez (fojas 359 y 360). En ese orden de ideas, y atento al procedimiento administrativo (interno) que la responsable informa para cubrir las prestaciones a que fue condenada en el juicio de nulidad 2355/15-19-01-01-6-OT, del índice de la Sala Regional de Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se advierte que en principio se atendió el punto 1, 2 y 3 del procedimiento; es decir, el Delegado del Instituto giró oficio al Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene a efecto de obtener el cumplimiento de la sentencia, asimismo realizaron los cálculos correspondientes, los cuales fue notificado al aquí quejoso José Mariano Espinoza Pérez (fojas 358 y 359) No obstante, atendiendo al punto 4 y subsecuentes, se pone de manifiesto que el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene no acredita haber realizado las gestiones subsecuentes que le corresponden en el procedimiento administrativo (interno) para atender la condenada del juicio de nulidad 2355/15-19-01-01-6-OT, lo que a su vez propicia el incumplimiento de la ejecutoria de amparo. En relatadas condiciones, requiérase al Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Chiapas, para que en el término improrrogable de veinticuatro horas, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, acredite el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; es decir, acredite haber agotado las etapas del procedimiento interno que le corresponden para dar cumplimiento la sentencia de nulidad. Resulta aplicable a lo anterior, en la parte conducente, la jurisprudencia P./J. 59/2014, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 5, de rubro y contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Hágase del conocimiento del Delegado responsable el anterior requerimiento, con la precisión de que el mismo no lo exime de su responsabilidad de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, circunstancia que se actualiza de igual forma para las diversas autoridades señaladas como responsables. Asimismo se requiere al Jefe de Departamento de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Chiapas, para que informe según el procedimiento interno precitado, si ya agotó o no la parte que le corresponde realizar así como el estado que guarda su participación, a su vez se apercibe a las autoridades responsables que de no informar con exactitud el área y servidor público que actualmente retiene el cumplimiento de la sentencia, se entenderá como la obstaculización o la actualización de una conducta contumaz que imposibilita el debido acatamiento del fallo protector; por lo que, en términos del artículo 192, en relación con el numeral 258, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de trescientas Unidades de Medida y Actualización. Lo anterior, debido a que este órgano de control constitucional les ha requerido en diversas ocasiones el cumplimiento del fallo protector, sin que a la fecha proporcionen el dato exacto del servidor público y cargo, que en la cadena del sistema que se desarrolla para el debido cumplimiento de las sentencia, impide su cumplimiento cabal y oportuno. Asimismo, se continuará con el procedimiento a que se refieren los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, y se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para el trámite del incidente de inejecución de sentencia, el cual puede culminar con la separación del cargo de la autoridad responsable y la consignación ante el Juez de Distrito correspondiente, en términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, agréguese el oficio y anexo de la autoridad citada en segundo término; por medio del cual, informa que instruyó a la autoridad responsable, dé cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio; en tal virtud, ténganse por hechas sus manifestaciones para los efectos legales a que haya lugar.
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