María Locena Velázquez

Expediente 620/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
620/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
15/12/2020

Partes del expediente

  • María Locena Velázquez

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; quince de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso b), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme a su artículo 15; hágase constar lo anterior, en la caratula del presente expediente conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en el arábigo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese.Así lo proveyó y firma electrónicamente Lorena Morales Saldierna, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de nueve de noviembre de dos mil veinte, conforme al oficio número CCJ/ST/2614/2020, signado por el Secretario Técnico de la propia Comisión, asistida de Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita al propio Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    AVISO.- SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, MEDIANTE LISTA ELECTRÓNICA PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCION DE TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, MISMO QUE EN SU PARTE MEDULAR DICE: Acapulco, Guerrero; treinta de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa María Locena Velázquez, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de diecinueve de noviembre actual y precisa el acto que reclama del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad. IMPROCEDENCIA Ahora bien, una vez que se ha desahogado la prevención de referencia, en acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se procede a dilucidar en torno a la procedencia de la demanda para lo cual se precisa que la quejosa María Locena Velázquez, como parte actora en el juicio especial de alimentos 484-II/2020, reclama por esta vía lo siguiente: a) Del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares: El auto dictado el nueve de noviembre del año en curso en el sumario de referencia, por el cual refiere omitió acordar el segundo petitorio de su escrito de seis de noviembre anterior; y b) Del Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero: la omisión de dar cumplimiento a lo ordenado por el juez tercero familiar responsable mediante oficio número 1405, de catorce de octubre de dos mil veinte a fin de que realice el depósito correspondiente del 20% del salario y demás prestaciones que percibe el demandado en el juicio natural a la cuenta bancaria de la quejosa número 9044000009546813. En ese contexto, se tiene que por lo que hace al acto reclamado precisado en el inciso a) el juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo deviene improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga el quejoso la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado. No obstante, el principio de definitividad admite excepciones, que el mismo numeral describe: 1. Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; 3. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. 4. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. 5. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En el caso concreto, por derivar el auto de nueve de noviembre de dos mil veinte reclamado de un procedimiento judicial, debe impugnarse a través del recurso de reconsideración, por los siguientes motivos: Los artículos 381 y 382 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guerrero establecen: "Artículo 381. Procedencia. Las sentencias no pueden ser reconsideradas por el juzgador que las dicte. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles." "Artículo 382. Substanciación del recurso de reconsideración. Son aplicables las siguientes reglas para la tramitación del recurso de reconsideración: I. El recurso deberá hacerse valer dentro de los dos días siguientes al que se tenga por hecha la notificación de la resolución respectiva; II. La petición de reconsideración deberá hacerse mediante escrito o verbalmente en las audiencias y deberá contener la expresión de los agravios; III. No se concederá término de prueba para substanciar la reconsideración y sólo se tomarán en cuenta los documentos que se señalan al pedirla; y IV. La reconsideración no suspende el curso del juicio y se resolverá mandándola substanciar con vista de la contraparte por el término de tres días. La resolución que se dicte no es recurrible". De los dispositivos legales antes transcritos se advierte que dentro del sistema procesal en materia de recursos previsto en el Código Procesal Civil para el Estado de Guerrero, se encuentra el de reconsideración, el cual procede en contra de autos y decretos respecto a los cuales no proceda la apelación, el cual será tramitado por el Juez que los dicte o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio, con excepción de aquéllos donde la propia ley expresamente disponga que no son recurribles. Ahora bien, en dicha codificación adjetiva no se advierte que contra el auto recurrido, proceda el recurso de apelación, según lo dispuesto por los numerales 385 y 386 de la citada legislación procesal, que estatuyen lo siguiente: "Artículo 385. Procedencia. El recurso de apelación tiene por objeto que el Tribunal Superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia en los puntos relativos a los agravios expresados". "Artículo 386. Resoluciones apelables. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I. Las sentencias en toda clase de juicios, excepto cuando la Ley declare expresamente que no son apelables; II. Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código; y III. Las sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios, sin perjuicio de que en los casos en que proceda, se reclame la providencia ante el mismo juzgador o se levante por éste. No serán apelables las sentencias que declaren la disolución del vínculo matrimonial. Tampoco lo serán las sentencias y demás resoluciones que se dicten en juicio cuya cuantía no exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo". De lo anterior, se concluye que el acto reclamado, antes de acudir al juicio de amparo, era susceptible de ser controvertido a través del recurso de reconsideración a que se refieren los artículos 381 y 382 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, pues tal medio de impugnación tiene por objeto que el Juez responsable, a la luz de los agravios planteados, confirme, revoque o modifique total o parcialmente el auto de nueve de noviembre de dos mil veinte, y al no hacerlo así la quejosa incumplió el principio de definitividad que exige el invocado artículo 61 de la Ley de Amparo. Pues se estima que la procedencia del recurso o medio de defensa no debe sujetarse a una interpretación adicional, ni su fundamento es insuficiente para determinarla, para que ésta, en caso contrario quedara en libertad de interponerlo. Máxime que, no se surte alguna de las excepciones a la improcedencia en estudio, primeramente, porque a la quejosa no le resulta el carácter de persona extraña al juicio especial de alimentos 484-II/2020, aunado a que dicho auto no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como tampoco la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales o algún mandato de captura o cualquier otro que afecte la libertad personal, derivado de un procedimiento penal. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 386 del Código Procesal Civil del Estado, el auto que se combate no es apelable, sin embargo, la ley adjetiva citada tampoco establece expresamente que en contra de tal determinación no proceda recurso alguno, de ahí que, la quejosa previamente a promover el juicio de amparo, debió interponer el recurso de reconsideración ante el mismo Juez Tercero Familiar responsable, pues como se precisó en líneas que anteceden, los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, con excepción de aquellos que la propia Ley expresamente disponga que no son recurribles. Ello en virtud de que la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión, de modo que no es optativo para la aquí quejosa cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, conforme con el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia. Resulta aplicable por analogía la tesis jurisprudencial visible en la página 902, tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Por tanto, aun cuando un acto reclamado sea susceptible de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, esta acción es factible una vez que se hayan agotado los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado, exigencia que debe ser cumplida aun cuando se trate de un acto de ejecución irreparable, o carezca de fundamentación, por derivar de un procedimiento judicial, o en la contienda jurídica esté involucrado un menor de edad. Por otro lado, por lo que hace al acto reclamado precisado en el inciso b), se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I, y 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo, atento a lo siguiente: De la interpretación sistemática de los artículos 73, fracción XVIII, y 1, fracción I, de la Ley de Amparo abrogada, se concluía que el juicio de amparo era improcedente cuando los actos reclamados no provenían de una autoridad; ya que dicha legislación, preveía que era autoridad responsable la que dictaba, promulgaba, publicaba, ordenaba, ejecutaba o trataba de ejecutar la ley o el acto reclamado. En diversas tesis y jurisprudencias, el Máximo Tribunal de la Nación construyó con el devenir histórico la definición del concepto de autoridad para los efectos del amparo, abandonándose la primigenia vinculación con las facultades sobre la fuerza pública para distinguir los actos de autoridad del de los particulares, y arribó a una nueva concepción definida acorde con la realidad imperante en el ámbito de las atribuciones y facultades que desarrollan las entidades del Estado. Así, durante la vigencia de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, se fijó como criterio para distinguir a una autoridad para efectos del juicio de amparo, la posibilidad de que un organismo realizara actos unilaterales con fundamento en una norma legal, mediante los cuales creara, modificara o extinguiera situaciones jurídicas que afectaran la esfera legal de los gobernados, y sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Luego de que la indicada legislación reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos quedó abrogada con motivo de la entrada en vigor a partir del dos de abril de dos mil trece de la nueva Ley de Amparo, en ésta última se retomó el criterio antes descrito para definir el concepto de autoridad para los efectos del juicio de garantías, ya que sobre el particular su artículo 5, fracción II, prevé que tiene tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Lo anterior quiere decir que a partir de la entrada en vigor de la llamada Nueva Ley de Amparo, para definir cuándo se está en presencia de una autoridad con esa naturaleza formal, para los efectos del juicio de garantías, debe considerarse si al dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita realizar el acto que de efectuarse produciría esto último, el ente u organismo del Estado, viole los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Carta Magna o los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, sea que produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sin embargo, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente en su segundo párrafo dispone lo siguiente: "Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." La anterior porción normativa revela entonces que en tratándose de actos provenientes de entidades estaduales o incluso provenientes de quienes carecen formalmente de tal naturaleza, concretamente para ser considerados como provenientes de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, no solamente debe verificarse si al dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan realizar el acto que de efectuarse produciría esto último, violen los derechos fundamentales constitucional y convencionalmente protegidos, sino también habrá de confirmarse si las funciones que despliega al realizar tales conductas están determinadas por una norma general. Luego, en el presente caso se advierte que el Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, sólo tiene el carácter de patrón del deudor alimentario dentro del juicio especial de alimentos 484-II/2020, y que por ende, la autoridad judicial le ordenó que procediera a hacer el descuento con motivo de la pensión alimenticia provisional decretada a favor de la aquí quejosa María Locena Velázquez; de ahí que, la falta de cumplimiento a lo anterior no puede ubicarse dentro de los parámetros a que se refieren los numerales invocados, habida cuenta que la omisión en que dicha dependencia incurre, no la asume en el ejercicio de facultades y atribuciones conferidas por las normas legales, ni mucho menos su incumplimiento crea, extingue o modifica situación jurídica alguna en forma unilateral u obligatoria en perjuicio de la solicitante del amparo, pues su actuar se encuentra vinculado a acatar un mandato judicial, inclusive, con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, lo cual corrobora que la observancia a la orden de descuento y pago está sometida a la jurisdicción de la autoridad judicial, quien le requirió en su carácter de empleador. Sirve de aplicación por analogía lo sustentado en la Jurisprudencia VII.2°.C.J/28, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en la página 2360, Tomo XXIX, Enero de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, CUANDO EL ACTO QUE DE ELLAS SE RECLAMA CONSISTE EN LA OMISIÓN DEL DESCUENTO A UNO DE SUS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA. La omisión de efectuar el descuento por concepto de pensión alimenticia, derivado del cumplimiento dictado por un órgano jurisdiccional en un juicio de alimentos cuya parte demandada es un trabajador de alguna dependencia gubernamental, no da a los funcionarios de ésta la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando el acto reclamado es, precisamente, esa omisión, pues tal conducta es desplegada en su carácter de patrón y, por ende, su actuar no reviste las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad necesarias para establecer el concepto de autoridad." Consecuentemente, al actualizarse las causas de improcedencia en estudio; las cuales son manifiestas porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda y en el escrito aclaratorio e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Notifíquese personalmente. LO QUE NOTIFICO POR ESTE MEDIO, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

  4. Principal

    AVISO.- SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, MEDIANTE LISTA ELECTRÓNICA PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCION DE DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, MISMO QUE EN SU PARTE MEDULAR DICE: Acapulco, Guerrero; diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por María Locena Velázquez, por su propio derecho, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad y de otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 620/2020, y fórmese expediente. PREVENCIÓN Del análisis que se realiza a la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama por esta instancia, entre otros, del Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares lo siguiente: "La omisión de acordar en el término previsto por el artículo 143 fracción II del Código Procesal Civil en vigor del Estado de Guerrero, el Segundo Punto Petitorio de mi escrito de fecha seis de noviembre de 2020. Referente a requerir de nueva cuenta al director de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Acapulco, de cumplimiento a la cabalidad de inmediato a lo ordenado mediante autos de fecha tres y dieciocho de septiembre del año en curso; y en consecuencia, realice el depósito correspondiente al 20% del salario y demás prestaciones que obtiene el demandado; a la cuenta bancaria número 9044000009546813, tarjeta número 5256783394705694, de la Institución citibanamex, la cual aparece a nombre de la hoy quejosa". Sin embargo, en los antecedentes refiere entre otras cosas, que: "(.) mediante escrito de fecha seis de noviembre le solicite a la responsable requerir de nueva cuenta al director de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Acapulco, de cumplimiento a cabalidad de inmediato a lo ordenado mediante autos de fecha tres y dieciocho de septiembre del año en curso; y en consecuencia, realice el depósito correspondiente al 20% del salario y demás prestaciones que obtiene el demandado; a la cuenta bancaria número 9044000009546813, tarjeta número 5256783394705694, de la Institución citibanamex, la cual aparece a mi nombre; con el apercibimiento de ley, de que en caso de no hacerlo en el término que este tribunal considere pertinente se le aplique otra medida de apremio por dicha negativa, situación que hasta la fecha la responsable a omitido acordar, tal y como se puede apreciar en el auto de fecha nueve de noviembre del año en curso (.)." Asimismo, de los anexos que adjunta la parte quejosa, se advierte copia simple del auto dictado el nueve del presente mes por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, que recayó a su escrito presentado el seis de los actuales. Bajo ese contexto y tomando en consideración que la precisión del acto reclamado, así como la manifestación de los hechos que constituyen sus antecedentes, es una obligación que debe cumplir la parte quejosa al ser la base para considerar procedente o no la acción constitucional; con fundamento en el artículo 114, en relación con el 108, ambos en su fracción IV, de la Ley de Amparo, se le previene para que dentro del término de cinco días siguientes al que les surta efectos la notificación de este proveído, con copias suficientes de su escrito de desahogo para correr traslado a las demás partes, bajo protesta de decir verdad aclare su demanda, es decir, precise que acto en concreto reclama del Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, es decir: 1. Sí el acto reclamado lo constituye la omisión de contestar su escrito presentado el seis de noviembre del presente año. 2. O bien, si lo es el auto de nueve de noviembre de dos mil veinte, dictado en el expediente 484-11/2020, mediante el cual el juez responsable de referencia dio contestación a su ocurso de seis de noviembre actual. En la inteligencia de que el escrito de desahogo deberá ser realizado por quien promueve la demanda, al ser titular de la acción, con base en el principio de instancia de parte agraviada, previsto en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, motivo por el cual los autorizados no pueden desahogar tal prevención. APERCIBIMIENTO Se apercibe a la promovente que de no desahogar en sus términos la prevención formulada en el plazo que se le otorgó para ello, de ser procedente su demanda de amparo, únicamente se proveerá en relación al acto reclamado atribuido a la diversa autoridad señalada como responsable Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, y como acto reclamado el que le atribuye en su escrito de demanda. INFORMACIÓN GENERAL Por otro lado, se informa a la parte quejosa que acorde al numeral 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para la consulta del expediente de manera física previamente deberá generar una cita, para lo cual habrá de ingresar al Portal de Servicios en Línea en el micrositio de "Servicios Jurisdiccionales", en el apartado "Agenda OJ", a fin de obtener fecha y hora para tal fin, y una vez concluido el proceso el sistema le proporcionara un Código QR que permitirá su ingreso al órgano jurisdiccional (y en su caso el de otra persona autorizada al expediente), mismo que estará condicionado a que quien acuda se identifique como la persona a cuyo nombre se generó la cita. En el entendido de que el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No obstante lo anterior, en la planta baja del edificio A, en que se encuentra este órgano jurisdiccional se habilitara una Oficialía de Partes Común para la recepción de promociones presentadas físicamente para el público en general y para quien carece de una cita, ello de conformidad con el artículo 12 del citado acuerdo general. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el despacho jurídico ubicado en Avenida Farallón número 05, interior 05, del fraccionamiento Farallón del Obispo, en esta ciudad; y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Jesús Hernández Cabrera, Cipriano Hernández Cabrera, José Jairo Anaya León, Leopoldo López Hernández, Lorena Gutiérrez Meneses y Maribel Hernández Hernández, cuyas cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Alejandro Hernández Bautista, por así haberlo solicitado. De igual forma, téngasele proporcionando el número telefónico y el correo electrónico que al efecto indica, en términos del artículo 5, fracción I, en relación con el 22, fracción II del mencionado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es decir para comunicaciones no procesales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente. LO QUE NOTIFICO POR ESTE MEDIO, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

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