María Lizeth González Ledezma

Expediente 1428/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 9 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1428/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
04/10/2023

Partes del expediente

  • María Lizeth González Ledezma

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Visto el estado de autos de los que se advierte que por acuerdo diecisiete de enero del año en curso, se requirió a la autoridad señalada como responsable Tesorera Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, con sede en Valle de Banderas, para que dieran cabal cumplimiento al fallo protector otorgado en autos, dentro del término de tres días, sin que hasta la fecha haya dado cumplimiento al fallo protector pronunciado en el presente juicio, no obstante estar debidamente notificadas del referido proveído desde el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, como se advierte de la pieza postal correspondiente. De igual forma, se requirió a la Presidenta Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, con sede en Valle de Banderas, en su carácter de superior jerárquico, para que por su conducto ordenara al Tesorero Municipal del referido Ayuntamiento, dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo; en cumplimiento a ello, la referida Presidente Municipal, mediante oficio P.M/XI/447/01/2023, recibido en este juzgado de distrito el siete de febrero del año en curso, informó que por el diverso oficio P.M/XI/476/01/2023, requirió formalmente al aludido Tesorero Municipal, a efecto de que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en los presentes autos; por tal motivo, resulta evidente que el término para que dieran cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido. En consecuencia, debe decirse que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo, la citada autoridad responsable ha incurrido en una conducta totalmente omisiva, desacatando el fallo protector. Por ende, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192, en relación con el numeral 258, ambos de la Ley de Amparo, se le hace efectivo a la Tesorera Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, con sede en Valle de Banderas, el apercibimiento del que fue objeto en proveído de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, mismo que le fue notificado el veinticuatro de enero del año en curso, como se advierte de la pieza postal correspondiente, consistente en una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en términos del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para dicho efecto gírese oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación Nayarit "1" del Servicio de Administración Tributaria dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en esta Ciudad, para que se sirva hacer efectivo el cobro de las referidas multas. Asimismo, requiérase a la citada autoridad recaudadora, para que dentro del término de tres días, contados a partir del en que quede legalmente notificada del presente proveído, informe el seguimiento de la multa impuesta en el párrafo que antecede. En la inteligencia que visto el estado procesal que guardan los presentes autos, no se advierten más datos de identificación de los funcionarios públicos sancionados, pues le corresponde a dicha autoridad recaudadora investigar el nombre de dicho funcionario; sin embargo, la falta de información de dichos datos no puede ser impedimento para hacer efectiva la multa. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, por última ocasión, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, para que dentro del término de tres días contado a partir del en que quede legalmente notificado del presente proveído, se sirva dar cumplimiento al fallo protector dictado en autos, esto es, realice la devolución ordenada a la parte quejosa en la ejecutoria de amparo, lo cual deberá acreditar debidamente con constancias certificadas. Apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una MULTA DE DOSCIENTAS CINCUENTA UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, de conformidad a lo que prevé el artículo 260 de la Ley de la Materia, en relación con los ordinales segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero del dos mil dieciséis, en el entendido, que conforme al decreto constitucional mencionado, el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio del citado decreto. Además, con sustento en el dispositivo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase de nuevamente a la Presidenta Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, con sede en Valle de Banderas, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene al Tesorero Municipal del referido Ayuntamiento, dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, con fundamento en lo dispuesto en el citado 192, en relación con el numeral 258 de la Ley de Amparo en vigor, se hará acreedora a una multa de doscientas Unidades de Medida de Actualización que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en términos del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que de conformidad con el artículo 1931 de la Ley de Amparo se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables. Sustenta lo anteriormente expuesto, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital: 2007918, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de 1 "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo.". manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Jefe del Departamento Jurídico Contencioso 1, de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, con sede en Tepic, mediante el cual refiere que a fin de estar en condiciones de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada en el presente juicio, se requiera a la parte quejosa, para que proporcione a la citada Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, su REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON HOMOCLAVE, EXPEDIDA POR EL SAT, ESTADO DE CUENTA CON CLABE INTERBANCARIA DE UNA INSTITUCIÓN BANCARIA NACIONAL, COPIA DE SU CREDENCIAL DE ELECTOR Y COMPROBANTE DE DOMICILIO, en la inteligencia de que todo debe estar a su nombre, a efecto de que le sea depositada la cantidad que se le adeuda. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa ÓSCAR ANTONIO GARCÍA GARCÍA, para que dentro del término de tres días justifique ante este Juzgado de Distrito, que compareció ante la señalada autoridad responsable a dar cumplimiento a lo anterior, y pueda la autoridad estar en condiciones de acatar la ejecutoria de amparo pronunciada en autos; ello es así, toda vez que la observancia de las sentencias de amparo son de orden público, por tanto, deberán cumplirse inmediatamente por las autoridades, pero como en este caso, ese cumplimiento depende en parte, de la parte quejosa, entonces, ante esa vinculación, también debe sujetarse al procedimiento que señala la Ley de la Materia para ese efecto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que la parte denunciante dentro del término legal de quince días, no se inconformó en contra de la resolución dictada en los autos de la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 3/2023 -en cuanto a su improcedencia-; consecuentemente, con fundamento en los artículos 202 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara FIRME para todos sus efectos legales procedentes. Luego, y toda vez que la autoridad denunciada Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios "COFEPRIS", con sede en la Ciudad de México, no ha dado cumplimiento a la resolución de treinta de junio de dos mil veintitrés, no obstante de estar debidamente notificada, es por lo que con fundamento en el último párrafo de la fracción I del artículo 210 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que quede legalmente notificada del presente proveído, proceda a dar cumplimiento a la ejecutoria de referencia, apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, con fundamento en lo dispuesto en el citado 192, en relación con el numeral 258 de la Ley de Amparo en vigor, se hará acreedora a una multa de cien Unidades de Medida de Actualización, con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el ocurso de cuenta que signa la denunciante Alondra Estefanía Mendoza Sánchez y, en atención a su contenido, dígasele que deberá estarse a lo acordado en líneas que anteceden, en las cuales se requirió a la autoridad denunciada por el cumplimiento al fallo protector. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    EN TERMINOS DEL ARTICULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA.--- TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en la ciudad de Tepic, Nayarit, mediante el cual remite la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 1206/2022 de su índice, por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza y a su vez remite los autos originales del juicio de amparo 992/2021; en consecuencia, acúsese recibo de estilo a la Superioridad y hágase saber a las partes que el Tribunal de referencia confirmó la sentencia recurrida y sobreseyó el juicio de amparo en que se actúa. Luego, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y glósese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del citado medio de impugnación, únicamente las actuaciones originales, toda vez que las copias certificadas resultan innecesarias, por tanto, procédase a su destrucción. En consecuencia, una vez que obre agregada la constancia de notificación del presente proveído, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. En acatamiento al Artículo 20 fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, dado que se sobreseyó el presente juicio de amparo; una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo. Asimismo, en atención al artículo 19 del citado acuerdo general, en su fracción II, inciso a), déjese por separado el duplicado del incidente de suspensión respectivo y una vez transcurridos seis meses, procédase a su destrucción. En tanto que, conforme al Artículo 20, fracción III de dicho acuerdo general, el cuaderno original es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de tres años. Finalmente, por resultar innecesarias las constancias que las autoridades responsables, acompañaron a su informe justificado; en tal virtud, devuélvaseles a dichas autoridades esas documentales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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