María Lizbeth Villaseñor Pérez

Expediente 890/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
890/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
18/08/2022

Partes del expediente

  • María Lizbeth Villaseñor Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de julio de dos mil veintidós. ANOTACIONES Vista la demanda promovida por María Lizbeth Villaseñor Pérez, por propio derecho, regístrese bajo el número 890/2022-IV. DESECHAMIENTO El acto reclamado por la impetrante en esta instancia constitucional consiste en: ? La orden de aprehensión, comparecencia y citatorio, por los cuales se le pretenda privar de la libertad injustificadamente. Así, una vez analizada en su totalidad la demanda de amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso numeral 17, ambos de la Ley de Amparo, por haber sido consentido tácitamente el acto combatido. Conforme a los preceptos legales citados, por regla general, el plazo al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contados de la forma que estatuye el artículo 18 de la Ley de Amparo, que es de la siguiente manera: a) Desde el día siguiente al en que al quejoso hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado; b) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. En este sentido, los supuestos mencionados se excluyen entre sí y no guardan prelación alguna; por ello, el término para la promoción del juicio constitucional se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente en el plazo de quince días siguientes. De lo que se sigue, que la improcedencia de la acción constitucional tiene lugar cuando no es ejercida dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues se considera que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de amparo, significa que los consintió de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional no podría quedar a la libre elección del agraviado, ya que aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. Ahora, en el caso, en la demanda de amparo, particularmente de los antecedentes, específicamente en el primer párrafo, la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que el veinte de junio de dos mil veintidós, le informaron que afuera de su domicilio se encontraban dos vehículos sin matriculas (placas), con vidrios polarizados (oscuros), con placas metálicas (charolas) en el parabrisas y con personas armadas; que vecinos aledaños a su domicilio le comunicaron que esas personas armadas preguntaron por la quejosa, lo cual le alertó sobre la intensión de esas personas, pues su presencia se dio en horas inhábiles, resultando ilógico el actuar de la supuesta autoridad. Por tanto, es aplicable, el criterio emitido por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor siguiente: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa." Por lo tanto, tomando en consideración la fecha en que tuvo conocimiento del acto que combate (veinte de junio del presente año), resulta evidente que transcurrió en exceso el término genérico de quince días que prevé la Ley de Amparo para presentar su demanda, pues dicho plazo ocurrió del veintiuno de junio al once de julio de dos mil veintidós y el ocurso constitucional fue depositado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, hasta el veintiséis de julio de dos mil veintidós; por tanto, se desprende que se ha consentido tácitamente el acto que reclama. Ante tal situación, es evidente que si la quejosa asumió una actitud pasiva y dejó pasar el tiempo sin ejercer la acción constitucional, con su actuar consintió tácitamente el acto reclamado; de ahí la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Es preciso destacar que el acto aquí combatido no está comprendido en ninguna de las hipótesis de excepción del término genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo a que hace alusión el artículo 17 de la normatividad de la materia, pues no se impugnan normas generales autoaplicativas ni el procedimiento de extradición, tampoco es un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas del país o alguno prohibido por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como tampoco se está en el caso de una sentencia definitiva condenatoria en el proceso penal, ni deriva de la materia agraria. Asimismo, el suscrito no desatiende que en el segundo párrafo del capítulo de antecedentes, la parte agraviada haya hecho alusión a diversa fecha (veintidós de los presentes), en la cual le informaron "nuevamente" que se presentaron en su domicilio personas civiles armadas, quienes manifestaron que iban por la aquí quejosa; sin embargo, se estima correcto tener como fecha del conocimiento del acto reclamado el veinte de junio de dos mil veintidós, porque fue a partir de ahí cuando se comenzaron a generar actos de molestia en su persona, ya que como la quejosa lo refirió, vecinos aledaños a su domicilio le informaron que en esa fecha personas armadas que venían en unidades sin matrícula, con vidrios polarizados y placas metálicas, comenzaron a preguntar sobre su persona y bienes, lo que aduce le "alertó sobre la intensión de dichas personas"; por lo que se estima que es a partir de ese momento, cuando se hizo sabedora de esos actos de molestia que se estaban ejerciendo sobre su persona. De igual modo, tampoco se soslaya que en el capítulo de suspensión aluda a una orden de traslado, pues de una lectura sistemática e integral de la demanda de amparo, se advierte que su acto reclamado consiste en un acto restrictivo de libertad. Sin que en la especie proceda requerir a la agraviada para que manifieste bajo protesta de decir verdad la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, toda vez que ello fue plasmado al narrar los antecedentes de su demandada; por tanto, no se soslaya el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la foja 2886 del Libro 11, Tomo III, octubre de 2014, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, número 2007769, de rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SI SE PROMUEVE EN SU CONTRA JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN LA DEMANDA EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE LA CONOCIÓ, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTE CUÁNDO TUVO CONOCIMIENTO DE AQUÉLLA [APLICACIÓN DE LA TESIS 2a./J. 161/2013 (10a.)] En las relatadas condiciones, al ser esta causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, la cual quedó plenamente demostrada en párrafos que anteceden, con fundamento en el artículo 113 de la normatividad de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones las listas que se fijan en los estrados de este órgano de control constitucional por así haberlo solicitado expresamente. Téngase como correo electrónico el que indica a fin de que este Juzgado establezca comunicación no procesal en los casos en que se estime necesario y no para oír y recibir notificaciones toda vez que la ley de la materia no lo contempla como medio oficial para tal efecto. Asimismo, por autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 22 fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

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