Maria Lizbet Alvarez Rodriguez
Expediente 2026/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 2026/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Maria Lizbet Alvarez Rodriguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de marzo de dos mil dieciocho.********************Agréguese a los autos el oficio registrado con folio 9207, signado por la encargada de la Presidencia de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos, mediante el cual informa las gestiones que realiza para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo.********************En atención a lo anterior y considerando que en el sistema jurídico mexicano la ejecución y cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público e interés social, se requiere a la encargada de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que remita:********************Copia certificada del acuse de recibo del oficio girado al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, ordenado en proveído de trece de marzo de dos mil dieciocho, en el juicio laboral ********************, de su estadística.********************Se hace del conocimiento de la autoridad requerida, que para dar cumplimiento a lo anteriormente ordenado, se le concede el plazo de tres días, al término del cual -en caso de omisión sin causa justificada o de realizar actuaciones intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo- con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258 ambos de la Ley de Amparo, se aplicará una medida de apremio consistente en multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; ello en términos del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Lo que antecede, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. ********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil diecisiete, para desempeñar las funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Miguel Ángel Rojas Araos, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con treinta y seis minutos del veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública el licenciado Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, para desempeñar las funciones de juez de Distrito, asistido de la Secretaria Rosa María Luna Mercado, con quien legalmente actúa, procede a dar inició a la audiencia constitucional del juicio de amparo número 2026/2017, promovido por María Lizbet Álvarez Rodríguez, sin asistencia de las partes. Acto continuo, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia escrito inicial de demanda, auto admisorio e informe justificado rendido por las autoridades responsables; sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES, SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en funciones de juez, acuerda: Se tiene por hecha la relación Secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, en período probatorio. Abierto el mismo, con fundamento en el artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las documentales que remitió la autoridad responsable como anexo a su informe justificado, consistentes en copia certificada del expediente laboral número 01/2924/2012-JE1, del índice de la responsable, relacionadas directamente con el acto reclamado, sin más pruebas que desahogar, se procede a cerrar el periodo probatorio y se declara abierto el período de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló; asimismo se hace constar que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no presentó pedimento, consecuentemente, se procede a cerrar este periodo, al no haber diligencia que practicar, ni escrito por acordar, se concluye la presente audiencia, y se ordena dictar el fallo que conforme a la ley que rige el acto, proceda. Doy fe. Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo 2026/2017, promovido por María Lizbet Álvarez Rodríguez, por conducto de su apoderada legal, y: R E S U L T A N D O Único. Por escrito presentado el siete de diciembre de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos; María Lizbet Álvarez Rodríguez, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos que tribu A la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, los que hizo consistir en: ACTO RECLAMADO: La omisión de la autoridad responsable de impartir justicia en los plazos y términos previstos por la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 6º, 685º, 686º, 687º, 735º, 838º, y 880 ." SEGUNDO. La parte quejosa señaló como garantías individuales, las contenidas en los artículos 1, 5, 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, conocer de la demanda de garantías de que se trata, la cual quedó registrada bajo el número 2026/2017, por acuerdo de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite y se mandó pedir informe justificado a la autoridad responsable, como se acredita con el acuse de recibo que obra en autos. Por otra parte, en el citado proveído, se hizo del conocimiento de las partes, que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberán ser publicadas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, testando los datos personales de las partes, sin que ello implique que no es factible señalarlos de manera genérica Finalmente, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, se emplazó al tercero interesado y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se inició al tenor del acta que antecede, en la que se ordenó dictar la sentencia definitiva que se emite al tenor de los siguientes; C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado es necesario precisar cuál es éste, por lo que debe analizarse íntegramente el escrito de demanda a fin de atender lo que quiso decir el quejoso y no únicamente lo que en apariencia dijo, ello a fin de lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro 192097, que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de una interpretación íntegra de la demanda de amparo así como de las constancias allegadas por la autoridad responsable, se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional se hace consistir en: 1. La omisión de la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de dictar el laudo que resuelva el juicio laboral juicio laboral 01/2924/2012-JE1. TERCERO. De acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, en toda sentencia el órgano jurisdiccional que conozca del mismo debe analizar, en primer lugar, la certeza o inexistencia de los actos reclamados y solo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular. Lo anterior es así, ya que de no ser ciertos los actos combatidos sería innecesario ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia; es decir, del análisis de alguna causa de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tenga la seguridad de que los actos reclamados son ciertos, y así, estar en posibilidad de analizar causales de improcedencia y de no actualizarse alguna, estudiar el fondo del asunto. Tiene aplicación a lo expuesto en el párrafo que antecede la jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación con el registro 212775, cuyo rubro y texto establecen: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, en relación al caso concreto, resulta cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, pues así lo manifestó su Presidente al rendir el informe justificado. Se cita por aplicable, la jurisprudencia 749 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro 1002815, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, lo anterior se corrobora con las copias certificadas que el referido servidor público de la junta responsable acompañó a su informe justificado; documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. CUARTO. Dado que las partes no hicieron valer causa de improcedencia, ni de oficio este órgano jurisdiccional advierte que se actualice alguna, procede entrar al estudio del acto de molestia. Conviene precisar que resulta innecesario transcribir los conceptos de violación hechos valer por la peticionaria de amparo en su escrito de demanda, ya que no se requieren para el desarrollo y dictado de la resolución; además, tal circunstancia no la deja en estado de indefensión pues no la priva de la oportunidad para recurrirla y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación con el registro 164618, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En este contexto, no obstante la certeza del acto reclamado este juzgado de Distrito estima que debe negarse la protección solicitada, en virtud que resultan infundados los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, como más adelante se verá. Aduce la peticionaria de garantías, que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al negarse a continuar con la secuela normal del procedimiento hasta su total solución con la emisión del laudo, dentro del expediente del juicio laboral juicio laboral 01/2924/2012-JE1, vulnera en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Carta Magna. Al respecto, cabe destacar que dichos argumentos devienen infundados toda vez que de las constancias de autos se advierte que de las pruebas admitidas en proveído de diez de noviembre de dos mil catorce, aún está pendiente de desahogarse el informe de autoridad a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, medio probatorio respecto del cual la autoridad responsable ya se pronunció e incluso dentro de las constancias remitidas diversas gestiones que ha realizado para su desahogo, entre ellos, incluso un requerimiento a la parte oferente para que proporcionara diversa información, requerida por dicha institución a fin de desahogar en plenitud la prueba. Es decir, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se colige que no es posible turnar los autos para proyecto de laudo en virtud de encontrase la secuela procesal en etapa de instrucción, específicamente, en el desahogo del el informe de autoridad a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ofrecida por la parte demandada. Esto último, permite afirmar válidamente que contrario a lo que aduce la parte impetrante de garantías, el actuar de la autoridad responsable no es violatorio de derechos ya que no puede sostenerse que ha incurrido en infracción al derecho consagrado en el artículo 17 Constitucional, cuando del estado procesal de los autos del expediente del juicio laboral 01/2924/2012-JE1, de donde emana el acto reclamado, se advierte que aún existen pruebas por desahogar y, como consecuencia de ello, tampoco se han formulado los alegatos de las partes. Lo anterior es así, toda vez que el acto debe analizarse tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, de tal modo que si al momento de la instauración del presente juicio de garantías, aún no se habían desahogado todas y cada una de las etapas procesales que marca la ley laboral, es dable sostener que la junta responsable está imposibilitada para resolver el fondo del asunto. A fin de evidenciar lo anterior, es conveniente citar el contenido de los artículos 884, fracción V, y 885 ambos de la Ley Federal del Trabajo: "Artículo 884. La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las siguientes normas: . V. Al concluir el desahogo de las pruebas, la Junta concederá a las partes un término de dos días para que presenten sus alegatos por escrito." "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. ." De lo antes citado, se desprende que solamente cuando se han desahogado la totalidad de las pruebas, formulados los alegatos y cerrada la instrucción, a partir de ese momento surge la obligación de la autoridad laboral a dictar el proyecto de laudo respectivo. Por lo motivos expuestos, en el caso en concreto se desprende que la autoridad responsable, a la fecha de la presentación de la demanda, no estaba en oportunidad procesal de emitir el laudo correspondiente, puesto que se encontraba pendiente de desahogar la prueba de informe de autoridad ofrecida por la parte demandada, pues así se advierte de las constancias remitidas por la responsable, con las que se dio vista a la parte quejosa, sin que al efecto hubiere realizado manifestación alguna. En las relatadas circunstancias, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer por la impetrante de amparo, es procedente negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. No se desatiende el hecho de que, la prueba que falta por desahogar, consistente en informe de autoridad, y a la fecha no se ha desahogado, empero, quien ahora resuelve, no puede pronunciarse en sentido alguno, debido a que el juicio de amparo debe resolverse por el acto efectivamente reclamado, y en la especie, la Litis constitucional se fijó de acuerdo a lo advertido de la lectura integral de la demanda, en la omisión de dictar laudo. Sumado a lo anterior el hecho de que es evidente, que la parte quejosa no ha seguido el trámite del juicio laboral, pues afirmó que desde febrero del año anterior (dos mil diecisiete), el juicio de encontraba suspendido, sin actuaciones de la junta responsable, empero, existe un acuerdo de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, razones actuariales, diversas actuaciones de la parte demandada, y gestiones de la responsable para el desahogo de la prueba de informe de autoridad a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la última de ellas de veinticuatro de enero de este año, de ahí, que como ya se determinó, no sea posible conceder a la parte quejosa, la protección constitucional impetrada. Quinto. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto y fundado, además con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 77, 79, fracción V, y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Lizbet Álvarez Rodríguez, en contra del acto que reclamó a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo. Segundo. Por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución, se ordena la captura y envío de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo resolvió y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil diecisiete, para desempeñar las funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se desprende que el nueve de febrero del año en curso, se dio vista a la quejosa con el informe justificado rendido por la autoridad responsable; en esas condiciones, a fin de cumplir con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de la Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose de nueva cuenta las diez horas con treinta y seis minutos del día veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, para su celebración. Con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor, es aplicable la jurisprudencia P.J. 54/2000, sustentada por la actual Segunda Sala y la anterior Primera Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, tomo XI de abril de 2000, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil diecisiete, para desempeñar las funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese para que obre como corresponda el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Morelos y en representación del Pleno de la misma; con el contenido del informe de cuenta y constancias anexas, dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 9º de la Ley de Amparo en vigor, se tiene como delegados a las personas que menciona, para los efectos legales a que haya lugar, y por señalado, el domicilio que indica, siempre y cuando corresponda al domicilio oficial de la autoridad responsable, conforme a lo dispuesto en el numeral 28, fracción I de la ley invocada. Con las copias certificadas que remite, fórmese legajo por separado que se denominará anexo I. Notifíquese. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil diecisiete, para desempeñar las funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.
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