María Lisbeth Larrañaga Montero
Expediente 526/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 526/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María Lisbeth Larrañaga Montero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
"...Boca del Río, Veracruz, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se declara que el auto que desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico respectivo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE... Notifíquese...".
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Agréguense el escrito aclaratorio y anexos cuenta. Téngase a la parte quejosa cumpliendo la prevención efectuada en proveído de dieciséis de junio del año en curso. - DESECHAMIENTO - De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, en el particular caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" De la lectura íntegra de la demanda, se advierte la promovente señala como acto reclamado: -El acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, dictado dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 577/2022 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, donde se decretó la retención del treinta por ciento (30%) del excedente del salario que percibe la aquí parte quejosa, con motivo de la providencia precautoria promovida por Janet Farfán Alvizar, así como las consecuencias del citado auto. Del capítulo de antecedentes se aprecia la aquí quejosa es parte demandada en el expediente mencionado. Que en el proveído reclamado el Juez natural ordenó retener el treinta por ciento (30%) del excedente del salario que percibe María Lisbeth Larrañaga Montero [parte quejosa] de su fuente laboral. No hay sentencia dictada en el juicio de origen. El estado procesal en el que se encuentra es la apertura de periodo probatorio. Asimismo, de la narrativa se obtiene el monto de lo reclamado en el expediente de origen es por ochenta mil pesos moneda nacional ($80,000.00). Al ser dos pagarés por la cantidad de cuarenta mil pesos cada uno ($40,000.00) Al respecto de la interpretación sistemática de los artículos 1334, 1340 y 1341 del Código de Comercio, se evidencia que en contra del auto impugnado en esta vía constitucional procede el recurso de revocación previsto en el primero de los preceptos citados, acorde a lo establecido en los otros dos, derivado de la cuantía reclamada como suerte principal en el expediente natural del que deriva el acto reclamado. Los citados numerales disponen: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." "Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $816,439.97 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." "Artículo 1341. Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, ó si la ley expresamente lo dispone." Bajo ese tenor, se estima que el acto reclamado es susceptible de impugnación a través del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio, pues conforme a lo dispuesto por los diversos numerales 1340 y 1341 del citado cuerpo normativo procede el recurso de revocación -atendiendo a la cuantía- en contra de los autos y decretos recaídos en un juicio mercantil cuyo monto sea inferior a ochocientos dieciséis mil cuatrocientos treinta y nueve pesos con noventa y siete centavos moneda nacional ($816,439.97) por concepto de suerte principal (como es el caso), al ser irrecurribles a través del diverso de apelación. En efecto, el auto impugnado en esta vía constitucional es recurrible en la vía ordinaria a través del citado recurso de revocación, dado que de acuerdo a los antecedentes narrados por la quejosa, como ya se dijo, la cuantía en dicho negocio asciende a ochenta mil pesos moneda nacional ($80,000.00). Por lo tanto, este juicio deviene improcedente, en virtud que a través de dicho medio de defensa -revocación- el auto reclamado puede ser modificado, nulificado o revocado. En ese orden de ideas, es evidente que, previo al juicio constitucional, debe agotarse el recurso ordinario de defensa previsto en el precepto 1334 indicado, a fin de observar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Es aplicable al caso por su contenido, la Jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 401 del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Civil, Registro 2005047, de rubro y texto: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno). Asimismo, bajo la idea que define la procedencia de un recurso contra su negativa, es evidente el derecho del contrario para impugnar su otorgamiento, por eso se cita la jurisprudencia PC.I.C. J/79 C (10a.) sostenida por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1747 del Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Civil, Décima Época, Registro 2018338, del tenor siguiente: "PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DENIEGA LAS SOLICITADAS COMO MEDIDAS PREJUDICIALES EN PROCESOS CAUTELARES DE CUANTÍA MENOR PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN. De conformidad con la reforma al Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 25 de enero de 2017, el recurso de revocación es procedente para impugnar la resolución dictada en un proceso cautelar de cuantía menor, que deniegue las providencias solicitadas prejudicialmente. Es verdad que el artículo 1183 del código mencionado prevé solamente la recurribilidad de la resolución que admite la solicitud de providencias cautelares, en tanto que nada dice por cuanto hace a la que las deniega; sin embargo, debe partirse de la base de que en materia de recursos opera la máxima de que, en principio, todas las resoluciones son recurribles, a menos que la ley disponga lo contrario y, en el caso, no existe prohibición sobre el particular, sin que pase inadvertido que respecto al tema de que se trata, el cuerpo de leyes invocado no procedió como lo hizo en el segundo párrafo de su artículo 1153, con relación a los medios preparatorios a juicio, al admitir recurso contra la resolución que deniega la diligencia preparatoria y establecer la irrecurribilidad de la resolución que la concede. No obsta que la medida cautelar anteceda a un juicio oral mercantil, porque aun en tal caso el recurso procede, en atención a que en lo que respecta a las providencias precautorias, el segundo párrafo del artículo 1390 Bis 1 remite a la regulación del Capítulo (XI, Título Primero, Libro Quinto) que rige a éstas. Dentro de este capítulo, el artículo 1183 genera la aplicación del numeral 1345, fracción IV; ambos prevén el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, pero mientras que el primero de esos preceptos lo circunscribe a la resolución que decreta dichas providencias, el segundo extiende la procedencia a la resolución que recaiga "a las providencias precautorias" en general, sin limitar el recurso al pronunciamiento que las concede, porque para la procedencia de la apelación, el requisito que debe observarse tiene que ver únicamente con la cuantía del negocio, no con el sentido de la resolución. De modo que si la cuantía del proceso cautelar es menor al monto indicado en los artículos 1339 y 1340 del ordenamiento citado, esto conduce a la aplicación del artículo 1334 de la misma codificación en la parte que dispone que los autos que no fueren apelables admiten la revocación." Por lo que, se itera, la promovente no agotó el medio de impugnación ordinario; y, por lo tanto, inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, actualizándose la hipótesis prevista por la fracción XVIII del cardinal 61 de la ley de la materia, en virtud que la existencia de dicho recurso se advierte en forma patente. De tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes. De ahí que, en atención al principio de economía procesal, debe desecharse la demanda al surtirse la hipótesis que contempla el precepto 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 1a/J. 44/2012 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Materia Común, página 729, Registro 2001155, siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." En tales condiciones, toda vez que en el presente asunto se actualizó de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de mérito por notoria improcedencia de conformidad con lo dispuesto en el numeral 113 del cuerpo de leyes mencionado. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Agréguense el escrito aclaratorio y anexos cuenta. Téngase a la parte quejosa cumpliendo la prevención efectuada en proveído de dieciséis de junio del año en curso. - DESECHAMIENTO - De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, en el particular caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" De la lectura íntegra de la demanda, se advierte la promovente señala como acto reclamado: -El acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, dictado dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 577/2022 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, donde se decretó la retención del treinta por ciento (30%) del excedente del salario que percibe la aquí parte quejosa, con motivo de la providencia precautoria promovida por Janet Farfán Alvizar, así como las consecuencias del citado auto. Del capítulo de antecedentes se aprecia la aquí quejosa es parte demandada en el expediente mencionado. Que en el proveído reclamado el Juez natural ordenó retener el treinta por ciento (30%) del excedente del salario que percibe María Lisbeth Larrañaga Montero [parte quejosa] de su fuente laboral. No hay sentencia dictada en el juicio de origen. El estado procesal en el que se encuentra es la apertura de periodo probatorio. Asimismo, de la narrativa se obtiene el monto de lo reclamado en el expediente de origen es por ochenta mil pesos moneda nacional ($80,000.00). Al ser dos pagarés por la cantidad de cuarenta mil pesos cada uno ($40,000.00) Al respecto de la interpretación sistemática de los artículos 1334, 1340 y 1341 del Código de Comercio, se evidencia que en contra del auto impugnado en esta vía constitucional procede el recurso de revocación previsto en el primero de los preceptos citados, acorde a lo establecido en los otros dos, derivado de la cuantía reclamada como suerte principal en el expediente natural del que deriva el acto reclamado. Los citados numerales disponen: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." "Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $816,439.97 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." "Artículo 1341. Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, ó si la ley expresamente lo dispone." Bajo ese tenor, se estima que el acto reclamado es susceptible de impugnación a través del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio, pues conforme a lo dispuesto por los diversos numerales 1340 y 1341 del citado cuerpo normativo procede el recurso de revocación -atendiendo a la cuantía- en contra de los autos y decretos recaídos en un juicio mercantil cuyo monto sea inferior a ochocientos dieciséis mil cuatrocientos treinta y nueve pesos con noventa y siete centavos moneda nacional ($816,439.97) por concepto de suerte principal (como es el caso), al ser irrecurribles a través del diverso de apelación. En efecto, el auto impugnado en esta vía constitucional es recurrible en la vía ordinaria a través del citado recurso de revocación, dado que de acuerdo a los antecedentes narrados por la quejosa, como ya se dijo, la cuantía en dicho negocio asciende a ochenta mil pesos moneda nacional ($80,000.00). Por lo tanto, este juicio deviene improcedente, en virtud que a través de dicho medio de defensa -revocación- el auto reclamado puede ser modificado, nulificado o revocado. En ese orden de ideas, es evidente que, previo al juicio constitucional, debe agotarse el recurso ordinario de defensa previsto en el precepto 1334 indicado, a fin de observar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Es aplicable al caso por su contenido, la Jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 401 del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Civil, Registro 2005047, de rubro y texto: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno). Asimismo, bajo la idea que define la procedencia de un recurso contra su negativa, es evidente el derecho del contrario para impugnar su otorgamiento, por eso se cita la jurisprudencia PC.I.C. J/79 C (10a.) sostenida por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1747 del Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Civil, Décima Época, Registro 2018338, del tenor siguiente: "PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DENIEGA LAS SOLICITADAS COMO MEDIDAS PREJUDICIALES EN PROCESOS CAUTELARES DE CUANTÍA MENOR PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN. De conformidad con la reforma al Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 25 de enero de 2017, el recurso de revocación es procedente para impugnar la resolución dictada en un proceso cautelar de cuantía menor, que deniegue las providencias solicitadas prejudicialmente. Es verdad que el artículo 1183 del código mencionado prevé solamente la recurribilidad de la resolución que admite la solicitud de providencias cautelares, en tanto que nada dice por cuanto hace a la que las deniega; sin embargo, debe partirse de la base de que en materia de recursos opera la máxima de que, en principio, todas las resoluciones son recurribles, a menos que la ley disponga lo contrario y, en el caso, no existe prohibición sobre el particular, sin que pase inadvertido que respecto al tema de que se trata, el cuerpo de leyes invocado no procedió como lo hizo en el segundo párrafo de su artículo 1153, con relación a los medios preparatorios a juicio, al admitir recurso contra la resolución que deniega la diligencia preparatoria y establecer la irrecurribilidad de la resolución que la concede. No obsta que la medida cautelar anteceda a un juicio oral mercantil, porque aun en tal caso el recurso procede, en atención a que en lo que respecta a las providencias precautorias, el segundo párrafo del artículo 1390 Bis 1 remite a la regulación del Capítulo (XI, Título Primero, Libro Quinto) que rige a éstas. Dentro de este capítulo, el artículo 1183 genera la aplicación del numeral 1345, fracción IV; ambos prevén el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, pero mientras que el primero de esos preceptos lo circunscribe a la resolución que decreta dichas providencias, el segundo extiende la procedencia a la resolución que recaiga "a las providencias precautorias" en general, sin limitar el recurso al pronunciamiento que las concede, porque para la procedencia de la apelación, el requisito que debe observarse tiene que ver únicamente con la cuantía del negocio, no con el sentido de la resolución. De modo que si la cuantía del proceso cautelar es menor al monto indicado en los artículos 1339 y 1340 del ordenamiento citado, esto conduce a la aplicación del artículo 1334 de la misma codificación en la parte que dispone que los autos que no fueren apelables admiten la revocación." Por lo que, se itera, la promovente no agotó el medio de impugnación ordinario; y, por lo tanto, inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, actualizándose la hipótesis prevista por la fracción XVIII del cardinal 61 de la ley de la materia, en virtud que la existencia de dicho recurso se advierte en forma patente. De tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes. De ahí que, en atención al principio de economía procesal, debe desecharse la demanda al surtirse la hipótesis que contempla el precepto 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 1a/J. 44/2012 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Materia Común, página 729, Registro 2001155, siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." En tales condiciones, toda vez que en el presente asunto se actualizó de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de mérito por notoria improcedencia de conformidad con lo dispuesto en el numeral 113 del cuerpo de leyes mencionado. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciséis de junio de dos mil veintitrés.********************Fórmese expediente con la demanda de amparo signada por María Lisbeth Larrañaga Montero, contra acto del Juez Cuarto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz y otra autoridad.********************Regístrese con el número 526/2023-VI. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir que le sea notificado el presente proveído, realice lo siguiente:********************PRIMERO. Exhiba una copia más de su demanda de amparo con los anexos que acompañó documentales que resultan faltantes, ya que solo exhibió cuatro, cuando debieron ser cinco. Dos para correr traslado a las autoridades señaladas como responsables; una para emplazar a la parte tercera interesada; una más para darle intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y una para tramitar el incidente de suspensión que solicita.********************Sin que sea ocioso precisar que únicamente se solicita la exhibición de una copia más para el incidente, para la apertura del cuaderno original que será de carácter físico. En el entendido que el duplicado es en versión electrónica, en términos del dispositivo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, adicionado en el punto tercero de su similar publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós.********************SEGUNDO. Ampliar su capítulo de antecedentes, bajo protesta de decir verdad, señalar:********************En qué etapa procesal se encuentra el juicio de origen. ********************Cuándo se llevó a cabo el auto de exequendo requerimiento de pago, en su caso, embargo de bienes del demandado suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas y emplazamiento. ********************Si dicha retención de la que se duele es objeto de un embargo precautorio o definitivo. ********************Si ya se dictó sentencia. Si esta ya quedó firme. ********************Se apercibe a la parte quejosa que, en caso de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentada la demanda de amparo en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo.********************Así también, hágase del conocimiento de la impetrante de derechos humanos que deberá conducirse con verdad, habida cuenta que afirmar hechos falsos y omitir los que le consten está tipificado como delito, en términos del artículo 261, fracción I de la ley de la materia.********************Además, que el desahogo a la prevención efectuada, deberá realizarla la persona que promueve la demanda por constituir un acto de carácter personalísimo, lo que implícitamente conlleva que el directo quejoso deba formular esa protesta.********************DOMICILIO. Con fundamento en la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, se tiene como lugar para recibir notificaciones, el indicado en el escrito de demanda Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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