María Lina Eugenia Gutiérrez Ortega

Expediente 472/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 1 actuación registrada, la última del 14 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
472/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
14/06/2021

Partes del expediente

  • María Lina Eugenia Gutiérrez Ortega

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, catorce de junio de dos mil veintiuno.  Radicación de demandas. Ténganse por recibidas las demandas de amparo promovidas por ******* en su carácter de defensora de ************, contra actos del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala y de la Directora del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 (Dieciséis), con residencia en Coatlán del Río, Morelos, México. De conformidad con el artículo 3o de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con los números 472/2021-VI acumulado al 471/2021-VI. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso.  Acumulación. Ahora bien, de la lectura integral de los escritos de demanda que se proveen, se desprende que fueron promovidos por la misma quejosa en contra de las mismas autoridades responsables y por los mismos actos reclamados. Al respecto, el numeral 49 de la Ley de Amparo, dispone que la acumulación de juicios podrá decretarse de oficio o a instancia de parte y puede operar en cualquier etapa del juicio. Por tanto, conforme al ordinal en comento, este órgano jurisdiccional puede decretar la acumulación de aquellos juicios que se sigan en este juzgado, sin necesidad de abrir y tramitar el incidente respectivo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 24/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2009910, de siguiente: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL." En virtud de lo expuesto y atendiendo al principio de economía procesal, traducido en que en una sola audiencia se resuelvan dos o más juicios de amparo en donde se reclama el mismo acto y evitar que en dichos juicios se dicten sentencias contradictorias, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE OFICIO LA ACUMULACIÓN de la demandas registradas con el número 472/2021-I, a la diversa 471/2021V-I, ambas del índice de este juzgado de distrito, promovidas por *********en su carácter de defensora de ********* para los efectos legales a que haya lugar.  Suspensión de plano y de oficio. Ahora bien, del contenido integral de las demandas de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: De la autoridad ordenadora, se reclama la omisión de poner en inmediata libertad a ********* e imponer una medida cautelar diversa a la prisión preventiva, pues se ha excedido el término constitucional de dos años para la duración de dicha medida. La omisión deviene de la falta de control judicial en el que se evalúe, de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales en la materia, la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida cautelar. Dado que la prisión preventiva impuesta hace más de 8 años y 5 meses no cumple con las normas y parámetros nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, se convierte en una medida arbitraria e inconstitucional, que debe ser inmediatamente reemplazada por una no privativa de libertad que garantice los objetivos del proceso penal y los derechos de las personas procesadas. La prolongación arbitraria e injustificada de la prisión preventiva, las indignas condiciones de internamiento en que se encuentra recluida María Lina Eugenia Gutiérrez Ortega y los efectos que esto tiene sobre ella, constituye una pena anticipada (sic) y un trato cruel e inhumano prohibido por el artículo 22 Constitucional, que adquiere matices graves y diferenciados al considerar el género de la representada. Ante una medida a todas luces inconstitucional y violatoria de derechos humanos, el remedio adecuado consiste en poner en inmediata libertad a María Lina Eugenia Gutiérrez Ortega sin perjuicio de imponer otra medida cautelar que no sea privativa de libertad y que asegure los objetivos del proceso penal. Respecto de la autoridad ejecutora, se reclama el mantener privada de libertad y bajo su control y supervisión a María Lina Eugenia Gutiérrez Ortega De la transcripción anterior se pone de manifiesto que si bien la peticionaria del amparo reclama de manera destacada actos de naturaleza omisiva, también lo es que les atribuye consecuencias materiales inherentes a su vida, libertad personal y derecho a la salud, pues argumenta que al prolongarse la prisión preventiva por más de dos años, se convierte en una pena inusitada, lo cual, afirma, constituye un trato cruel e inhumano prohibido por el artículo 22 Constitucional, que se agrava debido a las condiciones de internamiento indignas a las que ha sido sujeta, donde además, no es tutelado su derecho a la salud. En ese sentido, el artículo 126 de la Ley de Amparo vigente, prevé que la medida cautelar en cita se otorgará cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales En atención a ello y a que las consecuencias de los actos reclamados las traduce la parte quejosa en condiciones indignas de internamiento; así como tratos crueles e inhumanos que implican riesgo en la integridad física y dignidad personal de la quejosa, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que, de inmediato, las autoridades responsables cesen los efectos y consecuencias materiales de los actos omisivos anteriormente transcritos que se puedan traducir en una afectación a la vida y seguridad de la quejosa, siempre y cuando éstos encuadren en la hipótesis del artículo 22 Constitucional, tal como las penas de muerte, de mutilación de infamia, marca, golpes, azotes y tormento de cualquier especie, entre otros. Además, teniendo en cuenta que es obligación del Estado Mexicano salvaguardar el derecho a la salud contenido en el numeral 4° constitucional, el cual dispone: Artículo 4º. . Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución .. Esto es, que el Estado tiene la obligación de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, a través de la implementación de acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud del individuo y de la sociedad en general, lo que implica información, prevención, atención, control de enfermedades, otorgamiento de medicamentos y otros insumos esenciales requeridos para el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos, cuya existencia y disponibilidad debe estar garantizada. Entonces, tomando en cuenta que la promovente del amparo manifiesta la necesidad de tener una adecuada atención médica, cuya omisión pone en riesgo su salud y vida, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, fracción I, 15 y 126, de la Ley de Amparo, también SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones, DE INMEDIATO proporcionen a la quejosa la atención médica correspondiente, el tratamiento y los medicamentos requeridos para los padecimientos que le aquejan, así como para que se efectúe la revisión médica constante que requiera y, en el caso de no contar con los medicamentos o los servicios médicos que se le deban brindar, deberá realizar las gestiones necesarias a fin de que le sean proporcionados al promovente del amparo. En el entendido que dicha medida cautelar no se concede para que las autoridades responsables proporcionen a la quejosa un tratamiento específico, sino que hagan posible que se le brinde el servicio de salud o tratamiento que se considere adecuado para que la quejosa mejore su actual estado de salud. Para el debido cumplimiento de esta suspensión, se reitera a las autoridades responsables que, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, queda bajo su responsabilidad salvaguardar la salud del aquí quejoso, por lo que deberán tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para permitir que le sean brindados los servicios de salud y desde luego la atención médica que requiera. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se identifica con los datos de localización siguientes: Época: Décima Época Registro: 2007938 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 2a. CVIII/2014 (10a.) Página: 1192 "SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO. El artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé obligaciones de contenido y de resultado; aquéllas, de carácter inmediato, se refieren a que los derechos se ejerciten sin discriminación y a que el Estado adopte dentro de un plazo breve medidas deliberadas, concretas y orientadas a satisfacer las obligaciones convencionales, mientras que las de resultado o mediatas, se relacionan con el principio de progresividad, el cual debe analizarse a la luz de un dispositivo de flexibilidad que refleje las realidades del mundo y las dificultades que implica para cada país asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. En esa lógica, teniendo como referente el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental contenido en el artículo 12 del citado Pacto, se impone al Estado Mexicano, por una parte, la obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho a la salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos de que disponga. De ahí que se configurará una violación directa a las obligaciones del Pacto cuando, entre otras cuestiones, el Estado Mexicano no adopte medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad al derecho indicado". En mérito de lo anterior, se requiere a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, INFORMEN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DADO A ESTA DETERMINACIÓN, anexando copia certificada de las constancias necesarias para acreditarlo; apercibidas que de no hacerlo sí se aplicarán en su contra las medidas de apremio que establecen los artículos 237 fracción I, 238 párrafo primero, 259 y 262 fracción III de la Ley de Amparo, consistente en una multa de trescientas Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación de inmediato. En el entendido que de no obedecer en sus términos la suspensión de oficio otorgada en el presente juicio de amparo, se procederá, conforme a lo dispuesto por el artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: .III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra.". Dada la urgencia del asunto, las autoridades señaladas como responsables se encuentran obligadas a recibir los oficios correspondientes, aun cuando su denominación no sea la correcta, por lo que, de ser el caso, se les requiere para que en el momento de su recepción, o bien, en el informe que rindan se sirvan realizar las aclaraciones correspondientes. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que se encuentran obligadas a prestar el auxilio necesario para el desahogo de las diligencias decretadas por este órgano jurisdiccional, siendo su responsabilidad estar en aptitud de hacerlo, lo cual, bajo ninguna circunstancia, excusa el entorpecimiento del desarrollo de diligencias jurisdiccionales urgentes, como el presente, por lo que de no prestar el apoyo y auxilio necesario al funcionario judicial encomendado para esta diligencia, de conformidad con el artículo 262, fracción V, de la Ley de Amparo, se procederá a dar vista al Ministerio Público por la posible comisión de un delito, para que proceda conforme a derecho corresponda. Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que literalmente establece lo siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2014917 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I Materia(s): Común, Penal Tesis: P./J. 13/2017 (10a.) Página: 5 "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato."  Se plantea incompetencia legal En diverso orden de ideas, tomando en consideración la naturaleza de los actos reclamados transcritos con antelación, las consecuencias que le atribuyen; así como la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de que la agraviada directa se encuentra recluida en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dieciséis de Morelos, México, lo procedente es declinar la competencia legal para conocer del presente asunto, bajo las consideraciones que enseguida se precisan. El artículo 37 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". De lo anterior tenemos que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; pero si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; también que será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. Luego, si en el asunto que nos ocupa, la abstención que se atribuye al Juez federal produce efectos materiales sobre la libertad personal, vida y salud de la quejosa, quien se encuentra recluida en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dieciséis en Morelos, Coatlán del Río, México; entonces, a criterio de la suscrita, conforme a la primera de las reglas contenida en el artículo 37 ya mencionado, el juez competente es el que tiene jurisdicción en el lugar donde se ejecuta la prisión preventiva de la ahora quejosa, puesto que es indudable que los actos reclamados a pesar de tener una naturaleza omisiva, sí tienen una ejecución material al incidir en la permanencia de la quejosa en el centro de readaptación respectivo. Resulta ilustrativo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 16/2021 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con los datos de localización siguientes: "Registro digital: 2023065 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Penal, Común Tesis: 1a./J. 16/2021 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL QUE DETERMINA IMPROCEDENTE UNA SOLICITUD DE INDULTO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al determinar cuál Juzgado de Distrito es competente para conocer del amparo indirecto promovido contra el oficio dictado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en el que se determinó improcedente el indulto solicitado por una persona recluida en un Centro de Readaptación Social, ya que para uno el competente es el Juzgado de Distrito con jurisdicción en el lugar de residencia de la autoridad responsable, mientras que para el otro lo es el que ejerce jurisdicción en el lugar donde se ubique el Centro de Readaptación Social. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el Juzgado de Distrito con jurisdicción en el lugar donde se ubica el centro penitenciario en el que se encuentra recluido el quejoso es el legalmente competente para conocer del amparo indirecto contra el oficio emitido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal por el que determinó improcedente el indulto, ya que el acto reclamado tiene una ejecución material al incidir en la permanencia del quejoso en el centro de readaptación en el que compurga la pena. Justificación: El artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres reglas distintas de tracto sucesivo para determinar la competencia en amparo indirecto atendiendo a si el acto reclamado tiene ejecución unívoca, plural o carece de ejecución material. Ahora bien, en el caso es aplicable la primera regla, a saber, la relativa a que es competente el Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Lo anterior es así, porque esta Primera Sala ha sostenido que los actos que determinen la permanencia de la persona en su lugar de reclusión generan una consecuencia material, es decir, una ejecución material. Ante ello, si una persona presentó una solicitud de indulto cuya concesión favorable implicaría, inter alia, la cesación de la privación de la libertad personal ante la extinción de la pena, la resolución que la determina improcedente tiene por consecuencia que permanezca en su situación actual y, por ello, tiene una ejecución material. Dicha ejecución material ocurrirá en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, porque allí se seguirá ejecutando la pena cuya extinción se solicitó". Así como la diversa emitida por la misma Sala, la cual se identifica con los datos siguientes: "Registro digital: 2021191 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 86/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 254 Tipo: Jurisprudencia" "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo". También resulta aplicable al respecto, por el contenido que informa, la tesis aislada, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del en Materia Penal del Primer Circuito, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "Registro digital: 2013097 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: I.1o.P.35 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo IV, página 2350 Tipo: Aislada" "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEVOLVER UN INMUEBLE LIBERADO DE ASEGURAMIENTO MINISTERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN EL QUE SE UBIQUE DICHO BIEN, POR SER EL SITIO DONDE SE ESTÁ EJECUTANDO LA AFECTACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL QUEJOSO. Cuando el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de devolver un bien inmueble que fue objeto de aseguramiento ministerial y a la postre liberado de dicha medida cautelar, tiene la naturaleza jurídica de un acto negativo con efectos positivos, ya que si bien esa omisión, en apariencia, es un acto puramente de carácter negativo, lo cierto es que tal "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad continúe con la abstención que se le impugna, provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos del quejoso, como lo es la restricción en su derecho de propiedad, pues éste no tiene el disfrute de sus pertenencias -ya que la autoridad ministerial liberó al inmueble del aseguramiento que le constreñía-, en tanto la autoridad no haga lo que las leyes le ordenan; motivo por el cual el acto reclamado conlleva un principio de ejecución, ya que de esa manera se materializan los "efectos positivos" que tiene la omisión apuntada. En consecuencia, de conformidad con las reglas de competencia por territorio establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda respectiva, es aquel en donde se está ejecutando la afectación a los derechos fundamentales del quejoso con motivo de la omisión impugnada, lo cual acontece en el lugar en donde respectivamente se ubica el inmueble afectado y, en su caso, sin prejuzgar el fondo del asunto, en el lugar donde se efectuaría la eventual devolución del bien, mas no en diverso sitio." Por tanto, como el Centro Federal de Reinserción Social en que guarda reclusión la quejosa se encuentra fuera del ámbito de competencia territorial de este Juzgado de Distrito, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito declina de plano la competencia al Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, en turno, por lo que se le solicita que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas haga saber a este juzgado si acepta la competencia declinada a su favor. En tal virtud, previo cuaderno de antecedentes que se deje en este juzgado, remítase mediante oficio al Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, las constancias que conforman el expediente en que se actúa. Se ordena girar exhorto para notificar a la quejosa suspensión de plano y a la autoridad ejecutora. En virtud de todo lo expuesto con antelación, considerando que la tramitación del presente asunto es urgente; que la reclusión de la quejosa se ejecuta en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dieciséis en Morelos, Coatlán del Río, México; que la autoridad responsable ejecutora tiene su residencia oficial en la misma ciudad; esto es, en un lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado; y que la notificación tradicional mediante oficio a la citada autoridad responsable que pertenecen al sistema penitenciario, tal como se contempla en los artículos 26 fracción II, inciso a) y 28 fracción II, de la Ley de Amparo, demoraría el conocimiento de la medida cautelar decretada, esta juzgadora estima pertinente para la eficacia de la notificación de la presente determinación que, con fundamento en el artículo 28 fracción III, de la misma normatividad, así como en el diverso precepto 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, la misma se realice mediante ATENTO EXHORTO vía electrónica que se ordena girar al Juez de Distrito en el Estado de Morelos. Comunicación oficial que tiene como finalidad que el juez exhortado, en auxilio de las labores de este Juzgado: I. Comisione al Actuario Judicial de su adscripción a fin de que se constituya de manera inmediata en las instalaciones que ocupa el referido centro de reclusión a efecto de notificar el presente proveído a la quejosa *********, entregándole copia autentificada con evidencia criptográfica del presente proveído. II. Comisione al Actuario Judicial de su adscripción a fin de notifique mediante oficio que tenga a bien generar, a la autoridad ejecutora, la suspensión de plano decretada. Para logar la notificación de la citada autoridad responsable, anéxese al exhorto copia de este acuerdo y de la demanda de amparo. Por tanto, se faculta al Juez de Distrito exhortado para que, con plenitud de jurisdicción, provea lo conducente a fin de lograr la encomienda de que se trata, de conformidad con la ley aplicable, pudiendo disponer que se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para su desahogo, incluso, acuerde promociones, recabe copias y habilite días y horas inhábiles. Se solicita al Juez de Distrito exhortado que, de no existir inconveniente legal alguno, tenga a bien, una vez que sea diligenciada esta comunicación oficial electrónica, devolverla por la misma vía a este juzgado.  Autorización para consultar expediente electrónico y para recibir notificaciones electrónicas. En diverso orden de ideas, con fundamento en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a *********** la consulta al expediente electrónico con los usuarios NancyLuAndrade, Sleyvamz, LaylaAlmaraz y victorparada. Por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice el alta correspondiente en el sistema. De igual forma, como lo solicita el promovente, con apoyo en los artículos 30, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 55, 57 y 58 del acuerdo general en cita, se ordena que los subsecuentes acuerdos, cuya notificación no se ordene por lista, le sean notificados electrónicamente.  Exhortación a las partes para la continuación del juicio en línea. De igual modo, como a partir del tres de agosto de dos mil veintiuno, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, se les comunica al promovente que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. En consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente.  Medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.  Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna.  Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario o Actuario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio.  De las notificaciones a las autoridades responsables. Hágase saber a las autoridades responsables que en caso de que sea necesario señalar una nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional durante el transcurso del juicio, así como lo atinente a la notificación de otros acuerdos de mero trámite, podrán consultarlos en las listas que se publiquen en los estrados de este órgano jurisdiccional, o bien en la página de internet http://www.cjf.gob.mx/micrositios/DGGJ/index.htm Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza con los siguientes datos: .NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.  Transparencia y Datos Personales Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese; electrónicamente a la promovente del amparo, vía exhorto a la directa quejosa y autoridad ejecutora; y, por oficio al Juez señalado como autoridad responsable.

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