María Lidya Quiroz Chamorro
Expediente 904/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 904/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 24/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- María Lidya Quiroz Chamorro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión en contra del auto de treinta de septiembre de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. ( Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ( Se ordena archivo. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. ( Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el presente juicio dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. No se ordena devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a la parte quejosa para la devolución de documentos originales, toda vez que los mismos no obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López ******************** Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, treinta de septiembre de dos mil veintidós. No se amplió demanda de amparo Visto el estado procesal que guardan los autos y específicamente la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 111 de la Ley de Amparo, concedido a la parte quejosa en proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós (fojas 22 a 24), para que ampliara su demanda y señalara como acto reclamado la resolución emitida el trece de julio de dos mil veintidós por el Director de la Coordinación del Registro Civil del Estado de Tlaxcala, sin que lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en el proveído de referencia, por lo que se tiene por perdido su derecho y se continúa con el procedimiento conforme a la demanda inicialmente planteada. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXI, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En primer lugar, se destaca que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Bajo este contexto, se reitera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Para ello, es pertinente fijar su alcance, para lo cual debe tenerse presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera de derechos del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, al ser el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis cuyos rubros se citan a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Ahora, la referida causa de improcedencia se actualiza, dado que lo reclamado por la parte quejosa, consiste en la negativa ficta (lo que se traduce en la omisión del Director de la Coordinación del Registro Civil del Estado de Tlaxcala) al no dictar la resolución en el expediente 4740/2022; derivada de la solicitud formulada el veintiocho de junio de dos mil veintidós. En ese sentido, de las constancias que integran el presente sumario, particularmente las remitidas por el Jefe del Departamento Jurídico de la Coordinación del Registro Civil del Estado de Tlaxcala (fojas 17 a 21), a las que se les otorga valor probatorio pleno conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, se evidencia que desde el trece de julio de dos mil veintidós, se emitió la resolución correspondiente en la que se declaró procedente la aclaración del acta de nacimiento de la aquí quejosa. Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues de las constancias relacionadas se evidencia que el acto reclamado por la parte quejosa dejó de existir, pues aun cuando se emitió con anterioridad a la presentación de la demanda, no se advierte que se haya llevado a cabo su notificación; no obstante, del escrito por el que la quejosa promovió la aclaración de acta correspondiente, se desprende que señaló los estrados como domicilio para oír y recibir notificaciones. Aunado a que, al recibirse dichas constancias se le dio vista para que impugnara expresamente esa resolución sin que lo haya realizado, notificándose el dos de los actuales (fojas 22 a 24 y 33 a 35). En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado, pues no puede emprenderse estudio de la inconstitucionalidad planteada contra la omisión reclamada (referida por la parte quejosa como negativa ficta), porque ha dejado de existir. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida a la autoridad responsable, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos a las restantes autoridades Oficial del Registro Civil del Municipio de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala, Oficial del Registro Civil del Municipio de Nativitas, Tlaxcala y Encargado de la Clave Única del Registro de Población en el Estado de Tlaxcala, toda vez que no se reclaman por vicios propios, sino que se hacen derivar de lo reclamado a la ordenadora. Sirve de apoyo a lo señalado la jurisprudencia del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Se precisa que las tesis citadas resultan aplicables a pesar de referirse a numerales de la Ley de Amparo abrogada, pues no se contraponen con lo establecido en la norma en vigor, al ser de contenido similar. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con veintiséis minutos del trece de octubre de dos mil veintidós), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Olga Viviana López González, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de treinta de septiembre de dos mil veintidós: Apizaco, Tlaxcala, treinta de septiembre de dos mil veintidós. No se amplió demanda de amparo Visto el estado procesal que guardan los autos y específicamente la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 111 de la Ley de Amparo, concedido a la parte quejosa en proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós (fojas 22 a 24), para que ampliara su demanda y señalara como acto reclamado la resolución emitida el trece de julio de dos mil veintidós por el Director de la Coordinación del Registro Civil del Estado de Tlaxcala, sin que lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en el proveído de referencia, por lo que se tiene por perdido su derecho y se continúa con el procedimiento conforme a la demanda inicialmente planteada. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXI, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En primer lugar, se destaca que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Bajo este contexto, se reitera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Para ello, es pertinente fijar su alcance, para lo cual debe tenerse presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera de derechos del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, al ser el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis cuyos rubros se citan a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Ahora, la referida causa de improcedencia se actualiza, dado que lo reclamado por la parte quejosa, consiste en la negativa ficta (lo que se traduce en la omisión del Director de la Coordinación del Registro Civil del Estado de Tlaxcala) al no dictar la resolución en el expediente 4740/2022; derivada de la solicitud formulada el veintiocho de junio de dos mil veintidós. En ese sentido, de las constancias que integran el presente sumario, particularmente las remitidas por el Jefe del Departamento Jurídico de la Coordinación del Registro Civil del Estado de Tlaxcala (fojas 17 a 21), a las que se les otorga valor probatorio pleno conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, se evidencia que desde el trece de julio de dos mil veintidós, se emitió la resolución correspondiente en la que se declaró procedente la aclaración del acta de nacimiento de la aquí quejosa. Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues de las constancias relacionadas se evidencia que el acto reclamado por la parte quejosa dejó de existir, pues aun cuando se emitió con anterioridad a la presentación de la demanda, no se advierte que se haya llevado a cabo su notificación; no obstante, del escrito por el que la quejosa promovió la aclaración de acta correspondiente, se desprende que señaló los estrados como domicilio para oír y recibir notificaciones. Aunado a que, al recibirse dichas constancias se le dio vista para que impugnara expresamente esa resolución sin que lo haya realizado, notificándose el dos de los actuales (fojas 22 a 24 y 33 a 35). En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado, pues no puede emprenderse estudio de la inconstitucionalidad planteada contra la omisión reclamada (referida por la parte quejosa como negativa ficta), porque ha dejado de existir. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida a la autoridad responsable, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos a las restantes autoridades Oficial del Registro Civil del Municipio de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala, Oficial del Registro Civil del Municipio de Nativitas, Tlaxcala y Encargado de la Clave Única del Registro de Población en el Estado de Tlaxcala, toda vez que no se reclaman por vicios propios, sino que se hacen derivar de lo reclamado a la ordenadora. Sirve de apoyo a lo señalado la jurisprudencia del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Se precisa que las tesis citadas resultan aplicables a pesar de referirse a numerales de la Ley de Amparo abrogada, pues no se contraponen con lo establecido en la norma en vigor, al ser de contenido similar. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con veintiséis minutos del trece de octubre de dos mil veintidós), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Olga Viviana López González, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós (fojas 22 a 24), se concedió a la parte quejosa el término de quince días a efecto de que manifestara si conviene a su interés o no ampliar su demanda de amparo, término que se encuentra transcurriendo, toda vez que el mismo le fue notificado el dos de septiembre del año en curso (fojas 33 a 35), lo que resulta indispensable para la debida integración del presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón la jurisprudencia P./J. 12/2003, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, XVIII, Julio de 2003, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y textos siguientes: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. DEBE ADMITIRSE AUNQUE NO ESTÉ PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO, YA QUE CONSTITUYE UNA FIGURA INDISPENSABLE PARA QUE EL JUZGADOR DÉ UNA SOLUCIÓN COMPLETA A LA ACCIÓN DEL GOBERNADO. La ampliación de la demanda de amparo implica la adición o modificación, por parte del quejoso, de lo expuesto en su escrito original para que forme parte de la controversia que deberá resolver el Juez o tribunal, y si bien no está prevista expresamente en la Ley de Amparo, su inclusión se estima indispensable para que el juzgador dé una solución adecuada al conflicto que le plantea el quejoso, por lo que es posible considerarla como parte del sistema procesal del amparo con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Federal, que establece como garantía individual la impartición de justicia completa, además de pronta e imparcial, máxime que dicha figura no está en contradicción con el conjunto de normas legales cuyas lagunas deban llenar." Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, SE DIFIERE y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Olga Viviana López González, Secretaria que autoriza y da fe.
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