MARIA LIDIA TOMÁS PÉREZ y Otros.

Expediente 723/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
723/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
29/06/2017

Partes del expediente

  • MARIA LIDIA TOMÁS PÉREZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III B Único. Se sobresee en este juicio.

  2. Principal

    MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de junio de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se tienen a la Directora del Centro Penitenciario Femenil en Tanivet de Tlacolula, Oaxaca y el Encargado del Área Médica de dicho Centro Penitenciario, rindiendo informe en acatamiento a la suspensión de oficio y de plano concedida al aquí quejoso. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que dichos oficios se hubieren recibidos vía fax.

  3. Principal

    MESA III B an Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de junio de dos mil diec isiete. Agréguese el oficio signado por el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca, y anexo que acompaña, por el que devuelve debidamente diligenciado el despacho número 149/2017 del índice de este órgano jurisdiccional, que se le remitió para que en auxilio de las labores de este juzgado notificara a la parte quejosa el proveído de doce de junio del año en curso; en consecuencia, dése de baja el referido despacho y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de comunicaciones oficiales de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, vistas las diligencias remitidas, se advierte que la quejosa .... , ratificó el contenido de su demanda de amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 723/2017. En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que la mencionada parte quejosa reclama del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, la falta de atención médica. Contra ese reclamo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, y 5, fracción II, del primer ordenamiento legal invocado, los cuales, en ese orden, establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De los preceptos legales transcritos, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. En vinculación con lo anterior, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Así, el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que permite concluir que el concepto de autoridad por regla general excluye a los actos de particulares. Además, es dable destacar que en el caso en concreto, en esencia el acto de los que se duele la parte quejosa lo constituye la inadecuada atención médica; esto en el Centro de Reinserción Social Femenil de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, lugar en el que se encuentra interna; al efecto, también es conveniente precisar el contenido del dispositivo 11 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, y que dispone: Artículo 11. Son autoridades de cada Centro Federal: El Comisionado; El Coordinador General; El Director General; El Consejo, y Los Directores, Subdirectores y Jefes de Departamento de las áreas Jurídica, Técnica, de Seguridad y Custodia, de Seguridad y Guarda, y Administrativa. Del citado precepto, se advierte cuáles son las autoridades que forman el organigrama de los aludidos centros de internamiento, por lo que se colige que, en el caso en estudio no se le puede considerar como autoridad responsable al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, en virtud de que el acto reclamado, para el caso de ser cierto, es por parte de la autoridad que labora en el Centro de Reinserción Social Femenil de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca; independientemente de las razones de jerarquía que entre ellas y las autoridades residentes en la Ciudad de México, existan, no se le puede considerar como tal, puesto que el ordinal 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, no dispone que tiene el carácter de autoridad responsable el superior de quien emite el acto reclamado por el sólo hecho de serlo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a.3 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor: AUTORIDAD RESPONSABLE. TIENE ESE CARACTER LA QUE EMITE EL ACTO RECLAMADO Y NO SU SUPERIOR JERARQUICO. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la Ley o el acto reclamado. Por lo tanto, la autoridad que debe señalarse en la demanda cuando se reclaman actos concretos, como es el caso de una resolución administrativa, es precisamente la que suscribe la resolución, es decir, la que materialmente la emite, de manera que si una resolución administrativa aparece firmada por una autoridad subalterna de la señalada como responsable, esto no significa que deba tenerse por cierto el acto en cuanto es atribuido al superior, independientemente de que pertenezcan a la misma dependencia y de las relaciones de jerarquía que entre ellas exista; puesto que el citado artículo 11 no establece que tiene el carácter de autoridad responsable el superior de quien emite el acto reclamado por el sólo hecho de serlo. [visible a foja cincuenta y uno, Número 10-12, noviembre-diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación]. En esas condiciones, procede desechar de plano la demanda únicamente por lo que se refiere al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México. En otro orden, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos la demanda de amparo, contra actos de la Director del Centro de Reinserción Social Femenil de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca y otra autoridad; se otorga al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional, la intervención correspondiente, para ello, entréguesele una copia simple de la demanda. Previamente, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, y toda vez que el acto reclamado puede incidir en la vida de la parte quejosa, SE CONCEDE A ÉSTA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO DEL ACTO QUE RECLAMA CONSISTENTE EN LA FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA, para el efecto de que el Director del Centro de Reinserción Social Femenil de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca", inmediatamente ordene a la Encargada del Departamento de Servicios Médicos o a quien corresponda, emita una valoración médica respecto del actual estado de salud de la parte peticionaria del amparo, y en caso de así necesitarlo, le otorgue la atención y tratamiento médico de urgencia. Con motivo de lo anterior, requiérase al Director del citado Centro Federal, para dentro del plazo de TRES DÍAS haga del conocimiento de este Juzgado la forma y términos en que dé cumplimiento a la suspensión decretada, debiendo remitir vía postal o fax, de ser el caso: La nota medica de referencia. La hoja de atención médica. Constancia de tratamiento de paciente con medicamentos. Apercibido que de no hacerlo, su conducta actualizará el delito previsto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, y de inmediato se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar. Se señalan las NUEVE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS del VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, para la audiencia constitucional. Solicítese a las restantes autoridades señaladas en la demanda de cuenta como responsables el informe justificado, el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes a que reciban el oficio, para ello, acompañarán en su caso, copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias para apoyarlo, de no hacerlo en sus términos, con fundamento en el precepto 260, fracción II, en relación con el 238 del ordenamiento invocado, se impondrá a la omisa una multa de cien a mil unidades de medida y actualización vigente. En términos del artículo 64 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se previene a todas las partes para que comuniquen cuando cesen los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de sobreseimiento, así mismo, informen si en relación al acto reclamado se ha promovido diverso juicio de amparo, de ser así, indiquen el número de juicio y el Juzgado de Distrito que conoció del asunto, de incumplirlo, en términos del precepto 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de treinta a trescientas unidades de medida de actualización. Se precisa a la parte quejosa, que para el caso de que las autoridades señaladas como responsables, no existan, o bien, la denominación que indica no sea la correcta, con fundamento en el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que le impone la obligación de precisar en la demanda la autoridad o autoridades responsables; se les tendrá aquí como inexistentes, no se les dirigirán comunicaciones procesales, y en su oportunidad, se resolverá la litis, conforme a tal situación; salvo prueba en contrario, o señalamiento corregido. En otro contexto, en términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en este asunto se ordene alguna notificación personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Ahora, no obstante que la quejosa se encuentra privada de su libertad en el Centro de Reinserción Social Femenil de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, del contenido de su demanda se aprecia que señaló domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones en su nombre y representación, por tanto, se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda y por autorizada con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a .... por así solicitarlo expresamente la parte quejosa y encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a la restante persona únicamente se le tiene por autorizado para recibir notificaciones, por no encontrarse registrado su cedula profesional en el aludido sistema computarizado. Para concluir, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias que sean de interés público, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a éstas que al elaborarse la versión pública del fallo que se llegare a dictar se suprimirá o testará todo dato confidencial o reservado.

  4. Principal

    MESA III B Notifíquese personalmente.

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