María Leticia Méndez Juárez
Expediente 1072/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1072/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/07/2016
Partes del expediente
- María Leticia Méndez Juárez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de julio de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos y la certificación del Secretario, tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de treinta de junio de dos mil dieciséis, en el que se desechó la demanda de garantías, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO DE MÉRITO, para los efectos legales a que haya lugar; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de junio de dos mil dieciséis. 1 CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito de cuenta por el que María Leticia Méndez Juárez, desahoga el requerimiento que se formuló en proveído de veintidós del mes y año en curso; en consecuencia, se procede a acordar el escrito de demanda, así como el diverso aclaratorio en los siguientes términos: 2DESECHAMIENTO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, en razón a que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causal de improcedencia. En principio, es necesario señalar que de la lectura integral del escrito de demanda, así como al diverso aclaratorio, se advierte que María Leticia Méndez Juárez señala como acto reclamado en la presente instancia constitucional, la diligencia de uno de junio de dos mil dieciséis, realizada en el juicio de desocupación y pago de rentas vencidas 856/2014 del Juzgado Tercero Especializado en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, en la que en cumplimiento al proveído de nueve de mayo de dos mil dieciséis, se le requirió para que dentro del término de quince días posteriores a su notificación haga entrega del bien inmueble materia de la litis, con el apercibimiento que de no hacerlo se decretará su lanzamiento con auxilio de la fuerza pública. Ello, sumado al hecho de que los conceptos de violación formulados por la parte promovente en su escrito de demanda se encuentran encaminados a combatir la referida diligencia, por vicios de forma; esto es, alega que no se observaron las formalidades que refiere la ley adjetiva que rige el acto reclamado, para desarrollar dicha diligencia. Expuesto lo anterior, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." La fracción transcrita contiene el principio de definitividad que rige al juicio de amparo y sus acepciones. Dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de garantías por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquéllas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. En apoyo a lo anterior, cobra aplicación la tesis I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se localiza en la página 902, Tomo XV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de Mayo de 2002, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Así también cobra aplicación la tesis I.3o.C.25 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se localiza en la página 2055, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CONTRA ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, FUERA DE JUICIO O DESPUÉS DE CONCLUIDO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO PROCEDENTE CUANDO SEA DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, RESULTE IDÓNEO, EFICAZ Y SE RESUELVA EN UN TIEMPO RAZONABLE AUNQUE NO TENGA EL EFECTO DE SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo dispuesto en la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos jurisdiccionales cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deberán agotarse previamente los recursos que en su caso procedan, y no se establece expresamente como excepción a esta obligación legal que dichos recursos deban suspender o no el acto reclamado, como sí acontece tratándose de los actos previstos en la diversa fracción IV del mismo precepto para la materia administrativa. Por otro lado, mediante la jurisprudencia 1a./J. 44/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.", se definió que los actos de ejecución irreparable no se ubican en un supuesto de excepción al principio de definitividad. En consecuencia, se deduce que, tratándose de actos de tribunales judiciales en materia civil, previo a la promoción del juicio de amparo contra actos dictados en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deben agotarse los recursos que en su caso procedan conforme a la ley procesal que rija la actuación del órgano jurisdiccional responsable, siempre que por su forma de tramitación sea inmediata, resulte idóneo, eficaz y se resuelva en un tiempo razonable aunque no tenga como consecuencia la suspensión inmediata de la ejecución y consecuencias de la resolución materia del recurso porque sólo se admita en el efecto devolutivo y no en el suspensivo." Hecha la precedente anotación, debe indicarse que se considera que en el caso se actualiza la citada causa de improcedencia, en atención a que en contra de la diligencia de uno de junio de dos mil dieciséis, realizada en el juicio de desocupación y pago de rentas vencidas 856/2014 del Juzgado Tercero Especializado en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, en la que en cumplimiento al proveído de nueve de mayo de dos mil dieciséis, se requirió a María Leticia Méndez Juárez para que dentro del término de quince días posteriores a su notificación haga entrega del bien inmueble materia de la litis, con el apercibimiento que de no hacerlo se decretará su lanzamiento con auxilio de la fuerza pública, procede el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, previsto en el artículo 74, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que en lo conducente dispone: "Artículo 74. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este Capítulo, o se omitiere, se aplicarán las siguientes disposiciones: I. La parte agraviada podrá promover ante el Tribunal que conozca del juicio, incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, a partir de la notificación impugnada. (.)" En efecto, del análisis del artículo trascrito, se aprecia que el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado (incidente de nulidad de actuaciones), es procedente contra las notificaciones hechas indebidamente u omitidas, pues es el recurso idóneo para nulificar las actuaciones reclamadas y dejar sin efecto todo lo actuado con posterioridad a partir de su notificación. De ahí que en contra del acto reclamado consistente en la diligencia de uno de junio de dos mil dieciséis, realizada en el juicio de desocupación y pago de rentas vencidas 856/2014 del Juzgado Tercero Especializado en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, en la que en cumplimiento al proveído de nueve de mayo de dos mil dieciséis, se requirió a María Leticia Méndez Juárez para que dentro del término de quince días posteriores a su notificación haga entrega del bien inmueble materia de la litis, con el apercibimiento que de no hacerlo se decretará su lanzamiento con auxilio de la fuerza pública, de considerar que fue practicada en forma distinta a la establecida en la codificación aplicable, debe ser impugnada a través del incidente de nulidad de actuaciones, previsto por el artículo 74, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, a fin de respetar el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo. Lo anterior, porque la ahora quejosa no tiene el carácter de tercero extraño a juicio, al haber figurado como demandada y comparecer al mismo, según se advierte de sus manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad en el escrito aclaratorio de demanda, mismas que constituyen una prueba plena en términos de los artículos 95, 197 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°. Por ende, al encontrarse incorporada a la relación jurídico-procesal, está obligada a que previamente a la promoción del juicio de amparo, agote los medios ordinarios de defensa en cumplimiento al principio de definitividad que rige para el juicio de amparo. Es aplicable, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicado en la página 650, Tomo XIII, Junio de 1994, Materia Común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "RECURSOS. TERCERO EXTRAÑO, NO TIENE ESE CARÁCTER, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUIEN SE INTEGRA A LA RELACIÓN JURÍDICA-PROCESAL EN EL JUICIO NATURAL, POR LO QUE DEBE AGOTAR LOS. Si bien es cierto que los extraños a juicio no se encuentran obligados a agotar recursos y pueden acudir en demanda de sus garantías en forma inmediata; también lo es que para considerárseles con dicho carácter, es menester que no sean parte en juicio y, excepcionalmente, como lo sostiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también se estiman extraños a juicio a quienes, siendo parte en él, reclaman el indebido emplazamiento, lo que resulta lógico, ya que desconocen la existencia del juicio que se sigue en su contra, hipótesis esta última que no se actualiza cuando quienes siendo parte en el juicio conocen de su existencia y, por tanto, tienen obligación de acudir al mismo a fin de conocer lo que se resuelva o deje de resolverse, para estar en aptitud de interponer los medios ordinarios de defensa que correspondan, cuando crean lesionados sus intereses." Ello, sin perjuicio de que en el juicio natural ya se haya dictado sentencia porque tal circunstancia no impide la procedencia del incidente de nulidad, en la medida de que la incidencia tiene como finalidad dejar sin efectos la notificación impugnada o bien ordenar su práctica, así como dejar sin efectos las actuaciones practicadas con posteridad. Resulta aplicable por su contenido, la tesis VI.2o.C. J/309, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1775, Tomo XXIX, Abril de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto y rubro: "INCIDENTE DE NULIDAD. PROCEDE CONTRA LA FALTA O LA INDEBIDA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, AUN CUANDO YA SE HUBIERA DECLARADO EJECUTORIADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si se omite o se estima indebida la notificación de la sentencia de primera instancia, debe impugnarse a través del incidente de nulidad previsto en el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, aun cuando ya se hubiere emitido el auto que declara ejecutoriado dicho fallo; en principio, porque el auto que da firmeza a una sentencia no cierra fase procesal alguna, como sí lo hace la sentencia de primer grado, mediante la cual termina la primera instancia, o la de segundo grado, con la que concluye la segunda instancia, ni se trata de la resolución que pone fin a la etapa de ejecución de sentencia, con la que concluye ese periodo, sino que es una mera declaración, por virtud de la cual se hace del conocimiento de las partes que la sentencia respectiva ha quedado firme por no ser susceptible de impugnación o por no haber sido recurrida por alguna de ellas; pero además, porque la indicada incidencia no atenta contra la firmeza de la cosa juzgada, pues ésta no estriba en el auto que declara ejecutoriada una sentencia, sino está en la propia resolución, pues es ésta la que contiene la verdad legal establecida por el juzgador, irrebatible e inmodificable por virtud de un medio de defensa accesorio que no tenga la característica de ser un recurso que la ley expresamente establezca para obtener su revocación o modificación. Por tanto, si el señalado incidente de nulidad sólo tiene por finalidad dejar sin efectos todas las actuaciones a partir de la omitida o indebida notificación, es decir, las efectuadas después de emitida la sentencia de primera instancia y las practicadas con posterioridad, incluida en éstas el señalado auto de ejecutoriedad, para que se realice la notificación omitida o se practique nuevamente esa comunicación procesal, pero conforme a derecho, sin alterar el contenido de ese fallo, es evidente que con él puede impugnarse la omisión o indebida notificación de una sentencia de primer grado, aun cuando se hubiere declarado firme pues, de lo contrario, el afectado no tendría a su alcance algún medio ordinario ni extraordinario para emprender su defensa." Al margen de lo anterior, si la quejosa pretendiera controvertir la orden de lanzamiento, de igual forma el juicio biinstancial resultaría improcedente ya que se actualizaría la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción IV, del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo, al no tratarse de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, ya que con tal determinación no se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de lo sentenciado en el juicio de origen. En las relatadas condiciones al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en el diverso 113 del mismo ordenamiento lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por María Leticia Méndez Juárez. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.Así lo proveyó y firma el Licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante el Secretario Ricardo Hernández Rugerio, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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