MARÍA LETICIA MARÍN BAUTISTA y Otros.

Expediente 213/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 16 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
213/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
15/12/2020

Partes del expediente

  • Alfonso Urías Flores
  • MARÍA LETICIA MARÍN BAUTISTA y Otros.
  • ALFONSO URÍAS FLORES y Otros.
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
  • María Leticia Marín Bautista

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no obra el acuse de recibo del oficio 19072/2020 dirigido a la autoridad responsable Primera Sala Unitaria en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por el que se le notificaba la reanudación del presente juicio de amparo, por lo que es evidente que no se tiene certeza de que se encuentre debidamente notificada para de lo anterior. En consecuencia, por lo anteriormente expuesto, SE DIFIERE la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y TRES MINUTOS DEL CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico de la citada Secretaría (fojas 151 a 152), comunicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Mediante proveído de veintidós de julio de la presente anualidad (foja 153), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación, para que en el plazo de tres días indicara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el dispositivo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo Vigente, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ** Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el once de abril de dos mil diecinueve (fojas 51 a 73), se determinó conceder a la quejosa María Leticia Marin Bautista, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ** De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A). Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los ordinal 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal; y B). Devolverle a la parte quejosa la cantidad de $22,070.40 (veintidós mil setenta pesos 40/100 moneda nacional), que pagó el diecisiete de enero del dos mil dieciocho, por concepto de derechos del giro de inscripción documento público o privado; la cual debía ser actualizada. Luego, a través del oficio DCJ/151/2019 de dieciocho de julio de la presente anualidad, recibido en la Oficialía de partes de este Juzgado, al día siguiente (fojas 151 y 152), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su Delegada, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, adjuntó copia de la transferencia bancaria a nombre de la parte quejosa María Leticia Urías y Alfonso Urías Flores y del que se advierte que devolvió la cantidad de ** que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $22,070.40 (veintidós mil setenta pesos 40/100 moneda nacional), misma sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada, menos la cuota fija mínima de $290.00 (doscientos noventa peso 00/100. En ese tenor, si tenemos que el monto de ** numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el diecisiete de enero de dos mil dieciocho y el diecisiete de mes de julio de la presente anualidad, se efectúo la devolución mediante transferencia bancaria a la parte quejosa; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de enero del año próximo pasado a julio de este año; sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, esto es el mes de diciembre de dos mil diecisiete. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de diciembre de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de junio de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de diciembre de dos mil diecisiete fue de 130.813; y para el mes de junio de 103.299. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.78966. sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $** se obtiene el mismo monto de dicha contribución. En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver al quejoso la cantidad de ** sin embargo, éste reintegró la diversa de $$21,881.75 (veintiún mil ochocientos ochenta y un pesos 75/100 moneda nacional), es decir, un excedente a favor de la parte agraviada por la cantidad de $101.35 (ciento un pesos 35/100 moneda nacional). Pese a esto, se estima que la concesión otorgada al quejoso se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó la totalidad del monto erogado por éste por la aplicación de preceptos inconstitucionales, más su actualización y, si bien, al peticionario se le hizo entrega de una cantidad excedente, ello ya no es materia de análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en todo caso, quedan a salvo los derechos de la autoridad recaudadora para hacer las gestiones necesarias a fin de requerirle esa cantidad que entregó de mas, en los términos que la leyes determinen. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados al quejoso, en términos del numeral 196 de la ley de amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa el amparo; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó. **

  3. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico de la citada Secretaría (fojas 151 a 152), comunicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Mediante proveído de veintidós de julio de la presente anualidad (foja 153), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación, para que en el plazo de tres días indicara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el dispositivo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo Vigente, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ** Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el once de abril de dos mil diecinueve (fojas 51 a 73), se determinó conceder a la quejosa María Leticia Marin Bautista, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ** De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A). Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los ordinal 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal; y B). Devolverle a la parte quejosa la cantidad de $22,070.40 (veintidós mil setenta pesos 40/100 moneda nacional), que pagó el diecisiete de enero del dos mil dieciocho, por concepto de derechos del giro de inscripción documento público o privado; la cual debía ser actualizada. Luego, a través del oficio DCJ/151/2019 de dieciocho de julio de la presente anualidad, recibido en la Oficialía de partes de este Juzgado, al día siguiente (fojas 151 y 152), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su Delegada, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, adjuntó copia de la transferencia bancaria a nombre de la parte quejosa María Leticia Urías y Alfonso Urías Flores y del que se advierte que devolvió la cantidad de ** que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $22,070.40 (veintidós mil setenta pesos 40/100 moneda nacional), misma sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada, menos la cuota fija mínima de $290.00 (doscientos noventa peso 00/100. En ese tenor, si tenemos que el monto de ** numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el diecisiete de enero de dos mil dieciocho y el diecisiete de mes de julio de la presente anualidad, se efectúo la devolución mediante transferencia bancaria a la parte quejosa; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de enero del año próximo pasado a julio de este año; sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, esto es el mes de diciembre de dos mil diecisiete. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de diciembre de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de junio de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de diciembre de dos mil diecisiete fue de 130.813; y para el mes de junio de 103.299. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.78966. sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $** se obtiene el mismo monto de dicha contribución. En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver al quejoso la cantidad de ** sin embargo, éste reintegró la diversa de $$21,881.75 (veintiún mil ochocientos ochenta y un pesos 75/100 moneda nacional), es decir, un excedente a favor de la parte agraviada por la cantidad de $101.35 (ciento un pesos 35/100 moneda nacional). Pese a esto, se estima que la concesión otorgada al quejoso se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó la totalidad del monto erogado por éste por la aplicación de preceptos inconstitucionales, más su actualización y, si bien, al peticionario se le hizo entrega de una cantidad excedente, ello ya no es materia de análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en todo caso, quedan a salvo los derechos de la autoridad recaudadora para hacer las gestiones necesarias a fin de requerirle esa cantidad que entregó de mas, en los términos que la leyes determinen. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados al quejoso, en términos del numeral 196 de la ley de amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa el amparo; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó. **

  4. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta presentado por ** Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dése vista a la solicitante del amparo, con el oficio de cuenta y anexo que adjuntó, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. **

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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