María Leticia Gómez Díaz

Expediente 111/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
111/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
16/03/2018

Partes del expediente

  • María Leticia Gómez Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    MÉRIDA, YUCATÁN, DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo dictado el veintiuno de febrero del año en curso, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    MÉRIDA, YUCATÁN, VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el alegato ministerial 76/2018, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento al respecto, en virtud que mediante proveído de veintiuno de los corrientes, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto. Sin perjuicio de lo anterior, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídase la copia que se solicita, debiéndose recabar la constancia correspondiente a su entrega. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO... MÉRIDA, YUCATÁN, VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: agréguense para los efectos legales correspondientes, los informes justificados rendidos por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, que remite en representación de la Junta en cita y actuaria de su adscripción, ambos con residencia en esta ciudad, y anexo que acompaña el primero de los nombrados. Sin que sea el caso ponerlos a la vista de las partes, toda vez que este juzgador oficiosamente advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXII.- Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; y [.]. Lo anterior, toda vez que de las documentales remitidas por la responsable, las cuales alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°; se desprende que el cuatro de mayo de dos mil quince, se decretó la caducidad de la instancia en el juicio reclamatorio laboral 532/2008, y se ordenó su archivo como asunto totalmente concluido. Es por ello, que se advierte que se actualiza la referida causal de improcedencia, prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que las omisiones que reclama la quejosa, aun cuando subsisten, no pueden surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En el presente asunto, desde el auto admisorio se dejó establecido que la quejosa reclamó: De la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. La denegación de justicia, ante la omisión de acordar los memoriales de quince de noviembre de dos mil doce, mediante el cual proporcionó un nuevo domicilio de la parte demandada a fin que fuera emplazado a juicio, y el diverso, de once de junio de dos mil quince, con el que solicitó que se regularizara el procedimiento y se señalara nueva fecha y hora para la audiencia de ley en el juicio laboral 532/2008; omisiones que hasta la presente fecha han paralizado el procedimiento. Así como, la falta de emplazamiento del demandado, misma que atribuyó al actuario adscrito a la Junta en cita. En este orden de ideas, para establecer la naturaleza de la causa de improcedencia en comento conviene tener presente que, por regla general, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido conculcadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro Más Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan la misma a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio que derivan del referido principio, se encuentra la prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la ley en cita, en la cual el legislador tomó en consideración que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el mencionado acto es inconstitucional, jurídicamente, se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano que estimó violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la prerrogativa se hubiera modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del quejoso. Los razonamientos antes expuestos se encuentran plasmados en la jurisprudencia 2ª./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en la página 189, del Tomo XXIV, Diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 173858; con el epígrafe y sinopsis siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En la especie, de las copias certificadas de las constancias del procedimiento de origen, que el Presidente de la Junta responsable remitió a este Juzgado, se advierte que el cuatro de mayo de dos mil quince, se dictó un proveído en el que se decretó la caducidad de la instancia en el juicio reclamatorio laboral 532/2008, por lo que ordenó su archivo como asunto totalmente concluido; notificándose el acuerdo de mérito a las partes en la propia fecha, por medio de la lista de estrados. En tal virtud, si la procedencia del juicio de amparo se condiciona, como se puntualizó en párrafos precedentes, a la circunstancia de que la sentencia concesora que en su caso se llegare a dictar pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional; es inconcuso, en las condiciones apuntadas, que aun cuando la omisión de dar contestación a los memoriales de la quejosa y la falta de notificación del demandado subsisten, el objeto o materia de la misma ha dejado de existir ya que se decretó la caducidad del juicio y se ordenó su archivo. Por ende, ningún efecto jurídico tendría el fallo protector que llegare a emitirse, pues no podría cumplir con su finalidad, ya que la situación jurídica que imperaba en el juicio laboral, se modificó de tal forma que se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho que estimó violado. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio de amparo se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del nueve de marzo de dos mil dieciocho, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Principal

    MÉRIDA, YUCATÁN, VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la demanda de amparo promovida por MARÍA LETICIA GÓMEZ DÍAZ contra los actos que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, que hace consistir en: La denegación de justicia, ante la omisión de acordar los memoriales de quince de noviembre de dos mil doce, mediante el cual proporcionó un nuevo domicilio de la parte demandada a fin que fuera emplazado a juicio, y el diverso, de once de junio de dos mil quince, con el que solicitó que se regularizara el procedimiento y se señalara nueva fecha y hora para la audiencia de ley en el juicio laboral 532/2008; omisiones que hasta la presente fecha han paralizado el procedimiento. Así como, la falta de emplazamiento del demandado, misma que atribuye al actuario adscrito a la Junta en cita, residente en esta capital. Al respecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 111/2018-I-B, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de referencia como en derecho procede. No se tramita el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, ni la naturaleza de los actos reclamados, ameritan su tramitación oficiosa, conforme al artículo 127 de la Ley de Amparo. Sin que obste a ello, que al final del escrito de demanda la quejosa haya ofrecido como prueba el informe previo de la responsable, ya que no solicitó se tramite el incidente de suspensión aunado a que, de estimarlo conveniente, podrá hacerlo bajo los términos que señala el artículo 130 de la ley de la materia. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las diez horas con cincuenta minutos del nueve de marzo de dos mil dieciocho. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables que deberán rendir dentro del término de quince días siguientes a aquel en que reciban el oficio en que se les solicita, en el que expresarán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que acompañarán, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la Ley de Amparo. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 260, fracción II, de la ley de la Materia. Ahora bien, por lo que se refiere a Roberto Conde Pérez, en lo personal y como propietario de la negociación "Pollería Chen Pollo", señalado como tercero interesado, no ha lugar a reconocerle tal carácter, toda vez que no ha sido emplazado al juicio de origen, por tanto, aún no se constituye una relación procesal entre las partes en dicho juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 2ª/J.67/2009, con el número de registro 167,160, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 265 del tomo XXIX, de mayo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, que establece: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender." Dese la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a quien se hará entrega de una copia de la demanda. Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. Apercibidas que en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa de treinta veces la Unidad de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 251 de la citada ley. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como pruebas de la parte quejosa la instrumental de actuaciones, en todo cuanto favorezca a sus intereses y la presuncional en su doble aspecto, legales y humanas, las cuales se reservan para ser relacionadas y valoradas al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otro lado, en cuanto al ofrecimiento realizado relativo al informe previo de la responsable, no ha lugar a tenerlo por ofertado, toda vez que, como antes se dijo, no solicitó la suspensión del acto reclamado. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal fin en su demanda de amparo y por autorizados a las personas que menciona para tal efecto. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. Por último, fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese y regístrese.

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