Maria Leticia Cervantes Quezada

Expediente 399/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
399/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
25/05/2017

Partes del expediente

  • Maria Leticia Cervantes Quezada

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, y en virtud de la certificación que antecede asentada por el Secretario de este juzgado, se advierte que no fue recurrida la sentencia de treinta de mayo del presente año, en que se SOBRESEYÓ el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicho auto HA CAUSADO EJECUTORIA. Se ordena ARCHIVAR el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que el presente juicio de amparo se sobreseyó, será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del Acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Al no ser atendido el aviso por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Por recibido el oficio de cuenta suscrito por la autoridad responsable Titular de la Unidad Jurídica de la Comisión Nacional del Agua, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la ley de amparo, téngasele por rendido el informe justificado que a dicha parte corresponde, adjuntando diversas documentales como soporte del informe que rinde. De conformidad con el artículo 119 de la ley de amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que acompaña la responsable a su informe. Ahora bien, de autos se advierte, que mediante escrito de demanda presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Quinto, Sexto y Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta Ciudad de Celaya, el día treinta de marzo de dos mil diecisiete, y turnado a este Juzgado Federal el mismo día, ***, demandó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión; mediante proveído de tres de abril de dos mil diecisiete se admitió a trámite la demanda de amparo, teniéndose como autoridad responsable a la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua en esta ciudad; actos que hizo consistir en la omisión de dar respuesta a la solicitud presentada el uno de abril de dos mil dieciséis, con número de folio 0739, relativo al expediente GUA-L-0739-01-04-16.Lo cual consideró violatorio del artículo 8 de la Constitución Federal. Ahora bien, de las constancias que integran el Juicio de Amparo en que se actúa, y de las que acompañó la responsable a su informe justificado, se advierte la foja registral debidamente inscrito en la cual consta la prórroga el título de concesión número 08GUA108561/12AMGE00, la cual fue debidamente notificada el veintiséis de abril del presente año, la cual fuera recibido por ***. De lo anterior, se concluye que han cesado los efectos de la omisión al derecho de petición del que se duele la quejosa, puesto que la responsable dio respuesta a la petición que formuló la quejosa en fecha uno de abril de dos mil dieciséis a través de la foja registral debidamente inscrito en la cual consta la prórroga el título de concesión número 08GUA108561/12AMGE00, la cual fue debidamente notificada el veintiséis de abril del presente año, por conducto de ***. Por lo anterior, el suscrito juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en diversos criterios jurisprudenciales, que para actualizarse la causal de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no basta que la autoridad responsable revoque el acto que se le reclama, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, lo que en el presente caso aconteció, al momento en que a través de la foja registral debidamente inscrito en la cual consta la prórroga el título de concesión número 08GUA108561/12AMGE00, la cual fue debidamente notificada el veintiséis de abril del presente año; de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la Protección Federal, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del solicitante del amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XLIX/98 y 2ª. XLVIII/98, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos VIII y VII, del meses de abril de 1988 y 1998, visibles, respectivamente, en las páginas 242 y 241, que son del siguiente tenor: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. También resultan aplicables las tesis de Jurisprudencia 2a./J.9/98 y la aislada P. CL/97, de la Segunda Sala y del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los Tomos VIII y VI, correspondientes, respectivamente, a los meses de Febrero de 1998 y Noviembre de 1997, consultables en las páginas 210 y 71, del siguiente contenido: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Por tanto, resulta incuestionable que al haber cesado en sus efectos el acto reclamado ( omisión de dar respuesta a la petición que formuló el uno de abril de dos mil dieciséis), se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales. En dicha tesitura, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo, en apego a lo estatuido por el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Además, no causa ningún agravio a la quejosa ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta, e indudable de improcedencia del Juicio de Amparo, como lo es la que se estudia en el presente auto, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda consecuencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Corolario de lo anterior, resulta aplicable en lo conducente, la tesis de jurisprudencia en Materia Común, número I.7o.P. J/3, publicada en la página 1600, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, que reza: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional. En la inteligencia de que las Tesis invocadas en el presente asuntos son aplicables de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, dado que su contenido no se opone en lo substancial a la nueva ley. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada por auto de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encontraba programada para las nueve horas del diez de mayo del presente año, por los razonamientos anteriores. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la nueva Ley de Amparo se resuelve: RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente Juicio de Amparo número 399/2017-VII.1 promovido por ***, por el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, como quedó precisado en párrafos precedentes y por las consideraciones relatadas con anterioridad.

  3. Principal

    Visto el estado procesal de autos se advierte que aún no obra el informe justificado de la autoridad responsable Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua en esta localidad; por consiguiente se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS DEL DIEZ DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la misma.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo, promovida por ***; mediante la cual solicita el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra actos de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad y Gerencia del Registro Público de Derechos de Agua con sede en la Ciudad de México, por violación al artículo 8, 16 y 17 de nuestra Carta Magna.. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, SE ADMITE la demanda promovida por ***, únicamente por el Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad. Señala la quejosa que con fecha uno de abril de dos mil dieciséis presentó ante la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, la solicitud de prórroga la cual quedó registrada bajo el número de folio 0739 y número de expediente GUA-L-0739-01-04-16, consistente en la expedición del título de concesión debidamente inscrito en el Registro Público de Derechos de Agua; sin embargo, de los antecedentes que narra la quejosa, el acto reclamado consiste en un derecho de petición, en razón de que hasta la fecha no se le ha dado contestación a la petición que formuló el uno de abril de dos mil dieciséis, ante la Comisión Nacional del Agua, por tanto el acto reclamado consiste en que la responsable Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, aún no ha dado respuesta a una petición que le fuera formulada. Por ello, no se tiene como responsable a la Gerencia del Registro Público de Derechos de Agua con sede en la Ciudad de México; toda vez que ha dicha autoridad no le recae ejecución alguna en el derecho de petición que en todo caso tiene que realizar primeramente la autoridad señalada en el párrafo que antecede. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 399/2017-VII.2.; anótese su ingreso en el Libro de Control de este Juzgado Federal y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable DIRECTOR LOCAL GUANAJUATO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, CON SEDE EN ESTA CIUDAD, quien de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, deberá rendirlo dentro del término de QUINCE DÍAS siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita; sin embargo, deberá de tomar en consideración el artículo 25, 1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra establece: "Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales." Por lo que si el asunto que nos ocupa no tiene mayor complejidad, se sugiere rendir su respetivo informe justificado con inmediatez, para privilegiar el juicio de amparo como el recurso sencillo y rápido, a que tiene derecho toda persona. Aunado a lo anterior, la autoridad responsable Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, a través de su Titular en su informe de ley deberá advertir en el caso específico el estatus del trámite cuya demora injustificada reclama la parte quejosa, precisando ante qué Subdirección o Área a su mando se encuentra, incluso indicando sobre que funcionario recae tal encargo. Esto último, con el objeto de dictar una sentencia de amparo adecuada a la hipótesis en específico y en caso de que sea concedida la protección constitucional solicitada, se vincule a quien de manera inmediata, bien por encomienda directa o subordinación, pudiera tener injerencia en el cumplimiento de la misma. Se señalan las NUEVE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, para llevar a cabo la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en este Juicio de Amparo; ello en virtud de que las labores del Juzgado así lo permiten y para favorecer la pronta impartición de justicia, a que alude el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con apoyo en el artículo 75 de la Ley de la Materia, se requiere a la autoridad responsable, para que en caso de ser cierto el acto que se le atribuye, en el mismo lapso de tiempo concedido en el párrafo que antecede, remita a este Juzgado Federal, copia certificada LEGIBLE de la totalidad de las constancias que se tomaron en consideración para la emisión del acto reclamado; o bien, manifieste el impedimento legal que tiene para ello, apercibida que de no hacer manifestación alguna o no rendir su informe justificado, se le impondrá una multa, en términos del artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual manera se requiere a la autoridad responsable, para que conforme a lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, informe de inmediato a este Órgano de Control Constitucional, si durante el trámite del Juicio de origen se llegare a presentar alguna causa notoria que diera lugar a decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en especial si por cualquier circunstancia se da un cambio de situación jurídica, acorde con lo establecido por la fracción XVII, del numeral 61, del mismo ordenamiento legal; bajo el apercibimiento que de no cumplir con la anterior obligación, se le impondrá una multa de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Téngase a la parte quejosa exhibiendo como pruebas de su parte la documental consistente en copia de la solicitud de prórroga que exhibe a su escrito de demanda, así como la presuncional en su doble aspecto legal y humana y la instrumental de actuaciones, las cuales se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas con posterioridad, en términos del artículo 119 de la Ley de la Ley de Amparo. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes, que en términos de la Circular 12/2009, signada por el Secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Es aplicable a lo anterior la Tesis: I.1o.A.23 K (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1830 del libro 17, Abril de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el número de registro: 2008986, Materia común del rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." No se tramita el incidente de suspensión, previsto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, por no haberlo solicitado el quejoso, ni estar en alguno de los supuestos de apertura oficiosa en términos de lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley de Amparo. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponda. Dado que resulta un hecho notorio para este Órgano de Control Constitucional, que generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este Juzgado Federal, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes, obstaculizando el manejo físico y estudio de los mismos, y dado que el artículo 28 de la Ley de Amparo, dispone que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado por los medios correspondientes, o bien a través del funcionario adscrito designado para ello, quien recabará recibo de los mismos, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. Luego, a fin de evitar el exceso que se menciona, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que resulta innecesario que informe cada vez que reciba comunicación proveniente de este Tribunal Federal, salvo aquéllos casos en los que de manera expresa le sea solicitado acuse de recibo. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando Décimo Quinto del Reglamento de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Como lo indica el promovente, se tiene como domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones personales, el ubicado en calle ***, en esta ciudad. De igual forma, se tiene como autorizado de su parte a la C. ***, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no tiene registrada cédula profesional en la base de datos, instaurada en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio de dos mil cinco. Finalmente, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma protege el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias.

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