María Leonor Velázquez Jiménez
Expediente 945/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 945/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 01/08/2018
Partes del expediente
- María Leonor Velázquez Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
IX.- SE ORDENA EL ARCHIVO DEL ASUNTO.
- Principal
UN ACUERDO Notifíquese; y personalmente a la quejosa.
- Principal
SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO HECHO AL QUEJOSO Y SE LE NOTITICA POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE TRECE DE JULIO QUE DICE: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa María Leonor Velázquez Jiménez, mediante el cual desahoga en tiempo y forma el auto aclaratorio de seis de julio de dos mil dieciocho (fojas 22 a 25), esto es, precisa los actos que reclama en la presente instancia, así como a qué autoridades se los atribuye y en qué carácter. En esas condiciones, téngase por cumplido el requerimiento formulado en el auto de referencia y sin efectos el apercibimiento respectivo. Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, de la demanda de amparo y del escrito de cuenta se advierte que el acto reclamado consiste en la resolución dictada en la audiencia de ocho de mayo de dos mil dieciocho, por el Juez de Control de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, México, en la carpeta auxiliar 81/2018, en la cual se canceló la medida de protección que se solicitó en dicha carpeta y se determinó la reincorporación de los aquí terceros interesados al domicilio particular de la ahora quejosa, así como su ejecución. Por tanto al analizar el acto reclamado, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. En principio, es necesario señalar que el artículo 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." A su vez, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso." De lo anterior se advierte que la disposición legal y constitucional transcritas establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de los derechos fundamentales, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Es aplicable la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1304, del Tomo XLV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con número de registro 312200, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia VI. 2o. J/52, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 401, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, de julio - diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, con número de registro 224841, que establece: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Sin embargo, de las disposiciones antes transcritas, se advierten excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra los actos reclamados, en los siguientes casos: a) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c) de la Carta Magna). b) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal y artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción XX). c) Los que importen una violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal (artículo 107, fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). d) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo). e) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo; y, f) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones dictadas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia (último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo). g) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso (inciso d), fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo). Es aplicable la tesis LVI/2000, emitida por la Segunda Sala, publicada en la página 156, del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Julio de 2000, Novena Época, con número de registro 191539, que establece: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Luego, en el caso el acto que aquí se reclama no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de excepción antes precisados, por ende, la parte quejosa no está exenta de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden contra el acto reclamado. Lo anterior se afirma, en razón a que cuando se reclaman infracciones de legalidad reguladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con lo previsto en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, existe la obligación de agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de amparo, cuando la parte quejosa es parte formal del expediente de origen, o en su caso, tiene conocimiento de la existencia y los datos de identificación del juicio al que pretende ser llamada; lo cual se colma en el presente asunto pues la peticionaria de la protección constitucional tiene el carácter de denunciante en la carpeta auxiliar 81/2018, del índice del Juez de Control de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, México, de la cual emana el acto reclamado. Por tanto, al no existir normas que establezcan excepciones en el sentido de que la parte quejosa no esté obligada a agotar recursos o medios de defensa cuando se reclame un acto dictado en un juicio jurisdiccional y si en cambio, existe norma expresa (artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo), relativa a que aun cuando el acto reclamado sea una resolución judicial, la promovente está obligada a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan conforme a la Ley que rige el acto reclamado. En ese contexto, como ya se dijo contra el acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro o fuera del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En efecto, para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la Ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Es aplicable la jurisprudencia I. 4o. C. J/25, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 361, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, de julio a diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, con número de registro 224800, que establece: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Sobre esta base, respecto al acto reclamado consistente en la resolución dictada en la audiencia de ocho de mayo de dos mil dieciocho, por el Juez de Control de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, México, en la carpeta auxiliar 81/2018, en la cual se canceló la medida de protección que se solicitó en dicha carpeta y se determinó la reincorporación de los aquí terceros interesados al domicilio particular de la ahora quejosa, así como su ejecución, procede el recurso de apelación previsto en los artículos 467, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables. Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: . V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; ." Luego, del análisis del precepto transcrito, se arriba a la conclusión de que en la especie concurren los requisitos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues el acto reclamado fue dictado por el Juez de Control de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, México, con lo que se cumple el primero de los requisitos antes señalados. El segundo y tercero de los requisitos referidos también se presentan en el caso a estudio, si se tiene en consideración el contenido del artículo 467, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del cual se advierte la procedencia de un medio de impugnación que pudo hacer valer la parte quejosa en el procedimiento que nos ocupa, siendo éste el recurso de apelación, pues el acto reclamado corresponde a una resolución que canceló la medida de protección solicitada por la parte quejosa en el expediente de origen. Por tanto, resulta inconcuso que respecto del aludido acto reclamado, procede un medio de defensa por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado; esto es, el recurso de apelación previsto en el artículo 467, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, con lo cual se colma el cuarto de los requisitos precisado con antelación; de ahí que, resulta exigible que la parte quejosa, previo a acudir al amparo indirecto, agote los recursos ordinarios previstos por la Ley de la materia, los cuales se encuentran a su alcance dado que como se dijo en párrafos precedentes se trata de una de las partes formales en el juicio de origen (denunciante en la carpeta auxiliar 81/2018) y si no agotó dichos medios de defensa, la presente demanda de amparo carece de definitividad para efectos del juicio de amparo. No pasa desapercibido para el suscrito el hecho de que la parte quejosa haya referido en el escrito de cuenta que también señala como acto reclamado la notificación de la ejecución (sic) de la reincorporación de los aquí terceros interesados a su domicilio particular, lo que se efectuó el cinco de junio último; lo anterior en razón de que del análisis de la demanda y de los escritos aclaratorios se advierte que, esencialmente, se duele de la ejecución de la cancelación de la medida de protección que se realizó en la resolución de ocho de mayo pasado, por lo cual subsiste la causa de improcedencia en los términos analizados; máxime que la peticionaria de amparo no vierte argumento encaminado a impugnar tal notificación por vicios propios. Sin que obste, además, que en el escrito inicial haya manifestado que por falta de asesoría no interpuso algún medio ordinario de defensa contra el acto reclamado, pues, por una parte, debe decirse que el desconocimiento del derecho no lo exime de su cumplimiento y, por otra, que tal manifestación no constituye una excepción al principio de definitividad; de ahí que subsista la causa de improcedencia en estudio. Por otro lado, en la presente determinación no se sostiene que los actos reclamados no sean de imposible reparación, si no que tales actuaciones no constituye una excepción al principio de definitividad, como quedó demostrado con antelación, por ende, la parte quejosa debió agotar los recursos ordinarios previstos en la legislación que rige los actos reclamados para combatir tales determinaciones. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por María Leonor Velázquez Jiménez, por propio derecho, contra actos del Juez de Control de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, México y otra autoridad, por notoriamente improcedente.
- Principal
UN ACUERDO Notifíquese; y personalmente a la quejosa.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 12,830 expedientes
- María Juana Martina Vera Yáñez1239/2017
- Maria Juarez Conteras228/2016
- María Karen Piña Romero298/2018
- María Leonor Roa Jiménez1024/2017
- María Leonor Ruiz Zambrano1397/2017
- María Leonor Velázquez Jiménez1131/2018
- María Leticia Esteban García209/2019
- María Leticia Esteban García1151/2023
- María Leticia Esteban García1220/2018
- María Leticia Esteban García94/2020
- Maria Leticia Gonzalez Bravo229/2016
- María Lilia Hernández Villegas1463/2018