María Leonor Velázquez Jiménez
Expediente 1719/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1719/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/11/2023
Partes del expediente
- María Leonor Velázquez Jiménez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Y REGISTRO Agréguese el escrito signado por la quejosa ******, por medio del cual desahoga la prevención realizada en proveído de nueve de los actuales; atento a ello, téngase por satisfecho el requerimiento de que fue objeto. DESECHAMIENTO En tal virtud, previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Del análisis íntegro al escrito de demanda, así como al diverso aclaratorio, se obtiene que la parte quejosa, reclama lo siguiente: La interlocutoria de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, emitida en el expediente *******, del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, por la que realizó el cálculo de la actualización de intereses del crédito laboral a favor de la aquí quejosa, con motivo de la ejecución del laudo ahí dictado. El acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente *******, del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, por el que informó que el cálculo de la actualización de intereses del crédito laboral a favor de la aquí quejosa, se realizó en la interlocutoria de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, emitida en el citado procedimiento laboral. CAUSA DE IMPROCEDENCIA RESPECTO AL ACTO RECLAMADO INDICADO CON EL NÚMERO 1 Previo al análisis del acto reclamado identificado con el arábigo 1, debe establecerse que de las actuaciones que conforman el presente asunto se evidencia que la solicitante del amparo tiene reconocida su calidad de parte actora en el juicio laboral de origen, por lo que al no ser persona extraña al procedimiento, se encuentra sujeta a la interposición de los medios de defensa que prevea la ley del acto. Ahora, si bien del escrito aclaratorio se advierte que la quejosa manifestó no ser su deseo señalar como acto reclamado la falta de notificación de la interlocutoria de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, cierto es que dicha actuación debe imperar para efectos de analizar los actos reclamados en el presente asunto. En ese sentido, respecto al acto reclamado consistente en "la interlocutoria de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, emitida en el expediente *******, del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, por la que realizó el cálculo de la actualización de intereses del crédito laboral a favor de la aquí quejosa, con motivo de la ejecución del laudo ahí dictado", este juzgador advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, que se analiza oficiosamente, en términos de lo dispuesto por el diverso numeral 62 de la ley de la materia en cita. Las porciones normativas de referencia establecen textualmente lo que sigue: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.) Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (..) Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En primer lugar, se estima pertinente establecer que dicha causal se traduce en la oportunidad de promover el juicio de derechos fundamentales, el cual será improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio dentro de los plazos que se señala el citado numeral 17 de la Ley de Amparo, es decir, en el término de quince días, el cual se computará de acuerdo con tres supuestos distintos de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. De lo anterior se establece que, para que surta efectos la disposición indicada en el inciso a), es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento en contra del promovente del amparo, notifique a éste, dentro de ese propio procedimiento, la resolución o determinación que se señale como acto reclamado, pues sólo de esa manera el término de quince días que el artículo 17, de la ley de la materia vigente, concede para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente en que le surta efectos la notificación mencionada. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), tomando en cuenta que la actualización de los mismos implica que la parte quejosa tenga de manera fortuita conocimiento de los actos reclamados, o bien, al promover la demanda de amparo se ostente como sabedor de los mismos, es lógico pensar que en esos casos no existe una notificación formal de los actos reclamados conforme a la ley que los rige, sino más bien su conocimiento surge de manera fortuita, lo que justifica que el término de quince días mencionado deberá computarse a partir del día siguiente al en que el quejoso tenga conocimiento de los actos reclamados o se ostente sabedor de los mismos, y no a aquel en que surta efectos la notificación conforme a la ley del acto reclamado, pues, como ya se vio, el propio artículo 17, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, le da un tratamiento especial cuando exista notificación formal por parte de la autoridad responsable hacia el quejoso respecto del acto reclamado. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la parte quejosa se ubica en la hipótesis indicada en el inciso a), es decir, para contabilizar el término de quince días que establece el artículo 17, de la Ley de Amparo vigente, para la presentación de la demanda de amparo, se debe contar a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación la parte quejosa del acto o resolución que reclame. En ese sentido, es dable acotar que de acuerdo a la naturaleza del procedimiento de origen, la legislación aplicable es la Ley Federal del Trabajo, de la cual se advierte en sus artículos 733 y 747, fracción II, que el inicio del término para realizar el computo legal respectivo, comenzará a correr al día siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente. "Artículo 733.- Los términos comenzarán a correr el día siguiente al en que surta efecto la notificación y se contará en ellos el día del vencimiento. Artículo 747.- Las notificaciones surtirán sus efectos de la manera siguiente: Las personales: el día y hora en que se practiquen, contándose de momento a momento, cualquiera que sea la hora en que se haya hecho la notificación, salvo disposición en contrario en la Ley; y Las demás; al día siguiente al de su publicación en el Boletín, o en la lista que se publique en los estrados del Tribunal; En dos días las que se realicen al buzón electrónico, y Las realizadas por vía electrónica, se harán al buzón electrónico asignado a cada una de las partes, cuando se genere la constancia de la consulta realizada, la cual, por una parte, el órgano jurisdiccional digitalizará para el expediente electrónico y, por otra, hará una impresión que agregará al expediente impreso correspondiente como constancia de notificación." De dichas porciones normativas se concluye que en el caso que nos ocupa, los términos correrán al día siguiente en que surta efectos la notificación correspondiente, la cual habrá de surtir efectos el día siguiente en que se practique. En efecto, para evidenciar la actualización de la causa de improcedencia invocada cabe señalar que si bien la parte quejosa refiere que no se le notificó la determinación controvertida (interlocutoria de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós), lo cierto es que de las copias certificadas allegadas por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, se advierte que la misma le fue notificada mediante boletín de dieciséis de enero de dos mil veintitrés (f. 43 -47). Documental a la que se le otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por haber sido expedida por funcionarios en ejercicio de las atribuciones que la ley les confiere. Es aplicable al caso, la tesis sin número, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, página153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ahora, dado que existe constancia fehaciente que acredita que la parte quejosa tuvo conocimiento de la determinación emitida el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el expediente laboral ********************, desde el dieciséis de enero de la presente anualidad, en consecuencia esta fecha debe ser considerada para computar el plazo para la interposición de la demanda de amparo que diera origen al presente asunto. Sobre el particular resulta aplicable el criterio por contradicción P./J. 115/2010 sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 163172, Novena Época, Materia Común, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. **** Conforme a lo expuesto, se concluye que si la parte aquí quejosa fue notificada de la determinación que ahora controvierte desde el dieciséis de enero del año en curso, de conformidad con los artículos 733 y 747, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, esa notificación surtió efectos al día siguiente de su publicación y el plazo de quince días para la interposición del juicio constitucional, transcurrió del dieciocho de enero al siete de febrero de dos mil veintitrés, previo descuento de días inhábiles. Bajo esa tesitura, resulta indiscutible que la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento de los actos que tilda de inconstitucionales, en términos de lo previsto en el artículo 18 del ordenamiento legal en cita; sin embargo, el escrito inicial se depositó en el buzón judicial, el seis de noviembre de dos mil veintitrés, por tanto resulta inconcuso que su presentación resulta extemporánea, dando surgimiento a la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, al reclamarse un acto consentido tácitamente. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 14, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 393970, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.". CAUSA DE IMPROCEDENCIA RESPECTO AL ACTO RECLAMADO SEÑALADO CON EL NÚMERO 2 En ese orden, atinente al acto reclamado consistente en "el acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ****, del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, por el que informó que el cálculo de la actualización de intereses del crédito laboral a favor de la aquí quejosa, se realizó en la interlocutoria de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, emitida en el citado procedimiento laboral", resulta indispensable citar el contenido del artículo 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". Asimismo, para poder entender el porqué de la actualización de la causal de improcedencia invocada, debe de tenerse en cuenta el criterio de la Séptima Época, sustentada por la otrora Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el Semanario Judicial de la Federación, volumen veintitrés, séptima parte, página 14, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, NATURALEZA DEL CONSENTIMIENTO EN LOS. **** Sentado lo anterior, debe decirse que el análisis relativo al consentimiento del acto reclamado no debe hacerse en forma aislada, sino que debe necesariamente vincularse con los actos emitidos por la autoridad señalada como responsable, anteriores a aquél que se reclame y que tengan relación con el mismo, para así poder establecer si dicho acto reclamado deriva de otro que se haya consentido. De ahí que debe existir una relación de causalidad entre el acto que se estima consentido, y el acto derivado, para así poder determinar si el consentimiento ya expresado alcanza al nuevo acto combatido. En efecto, para considerar que un acto es derivado de otro consentido deben actualizarse dos supuestos: a) Ser una consecuencia natural y legal del acto antecedente. b) Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Apoya esta consideración, la tesis sustentada por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del país, en la Quinta Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LXXXI, página 922, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. S**** Ahora bien, en el presente caso la quejosa reclama "el acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente *****, del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, por el que informó que el cálculo de la actualización de intereses del crédito laboral a favor de la aquí quejosa, se realizó en la interlocutoria de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, emitida en el citado procedimiento laboral". En tal virtud, acorde a lo citado en el cuerpo de la presente determinación, se estima que el auto reclamado (de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés), es sólo una consecuencia necesaria, legal y directa de la determinación de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, emitida en el expediente *****, del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, por la que se realizó la actualización de intereses del crédito laboral a favor de la quejosa, con motivo de la ejecución del laudo ahí dictado, que implícitamente aceptó la amparista al no impugnarla, lo que hace evidente que el acto reclamado constituye un acto derivado de otro consentido, y ello hace improcedente el juicio de amparo en su contra, por surtirse la causal invocada. En este sentido, si la determinación de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, emitida en el expediente laboral ****, del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, le fue notificada mediante boletín el dieciséis de enero de dos mil veintitrés; resulta claro que desde ese momento tuvo conocimiento y le causó perjuicio el cálculo realizado por la junta responsable, respecto del crédito laboral a favor de la aquí quejosa con motivo de la ejecución del laudo. Por tanto, no podría estimarse que la quejosa está reclamando el dieciséis de octubre de marzo de dos mil veintitrés, por vicios propios, sino que en realidad pretende combatir una determinación previa (interlocutoria de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós), en la que se realizó el cálculo respecto al incidente de actualización de intereses derivado de la ejecución del laudo emitido en el juicio de origen. Por lo que, debe decirse que ante la falta de impugnación oportuna de la interlocutoria de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, de la cual tuvo conocimiento el dieciséis de enero de dos mil veintitrés; por tanto, no es dable que con posterioridad se pretenda controvertir tal determinación; de ahí que el presente juicio de amparo resulte improcedente. Corolario de lo anterior, es que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 217, ambos de la ley de la materia, respecto del acto reclamado consistente en el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ******, del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México; en relación con la tesis de jurisprudencia 70 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, página 116, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos.". En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 fracciones XIV y XXIII, en relación con los diversos numerales 17, 18 y 217 todos de la ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por ******; en términos de lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en virtud de ser notoriamente improcedente.
- Principal
Toluca, Estado de México, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Intégrese el oficio signado electrónicamente por parte del representante legal de la autoridad responsable, por medio del cual remite diversas constancias respecto al cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En atención a su contenido, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. **
- Principal
Toluca, Estado de México, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda promovida por ****, por propio derecho; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1719/2023-III-A. PREVENCIÓN Ahora, en términos del artículo 108, fracción I y IV, en relación con el numeral 114, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Amparo, se previene a la promovente de amparo para dentro del término de cinco días, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: PRIMERO. Aclare el acto reclamado, ya que si bien es cierto, refiere señalar como tal el acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, emitido en el expediente ***** del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México y como consecuencia de ello, la interlocutoria de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el citado juicio laboral, también lo es que manifestó siguiente: "Manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que el acto reclamado consistente en LA INTERLOCUTORIA DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (anexo dos), dentro del expediente *****, del índice de la responsable, del índice de la responsable (sic), en ningún momento fue notificado por medio del Boletín Laboral ni en forma personal, ya que en el boletín sólo dice la responsable notificar "ACUERDOS" de diversas fechas pero no dice notificar INTERLOCUTORIA DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 y tuve conocimiento de su contenido en fecha 24 DE OCTUBRE DE 2023 en que acudí personalmente al local de la Junta Especial número 4 a revisar el expediente en compañía de mi abogado." Situación que genera incertidumbre para el suscrito, por lo que deberá precisar si lo que reclama es la interlocutoria de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, o la falta de notificación de dicha resolución. Sirve de apoyo a lo anterior en la parte conducente, el criterio federal sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que a la letra establece: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. ***** SEGUNDO. Deberá indicar la fecha en la cual le fue notificada la interlocutoria de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Ello, porque tal dato se estima necesario para estar en aptitud de proveer lo conducente en turno a la procedencia del presente asunto. TERCERO. De igual forma, deberá exhibir tantas copias sean necesarias del documento indicado a efecto de estar en aptitud de correr traslado a las demás partes en el presente asunto. Lo anterior, se formula en razón de que como está planteada la demanda, este juzgado no está en condiciones de fijar correctamente la litis a efecto de pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del juicio intentado. APERCIBIMIENTO Apercibido que de no cumplir con el desahogo de la prevención que se le formula en el lapso indicado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo penúltimo de la legislación de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. REQUERIMIENTO DE CONSTANCIAS Con independencia de lo anterior, se requiere a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, para que en el término de cuarenta ocho horas, computado legalmente, remita copia certificada de la interlocutoria de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, emitida en el J.4/259/2016, de su índice, así como la constancia de notificación de dicha resolución que se practicó a la aquí quejosa María Leonor Velázquez Jiménez. APERCIBIMIENTO Apercibido que de ser omiso, o no informar el impedimento legal que tenga para ello, se impondrá a la persona física que ostente el cargo, una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. EXHORTO A LA PARTE QUEJOSA PARA SEÑALAR USUARIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Por otro lado, de conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 61 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, en aras de favorecer una justicia pronta y expedita, a través del uso de medios digitales, se exhorta a la parte quejosa para que designe un usuario debidamente registrado en el registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para efecto de oír y recibir notificaciones de carácter personal. INSTRUCCIONES PARA LA CREACIÓN DE USUARIO ELETRÓNICO. Cabe señalar que el usuario de referencia se obtiene de la siguiente forma: Primeramente deberá ingresar a la siguiente dirección electrónica: **** Una vez ahí, colocará los datos correspondientes, leer, y aceptar el aviso de privacidad, posteriormente dar clic en el botón "registrar usuario". **** Hecho lo anterior, el sistema enviará un correo a la dirección electrónica proporcionada mismo que deberá confirmarse. **** Una vez confirmado el correo electrónico el sistema corroborará la correcta creación del usuario. **** AUTORIZADOS En relación a las personas que designa como autorizadas; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstas se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciada o licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. MEDIO ALTERNO DE COMUNICACIÓN No obstante lo anterior, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como medio alterno de comunicación no procesal y, por excepción, el correo electrónico que proporciona, para efectos del sumario en que se actúa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 17 constitucional y en atención al derecho de tutela judicial efectiva, se habilitan los días y horas inhábiles. EXPEDICIÓN DE COPIAS Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. CONSULTA DE EXPEDIENTE Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal. EXHORTO A LAS PARTES Se exhorta a las partes, para que se transite de la tramitación del expediente físico hasta la actuación electrónica, obligadas a llevar a cabo la presentación de promociones y/o recursos por la misma vía, de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.
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