María Leonor Valdez Valdez
Expediente 513/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 513/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María Leonor Valdez Valdez
Actuaciones
- Principal
... se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer... se declara que CAUSÓ ESTADO para los efectos legales procedentes.... archívese este asunto como concluido....
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO QUE DICE: La parte quejosa cumple la prevención realizada en autos; ahora bien, una vez analizada la demanda de amparo promovida por María Leonor Valdez Vázquez contra actos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Veracruz, con sede en esta ciudad y el escrito aclaratorio de cuenta, se realiza el siguiente pronunciamiento: PROPUESTA DEMOSTRATIVA En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVAS El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley, es decir, se establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las enumeradas en las fracciones que contiene, de manera que en la fracción XXIII de dicho artículo, se da sustento a la improcedencia legal y jurisprudencial; esto es, que puede derivar de disposición distinta a las fracciones que dicho artículo contiene y las que pueden obtenerse de la propia Ley de Amparo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido; asimismo, procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente y puedan reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. De los artículos legales mencionados, se deduce que el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclamen actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, ya que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo y puedan reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. En relación con lo anterior, cabe destacar que por última resolución ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento, pues el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada, por lo que su cumplimiento no debe obstaculizarse a través del juicio de amparo, por ser de interés público. Tiene aplicación la tesis siguiente: Registro No. 190035 Localización: Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, Abril de 2001 Página: 31 Tesis: P./J. 32/2001 Jurisprudencia Materia(s): Común AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ÚLTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la última resolución que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. HECHOS Del análisis de la demanda de amparo y de los escritos aclaratorios, se advierte que la promovente señala como acto reclamado la indebida actuación de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Veracruz, con sede en esta ciudad, de ejecutar la sentencia relativa dentro del Cuadernillo de Ejecución *** derivado del Juicio Contencioso Administrativo número ***, ya que a consideración de la parte quejosa los acuerdos y medidas adoptadas han sido insuficientes para hacer efectiva la sentencia mencionada. Ahora bien, de los antecedentes que la parte quejosa narra en su demanda de amparo, se advierte que el expediente de origen se encuentra en etapa de ejecución debido a que ya se dictó la sentencia correspondiente, por lo que la autoridad responsable constantemente ha requerido a la autoridad demandada (Subsecretario de Seguridad Pública A), para que dé cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio destacado, incluso se encuentran en espera del recurso económico por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, ya que es dicha autoridad quien se encarga de los pagos respectivos. Asimismo, la autoridad responsable ha impuesto las multas relativas para que se cumpla con la sentencia emitida. CONCLUSIÓN De lo anterior se concluye respetuosamente que el acto reclamado (la indebida actuación de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Veracruz, con sede en esta ciudad, de ejecutar la sentencia relativa dentro del Cuadernillo de Ejecución *** derivado del Juicio Contencioso Administrativo número ***) no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución ni se trata de aquella en la que se determine la imposibilidad para cumplirla. Lo anterior es así, debido a que se considera que el acto reclamado fue emitido en la etapa de ejecución de la sentencia, contra el cual no procede el amparo indirecto, sino hasta que se dicte la última resolución en dicho procedimiento, debido a que con esa actuación no culmina el mismo, pues se trata de actos emitidos en ejecución de sentencia, tendentes a lograr el cumplimiento de la cosa juzgada, que en su caso, no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución, sino únicamente derechos adjetivos, que no tendrán como consecuencia necesaria que no se vaya a ejecutar la sentencia respectiva. Así, en todo caso, la finalidad de los autos que ha emitido la Sala responsable para hacer cumplir la sentencia, es materializar los efectos de la misma o vencer la oposición frente a la ejecución, por lo tanto, se considera que constituye una violación dentro del procedimiento de ejecución de aquél juicio, el cual debe ser reclamado conjuntamente con la última resolución que llegue a dictarse, es decir, aquélla que tenga por cumplida la sentencia, mediante la cual apruebe o desapruebe su ejecución, o bien que declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, en la que podrá reclamar las violaciones cometidas durante dicho procedimiento. Tiene aplicación la tesis siguiente: Registro No. 1002676 Localización: Novena Época Instancia: Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Página: 676 Tesis: 610 Jurisprudencia Materia(s): Común EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada. Lo anterior, dado que la intención del legislador fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de amparo se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público, ni se puede estimar vulnerado un derecho sustantivo ajeno a la cosa juzgada, porque todos los actos y medios de apremio que realice la autoridad responsable son las herramientas procesales creadas exprofeso para vencer la contumacia de las partes para acatar el mandato judicial y ver materializado los efectos del fallo, por ello de aceptar la procedencia del amparo en ese supuesto, se trastocaría la intención del legislador de evitar el entorpecimiento y retardo de la etapa de ejecución; y por el contrario, al permitir que se continúe el trámite de cumplimiento se prestigia lograr la eficacia de la cosa juzgada y ya será al final resarcido el vencedor del litigio, cuando la parte que se considere afectada podrá cuestionar alguna violación en el proceso y de acreditarla, ser restituido en su derecho. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo.
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CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PROMOVENTE, EL AUTO QUE DICE: La parte quejosa desahoga el requerimiento formulado el veintinueve de mayo del año en curso (fojas 14 a 17); sin embargo, es omisa en formular tales manifestaciones bajo protesta de decir verdad, como se le requirió en el acuerdo destacado. Por otra parte, de autos se advierte que aún no transcurre el término otorgado a la quejosa en el referido auto de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, por lo que queda subsistente el apercibimiento decretado en el mismo y en caso de incumplimiento, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley Amparo.
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CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO QUE DICE: *** promueve juicio de amparo contra actos de la ***, con sede en esta ciudad; regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 513/2018. PREVENCIÓN PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del contenido de la demanda de amparo se advierten irregularidades que deben ser subsanadas, como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVAS Los artículos 112 y 114, fracción II, de la Ley de Amparo establecen la facultad del Juez de Distrito de prevenir a la parte quejosa, para que realice las aclaraciones pertinentes, cuando dentro del escrito de demanda encuentre alguna irregularidad o, se hubiere omitido alguno de los requisitos que señala el artículo 108 de la Ley de Amparo. Adicionalmente, el artículo 108 fracciones IV y V de la Ley de Amparo dispone que la demanda de amparo deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley autorice, en la que se expresará la norma general, acto u omisión que se reclame; asimismo, la parte quejosa manifestará, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. HECHOS En el caso, del análisis íntegro de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: La omisión de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Veracruz, con sede en esta ciudad, de ejecutar la sentencia emitida en el juicio contencioso administrativo *** del índice de la Sala Regional Zona Centro del Tribunal Contencioso Administrativo, con sede en esta ciudad, dentro del cuadernillo de ejecución *** de su índice. Por otra parte, de lo narrado por la parte quejosa en sus antecedentes se advierte que: El doce de marzo de dos mil dieciocho la parte quejosa solicitó a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Veracruz, con sede en esta ciudad, que requiriera de nueva cuenta a las autoridades demandadas a efecto de que éstas dieran cumplimiento a la sentencia condenatoria y se les apercibiera, en caso de no dar cumplimiento, en términos del artículo 322 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz, esto es, con la destitución de su cargo. A la solicitud de referencia recayó el acuerdo de dieciséis de abril de dos mil dieciocho mediante el cual la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Veracruz, con sede en esta ciudad, ordenó: 1) hacer efectiva a las autoridades demandadas una multa de doscientos días de salario mínimo general, ordenada por auto de seis de octubre de dos mil diecisiete y 2) que se realizara una cuantificación del monto actualizado de lo que las mismas debían cubrir a la parte quejosa con motivo de la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo *** del índice de la Sala Regional Zona Centro del Tribunal Contencioso Administrativo, con sede en esta ciudad y apercibió a dichas autoridades de que en caso de no cumplir a dicho requerimiento, dentro del término de tres días, se harían acreedoras a una multa de trescientas unidades de medida y actualización en términos del artículo 311 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz. Por auto de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, la Sala Regional Zona Centro del Tribunal Contencioso Administrativo, con sede en esta ciudad, ordenó reponer el procedimiento únicamente respecto del diverso auto emitido el dieciséis de abril de dos mil dieciocho (puntualizado en el punto que antecede), lo anterior debido a que el requerimiento que efectuó la Sala de referencia a las autoridades demandadas lo hizo con una denominación errónea. De igual forma, de los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa aduce que no se aplicó la norma en el sentido que solicitó a la autoridad responsable para el efecto de requerir el cumplimiento de la sentencia dictada a su favor. Con lo anterior, no se entiende si la parte quejosa reclama una actitud omisiva por parte de la autoridad responsable o en su caso el acto concreto de no acordar de conformidad sus solicitudes, esto es, que en auto de dieciséis de abril de dos mil dieciocho no se requirió a las autoridades demandadas el cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente de origen con el apercibimiento de destituirlas de su puesto. CONCLUSIÓN Por lo tanto, se concluye respetuosamente que la demanda de amparo es imprecisa, debido a que del contenido de la misma no se advierte específicamente cuál es el acto que por esta vía pretende impugnar. REQUERIMIENTO A efecto de permitir el efectivo acceso a la jurisdicción en favor de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiérasele para que en el plazo de cinco días legalmente computado, por escrito, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, cumpla con lo siguiente: Precise específicamente cuál es el acto que por esta vía pretende impugnar, para facilitar lo anterior se destacan los siguientes actos: 1) La omisión de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Veracruz, con sede en esta ciudad, de ejecutar la sentencia emitida en el juicio contencioso administrativo *** del índice de la Sala Regional Zona Centro del Tribunal Contencioso Administrativo, con sede en esta ciudad, dentro del cuadernillo de ejecución **** de su índice, o bien, 2) La omisión de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Veracruz, con sede en esta ciudad de acordar en auto de dieciséis de abril de dos mil dieciocho sus solicitudes en el sentido de requerir a las autoridades demandadas el cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente de origen con el apercibimiento de destituirlas de su puesto, auto que fuera modificado el cuatro de mayo de dos mi dieciocho debido a que se asentaron las denominaciones de las autoridades demandadas de forma errónea. Lo anterior se considera necesario para la admisión de este asunto. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis siguiente: Registro No. 175345 Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Abril de 2006Página: 990Tesis: I.7o.A.100 Tesis Aislada Materia(s): Común DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra hecho, entre ellas, las siguientes: hecho, 5. Cosa que sucede. 6. Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla. Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo antecedente de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: 2. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores. De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra acción, entre otros, los que se transcriben enseguida: Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer. En la página catorce se define el vocablo abstención de la manera siguiente: Acción y efecto de abstenerse. En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley. Asimismo, se hace saber a la parte quejosa que el cumplimiento al requerimiento efectuado únicamente podrá realizarlo quien promueve este asunto, por constituir un acto de carácter personal. Resulta aplicable, la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2007285 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 50/2014 (10a.) Página: 210 AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente bajo protesta de decir verdad que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la defensa de los derechos del autorizante, ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación, además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Se hace del conocimiento de la parte quejosa, del delito en que pudieran incurrir quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial en un juicio de amparo, previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo que dispone: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta de a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. APERCIBIMIENTO Lo anterior, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo requerido en párrafos que anteceden, se tendrá POR NO PRESENTADA la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADO Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Asimismo, se faculta como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, los profesionistas que nombra debido a que cuentan con su respectiva cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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