María Leonor Molina Huerta
Expediente 1205/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1205/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/02/2022
Partes del expediente
- María Leonor Molina Huerta
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, ocho de febrero de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el proveído de tres de diciembre de dos mil veintiuno, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por otra parte, atendiendo a la certificación de cuenta, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es destruible, en términos del artículo 21. Por tanto, se comunica a las partes que de conformidad con los artículos indicados en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, el presente expediente será destruido, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Finalmente, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.
- Principal
Toluca, Estado de México, tres de diciembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo), a través del cual, la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, rinde su informe justificado al presente sumario, y al efecto remite copia certificada del laudo de fecha once de junio del dos mil veintiuno, emitido en el juicio laboral J.2/****/2019 de su índice. Por tanto, este Juzgado de Distrito considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que al efecto dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ."- De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan en el momento en que la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal ya se hubiera restituido a la parte quejosa, en el goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados por la autoridad. La cesación de efectos del acto reclamado significa, por tanto, que éste deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar dicha actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 103, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, página 81, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la tesis 103, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Noviembre 1997, Novena época, página 71, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Se estima lo anterior, pues de la lectura integra de la demanda de amparo, presentada por María Leonor Molina Huerta, se advierte que señaló como acto reclamado la abstención por parte de la responsable al no emitir laudo laboral en el expediente J.2/713/2019. Ahora, de la copia certificada que anexa la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, a su informe justificado, a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones de servidores públicos en ejercicio de sus atribuciones, se aprecia que la autoridad responsable notificó a la parte quejosa el laudo emitido el once de junio del año en curso, dentro del juicio laboral J.2/713/2019 de su índice, hasta el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, motivo por el cual, dicha determinación surtió sus efectos hasta el día que se le hizo de su conocimiento, por lo que se determina que el acto reclamado era existente, antes de la presentación de la demanda. En ese orden de ideas, como la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional la omisión de dictar el laudo en el expediente laboral número J.2/713/2019; empero, de las constancias remitidas se aprecia que el once de junio del año en curso, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, emitió dicho laudo y el veintinueve de noviembre del año en curso, notificó el mismo; motivo por el cual, cesaron los efectos del acto reclamado, al emitirse el laudo y notificarlo a la parte quejosa ya que hasta el momento en que la parte quejosa tuvo conocimiento de la determinación de la responsable surtió sus efectos. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 38, Junio de 1999, Novena Época, bajo el rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De modo tal, que la situación jurídica de la parte quejosa volvió al estado que guardaba, sin dejar huella en su esfera jurídica, como si nunca hubiera existido y, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional y ésta se hubiera ejecutado; en consecuencia, se procede sobreseer el presente juicio de amparo, conforme a lo establecido en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 415, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, página 356, Apéndice 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De ahí que al advertirse la causa de improcedencia en estudio, y con el fin de velar por el derecho del quejoso a una impartición de justicia pronta y expedita como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que aun cuando se sustanciara el procedimiento y éste culminara con sentencia en audiencia constitucional, el sentido de la presente determinación sería el mismo. Al respecto es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 386, Marzo de 2003, Novena Época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, en atención a la determinación anterior, comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las catorce horas del veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, se deja insubsistente.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ténganse por recibidos los escritos de cuenta; a través de los cuales Alejandra Pineda Morales, en representación de su menor hijo de iniciales ***** con el primero, en relación con resolución dictada en el recurso de queja 171/2021 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, aduce que este órgano jurisdiccional no se ocupó de resolver si desecha, previene o admite de manera expresa y sin lugar a dudas, tal como lo ordena el artículo 112 de la Ley de Amaro, respecto de la ampliación de demanda que se formuló y que fue materia del referido recurso de queja, por lo que refiere que no se dio un debido cumplimiento a la ejecutoria emitida por Tribunal de alzada y solicita: Se haga pronunciamiento del escrito de ampliación de la demanda presentado el trece de mayo de dos mil veintiuno. Se requieran los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables. Se señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional la cual deberá ser y atendiéndose para ello, en los tiempos necesarios para que obren los informes justificados referidos, sobre todo, para que la quejosa se encuentre en posibilidad de ofrecer los medios de prueba relacionados directamente con el contenido de éstos. Atento a lo anterior, dígase a la promovente que no obstante el pronunciamiento de veintisiete de octubre del año en curso, en estricto cumplimiento a la ejecutoria dictada en el recurso de queja 171/2021 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, se provee lo siguiente respecto a la ampliación de demanda de que se trata: En primer término, se precisa que en la ejecutoria de mérito, se determinó que el escrito signado por Alejandra Pineda Morales, en representación de su menor hijo ***** registrado en el libro de correspondencia interna bajo el número 7544, debe considerarse presentado en tiempo, pues se presentó un día antes de que feneciera la prórroga otorgada para ello. Ahora, en virtud de que con el ocurso aludido la parte quejosa no desahogó el requerimiento formulado el diecisiete de mayo pasado, respecto del cual, el veinticuatro de mayo del año en curso, se le otorgó prórroga de cinco días; por tanto, se declara subsistente el requerimiento indicado en primer término, en el entendido de que a la parte quejosa le resta un día, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a fin de que precise de manera concreta los actos por los que pretenden ampliar la demanda y la autoridad en específico a quién los atribuye, pues en el apartado relativo realizó diversas manifestaciones que son genéricas e imprecisas. Por otra parte, con el segundo escrito de cuenta, la promovente ofrece las pruebas siguientes: La inspección judicial que habrá de practicarse a la causa de control ***** del índice del Juzgado de Control Especializado en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolecentes de Toluca, México. La inspección judicial que habrá de practicarse a la carpeta de investigación número TOL/FVG/VGT/107/****/20/03 integrada por la Agencia Especializada en Justicia para Adolescentes en Toluca, dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. La inspección judicial, misma que habrá de practicarse en el plantel educativo denominado Tecmilenio. La pericial en materia de criminalística a cargo de la perito Elideth Zepeda Gutiérrez. La testimonial a cargo de Raquel Navarro Yáñez. La testimonial a cargo de Cristina Munguía Pasos. La documental, que se requiera en vía de informe rinda la institución académica denominada Tecmilenio por conducto de quien legalmente se encuentre facultado para ello, en relación a los hechos denunciados por la ciudadana de identidad reservada y de iniciales *** y por los que se librara la orden de captura. La videograbación que se requiera, del circuito cerrado de la institución académica, instalado en el estacionamiento del plantel y cercano a los baños ubicados en el denominado "quinto piso" del citado plantel del día diez de marzo del año dos mil veinte; y de los lugares o instalaciones de la institución académica en donde aparezcan desde su ingreso, estancia y egreso las siguientes personas: la ciudadana de identidad reservada y de iniciales **** y su madre Liza Esthela Mercado López; y el menor de identidad reservada y de iniciales ***** y su madre Alejandra Pineda Morales respecto del día once de marzo del año dos mil veinte. La documental, que en vía de informe se requiera al Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a fin de que se certifique si Araceli Gutiérrez Contreras tiene especialización como operadora del sistema integral a que se refiere el artículo 64 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, para lo cual se deberá remitir copia cotejada de la constancia o certificación que así lo justifique. La documental, que en vía de informe rinda la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a efecto de que informe si en fecha diez de octubre de dos mil veinte, la Lic. Mariela Olín Serrano, contaba con especialización como- Operadora del Sistema Integral que refiere el artículo 64 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. La documental consistente en todas y cada una de las constancias que integran la carpeta de investigación número TOL/FVG/VGT/107/*****/20/03. La documental consistente en todas y cada una de las constancias que integran la causa de control ***** El informe justificado que deberán rendir las responsables ordenadoras y ejecutoras precisadas en la ampliación de demanda, que presentó la parte quejosa. La audio videograbación, en copia certificada de la audiencia privada para solicitar orden de comparecencia o aprehensión verificada en fecha de diez de octubre de dos mil veinte, ante la Jueza de Control Especializada en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes de Toluca, Estado de México. Ahora, previo a acordar lo relativo a las mismas, debe precisarse que el presente juicio de amparo se admitió por el siguiente acto reclamado: La orden de aprehensión, detención y/o privación de la libertad, presentación, así como su ejecución. Luego, respecto a las pruebas señaladas en los numerales I, II, XI, XII y XIV se desechan, en virtud de que resulta innecesario su desahogo pues obra el informe justificado de la Jueza de Control Especializada en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes de Toluca, Estado de México, así como las constancias que adjuntó a dicho informe, relativas a copias certificadas del expediente electrónico de la causa de control ***** de su índice. En cuanto a las pruebas señaladas con los números III a VI, con fundamento en el artículo 119 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se desechan por extemporáneas en atención a las consideraciones siguientes: "Artículo 119. [.] Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. [.]." (lo resaltado es propio) De una interpretación de tal precepto, se pone de manifiesto una característica fundamental para verificar el requisito de admisibilidad de las pruebas que requieren preparación, a saber, que deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, y que este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento; es decir, el lapso para anunciar las pruebas de que se trata, corre desde que se admite la demanda y vence cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional señalada primigeniamente, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, en que el plazo para su ofrecimiento será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia -lo que en el caso no acontece-. Al respecto, es menester destacar que tanto las pruebas de inspección, pericial y testimonial ofrecidas requieren preparación, es decir, el juzgador deberá emplear los medios necesarios para que se lleven a cabo tales probanzas; asimismo, que del escrito de cuenta no se advierte que dichas pruebas traten de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente, para tomar como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia constitucional. Por tanto, en el caso que nos ocupa, de los autos que integran el presente expediente, se aprecia que las pruebas de mérito se ofrecieron fuera del término señalado en la ley de la materia, pues la audiencia primigenia se señaló para las trece horas con treinta minutos del veintiuno de abril de dos mil veintiuno, y según se desprende del sello que obra en la promoción de cuenta, ésta se presentó en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales el diecinueve de noviembre del año en curso, lo que evidencia que el lapso para anunciarlas es extemporáneo. Por tanto, es inconcuso que ha precluído tal derecho, puesto que resulta por demás claro que dicho ofrecimiento no se presentó con la inmediatez a que hace referencia el artículo 119 de la Ley de Amparo, a pesar de que tuvo la oportunidad de ofrecerlas dentro del término señalado para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada con el número VI.2o. J/33, en la página 431, del Tomo II, Noviembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO. OPORTUNIDAD PARA ANUNCIARLAS. Una correcta interpretación del artículo 151 de la Ley de Amparo, conduce a determinar que las partes pueden anunciar las pruebas testimonial y pericial a partir de que surta efectos la notificación del auto admisorio de la demanda, hasta antes de que venza el plazo de cinco días que como mínimo establece la ley, es decir, el lapso para anunciar las pruebas de que se trata, corre desde que se admite la demanda y vence el sexto día hábil anterior al señalado para la celebración de la audiencia constitucional". No constituye un obstáculo a lo anterior, que la jurisprudencia invocada interprete la legislación de amparo abrogada, pues aquélla no es contraria, ni se contrapone con las disposiciones de la actual Ley de Amparo, tal como lo establece el Sexto Transitorio de la legislación de amparo vigente. En lo tocante a las pruebas VII, VIII, IX y X, no es factible tenerlas por ofrecidas, en atención a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de Amparo, en virtud de que ello implica una violación a la oralidad y a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio, dado que la etapa en que se emitió el acto no corresponde el desahogo de pruebas, sino únicamente el anuncio de datos de prueba, por lo que desahogarlos en esta instancia y no en el momento correspondiente (etapa intermedia) implicaría violentar los principios del proceso penal acusatorio. Lo anterior, máxime que en auto de diez de junio del año en curso, se proveyó en similares términos respecto del ofrecimiento de los medios de convicción aludidos, el cual impugnó la parte quejosa y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito declaró infundado el recurso de queja que se radicó con el número 173/2021, de su índice. Finalmente, en cuanto a la prueba marcada con el número XIII, se reserva proveer lo conducente una vez que la parte quejosa desahogue el requerimiento formulado con antelación y, en su caso, obren los informes que rindan las autoridades responsables con motivo de la ampliación de demanda.
- Principal
MESA VIII. SE EMPLAZA AL PRESENTE JUICIO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA ARTURO ESQUIVEL JIMENEZ Y/O PASTELERÍA CHISPAS, EL PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EN ATENCIÓN A QUE NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE CON MOTIVO DEL AVISO QUE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, DETERMINACIÓN QUE REFIERE: Toluca, Estado de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo, promovida por ********************, por propio derecho, contra actos de los Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1205/2021-VIII. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Federal, 1º, fracción, I, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda de amparo presentada por ********************, por propio derecho, en contra la abstención por parte de la responsable al no emitir laudo laboral en el expediente ********************; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención que le compete, con copia de la demanda que se acuerda, así como de la presente determinación; lo anterior deberá hacerse de su conocimiento, privilegiando el uso de los medios electrónicos; en el entendido que esta circunstancia se autoriza en términos de la contingencia sanitaria que rige en nuestro país. Sin que se aperture el incidente de suspensión, en virtud de no existir solicitud expresa y tampoco estar en los supuestos a los que se refiere el artículo 128 de la Ley de Amparo. Ahora bien, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las catorce horas del veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. En la inteligencia que, a fin de garantizar las medidas de sanidad necesarias para el desarrollo de la misma y tomar las providencias atinentes para tal efecto, y de no ser necesaria la presencia física de las partes en dicha audiencia, en este asunto queda a discreción de las mismas el comparecer presencialmente a su desahogo; para lo cual, deberán realizar el trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente en la fecha señalada, sin perjuicio de que, si así lo estiman, e informan con la oportunidad debida a este Juzgado de Distrito, podrá llevarse por medios tecnológicos. Y en ese tenor, para salvaguardar la salud de todas las partes intervinientes en el presente juicio, y del personal de este Juzgado de Distrito; se les invita para que, de no ser absolutamente necesaria la asistencia presencial al desahogo de la audiencia, se privilegie la promoción de alegatos y, en su caso, de las pruebas correspondientes, por los medios escritos y electrónicos establecidos para tal efecto. En otro contexto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere el informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días contado a partir de que reciba el oficio de notificación, solicitándole privilegie el uso de medios tecnológicos y electrónicos para el envío de su informe; lo cual podrá realizar a través del correo electrónico oficial 9jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, o en su caso, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, ello a fin de resguardar la integridad y salud del personal a su cargo, de los justiciables y de los servidores públicos adscritos a este recinto judicial. De tal manera, de acuerdo a lo previsto en los artículos 75, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se apercibe a la responsable para que, al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita el expediente del cual emana el mismo, o en su defecto copias certificadas, legibles y completas de las constancias que tomó en consideración para emitirlo, ya que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se le impondrá, una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; sanción que también le será aplicada en el caso de que no rinda su informe dentro del plazo otorgado. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que, en caso de que dentro de la información que remita como apoyo al informe de Ley o sean requeridas posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberá enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, a efecto de que este órgano de control constitucional, pueda constatar que la autoridad competente emitió la declaratoria correspondiente. En el entendido que, de no remitir la documental precisada en el párrafo que antecede, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. Como lo previenen los artículos 61, 62 y 64 de la Ley de Amparo, requiérasele para que, en el supuesto de que exista alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos de los actos reclamados o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este Juzgado; apercibida, que de no cumplir con esa obligación, en lo individual, se les impondrá, una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 y 251 del ordenamiento previamente citado, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en el entendido que de no tener conocimiento de que se actualicen tales hipótesis no deberán hacer comunicación alguna. Por otra parte, se advierte que de conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le asiste el carácter de tercero interesado a ******************** con fundamento en el artículo el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos para que con las medidas de prevención correspondientes, se constituya en el domicilio ubicado en: ********************, y lo emplace a juicio, corriéndole traslado con copia autorizada de la demanda de amparo y de la presente determinación. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita la parte quejosa en su escrito inicial de demanda; como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que designa. En otro sentido, con relación al correo electrónico que proporciona, se tiene únicamente como contacto de la parte quejosa. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3°, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDTI/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta a la secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito para que, en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Además, para efecto de notificar a la autoridad responsable del presente proveído, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al actuario judicial de la adscripción, a efecto de que notifique los oficios derivados de la presente determinación privilegiando el uso de medios electrónicos; asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio mediante correo electrónico que al efecto proporcionen, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio), y las restantes se le notificarán por medio de lista electrónica, salvo que proporcione el usuario referido en párrafos precedentes o su habilitación por interconexión; en el entendido que dicha circunstancia se autoriza en términos de la contingencia sanitaria que rige en nuestro país, por lo que subsistirá a la par de la misma, es decir, una vez que se levante el estado de contingencia se reanudarán las notificaciones por los medios tradicionales que contempla la Ley de Amparo; además, se le requiere para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación de la presente determinación, brinde un correo electrónico al que, en su caso, se le pueda hacer llegar las notificaciones mediante oficio que, por dicho medio se ordenen. Finalmente, en términos del artículo 22 del Acuerdo General a que se ha hecho referencia, se exhorta a las partes que integran el presente juicio, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales.
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