Maria Leonilda Sulub Pech
Expediente 433/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 433/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Maria Leonilda Sulub Pech
Actuaciones
- Principal
MESA I.- CAUSA ESTADO: Visto la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo de diecisiete de marzo del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, no interpuso el recurso de queja; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicha resolución. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y archívese este asunto como totalmente concluido.
- Principal
MESA I.- Vista la cuenta que antecede, SE ACUERDA: agréguese a estos autos el oficio 768/2021 signado por la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado con sede en Progreso, Yucatán, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho número 18/2021 con número de orden 36/2021, deducido del presente juicio de amparo, mediante el cual, se ordenó notificar a la parte quejosa. Acúsese el recibo correspondiente. Sin que sea el caso de ordenar de nueva cuenta la notificación de la parte quejosa, en razón de que en esta misma fecha se realizó la misma.
- Principal
MESA I.- ... se procede a resolver acerca de la procedencia de la demanda de amparo. Introducción *** reclama la negativa de que se le dé el acceso a la información de la carpeta de investigación UNATD11-G/001746/2020, en la cual, es la parte denunciante; pues el Ministerio Público no le ha resuelto sobre su petición de medidas cautelares, por ende, no ha dado cabal cumplimiento con el proceso de investigación, desconociendo los avances de la citada carpeta. Precisado lo anterior, se advierte, que el acto que reclama la quejosa, por tratarse de actos efectuado en la integración de una carpeta de investigación, es improcedente el juicio de amparo, surtiéndose de forma notoria y evidente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Carta Magna, por los motivos que a continuación se expondrán. En efecto, el numeral artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." El anterior precepto legal establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo; es decir, se contempla la posibilidad de que la improcedencia del juicio tenga apoyo en alguna disposición de la Carta Magna. ...En ese orden de ideas, es necesario destacar lo establecido en el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, que preceptúa: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." El citado precepto constitucional, tiene estrecha relación con el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables;." De lo transcrito, se aprecia claramente la intención del legislador federal de dotar a las víctimas y ofendidos del delito, de la prerrogativa constitucional de impugnar ante autoridad judicial las omisiones en las que incurra el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones investigadoras; en otras palabras, la parte ofendida o víctima del delito tiene legitimación para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente e instarlo para que en caso de ser procedente ordene a la autoridad ministerial subsane las irregularidades u omisiones que existan en la investigación de los delitos. Por tanto, se advierte que tanto la Constitución Federal como la norma ordinaria, establecieron que las omisiones del Ministerio Público durante la etapa de investigación del delito, deben impugnarse ante el Juez de Control. Lo anterior, implica que a diferencia del sistema tradicional o inquisitivo, en el sistema procesal penal actual se amplió el marco de actuación de la autoridad jurisdiccional a una etapa antes del comienzo del proceso penal, es decir, anteriormente la autoridad ministerial realizaba toda la investigación sin intervención ni regulación de autoridad jurisdiccional y posteriormente consignaba el asunto a un Juez; sin embargo, actualmente la autoridad jurisdiccional tiene facultades para intervenir desde la etapa de investigación. Así, la etapa de investigación se judicializó con la incorporación de la figura del Juez de Control, con la intención de que, entre otras cosas, supervise los actos realizados por el Ministerio Público en la etapa de investigación, a fin de que no se transgredan en perjuicio de la víctima, ofendido o imputado, las garantías o derechos previstos constitucionalmente a su favor. Por tanto, se puede concluir que las omisiones en que incurra el Ministerio Público, tratándose del sistema procesal penal acusatorio, deben reclamarse en sede jurisdiccional, que en el caso resulta ser el Juez de Control; como se explica a continuación. Los artículos 3, fracción VII, 211 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 3o. Glosario Para los efectos de este Código, según corresponda, se entenderá por: [.] VII. Juez de control: El Órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común que interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio, ya sea local o federal;. [.]" "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. [.]" "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." ... En las relatadas circunstancias, es patente que en el caso se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en términos de lo establecido por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que debe considerarse que el presente asunto procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por María Angélica Tec Aguilar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. Cabe destacar que los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable habida cuenta de que en opinión de la que esto resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Viene al caso citar la tesis... con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Domicilio para oír y recibir notificaciones Toda vez, que la quejosa ***, tiene su domicilio fuera del lugar de residencia de este Juzgado, esto es el predio número dieciocho por calle trece y quince de la localidad de Ixil, Yucatán, Yucatán; con fundamento en el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese despacho al Juez Primero Mixto Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, para que en auxilio de las labores de este juzgado de Distrito, notifique el contenido de este proveído con entrega de copia autorizada del presente auto a la quejosa *** Y, tomando en consideración que todo litigante, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial en que intervenga, debe señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia del tribunal, con fundamento en el dispositivo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo vigente, se requiere a la citada quejosa para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en este juicio, dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se les haga del presente acuerdo, conforme al numeral 297 de ordenamiento adjetivo de aplicación supletoria a la ley de la materia; apercibida que de no hacerlo así, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le hará por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Y una vez diligenciada la comunicación oficial respectiva, se solicita al Juez devolver todo lo actuado a la brevedad posible. Correo electrónico Tómese nota del correo electrónico angelicatek@ulook.es, que señala la parte quejosa. Autorizados Se tiene como autorizados de la parte quejosa a Argelia Berhsabe Marrufo González y Francisco Efren Ku Kantun, con las limitaciones que establece el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que la presente demanda versa en materia penal y no acreditaron encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho, al no estar registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal. Medios electrónicos Por otra parte, ... este Tribunal Federal no tiene inconveniente alguno de que la parte quejosa y las personas autorizadas en el presente juicio, obtenga la reproducción de actuaciones judiciales que obren en el expediente, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos para la reproducción electrónica, ante la presencia del secretario a cuyo cargo se encuentra el trámite de este asunto. ...Transparencia Igualmente, la parte quejosa, no hizo manifestación alguna respecto a que se haga pública en forma íntegra sus datos personales de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental. Hágase saber a las partes que, ... la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. ...Expediente Electrónico ... se ordena efectuar la digitalización electrónica del presente juicio de amparo en el que se actúa, respecto a las promociones, determinaciones judiciales y notificaciones que, al efecto, integren el mismo. NOTIFÍQUESE y por despacho al quejoso.
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