María Laura Ramos Galicia
Expediente 469/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 469/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 05/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- María Laura Ramos Galicia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que el plazo para recurrir la sentencia... transcurrió... sin que lo hubiera hecho... se declara que dicha sentencia que SOBRESEE, HA CAUSADO ESTADO Archivo. En ese orden de ideas, remítase el expediente de que se trata al archivo como asunto total y definitivamente concluido. Notifíquese.
- Principal
.se reanuda el presente procedimiento de amparo exactamente en el estado procesal que se encontraba antes de la suspensión de plazos..Por tanto, en acatamiento a lo anterior se fijan las ONCE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional..Visto el estado procesal de los autos, se advierte que se encuentra pendiente de emplazar a los terceros interesados.Por tanto, gírese atento oficio a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con jurisdicción en Cancún, a fin de que informe a que órgano jurisdiccional le fue turnado el exhorto de mérito y se solicite su devolución..se tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones el convencional; asimismo, la parte quejosa NO designó usuario ni solicitó las notificaciones vía electrónica..Por tanto, solicítese al promovente del amparo para que dentro del término de veinticuatro horas, proporcione una información de contacto que puede ser el número de un dispositivo móvil, o bien, la dirección de un correo electrónico a través del cual se pueda tener comunicación con ella, con el propósito de que los actuarios judiciales programen y coordinen los términos y/o condiciones, para llevar a cabo la notificación personal del presente acuerdo.En función de lo anterior, se hace de su conocimiento que se pone a su disposición el número telefónico 54 81 10 00 extensión 1223, así como el correo institucional daniel.azuara.vital@correo.cjf.gob.mx, para que, si a su interés legal conviene, así lo haga..Notifíquese personalmente.
- Incidental
Por lo expuesto y fundado; se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva. Notifíquese.
- Incidental
Acto seguido, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre ellas copia del escrito de la demanda de amparo, auto que proveyó lo conducente sobre la suspensión provisional, informe previo rendido por la responsable y constancias de notificación a las partes. De igual forma, HACE CONSTAR: que adjunto a la demanda de amparo se exhibió copia simple del acuse del escrito presentado en la oficialía de partes de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico el diecinueve de julio de dos mil veinte; y con el informe previo la autoridad responsable remitió así como copia certificada del oficio ******************** de veinticinco de julio de dos mil veinte. Lo que encuentra apoyo en la Tesis: P./J. 71/2010 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la Tesis: 2a./J. 19/2012 (10a.) y la Tesis: 2a./J. 20/2012 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal de la República; consecuentemente, sin perjuicio si el documento consta en copia fotostática simple, original o copia fotostática certificada, lo cierto es que tales medios probatorios serán valorados de conformidad con los artículos 129, 197, 202, 203 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, eficacia probatoria que se determinará en el estudio de la resolución interlocutoria que nos ocupa. El Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta con las pruebas aportadas que anexo la parte quejosa a la demanda de amparo y la responsable a su informe previo. El Juez acuerda: Se tienen por ofrecidas dichas probanzas, las que se tienen por desahogadas en virtud de su propia y especial naturaleza, de conformidad con el artículo 143 de la Ley de Amparo. Al no haber pruebas pendientes por desahogar se cierra este periodo. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló y que la Agente del Ministerio Público Federal no formuló intervención ministerial. El Juez acuerda: Al no haber diligencias pendientes por desahogar se procede a dictar la resolución que en derecho proceda; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado diez de marzo de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y turnado a este órgano jurisdiccional el once de marzo de dos mil veinte, ********************por su propio derecho, promovió amparo indirecto, contra actos del Titular de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. SEGUNDO. El doce de marzo de dos mil veinte, se formó por duplicado el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo ********************; se negó la medida cautelar solicitada; se solicitó el informe previo a las autoridades responsables y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental. Posteriormente, mediante el Acuerdo General 5/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó suspender las labores de los órganos jurisdiccionales, así como los términos y plazos a partir del dieciocho de marzo de dos mil veinte; determinación que amplió a través de los diversos 6/2020, 7/2020, 8/2020 y 9/2020, ante la contingencia por el VIRUS COVID-19. Así, visto el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte, con fundamento en su artículo 2, con relación al artículo 20, se reanudó el procedimiento de amparo exactamente en el estado procesal que se encontraba antes de la suspensión de plazos y se señaló nueva fecha para la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente interlocutoria; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver la presente interlocutoria, con apoyo en los artículos 128, 129, 139, 140 y 146, de la Ley de Amparo; toda vez que se reclaman actos de naturaleza administrativa que se resuelven en el presente incidente. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Para estar en aptitud de resolver sobre la suspensión solicitada, es necesario precisar que se admitió a trámite la demanda en contra de la autoridad responsable Titular de la Comisionado Nacional de Arbitraje Médico por lo que hace al acto siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS: 1.- Se reclama de la autoridad responsable LA OMISIÓN O FALTA DE CONTESTACIÓN AL ESCRITO PRESENTADO EN LA OFICIALÍA DE PARTES EN FECHA 19 DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE." TERCERO. Efectos. La parte quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados, para: "(.) Por otro lado, solicito la suspensión provisional de los actos señalados como recamados y en su momento la definitiva, de conformidad con los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan actualmente hasta en tanto se resuelva el presente juicio de amparo, por lo que solicito se tenga a bien tramitar el INCIDENTE DE SUSPENSIÓN a que hace alusión el artículo 125 de la Ley de Amparo, ya que la conducta omisiva por parte de la autoridad responsable perjudica el interés social, ya que la seguridad pública es de orden público e interés social.(.)" Por lo que este juzgador al pronunciarse sobre la medida cautelar, de ser procedente, tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio. Apoyo lo anterior la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo". CUARTO. Inexistencia de actos. No es cierta la omisión reclamada a la autoridad responsable ya que la misma acreditó haber iniciado el procedimiento instado por la quejosa con anterioridad a la presentación de la demanda que originó el presente juicio de amparo, por lo que negó la existencia de una omisión al haber rendido su informe previo, correspondiendo a la autoridad la carga de la prueba al tratarse de un acto omisivo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2o. J/2 (10a.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, agosto 2018, Tomo III, pagina 2351, materia común de rubro y contenido siguientes: "ACTOS OMISIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. PRESUPUESTOS DE SU EXISTENCIA. La omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en las autoridades, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, están obligadas a actuar y no lo hacen, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en sus atribuciones. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XXIV/98, señaló que para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que sólo pueden omitirse conductas, fáctica y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no acata la facultad normativa. Luego entonces, el conocimiento de la autoridad que la constriñe a actuar se divide en tres hipótesis: 1) que ésta sea consecuencia de un acto previo que la origine, es decir, la autoridad lo conoce directamente y sólo espera ejecución por ya existir el presupuesto que fáctica y legalmente la habilitan y constriñen, por ejemplo ante la existencia de un fallo o determinación judicial la omisión de ejecutar, entregar, pagar o liberar; 2) los casos donde no tenga como presupuesto una condición, por ejemplo ante una falta o accidente de tránsito, un delito flagrante, una contingencia ambiental son hechos que la autoridad conoce o debe conocer por razones notorias, en estos, la obligación se especifica en proporción al hecho y a la consecuencia normativa prevista; y, 3) los actos que requieren de una solicitud, petición o condición, siendo aquellos que prevén la existencia de requisitos previos de impulso del gobernado, para actualizar las facultades y el conocimiento directo de la autoridad, por ejemplo cuando ésta requiere algún tipo de formulario, pago o bien una solicitud, que son requisitos o condiciones para que el Estado actúe. En este tenor, en la medida que va dependiendo de la omisión y sus presupuestos como facultad normativa y conocimiento de la autoridad, podrá establecerse su existencia.". En efecto, la autoridad responsable negó categóricamente el acto que se le atribuyó consistente en la omisión de dar contestación al escrito presentado el diecinueve de julio de dos mil diecinueve, a través de la cual se solicitó la instauración de un procedimiento de arbitraje por negligencia médica. Inexistencia que se corrobora con las constancias que anexó a su informe previo, a las que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; de la cual se desprende que la autoridad señalada como responsable el veinticinco de julio de dos mil diecinueve, por medio del oficio ********************, dio contestación al escrito presentado por el quejoso, quedando satisfecha la petición aludida por el promovente, ya que previo desahogo de prevención radicó el procedimiento de arbitraje solicitado por la quejosa. Asimismo, se advierte que dicha respuesta fue notificada el uno de agosto siguiente, al propio quejoso. Sobre esa base, es dable concluir que no existía la omisión reclamada, toda vez que antes de promoverse la demanda de amparo -diez de marzo de dos mil veinte-, se había dictado la respuesta respectiva -el veinticinco de julio de dos mil diecinueve; de ahí que resulte inexistente la omisión reclamada. Por lo tanto, al no estar demostrada la existencia de la orden reclamada, se vuelve innecesario verificar si se reúnen los demás requisitos legales y, en consecuencia, se niega la suspensión definitiva solicitada. A título de abundamiento, cabe precisar que la presente determinación se emite sin desdoro que las omisiones, como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), pueden ser susceptibles de suspenderse, ya que si bien por su contenido constituye un acto omisivo, lo cierto es que ello no representa un factor que determine la negativa de la medida cautelar, sino que está en función de los efectos y consecuencias del acto reclamado. Lo anterior se encuentra expuesto, en el referido criterio jurisprudencial, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 286, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." Sin embargo, en el presente caso -en primer lugar- como se acreditó la omisión resultó inexistente; aunado a que -en segundo orden- los efectos del la omisión reclamada tampoco resultaban susceptibles de suspenderse, ya que el reclamado se trata de un acto omisivo carente de ejecución, respecto del cual, en su caso, de concederse la medida cautelar se constituiría un derecho con que no cuenta la quejosa para esta estadía del juicio de amparo; por lo que su estudio constituye un aspecto que será materia del fondo del asunto, lo que únicamente puede ser estudiado al momento de dictar sentencia definitiva. Por lo expuesto y fundado; se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva. Notifíquese. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Carlos Guzmán Rosas, Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido del Secretario Daniel Sánchez Ramírez, que autoriza y da fe. Doy fe.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 13,489 expedientes
- María Juana Rodríguez Corona79/2016
- María Juana Romero1064/2019
- María Justina Zamora Romero561/2018
- Maria Karime Quintero Saad1144/2015
- María Laniado Saade132/2022
- María Laura Muñoz Sánchez350/2022
- María Leonor Ocampo Alvarado1047/2022
- María Leticia Benítez Ortiz388/2017
- María Lorena Morales Galván Duque966/2022
- María Lourdes Macias Quintanilla1540/2023
- María Lucía Hernández Cerón965/2014
- María Luisa Buenfil Mejía740/2019