María Laura Quintero Pacheco
Expediente 540/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 540/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- María Laura Quintero Pacheco
Actuaciones
- Principal
HA QUEDADO FIRME, el auto de catorce de mayo de dos mil veintiuno, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido.
- Principal
En virtud de no haberse presentado la promovente a notificarse personalmente del acuerdo de catorce de mayo del año en curso, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la sección de actuaria, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo aviso que se le dejó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27 fracción I, inciso c) y 29, de la Ley de Amparo, se le notifica por medio de lista que se fijó en los estrados del Juzgado y se publica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el acuerdo de referencia, que en lo conducente dice:CUMPLE PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito aclaratorio de demanda signado por *******, mediante el cual da cumplimiento a la prevención que se le hizo en proveído de veintinueve de abril de dos mil veintiuno. DESECHAMIENTO ANÁLISIS DE ACTUALIZACIÓN DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Del mencionado precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de amparo sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1. Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2. Que este motivo sea manifiesto e indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, aclaratorio o de ampliación cuando los haya, y de los documentos que se anexen a tales promociones, y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto se cita la jurisprudencia del entonces Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.". En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Dichos preceptos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del ordinal 17 transcrito se advierte que, por regla general, el término para promover el juicio de amparo es de quince días; sin embargo, existen ciertas salvedades en casos específicos: a) Treinta días, para impugnar una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición; b) Ocho años, al inconformarse contra sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; c) Siete años, si se trata de actos que tenga o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y, d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales. Mientras que, del artículo 18 de la Ley de la Materia, se colige que para computar los términos a que se constriñe el artículo 17 de la propia Ley, para la presentación de la demanda, prevé tres supuestos: 1) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acto que reclame; 2) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos, o de su ejecución; y, 3) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos; Lo anterior, salvo el caso de la fracción I, del numeral 17 en cita, en el que se computará a partir del día de entrada en vigor de la ley que se impugne. En efecto, dada la finalidad del juicio de amparo como medio extraordinario que tutela derechos fundamentales, queda sujeto al principio de preclusión que consiste en ejercer la acción de amparo, en el caso, dentro del plazo de quince días a partir de que el quejoso tiene conocimiento, surte efectos la notificación o se ostenta sabedor del acto reclamado que aduce le causa perjuicio. Bajo tales premisas, es inconcuso que uno de los presupuestos para acudir a la acción de amparo, es observar ineludiblemente los plazos fijados en la Ley de la Materia, pues de no hacerlo, el juicio resulta improcedente. En el caso, el acto reclamado se hace consistir sustancialmente en: - La desposesión y retención ilegal del vehículo marca Kenworth, tipo tráiler, modelo 2000, número de serie 2WKDD60X7YF509216, número de motor 11981732, con caja refrigerada marca Utiliti, modelo 2013, con número de serie 1UYVS25303M070613. Ahora, la parte quejosa en su escrito aclaratorio de demanda, manifestó bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: "[.] Que BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD la suscrita tuve conocimiento del acto reclamado el día 27 de octubre del año 2018, por conducto de mi esposo JUAN FRANCISCO URIARTE FELIPE de manera vía telefónica. (Véase tercer párrafo del capitulo de antecedentes de la demanda de amparo)." En relación a lo anterior se tiene, que el veintisiete de octubre de dos mil dieciocho, la parte promovente tuvo conocimiento del acto reclamado. Manifestación que constituye una confesión expresa que en términos del 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hace prueba plena en relación con el hecho concreto de la fecha en que tuvo conocimiento de la desposesión reclamada. Por lo que, si la demanda de amparo indirecto fue presentada en el Buzón de la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, es claro que lo hizo fuera del término para su presentación, a que se refiere el precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, ello, en relación a la fecha en que se advierte tuvo conocimiento del acto reclamado [veintisiete de octubre de dos mil dieciocho]. Lo anterior, pues el citado plazo habría iniciado el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho y, concluido el diecinueve de noviembre siguiente, descontando los días tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de noviembre de dos mil dieciocho por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el dos de noviembre de dos mil dieciocho, por declarase inhábil. De ahí que, como se dijo, al veintiséis de abril de este año, fecha en que fue presentada, es evidente que transcurrió en exceso el plazo para combatir el auto reclamado. Al respecto se cita, sólo en la idea jurídica y sustancialmente conducente, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En ese sentido, se cita además la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, que establece lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 21 de la Ley de Amparo contempla tres supuestos para fijar el término de quince días con que cuenta el quejoso para presentar la demanda de garantías; a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que reclame, conforme a la ley del acto; b) A partir del día siguiente a la fecha en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y c) A partir del día siguiente a la fecha en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Para el caso concreto del último supuesto, éste se actualiza, entre otras formas, cuando el agraviado presenta ante la autoridad responsable un escrito, sin fecha precisa, mediante el cual solicita se le tenga por notificado del acto que posteriormente reclama en amparo; sin que sea acertada la pretensión de que la manifestación de la voluntad así exteriorizada, sólo cobre eficacia hasta una vez que se dicta el proveído correspondiente a dicha petición. En ese tenor, no puede computarse a partir del proveído de referencia, el término correspondiente para la presentación de la demanda, aunado a que el supuesto que se estima actualizado, dispone que éste empieza a computarse a partir del día siguiente al en que la parte quejosa se haya ostentado sabedora del acto o, en su caso, el día en que aparece fechado tal ocurso, al ser ello lo que refleja la manifestación inequívoca de su parte, acerca del conocimiento pleno del acto, sin soslayarse que con tal manifestación, el propio interesado hizo a un lado los requisitos que debía reunir la notificación del acto conforme a la ley de la materia." Así como el criterio emitido por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone lo siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". Lo anterior, atendiendo además a que el acto reclamado que nos ocupa, no se encuentra en ninguno de los casos de excepción al plazo general que menciona el numeral 17 de la Ley de Amparo, en sus fracciones I, II, III y IV, pues no se reclama una norma general autoaplicativa o el proceso de extradición, actos que pudieran afectar derechos agrarios representando a una población ejidal o comunal, o actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación con los diversos numerales 17 y 18, de la citada ley, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, ante su manifiesta e indudable improcedencia. Ha de decirse que los criterios jurisprudenciales formados bajo la Ley de Amparo abrogada se invocan en términos del artículo sexto transitorio de la vigente.
- Principal
En virtud de no haberse presentado el promovente a notificarse personalmente del acuerdo de veintinueve de abril del año en curso, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la sección de actuaria, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo aviso que se le dejó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27 fracción I, inciso c) y 29, de la Ley de Amparo, se le notifica por medio de lista que se fijó en los estrados del Juzgado y se publica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el acuerdo de referencia, que en lo conducente dice:FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo signada por **************, por su propio derecho, a través de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Agente del Ministerio Público dela Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, con residencia en la Ciudad de México y otra autoridad. Fórmese el expediente 540/2021-II-B, tanto impreso como electrónico, de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PREVENCIÓN Con fundamento en el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el 108 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la parte promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, aclare y cumpla con lo siguiente: Único.- Manifieste la fecha y cómo tuvo conocimiento del acto reclamado consistente en la desposesión y retención ilegal del vehículo marca Kenworth, tipo tráiler, modelo 2000, número de serie 2WKDD60X7YF509216, número de motor 11981732, con caja refrigerada marca Utiliti, modelo 2013, con número de serie 1UYVS25303M070613. Lo anterior toda vez que la narrativa de los antecedentes resulta insuficiente, ya que solo señala que en octubre de dos mil dieciocho se llevó a cabo el aseguramiento del vehículo mencionado por personas que llevaban insignias en las ropas de FGR; sin embargo, no precisa la fecha exacta en que tuvo conocimiento de que las autoridades hoy señaladas como responsables ordenaron la retención del vehículo en cita. Al respecto se cita, en la idea jurídica y sustancialmente conducente, la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, página 1079, registro 2005636, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." En la inteligencia que deberá cumplir con la prevención que se le hace, por escrito, dentro del plazo señalado para tal efecto; APERCIBIDA que de no cumplir con lo señalado, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 del citado ordenamiento legal, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA. SOLICITUD DE COPIAS DE ESCRITO ACLARATORIO DE DEMANDA En el entendido que deberá allegar CINCO copias del escrito aclaratorio, para distribuirse de la siguiente manera: - Dos para las autoridades señaladas como responsables; - Dos para los incidentes de suspensión; y, - una más para para la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en esta ciudad, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia a **********, toda vez que a la fecha aparecen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, tal y como se advierte de la certificación de cuenta. Asimismo, se tienen por señalados el correo electrónico y el número telefónico que indica en el escrito que se provee, ello a efecto de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que resulten necesarias en este expediente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye a la Secretaria actuante para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. EXHORTOS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a las partes: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Ahora, no es óbice que la parte quejosa refiera violaciones al artículo 22 Constitucional en el escrito de demanda. Lo cierto es que no es el caso dar el trámite especial y urgente que prevé el artículo 15 de la Ley de Amparo; ello, al no advertirse que aquélla, al momento de presentar su demanda, sea objeto de alguno de los actos prohibidos por el precitado artículo 22, ni de los plasmados en el también referido artículo 15 de la Ley de la materia. Al respecto se cita, en la idea jurídica y sustancialmente conducente, la tesis VI.1o.A. 19 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 1458, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 179731, del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio".
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