Maria Landy Narvaez Sima
Expediente 2435/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2435/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Maria Landy Narvaez Sima
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, a once de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el veintiuno de enero de dos mil veintidós; con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos, fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de enero de dos mil veintidós. Agréguense a estos autos los informes justificados rendidos por el Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y la Actuaria de su adscripción, y anexo que adjunta dicho Presidente, referentes al expediente laboral 786/2021. Ahora bien, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente lo constituye la paralización por parte de la responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, consistente en la falta de admisión de la demanda inicial en el juicio 786/2021, del índice de la responsable y el respectivo emplazamiento a las partes. Ahora bien, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la falta de admisión de la demanda inicial en el juicio 786/2021, del índice de la responsable y el respectivo emplazamiento a la parte demandada, Universidad Autónoma de Yucatán. Ahora bien, de las constancias remitidas por la responsable en su informe justificado, mismas que integran este juicio de amparo, se desprende que mediante acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, admitió la demanda laboral, registrándola con el número 786/2021, así mismo, señaló el día DIECIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, A LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, prueba y resolución, y comisionó al Actuario para que corra traslado de dicha actuación a la parte quejosa, y para el emplazamiento de la parte demandada UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN, lo que realizó el dieciocho de enero del año en curso, previo citatorio. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la responsable inició el juicio laboral de origen y llevó a cabo las acciones necesarias para lograr el emplazamiento a la parte demandada, Universidad Autónoma de Yucatán, por lo que ha cesado la paralización atribuida a las mismas, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable de no admitir el juicio de origen, y emplazar a la parte demandada correspondiente, en el juicio de origen dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con el auto de inicio y el emplazamiento de la misma Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la paralización impugnada; sin embargo, tal como se ha señalado, la responsable dictó el auto de inicio en el juicio de origen, y realizó el emplazamiento a la demandada dentro del aludido juicio, de ahí, que han cesado los efectos de la aludida paralización. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para el día de hoy a las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el presente acuerdo día de su publicación, con la certificación secretarial respectiva en versión pública; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán; dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno.Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que ya obran los oficios signados por el Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, Actuario de su adscripción y por la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial del Yucatán, mismos que ya obran glosados a los presentes autos, con el cual informó lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria concesoria de amparo; y dado que mediante proveído de siete de diciembre del año en curso, se dio vista a las partes con los mismos, para que dentro del término de tres días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hayan hecho pronunciamiento alguno; por lo que al haber fenecido dicho plazo, este órgano judicial determinará si está cumplido o no el fallo protector. Consecuentemente, se procede a resolver si, de acuerdo con las constancias de autos, la invocada sentencia concesoria ha sido cumplida, o no; lo antes expuesto encuentra apoyo en lo establecido en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En este sentido, es importante asentar que por sentencia definitiva dictada el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la quejosa Leticia Solorio Rodríguez.Asimismo, por auto de veinticuatro de noviembre de los cursantes, causó ejecutoria la citada resolución, requiriendo a las responsables para que dieran cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. De manera que las autoridades responsables, estaban obligadas a acatar la resolución referida en los términos siguientes:"a). Deje insubsistente el embargo practicado mediante diligencia de cuatro de junio de dos mil quince, dentro del juicio ejecutivo mercantil 526/2015, promovido por Stephania Teresita Cárdenas Cervera, en contra del demandado Euán Rivero; pero únicamente sobre la parte alícuota del cincuenta por ciento que le corresponde a la quejosa Leticia Solorio Rodríguez, respecto del predio número ciento cincuenta y siete, letra "LL", de la calle veintiséis, letra "B", de la colonia Chuburná, de esta ciudad de Mérida, así como su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, únicamente por lo que respecta a la parte correspondiente de la quejosa. Es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis aislada VI.2o.C.2 C (10a.), visible en la página 1067, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del rubro siguiente: "AMPARO. EFECTOS DE LA SENTENCIA CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTA LOS DERECHOS DE COPROPIEDAD DE UN BIEN INMUEBLE EMBARGADO DENTRO DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL."Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución que se atribuyen a la Actuaria adscrita al órgano jurisdiccional de mérito y al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial del Estado de Yucatán, al no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia; pues en todo caso dichas autoridades deberán actuar en consecuencia a lo que le ordene la autoridad judicial señalada como responsable ordenadora."Así, de las constancias que obran en este sumario, las que tienen valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. Lo anterior en virtud de que mediante oficio signado por el Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, remitió las constancias conducentes e informó que en autos del juicio ejecutivo mercantil 526/2015, promovido por Stephania Teresita Cárdenas Cervera, en contra de quien en vida llevó el nombre de Eduardo Euán Rivero; el uno de diciembre del año en curso, dejó insubsistente el embargo judicial trabado pero únicamente sobre la parte alícuota del cincuenta por ciento que le corresponde a la quejosa Leticia Solorio Rodríguez, respecto del predio número ciento cincuenta y siete, letra "LL", de la calle veintiséis, letra "B", de la colonia Chuburná, de esta ciudad de Mérida, ordenando la cancelación de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, girando el oficio correspondiente a dicho registro público. Por lo cual la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial del Yucatán, el veintinueve de noviembre del año en curso con folio electrónico 573526 canceló el embargo inscrito sobre el predio en cuestión; asimismo, el actuario adscrito a dicho Juzgado Mercantil, se adhirió el cumplimiento dado por la autoridad responsable ordenadora.Por tanto, es evidente que las responsables, dieron cumplimiento con ello a la ejecutoria de marras, restituyendo a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales; motivo por el cual, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se determina que se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin exceso ni defectos.Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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