María L. Zaragoza C.

Expediente 1090/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1090/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
30/09/2021

Partes del expediente

  • María L. Zaragoza C.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Vistas las constancias que integran el presente expediente, así como la certificación de cuenta, de las que se advierte que no se interpuso medio de impugnación alguno en contra del proveído de dos de septiembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo, dentro del término a que se refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar; lo cual deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que exhibió en el presente asunto, en la inteligencia de que las que obran agregadas en original, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del citado Acuerdo General, se ponen a disposición de su oferente por el término de noventa días contado a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, en el local de este Juzgado a fin de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo dentro de dicho término, serán destruidas junto con las constancias que correspondan. Se instruye a la Secretaria encargada de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido de la secretaria Eliana Damián Gaspar, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Consideración previa. En términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado cuenta con un plazo de veinticuatro horas para resolver si desecha, previene o admite la demanda de amparo y en los casos de los artículos 15 y 20 de la Ley en comento, debe proveerse de inmediato. En ese sentido, como la demanda de cuenta fue recibida el veintisiete de agosto, el término de veinticuatro horas transcurrió a lo largo del día treinta siguiente. No obstante, se considera lo siguiente: a) Conforme a lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, la impartición de justicia debe ser pronta y expedita; pero también debe ser completa e imparcial, y este juzgador considera que merece mayor ponderación que la impartición de justicia se haga correctamente, que dentro del plazo legal de veinticuatro horas, si ello conlleva una deficiencia en el desempeño de dicho servicio público. b) Conforme a lo dispuesto en el artículo 4º constitucional, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y una serie indefinida de jornadas extenuantes de trabajo no cumplen con los extremos de ese derecho fundamental. c) En el artículo 14, fracciones III y IV; y 15 del Acuerdo General 21/2020, se determinó que en los órganos jurisdiccionales se deberá procurar que labore presencialmente la menor cantidad de personas, sin que en ningún momento pueda estar presente en forma simultánea más del 30% del personal y que deberá privilegiarse el trabajo a distancia; y conforme al calendario vigente, el horario presencial laboral de este juzgado será de las 10:00 am a 16:00 p.m. d) Desde el mes de julio de dos mil veintiuno, se ha presentado un gran número de demandas y promociones en este juzgado y se ha enfrentado una excesiva carga de trabajo para proveer sobre la admisión de demandas de amparo, máxime que durante la semana comprendida del trece al diecinueve de julio de la citada anualidad, este órgano jurisdiccional se encontró de turno para recibir y dar seguimiento a las demandas de carácter urgente que se presenten fuera del horario de la Oficialía de Partes Común. En consecuencia, con fundamento en los artículos 4 y 17 Constitucionales, en relación con el Acuerdo General 21/2020, este órgano jurisdiccional emite el presente acuerdo hasta el día de hoy. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por **************, por propio de derecho, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, División Comercial Valle de México Centro, Responsable de Procesos Comerciales Zona Zócalo. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1090/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por ****************, ya que se actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta. 3 Para tal efecto, conviene puntualizar que del análisis integral del escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados, los siguientes: . Sirve de apoyo a lo anterior, lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Fundamento de la presente determinación. Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, segundo párrafo, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad a las que se hace referencia en el escrito inicial de demanda, no tienen el carácter de autoridades responsables en relación con los actos que les fueron atribuidos, porque el corte de suministro de energía eléctrica por falta de pago, no pueden equipararse a un acto de autoridad. Efectivamente, el concepto de autoridad responsable se debe fijar partiendo de la distinción entre actos de particulares y de autoridades en sentido formal. En este contexto, la autoridad para efectos del juicio de amparo debe ser un órgano del Estado, sea persona o funcionario, entidad o cuerpo colegiado, o incluso una persona de derecho privado, que por circunstancias de derecho o de hecho, establezca una relación de supra a subordinación con un particular, la cual tiene su nacimiento en una ley y que con motivo de ella, el ente aludido emite actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica del particular en comento, sin tener que acudir ante los órganos judiciales, ni requerir de autorización por parte del afectado. 5 Sobre el tema, en la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 164/2011, consultable en la página 1089, del tomo XXXIV, correspondiente a septiembre de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación, se pronunció sobre los elementos que se deben considerar para determinar si una autoridad a la que se atribuyen ciertos actos, en realidad, tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, criterio que si bien fue emitido a la luz de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, contiene consideraciones que resultan ilustrativas para el tema que nos ocupa, y que es del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Así, a fin de realizar una adecuada distinción de dichos actos, debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las relaciones de coordinación, corresponden a las entabladas entre particulares; para dirimir sus controversias, existen en la legislación procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, y dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre los que se destacan el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad, y por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Luego, para definir el concepto de autoridad responsable, debe analizarse si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación y debe partirse del supuesto de que en los actos de autoridad, la voluntad del emisor se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la 7 Constitución, así como de que el promovente debe tener el carácter de gobernado. Explicado lo anterior, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 5 de la ley de la materia, los particulares tendrán el carácter de autoridades responsables, cuando atendiendo al acto que se pretende impugnar o reclamar, ".realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". Al respecto, cabe precisar que los órganos del Poder Judicial de la Federación han determinado que son tres los requisitos que deben reunir los particulares para que puedan ser llamados como autoridades responsables en el juicio de amparo y son: 1. Que realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omitan actuar en determinado sentido; 2. Que afecten derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.13 K (10a.), consultable en la página 1887, del tomo II, libro 4, correspondiente a marzo de dos mil catorce, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro es: "PARTICULARES EN EL JUICIO DE AMPARO. CASOS EN QUE PUEDEN SER LLAMADOS COMO AUTORIDADES RESPONSABLES (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO)." En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que no se actualizan los requisitos de mérito para considerar a las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad a las que se hace referencia en el escrito inicial de demanda, como autoridades responsables en el presente asunto, porque se les reclaman actos que se relacionan con las prestaciones derivadas de la contratación del suministro básico de energía, empero existe jurisprudencia de carácter obligatorio en el sentido de que los derechos y obligaciones que derivan de dicha contratación, tienen origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se materializa en un contrato de adhesión, de ahí que el suministro como tal no se ejerza en un plano de supra a subordinación. En efecto, al calcular el precio de consumo en el recibo correspondiente, y en su caso, al suspender el servicio de energía eléctrica por falta de pago, la Comisión Federal de Electricidad, no actuó como autoridad ni como particular en funciones de autoridad, sino como particular al mantener una relación comercial con aquella, la cual se sujeta a la observancia de las disposiciones emitidas por la Comisión Reguladora de Energía. Sirve de apoyo a lo anterior, lo dispuesto en las jurisprudencias 2a./J.30/2018 (10a), 2a./J.156/2017 (10a) y 2a./J.35/2018 (10a), emitidas por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, publicadas en la Gaceta del Semanario de la Federación, Décima Época, de rubros siguientes: 9 "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA." "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL." "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LOS JUECES DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, SON COMPETENTES PARA CONOCER Y DECIDIR SOBRE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA SUS ACTOS." Por lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, segundo párrafo, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la propia ley, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo que nos ocupa, por lo que hace a los actos atribuidos a las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad a las que se hace referencia en el escrito inicial de demanda. Sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional, el contenido de la jurisprudencia 54/2012 (10a), visible en la página novecientos veintinueve, libro X, julio de 2012, tomo 2, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", toda vez que tal jurisprudencia no es aplicable al caso concreto, en tanto que fue emitida a la luz de la Ley de Amparo abrogada a partir del tres de abril de dos mil trece, no de la vigente actualmente. Máxime que ha sido criterio del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, que es viable examinar si un particular tiene el carácter de autoridad responsable desde el momento de admisión de la demanda de amparo, porque dada la excepcionalidad de ese tratamiento legal, es conveniente que no se someta al gobernado al juicio de amparo innecesariamente -con las cargas procesales en su contra que conlleva hacerlo- si desde el referido momento procesal es posible determinar que no es autoridad responsable. Al respecto, se cita la tesis I.2o.A.E.6 K (10a.), emitida por el referido Tribunal Colegiado, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo IV, página 4063, de rubro siguiente: "PARTICULAR SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO. DESDE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA DEBE DETERMINARSE SI LE ASISTE ESE CARÁCTER." Conclusión. Por consiguiente, en términos del artículo 113, así como de conformidad con lo establecido en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1° y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, 11 se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por *************, por su propio derecho, contra actos atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad, División Comercial Valle de México Centro, Responsable de Procesos Comerciales Zona Zócalo, determinación que se toma en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues como ya se dijo, los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio. Domicilio y autorizados. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta. De igual manera, ténganse como autorizados para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las diversas personas que menciona. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales, para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito.2 Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido de la secretaria Eliana Damián Gaspar secretaria, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Con fundamento en el Artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en citatorio de fecha tres de septiembre de dos mil veintiuno y por esta vía se notifica a la quejosa, la determinación de dos del mismo mes y año, cuyo texto es: "Ciudad de México, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Consideración previa. En términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado cuenta con un plazo de veinticuatro horas para resolver si desecha, previene o admite la demanda de amparo y en los casos de los artículos 15 y 20 de la Ley en comento, debe proveerse de inmediato. En ese sentido, como la demanda de cuenta fue recibida el veintisiete de agosto, el término de veinticuatro horas transcurrió a lo largo del día treinta siguiente. No obstante, se considera lo siguiente: a) Conforme a lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, la impartición de justicia debe ser pronta y expedita; pero también debe ser completa e imparcial, y este juzgador considera que merece mayor ponderación que la impartición de justicia se haga correctamente, que dentro del plazo legal de veinticuatro horas, si ello conlleva una deficiencia en el desempeño de dicho servicio público. b) Conforme a lo dispuesto en el artículo 4º constitucional, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y una serie indefinida de jornadas extenuantes de trabajo no cumplen con los extremos de ese derecho fundamental. c) En el artículo 14, fracciones III y IV; y 15 del Acuerdo General 21/2020, se determinó que en los órganos jurisdiccionales se deberá procurar que labore presencialmente la menor cantidad de personas, sin que en ningún momento pueda estar presente en forma simultánea más del 30% del personal y que deberá privilegiarse el trabajo a distancia; y conforme al calendario vigente, el horario presencial laboral de este juzgado será de las 10:00 am a 16:00 p.m. d) Desde el mes de julio de dos mil veintiuno, se ha presentado un gran número de demandas y promociones en este juzgado y se ha enfrentado una excesiva carga de trabajo para proveer sobre la admisión de demandas de amparo, máxime que durante la semana comprendida del trece al diecinueve de julio de la citada anualidad, este órgano jurisdiccional se encontró de turno para recibir y dar seguimiento a las demandas de carácter urgente que se presenten fuera del horario de la Oficialía de Partes Común. En consecuencia, con fundamento en los artículos 4 y 17 Constitucionales, en relación con el Acuerdo General 21/2020, este órgano jurisdiccional emite el presente acuerdo hasta el día de hoy. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por **************, por propio de derecho, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, División Comercial Valle de México Centro, Responsable de Procesos Comerciales Zona Zócalo. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1090/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por ****************, ya que se actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta. 3 Para tal efecto, conviene puntualizar que del análisis integral del escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados, los siguientes: . Sirve de apoyo a lo anterior, lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Fundamento de la presente determinación. Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, segundo párrafo, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad a las que se hace referencia en el escrito inicial de demanda, no tienen el carácter de autoridades responsables en relación con los actos que les fueron atribuidos, porque el corte de suministro de energía eléctrica por falta de pago, no pueden equipararse a un acto de autoridad. Efectivamente, el concepto de autoridad responsable se debe fijar partiendo de la distinción entre actos de particulares y de autoridades en sentido formal. En este contexto, la autoridad para efectos del juicio de amparo debe ser un órgano del Estado, sea persona o funcionario, entidad o cuerpo colegiado, o incluso una persona de derecho privado, que por circunstancias de derecho o de hecho, establezca una relación de supra a subordinación con un particular, la cual tiene su nacimiento en una ley y que con motivo de ella, el ente aludido emite actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica del particular en comento, sin tener que acudir ante los órganos judiciales, ni requerir de autorización por parte del afectado. 5 Sobre el tema, en la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 164/2011, consultable en la página 1089, del tomo XXXIV, correspondiente a septiembre de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación, se pronunció sobre los elementos que se deben considerar para determinar si una autoridad a la que se atribuyen ciertos actos, en realidad, tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, criterio que si bien fue emitido a la luz de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, contiene consideraciones que resultan ilustrativas para el tema que nos ocupa, y que es del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Así, a fin de realizar una adecuada distinción de dichos actos, debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las relaciones de coordinación, corresponden a las entabladas entre particulares; para dirimir sus controversias, existen en la legislación procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, y dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre los que se destacan el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad, y por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Luego, para definir el concepto de autoridad responsable, debe analizarse si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación y debe partirse del supuesto de que en los actos de autoridad, la voluntad del emisor se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la 7 Constitución, así como de que el promovente debe tener el carácter de gobernado. Explicado lo anterior, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 5 de la ley de la materia, los particulares tendrán el carácter de autoridades responsables, cuando atendiendo al acto que se pretende impugnar o reclamar, ".realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". Al respecto, cabe precisar que los órganos del Poder Judicial de la Federación han determinado que son tres los requisitos que deben reunir los particulares para que puedan ser llamados como autoridades responsables en el juicio de amparo y son: 1. Que realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omitan actuar en determinado sentido; 2. Que afecten derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.13 K (10a.), consultable en la página 1887, del tomo II, libro 4, correspondiente a marzo de dos mil catorce, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro es: "PARTICULARES EN EL JUICIO DE AMPARO. CASOS EN QUE PUEDEN SER LLAMADOS COMO AUTORIDADES RESPONSABLES (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO)." En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que no se actualizan los requisitos de mérito para considerar a las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad a las que se hace referencia en el escrito inicial de demanda, como autoridades responsables en el presente asunto, porque se les reclaman actos que se relacionan con las prestaciones derivadas de la contratación del suministro básico de energía, empero existe jurisprudencia de carácter obligatorio en el sentido de que los derechos y obligaciones que derivan de dicha contratación, tienen origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se materializa en un contrato de adhesión, de ahí que el suministro como tal no se ejerza en un plano de supra a subordinación. En efecto, al calcular el precio de consumo en el recibo correspondiente, y en su caso, al suspender el servicio de energía eléctrica por falta de pago, la Comisión Federal de Electricidad, no actuó como autoridad ni como particular en funciones de autoridad, sino como particular al mantener una relación comercial con aquella, la cual se sujeta a la observancia de las disposiciones emitidas por la Comisión Reguladora de Energía. Sirve de apoyo a lo anterior, lo dispuesto en las jurisprudencias 2a./J.30/2018 (10a), 2a./J.156/2017 (10a) y 2a./J.35/2018 (10a), emitidas por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, publicadas en la Gaceta del Semanario de la Federación, Décima Época, de rubros siguientes: 9 "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA." "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL." "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LOS JUECES DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, SON COMPETENTES PARA CONOCER Y DECIDIR SOBRE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA SUS ACTOS." Por lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, segundo párrafo, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la propia ley, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo que nos ocupa, por lo que hace a los actos atribuidos a las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad a las que se hace referencia en el escrito inicial de demanda. Sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional, el contenido de la jurisprudencia 54/2012 (10a), visible en la página novecientos veintinueve, libro X, julio de 2012, tomo 2, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", toda vez que tal jurisprudencia no es aplicable al caso concreto, en tanto que fue emitida a la luz de la Ley de Amparo abrogada a partir del tres de abril de dos mil trece, no de la vigente actualmente. Máxime que ha sido criterio del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, que es viable examinar si un particular tiene el carácter de autoridad responsable desde el momento de admisión de la demanda de amparo, porque dada la excepcionalidad de ese tratamiento legal, es conveniente que no se someta al gobernado al juicio de amparo innecesariamente -con las cargas procesales en su contra que conlleva hacerlo- si desde el referido momento procesal es posible determinar que no es autoridad responsable. Al respecto, se cita la tesis I.2o.A.E.6 K (10a.), emitida por el referido Tribunal Colegiado, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo IV, página 4063, de rubro siguiente: "PARTICULAR SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO. DESDE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA DEBE DETERMINARSE SI LE ASISTE ESE CARÁCTER." Conclusión. Por consiguiente, en términos del artículo 113, así como de conformidad con lo establecido en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1° y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, 11 se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por *************, por su propio derecho, contra actos atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad, División Comercial Valle de México Centro, Responsable de Procesos Comerciales Zona Zócalo, determinación que se toma en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues como ya se dijo, los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio. Domicilio y autorizados. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta. De igual manera, ténganse como autorizados para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las diversas personas que menciona. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales, para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito.2 Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido de la secretaria Eliana Damián Gaspar secretaria, que autoriza y da fe."

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