María Kimberly González Terrón
Expediente 141/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 141/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María Kimberly González Terrón
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que transcurrió el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido el auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, a través del cual se desechó la demanda de amparo con que se formó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 2º ibídem, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Bajo ese orden, se estima que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 8, Punto 2 relativo al 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente debe considerarse DESTRUIBLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el Artículo 21, inciso b) del citado acuerdo, pues se trata de un asunto en el que desechó la demanda de amparo. En tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere el primer párrafo del artículo 21 antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE A LA QUE SE LE DEJO AVISO, LA RESOLUCION QUE DICE: Visto el escrito de demanda signado electrónicamente por María Kimberly González Terron, contra la omisión reclamada al Juez Segundo de Primera Instancia con sede en Veracruz, Veracruz, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 8°, 14 y 17 Constitucionales; se provee: Con apoyo en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1°, 33, fracción IV, 35, 107, fracción V, 108 y 112 de la Ley de Amparo; fórmese juicio de amparo y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 141/2023-III, que es el que le correspondió. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe analizar ante todo el escrito inicial de demanda y que, en caso de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado. Además, el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, con independencia que las hayan invocado las partes, o no; dada su naturaleza de orden público y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza en el presente asunto. En el caso particular, el suscrito determina que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo Por tanto, el suscrito estima que la omisión reclamada no se trata de un acto dentro del procedimiento que deje a la parte quejosa sin defensa, ni que le cause un perjuicio irreparable con esa omisión, dado que no trasciende a la esfera jurídica de la promovente del amparo, por lo que no afecta de modo directo e inmediato sus derechos sustantivos. De la anterior jurisprudencia citada se advierte que el Pleno del Tribunal Constitucional del país, estableció lo siguiente sobre el tema de imposible reparación para efectos del juicio de amparo:a) Que a partir de la publicación de la Ley de Amparo vigente desde el tres de abril de dos mil trece, en su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al prever que por dichos actos se entienden: "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte... b) Para calificar a los actos como irreparables, éstos necesitarían: I). Producir afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y, II). Debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. c) El legislador secundario dispuso de dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente sean sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, pues depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. d) Con motivo de la nueva disposición no podía seguirse aplicando el criterio donde se reconocía que el juicio de amparo indirecto era procedente contra actos de imposible reparación que, aunque por ser una cuestión formal, no se tradujeran en una afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo; ello, porque conforme al citado precepto, uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen. Por tanto, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional como en el presente (o seguido en forma de juicio), aun cuando se aleguen violaciones, entre otros, al 17 constitucional, como la de proseguir en tiempo con el juicio en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino que debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetiva, pues no se trata de una violación autónoma al procedimiento, si no que se presenta justamente dentro de éste, en el cual la parte quejosa tiene el carácter de actora. De ahí que, en el contexto de la Ley de Amparo vigente, el acto reclamado relativo a la omisión por parte del Juez Segundo de Primera Instancia, en Veracruz, Veracruz, de pronunciarse respecto del escrito que presentó el día ocho de febrero de este año, mediante el cual exhibió planillas de liquidación de sentencia y solicitó que se continuara con la ejecución de la sentencia dictada dentro del expediente 1357/2021-II del índice de dicho órgano jurisdiccional, lo cual evidentemente se desarrolla dentro de un procedimiento jurisdiccional en el que figura como parte actora la quejosa, no puede estimarse de imposible reparación, pues no tiene como consecuencia la afectación a "derechos sustantivos", y ni la lesión que produce es de tipo "material", tal como lo exige la fracción V del artículo 107, de la Ley de Amparo, máxime que el suscrito no advierte que se trate de una dilación excesiva en pronunciarse sobre dicha petición, ya que ésta fue presentada el ocho de febrero de dos mil veintitrés, como lo aduce la quejosa en su demanda, bajo protesta de decir verdad y se advierte de la documental anexa a su demanda. Por tanto, se puede concluir que cuando los actos que se reclaman en un juicio de amparo no tienen una ejecución de imposible reparación, el juicio de amparo es improcedente de conformidad con la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la citada fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, interpretado éste último a contrario sentido. En esa tesitura, al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo, respecto de los actos reclamados por la parte promovente María Kimberly González Terron.
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