María Karla Roman Estrada

Expediente 633/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
633/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
09/09/2022

Partes del expediente

  • María Karla Roman Estrada

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; nueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Atenta a la certificación secretarial de cuenta y al estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de cuatro de agosto de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que no ampara ni protege a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la inteligencia de que con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del citado acuerdo general, se determina que el expediente principal es susceptible de depuración una vez que transcurra el término de tres años a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, con excepción del escrito inicial de demanda, en su caso, resoluciones recurridas, así como la sentencia definitiva y la ejecutoria correspondiente. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, dentro del término de noventa días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir del presente proveído, se procederá a su depuración y hecho que sea, habrá de solicitarse su transferencia a la dirección antes mencionada para su depósito. En otro orden, agréguese a los autos el escrito del Director de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipio "C", con el carácter de delegado de la Auditoria Superior de la Federación, mediante el cual, solicita se declare la firmeza de la sentencia; en atención a su solicitud, dígasele que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden. Finalmente, resulta innecesario que continúen en este órgano jurisdiccional las copias certificadas del procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias DGRRFEM/B/11/2020/15/617, que remitió la Auditoria Superior de la Federación, al rendir su informe justificado; por tanto, devuélvansele para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; nueve de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Se tiene por recibido el oficio firmado por el Director de Responsabilidades de los Recursos Federales en Estados y Municipios C, adscrito a la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estado y Municipios, mediante el cual proporciona el número de teléfono móvil y cuenta de correo electrónico, a fin de establecer el contacto respectivo en el presente sumario. En atención a lo anterior, se tiene a dicha parte procesal proporcionando correo electrónico y teléfono celular, para el único efecto de entablar comunicaciones no procesales, en caso de que este órgano jurisdiccional lo estime necesario, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese

  3. Principal

    R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a María Karla Román Estrada, contra actos reclamados de la Auditoria Superior de la Federación y otra autoridad, en virtud de los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese.

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; siete de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Se tiene por recibido el oficio firmado por el Secretario de este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por el que en cumplimiento a lo ordenado en la resolución de veintidós de junio de dos mil veintidós, dictada en el juicio de amparo 388/2022-II, en la que se decretó la separación de juicios, remite copia certificada de la demanda de amparo promovida por ************************, contra actos de la Auditoria Superior de la Federación, con sede en la Ciudad de México, y otra autoridad responsable. Por tanto, este juzgado federal se avoca a conocer de la demanda de amparo promovida contra el acto reclamado en punto número dos, consistente en: "La resolución de catorce de enero de dos mil veintidós, emitida en el procedimiento DGRRFEM/B/11/2020/15/617, por el Director General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estado y Municipio "B" adscrito a la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación, derivada del número de pliego PDR004/22, por los hechos ahí descritos, en que se le fincó a la quejosa una responsabilidad resarcitoria por el daño ocasionado a la Hacienda Pública Federal por un monto de $6,545,998.63 (seis millones quinientos cuarenta y cinco mil novecientos noventa y ocho pesos 63/100 moneda nacional), y los actos relativos a su ejecución consistente en el aseguramiento de cuentas bancarias. Regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 633/2022-I-A y fórmese de manera conjunta tanto el expediente electrónico como el expediente impreso debiendo coincidir en su integridad. Acúsese recibo. Sin tramitarse el incidente de suspensión del acto reclamado, en virtud de que ello ya se substanció en el juicio de amparo 388/2022-II del índice de este juzgado. De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, cítese a las partes para la audiencia constitucional, que deberá tener lugar a las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Sin que resulte necesario solicitar su informe justificado a las autoridades responsables, toda vez que ya obran en este sumario; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga; sin perjuicio de relacionarlos el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Debido al volumen de las constancias remitidas, se ordena formar un primer tomo de pruebas por separado, para su mejor manejo, los cuales estarán a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este juzgado cuando así lo soliciten. Ahora bien, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); se les apercibe que si las autoridades responsables señaladas no existen con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se les tendrá por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables; tomando en??????????? consideración que le corresponde al peticionario del amparo estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de la celeridad procesal. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional. Téngase como domicilio procesal de la parte quejosa el que indica en la demanda de amparo; y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo a Luis Alberto Nava Espinoza, Amado Cortés Guevara y David Salomón Gallardo Quiroz, toda vez que cuentan con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como Licenciados en Derecho, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a ******************, *******************y **************************, por no contar con tal requisito. Se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, en virtud de que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por las partes, y que estos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hubieren formulado, o bien, mientras el negocio no haya sido resuelto definitivamente. Ahora bien, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); se le apercibe que si las autoridades responsables señaladas no existen con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se les tendrá por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables; tomando en consideración que le corresponde al peticionario del amparo estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de la celeridad procesal. Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que deban llevarse a cabo en el presente juicio. Se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el expediente en que se actúa, así como la expedición de copias simples o certificadas de las actuaciones que integran este sumario, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial; sin embargo, en este punto, se hace del conocimiento de las partes que actualmente, los órganos jurisdiccionales Federales en este puerto de Acapulco, carecen de un centro de fotocopiado en el interior de las instalaciones que ocupa en Poder Judicial de la Federación; ello, no obstante que desde que esa circunstancia inició, han transcurrido varios meses; por tanto, a efecto de materializar la presente autorización, se les solicita que al momento de elevar su petición, proporcionen una cuenta de correo electrónico a fin de que les sean remitidas por personal de este juzgado en formato PDF. La demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes y/o Firma Electrónica (FESE - FIREL); en ese sentido y para otorgar esa autorización y acceso, las partes deberán solicitarlo por escrito y por única ocasión; lo anterior, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo. En caso que las partes exhiban documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Se hace saber a las partes que, el tres de agosto de dos mil veinte, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en el que se establecen los postulados al tenor de los cuales se regirá la actividad jurisdiccional durante el período del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte (directrices que fueron adoptadas y continúan vigentes en el diverso acuerdo 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con vigencia hasta el siete de agosto de dos mil veintidós), y se determinó expresamente que durante ese período, deberá procurarse que el desahogo de las diligencias, alegatos y audiencias se realicen utilizando las videoconferencias como regla general, sin menoscabo de los casos en los que, como suele ocurrir con las audiencias constitucionales o incidentales, pueden llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. Pues resulta claro que las partes pueden comparecer por escrito a las audiencias; lo anterior, siempre y cuando no existan pruebas que ameriten especial desahogo en el expediente en que se actúa, o se trate de alguno de los supuestos previstos en el segundo párrafo del numeral 124 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; y se les requiere para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que les surta efectos la notificación de este acuerdo, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. Asimismo, se reitera a las partes que los escritos que se presenten de manera electrónica deberán contar con la evidencia criptográfica a que se refieren los artículos 14 y 16 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente a partir del nueve de junio del año en curso, a fin de darles el mismo tratamiento que a las diversas presentadas en formato impreso con firma autógrafa. En consecuencia, las promociones o escritos que no cuenten con la citada evidencia criptográfica, deberán ser exhibidos de manera física, y podrán ser recibidos en las instalaciones que ocupa el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Acapulco, Guerrero, en un horario comprendido de las nueve a las catorce horas en la oficialía de partes común. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional y por oficio a las autoridades responsables.

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