María Julita González Díaz
Expediente 178/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 178/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- María Julita González Díaz
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a catorce de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del auto de dieciséis de marzo del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Asimismo, de autos se advierte que en el presente asunto no obran documentos de los catalogados como originales y no originales. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado del sello pertinente en la carátula del expediente. Devuélvase a la autoridad responsable la copia certificada deducida del expediente laboral 240/2013-A, misma que adjuntó al rendir su informe justificado, ordenándose el desglose de la misma de los presentes autos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Jesús Federico Rojas Pesquera, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Presidente y representante legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, al cual acompaña como anexo copia certificada de las constancias del expediente laboral 240/2013-A, de las que se advierte que el diez de marzo del año en curso, se dio contestación a las solicitudes presentadas por la aquí quejosa el uno de febrero del presente año y que dieron origen al acto reclamado. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos y del escrito inicial de demanda, así como de las constancias que remitió la responsable como justificación a su informe justificado, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado. Para sostener lo anterior, se precisa que por auto de veintiuno de febrero del año en curso, se tuvo a María Julita González Díaz, promoviendo demanda de amparo indirecto contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, de quien demandó la falta de ejecución de laudo emitido dentro del expediente laboral 240/2013-A, al no acordar su petición formulada en la diligencia de uno del citado mes y año, en la que solicitó se girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que indique el número de cuenta que se encuentre a nombre del Ayuntamiento Municipal de Zacatelco Tlaxcala, En esa línea, se tiene que, de las constancias que remitió la autoridad responsable a su informe justificado, se advierte que, el diez de marzo del año en curso, se emitió el auto por el cual se dio contestación a la solicitud presentada por la aquí quejosa y que dio origen al acto reclamado, en el que se estableció que al haber sido omiso el Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, en efectuar el pago a que fue condenado en el laudo dictado en el expediente laboral de origen, le impuso una multa equivalente a siete veces el Valor de Unidad de Medidas y Actualización, a fin de vencer la contumacia del Ente Público. Asimismo, se ordenó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que en el término de diez días informe a la responsable las cuentas bancarias y saldos de las mismas, que se encuentren a nombre del Ayuntamiento de Zatelco, Tlaxcala, y por último se ordenó expedir a la parte quejosa copia certificada de la diligencia de uno de febrero de dos mil veintidós De ahí que, como se expuso han cesado los efectos del acto reclamado, esto es, se creó una situación jurídica tal como si nunca hubiese existido el acto reclamado, de tal manera que el acto que pretende combatir en su demanda de amparo, ya no le agravia, toda vez que sus efectos quedaron insubsistentes y se le restituyó en el derecho que estimó violado, razón por la que se actualiza la hipótesis normativa a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Con lo anterior, en virtud de que al haber reclamado la parte quejosa en su escrito de amparo la falta de ejecución de laudo emitido dentro del expediente laboral 240/2013-A, así como la dilación en el ordenamiento y emisión de los oficios y búsqueda solicitada. Y al haberse pronunciado la responsable el diez de marzo del año en curso, respecto a dicha ejecución de laudo y solicitudes realizadas, por el promovente del amparo, al imponer una multa al Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, por el incumpliendo del laudo dictado en el expediente laboral de origen y ordenar girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que en el término de diez días informe a la responsable las cuentas bancarias y saldos que tiene el indicado Ayuntamiento, asimismo, se expidió la copia solicitada de la diligencia de uno de febrero de dos mil veintidós; es por lo que se considera que han cesado los efectos del acto reclamado. De ahí que, al haberse interpretado la cesación de efectos como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica y la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la omisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Por todo lo anterior es que se considera que en la especie se actualiza la causal de improcedencia referida, al haber cesado en sus efectos el acto reclamado, lo que impone SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO respecto del acto reclamado con apoyo en lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que se fijaron las DIEZ HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional; sin embargo, dadas las consideraciones precisadas en el apartado que antecede, se hace del conocimiento de las partes que queda sin efectos la misma. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
***Apizaco, Tlaxcala, a tres de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ya transcurrió la vista de tres días concedida a la parte quejosa mediante acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintidós; y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. Del estudio de las constancias que integran este juicio, se advierte que por sentencia dictada el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, este juzgado concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Josué Octavio Rodríguez López, para el efecto de que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Especializada de Vehículos Robados y Recuperados, Región Norte, Adscrita al Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, realizara lo siguiente: "[.] para el efecto de que el Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Especializada de Vehículos Robados y Recuperados, Región Norte, Adscrita al Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, de inmediato proceda a remitir la indagatoria mencionada, se cerciore de que la misma fue recibida por su destinatario, y le dé seguimiento hasta que obtenga una respuesta de la misma." Por acuerdos de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno y nueve de febrero de dos mil veintidós, se tuvo al Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Especializada en Vehículos Robados y Recuperados, Región Norte, adscrita al Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, remitiendo los oficios 1913/2021 y 0174/2022, de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno y cuatro de febrero del año en curso, con los que manifestó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por lo que se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias que remitió la responsable, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que lo haya hecho. Ahora, de las constancias remitidas por la responsable encargada de dar cumplimiento al fallo protector, se advierte que dio cumplimiento a lo ordenado en la sentencia dictada en este juicio, puesto que realizó lo siguiente: Remitió el original de la carpeta de investigación A.H.UIERVTC-N/365/2017, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato; asimismo, se le dejó a su disposición el motor número 2M090180E. Asimismo, previa llamada telefónica, misma que se encuentra debidamente autentificada, acredita que dicha carpeta de investigación, fue recibida en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato, por así habérselo indicado la encargada de la Oficialía de Partes de dicha Fiscalía, misma que fue remitida a la Fiscalía Regional "A" de León Guanajuato, la cual fue asignada al Jefe de la Unidad Especializada en Investigación en la Investigación de Delitos Patrimoniales II, de la Fiscalía Regional "A", con sede en León, Guanajuato, y al entablar comunicación vía telefónica con el representante social de la citada Fiscalía, fue informado que derivado de la remisión de la inicial carpeta de investigación, se inició la similar 114342/2020 de su índice. Con lo anterior se evidencia que la responsable remitió la indagatoria mencionada, se cercioró de que la misma fue recibida por su destinatario, y le dio seguimiento hasta que obtuvo una respuesta de la misma, esto es, constató a qué fiscalía fue asignada y el número con el cual se inició diversa carpeta de investigación; lo anterior, siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia definitiva emitida dentro el presente juicio; por lo anterior, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II de Ley de Amparo. Por tanto, toda vez que la sentencia de amparo se declaró cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este juicio como concluido. Gírese oficio a la responsable que tuvo el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General Sin Número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es susceptible de depuración. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, realizará la depuración correspondiente y concluida la misma solicítese la transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Toda vez que en razón de las condiciones de trabajo que imperan con motivo de la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-COV, los secretarios encargados del trámite de los asuntos trabajan con el expediente electrónico, a fin de garantizar la coincidencia entre el expediente físico y electrónico en términos de lo establecido en el quinto párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los secretarios que trabajan en la integración de los expedientes físicos, que verifique y certifique esta situación, de lo que deberá quedar constancia en autos. En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza al Secretario de Juzgado encargado de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y por oficio o correo electrónico a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Apizaco, Tlaxcala, a once de febrero de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por el Director de Notarias y Registros Públicos del Estado, mediante el cual informa la imposibilidad que tiene para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en ese sentido, dese vista a la parte quejosa, por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal federal, resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el presente expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo del dos mil, a fojas 243, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98 DE ESTA SEGUNDA SALA)". Finalmente, con el fin de no seguir retardando el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, ya que es de orden público, se comisiona al actuario judicial para que se constituya en el Ejido de San Lorenzo Soltepec, Municipio de Tlaxco, Tlaxcala, ante el Presidente del Comisariado Ejidal y le notifique de manera personal el presente proveído; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio para recibir notificaciones y al Presidente del Comisariado Ejidal del Ejido de San Lorenzo Soltepec, Municipio de Tlaxco, Tlaxcala. ***
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