María Julia Bustillo Acosta

Expediente 293/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
293/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
04/07/2022

Partes del expediente

  • María Julia Bustillo Acosta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de cuenta, firmado por Laurencia Magadan Salazar, autorizada de la parte quejosa mediante el cual solicita se le expida copia certificada de las constancias relativas a la determinación del Tribunal Colegiado relativo al recurso de queja, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídase copia certificada de las documentales que refiere; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, se hace de su conocimiento que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su más estricta responsabilidad. Para lo anterior, se le informa al promovente que el presente juicio de amparo lo podrá consultar dentro de este juzgado federal, toda vez que, a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositió en el que se encuentra el sistema "Agenda OJ", y por medio del cual podrá generar una cita para su consulta; asimismo, dicho sistema tiene un proceso automatizado que le otorgará un Código QR, que le permitirá el ingreso al órgano jurisdiccional y podrá recibir información relativa a las copias certificadas que solicita. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el razonamiento actuarial, signado por la Actuaria adscrita a este Juzgado Federal, mediante el cual hace constar la imposibilidad que tuvo de notificar personalmente a la parte quejosa, así como a sus autorizados las determinaciones que precisa, por el motivo que ahí expone. En consecuencia, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena hacer del conocimiento de dicha parte, las determinaciones a que alude la fedataria adscrita y subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista; sin perjuicio de que con posterioridad señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA LAS SIGUENTES DETERMINACIONES: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de mayo de dos mil veintiuno, ante el secretario de guardia de este Juzgado de Distrito, Juana Pedroza Quiroz solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Fiscal, Fiscalía Especializada en Robos de la Fiscalía Metropolitana, Director General de Procesos Penales de la Fiscalía General Metropolitana, Agente del Minsiterio Público adscrito a Turno Sector Central, Coordinador General de la Policía de Investigación Criminal del Estado de Morelos, todos de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Acto reclamado. "La suscripción de la orden de aprehensión y/o comparecencia y/o citación y/o presentación y/o investigación, o cualquier otra que atente contra mi libertad personal." "El acceso a la carpeta de investigación SC01/5001/2020" SEGUNDO. El veinte de mayo de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 383/2020, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado." Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables la orden de aprehensión, comparecencia, citación, presentación o investigación dictada en su contra. Sin que en el caso sea dable tener como acto reclamado destacado, el "acceso a la carpeta de investigación", puesto que en todo caso, dicha cuestión sería una pretensión que buscare obtener el quejoso con una eventual concesión de amparo, situación que pudiera ser materia de análisis. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Inexistencia del acto reclamado. Así, se tiene que las autoridades responsables, negaron los actos que el quejoso reclama en su contra (con excepción del Agente del Ministerio Público adscrito al turno Sector Central, con relación a la orden de investigación). En ese sentido, a criterio de este órgano jurisdiccional, lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente juicio, en términos del numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;...". (Énfasis añadido) Del artículo anterior se desprende que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de autos se apareciere que no existe el acto reclamado; circunstancia que acontece en el presente caso. Lo anterior se estima así, toda vez que las autoridades responsables negaron los actos que se les reclaman, por lo que, contrario a lo expresado por el impetrante de amparo, se aprecia que no se emitió acto que le depare perjuicio alguno. En consecuencia, ante la negativa de las responsables respecto a la emisión del acto que se le atribuyó, correspondía a la quejosa la carga procesal de desvirtuar esa negativa; no obstante, aún y cuando se dio vista con los informes de las autoridades para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, fue omiso en hacer uso de ese derecho. Por lo anteriormente expuesto, a criterio de este juzgador, lo procedente es sobreseer el juicio de amparo promovido por Juana Pedroza Quiroz. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado en la jurisprudencia número VI. 2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, pag. 627, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Del mismo modo, refuerza las anteriores consideraciones, el criterio sustentado por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DEL.- Cuando la autoridad señalada como responsable niegue en su informe justificado el acto que le atribuye el quejoso, éste tiene la carga procesal de desvirtuar esa negativa, y si no lo hace, resulta claro que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo procede el sobreseimiento". Acto reclamado existente. Es cierto el acto atribuido a la autoridad responsable denominada Agente del Ministerio Público adscrito al turno Sector Central-Juicios Orales de la Unidad de Atención Temprana, en razón de que aceptó la existencia de la orden de investigación en contra del aquí quejoso, derivada de la carpeta de investigación SC/01/5001/2020, por la probable comisión del delito de robo, amenazas y lo que resulte, lo que se corrobora con diversas constancias que acompañó a su informe justificado, con las cuales se conformó un cuaderno de sigilo y que se tienen a la vista, documentales que por ser de carácter público gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia y en consecuencia el sobreseimiento a que se refieren las fracciones XXI, del artículo 61, y 63, fracción V de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". De la trascripción se colige que el juicio biinstancial es improcedente cuando los actos reclamados no afectan los intereses jurídicos y legítimos de las partes; asimismo, se advierte que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante su tramitación sobreviene alguna causal de improcedencia prevista en la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues a ninguna finalidad práctica llevaría el ejercicio constitucional cuando el acto que reclama el impetrante en esta sede no le cause perjuicio alguno. En el presente caso, se estima que se actualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que a criterio de este juzgador, la orden de investigación girada por la Agente del Ministerio Público adscrito al turno Sector Central-Juicios Orales de la Unidad de Atención Temprana, dentro de la carpeta de investigación SC/01/5001/2020, no afecta directamente la esfera jurídica del quejoso. En efecto, el artículo 5° de la Ley de Amparo prevé que el quejoso tiene ese carácter cuando aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que la norma, acto u omisión reclamada afecte de manera real y actual su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en razón de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, en el presente caso, para acreditar el interés jurídico del quejoso respecto de la orden de investigación que reclama, se requiere la existencia del perjuicio de un derecho subjetivo del cual es titular, de forma que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto que se reclama. Es este principio el que inspira la noción de "interés jurídico", el cual constituye el requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, que está conformado en primer lugar por la existencia de un derecho legítimamente tutelado y, por otra, del perjuicio que el acto reclamado le ocasione a tal derecho. Así pues, hay "interés jurídico" cuando se cuenta con un derecho derivado de alguna disposición legal a exigir de la autoridad una conducta determinada, sea de acción u omisión, es decir, que el interés jurídico reputado como un derecho reconocido por la ley no es sino lo que la doctrina jurídica reconoce con el nombre de derecho subjetivo, o lo que es lo mismo, la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. Más aún, debe decirse que, para que la acción constitucional proceda no basta que exista el acto reclamado, sino que se requiere que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos tutelados, siendo necesario que tal interés descanse en un derecho reconocido por la ley. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el quejoso reclama la orden de investigación emitida por la Agente del Ministerio Público adscrito al turno Sector Central-Juicios Orales de la Unidad de Atención Temprana, dentro de la carpeta de investigación SC/01/5001/2020, por la probable comisión del delito de robo, amenazas y lo que resulte.. Sin embargo, lo anterior no irroga perjuicio al quejoso dado que la autoridad responsable, al efectuar actos de investigación en la referida carpeta, actúa en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 constitucional en su texto vigente a partir del dieciocho de junio de dos mil ocho y en los numerales 127, 212, y 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales que dicen: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo. 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial (.)". CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES "Artículo 127. Competencia del Ministerio Público. Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 212. Deber de investigación penal. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 213. Objeto de la investigación. La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño." Del texto constitucional se desprende que el Ministerio Público conducirá la investigación de los delitos y coordinará a la Policía. Por su parte, del código procesal transcrito se desprende que la investigación penal estará orientada a explorar las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, y la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión; por su parte, tendrá como objeto que la autoridad investigadora reúna los indicios y demás datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal. En ese contexto normativo, es dable afirmar que las actuaciones encaminadas a la integración de la carpeta de investigación no causan daño al gobernado, por ser de orden público, ya que se está en presencia de derecho social, pues como se advirtió en líneas precedentes, al Ministerio Público le asiste el deber de investigar cuando tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señala como delito; investigación que estará orientada para el esclarecimiento de los hechos que la ley contemple como delito, y la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión, para así sustentar la procedencia de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. Por tanto el perjuicio personal y directo para el quejoso solo se materializaría en caso de que el ministerio público, atento al sistema penal acusatorio que rige el acto reclamado, formulara acusación en su contra ante el juez de control y ese juzgador se pronuncie en el sentido de vincular a proceso al imputado. Máxime que el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, está exenta de cualquier acción tendente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, debido a que los actos realizados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, ya que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Considerar lo contrario respecto de que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, obstaculizaría injustificadamente la potestad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En consecuencia, los actos de investigación efectuados por la Agente del Ministerio Público adscrito al turno Sector Central-Juicios Orales de la Unidad de Atención Temprana, dentro de la carpeta de investigación SC/01/5001/2020, es un deber constitucional que tiene la autoridad responsable, dado que ello, si es que procede, resulta necesario para el ejercicio de la acción penal, la formulación de la imputación, y en su momento, la vinculación a un proceso, lo que hace indispensable que primero se recaben elementos suficientes para justificar, racionalmente, la presentación del imputado ante el Juez de control. Siendo destacable que tales actos no causan un perjuicio personal y directo en contra del quejoso. Tiene aplicación por analogía, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto indican: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." Por tanto, respecto de la orden de investigación reclamada a la Agente del Ministerio Público adscrito al turno Sector Central-Juicios Orales de la Unidad de Atención Temprana, dentro de la carpeta de investigación SC/01/5001/2020, se sobresee en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente fundado y expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO.- Se sobresee en el juicio de amparo Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy once de junio de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe. Cuernavaca, Morelos, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que el once de junio de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia definitiva en el presente asunto; omitiéndose notificar a las autoridades responsables y a la parte quejosa; por tal motivo, con fundamento en el artículo 58, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, se regulariza el procedimiento y se ordena girar el oficio a las autoridades responsables adjuntándoles copia de la sentencia dictada. Por otra parte, instrúyase al Actuario adscrito para que a la brevedad notifique a la parte quejosa y verifique que dentro del expediente electrónico se encuentren debidamente vinculadas las notificaciones correspondientes, esto, para estar en condiciones de continuar con la secuela procesal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial Adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual transcribe la literalidad del proveído de veintiuno de abril de dos mil veintidós, dictado en el toca 122/2022, en el que informa que se admite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa; atento a lo anterior, se toma del conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, con fundamento en el artículo 26, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a contrario sensu, se pone a disposición del Tribunal Colegiado de referencia, la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo 293/2022, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese sentido se instruye al Oficial Judicial "A", para que realice las gestiones necesarias en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y se permita la consulta correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial con que se da cuenta; en términos de lo dispuesto en los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito de cuenta, signado por la quejosa María Julia Bustillo Acosta, albacea de la Sucesión Testamentaria a Bienes de Javier Palazuelos Cinta, mediante el cual refiere interponer recurso de queja en contra del acuerdo que desechó la presente demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a), se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de queja en contra de la determinación de nueve de marzo del año en curso, por el que se desechó la presente demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 101, de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimoctavo Circuito, el original del escrito de agravios por el que interpone la parte quejosa recurso de queja, el informe sobre la materia de la queja y constancias necesarias para resolver lo conducente. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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