Maria Judith Rosas Chavez

Expediente 1342/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1342/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Maria Judith Rosas Chavez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese los presentes autos el acta de ratificación de firma de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés mediante la cual ratifica la firma del escrito aclaratorio de demanda de fecha dieciséis de noviembre pasado y con la demanda, promovida por -, por propio derecho, contra actos del Presidente de la Republica y otras autoridades; en consecuencia, provéase dicho ocurso. En consecuencia, agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por -, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en proveído de dieciséis de octubre del año en curso, sin que dé cabal cumplimiento a la misma en específico a la prevención formulada en los incisos b) y d); por lo que, subsiste la prevención decretada en autos y con el mismo apercibimiento, la cual deberá desahogar dentro del término de cinco días contados a partir de la notificación del presente proveído, ello en virtud de que se encuentra surtiendo efectos la notificación realizada de la prevención contenida en auto dieciséis de octubre de los actuales, por lo que, deberá cumplir cabalmente la prevención formulada. En consecuencia, requiérasele nuevamente para que bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo anteriormente precisado, en el entendido de subsiste el apercibimiento decretado en autos. En el entendido, que el plazo de cinco días concedido en el auto de prevención, se interrumpe, reanudándose hasta el día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique del presente proveído. Lo anterior, y por identidad de razón tiene sustento a lo anterior, la tesis número III.2o.A.38 K, localizable en la página 1323, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY RELATIVA SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA.". Finalmente, agréguese a los presentes autos el escrito signado por la quejosa, mediante el cual señala nuevo domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones en el presente juicio; en consecuencia téngase por señalado domicilio y autorizados en el presente jucio. Notifíquese personalmente a la quejosa.

  2. Principal

    Morelia, Michoacan, a diecisiete de noviembre de dos mil veintitres. Como según constancia secretarial que antecede, en auto de once de agosto último, se tuvo a la autoridad responsable, Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por informando de las gestiones realizadas ante el Ayuntamiento de Cuitzeo, Michoacán, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria decretada en autos, sin que a esta data hayan informado respecto a ello. De tal forma, es necesario exponer los siguientes hechos: Como de la propia constancia secretarial de cuenta, se desprende, que de una consulta a la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se localizó la ejecutoria emitida por la Primera Sala, el veinte de enero de dos mil dieciséis, en el incidente de inejecución de sentencia 227/2015, localizable en el vínculo electrónico https://www.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspxAsuntoID=181601, en la que analizó lo relativo a si se agotó correctamente el procedimiento de ejecución de sentencia en un juicio de amparo del índice del homólogo adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, por el que se concedió el Amparo y protección de la Justicia de la Unión, en lo que aquí interesa, para que la autoridad laboral realizara las gestiones necesarias a fin de que, a la brevedad posible, el Ayuntamiento del municipio de Angangueo, Michoacán, diera cumplimiento al laudo dictado; asimismo, que en tal ejecutoria, se ordenó la reposición del procedimiento de ejecución a efecto de requerir sólo a las autoridades vinculadas al cumplimiento; en ese sentido, se destacan los siguientes puntos de la ejecutoria: (.) 51. Al respecto, esta Primera Sala considera que, en el caso concreto, no se siguió adecuadamente el procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo, puesto que las autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector por el órgano colegiado, no son competentes ni están facultadas para hacerlo en los términos en que se les requirió. 52. Se llega a dicha determinación, en virtud de que son los Ayuntamientos representados por los Presidentes Municipales quienes en conjunto con los Tesoreros, están facultados para, entre otras atribuciones y en el ámbito de sus competencias, programar y presupuestar los egresos públicos municipales; formular, integrar, aprobar y publicar un presupuesto de egresos en ese ámbito de gobierno, aprobando las partidas necesarias para solventar las obligaciones incurridas en ejercicios anteriores por el Municipio que corresponda. 53. En efecto, tales atribuciones, así como los ámbitos de competencia de las autoridades municipales antes aludidas, se encuentran contenidos en los artículos 111, 112, 114, 122 y 123, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 1º, Apartado B: Ámbito Municipal; 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32 y 33 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental de dicha entidad federativa; así como 1º, 2º, 11, 14, fracción I, 32, inciso c), fracciones I, IV y VIII, 49, fracción I, 55, fracciones III y V, y 56, fracciones I, II y III, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de referencia, los cuales son del tenor siguiente: (.) 55. En ese contexto, es inconcuso que los Ayuntamientos son autónomos respecto a la forma en cómo planean su presupuesto de egresos para atender el cumplimiento de sus obligaciones financieras, además de que están obligados a la entrega de recursos, fondos y aportaciones que reciben conforme a lo establecido en sus propios presupuestos. 56. De ahí que se considera que el Tribunal Colegiado no debió ordenar reponer el procedimiento de ejecución de sentencia a fin de que se vinculara a éste al Congreso estatal de Michoacán, puesto que su actuación sólo se constriñe en revisar y fiscalizar la cuenta pública de los Ayuntamientos, y no así la de programar partidas y realizar modificaciones presupuestarias. 57. La misma determinación se hace extensiva a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, puesto que no tiene facultades para disponer de partidas que corresponden a los Municipios de conformidad con el presupuesto de egresos de la entidad federativa mencionada. 58. En cambio, como ya quedó normativamente evidenciado, es al titular de la Tesorería Municipal de Angangueo en el Estado de Michoacán, a quien se le debe vincular a efecto de dar cumplimiento al fallo protector, ya que dicho servidor público es el encargado de presentar el presupuesto de egresos municipal al Ayuntamiento, realizar las erogaciones a cargo del presupuesto de éste, y de controlar los recursos financieros del Municipio, como deriva de lo previsto en los preceptos antes transcritos. 59. Además, debe precisarse que aun cuando el Ayuntamiento tiene relevantes atribuciones en relación con el funcionamiento de la Hacienda Pública Municipal, es importante tomar en cuenta que por mandato normativo el jefe de la Administración Pública Municipal es el Presidente Municipal, y que éste cuenta con la dependencia denominada Tesorería Municipal, la cual al tenor de lo previsto en el artículo 55 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, está subordinada al propio Presidente. 60. Por consiguiente, el marco jurídico aplicable permite concluir que el superior jerárquico inmediato del titular de la Tesorería Municipal de Angangueo en el Estado de Michoacán, es el Presidente Municipal de esa demarcación, a quien, a fin de lograr un eficaz cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no sólo se le debe requerir en su calidad de representante del Ayuntamiento del Municipio referido, el acatamiento del fallo protector, sino también como superior jerárquico del Tesorero Municipal, para el mismo efecto. 61. Esto último, porque de las actuaciones en el procedimiento de ejecución de sentencia se advierte que se requirió al Ayuntamiento de manera abstracta, sin individualizar al servidor público que lo representa, esto es el Presidente Municipal. (.) 70. Por tanto, la juez federal deberá requerir directa y concretamente al servidor público que ocupe el cargo correspondiente. 71. Segunda cuestión: ¿Procede regularizar el procedimiento de ejecución del fallo protector? 72. En virtud de las conclusiones hasta aquí alcanzadas, dicha interrogante debe contestarse en sentido positivo, ya que al ser el procedimiento de ejecución de sentencias de orden público, esta Primera Sala considera que deben devolverse los autos al Juzgado de Distrito para que su titular regularice el procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo, requiriendo para su total cumplimiento, tanto a la autoridad responsable que es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, por conducto de su Presidente, como a las autoridades vinculadas, esto es, al Ayuntamiento de Angangueo de la misma entidad federativa, a través del Presidente Municipal; al Tesorero del Municipio de Angangueo, así como al Presidente Municipal en calidad de superior jerárquico de este último. (.). Lo que constituye un hecho notorio para este Juzgado Federal, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2°, al tratarse de una resolución emitida por nuestro Máximo Tribunal Constitucional; por su principio rector, se cita la Jurisprudencia de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de las Nación, de rubro: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO., con número de registro 394221. Ahora bien, en el marco jurídico estatal, respecto a la planeación hacendaria del presupuesto de los municipios se obtiene lo siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Artículo 60.- Las facultades y obligaciones del Gobernador son: (.) VIII.- Presentar cada año al Congreso, a más tardar el treinta de abril, la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal correspondiente al ejercicio fiscal próximo anterior, sólo se podrá ampliar el plazo de presentación hasta por treinta días naturales cuando medie solicitud del Gobernador, suficientemente justificada a juicio del Congreso; y a más tardar el veintiuno de noviembre las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos para el año siguiente; (.). LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. ARTÍCULO 2°. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: (.) II. Auditoría: La Auditoría Superior de Michoacán; (.) APARTADO B: ÁMBITO MUNICIPAL. (.) ARTÍCULO 24. El Presupuesto de Egresos Municipal, es el que apruebe el Ayuntamiento, para costear, durante el periodo de un año calendario, las actividades, las obras y los servicios públicos, previstos en los programas institucionales y especiales de los Municipios que en el presupuesto se señalen tomando como base el monto total estimado en la Ley de Ingresos que apruebe el Congreso; observando lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas y lineamientos del CONAC. ARTÍCULO 26. Las tesorerías municipales dictarán las disposiciones a que se sujetarán las Dependencias y Entidades de la administración pública municipal, en la elaboración de los proyectos de presupuestos necesarios para el financiamiento de sus programas. Los programas municipales que contengan nuevos proyectos, fortalecimiento de acciones y todos los de inversión, se deberán someter a la aprobación del Ayuntamiento. Los demás programas deberán contar con la aprobación del titular de la Dependencia y tratándose de entidades paramunicipales, de su órgano de gobierno. (.) ARTÍCULO 31 Bis. Los recursos para cubrir los adeudos del ejercicio fiscal anterior, previstos en el proyecto de Presupuesto de Egresos, podrán ser hasta por el 2.5 por ciento de los Ingresos totales del Municipio de que se trate. ARTÍCULO 32. Los presupuestos de los municipios, serán aprobados por los ayuntamientos, en el mes de diciembre del año anterior al del ejercicio fiscal de que se trate; previamente los de las entidades paramunicipales serán aprobados por sus órganos de gobierno. ARTÍCULO 33. El Presidente Municipal ordenará la publicación del Presupuesto de Egresos aprobado por el Ayuntamiento, las Plantillas de Personal, el Tabulador de Sueldos y las modificaciones de ellos, y las que se autoricen en el transcurso del año, en el Periódico Oficial, dentro de los tres días siguientes a los de su aprobación. Deberá enviarse a la Auditoría, un ejemplar para la vigilancia de su ejercicio, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su publicación. LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO ARTÍCULO 1°. El objeto de esta Ley es regular el Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán y sus municipios, así como establecer las bases de cálculo, montos, y plazos para la distribución de las Participaciones e Incentivos que en Ingresos Federales y Estatales y Fondos de Aportaciones Federales y Estatales, les corresponden a los municipios del Estado. ARTÍCULO 16. Las participaciones que correspondan a los municipios serán cubiertas en efectivo, no en obra, sin condicionamiento alguno, serán inembargables; no podrán afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo aquellas que correspondan al Fondo General, Fondo de Fomento Municipal, e Impuesto a la Venta de Gasolinas y Diésel referidas en el artículo 3° de esta Ley, las que podrán ser afectadas en garantía como fuente de pago de obligaciones contraídas por los municipios y sus organismos descentralizados, previo Acuerdo de Cabildo del Ayuntamiento y autorización del Congreso del Estado, e inscritas en el Registro Público Único referido por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios a favor de la Federación, de las instituciones de crédito que operen en territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, así como a lo previsto por los artículos 18, 20, 21 y 23 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios. (.). ARTÍCULO 25. Las Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que reciban los Municipios, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria: (.). ARTÍCULO 26 BIS. Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, podrán afectarse como fuente de pago, garantía de pago o ambas, de Financiamientos u Obligaciones contratadas en términos de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, siempre y cuando se cuente con el Acuerdo del Ayuntamiento correspondiente y se cumpla con lo dispuesto para el efecto en los artículos 50 de la Ley de Coordinación Fiscal y 19, 20, 21 y 22 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios. Los financiamientos que den origen a las obligaciones a que hace referencia el párrafo anterior, únicamente podrán destinarse a los fines establecidos en el Artículo 25 de esta Ley. (.). ARTÍCULO 28. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los Municipios a través del Estado, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. (.). ARTÍCULO 35. Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran las autoridades estatales o municipales por el manejo o aplicación indebida de los recursos recibidos de los Fondos Federales señalados en este Capítulo, serán sancionados en los términos de los ordenamientos estatales y municipales correspondientes. De los preceptos transcritos, específicamente lo previsto en el numeral 24, de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, se observa que tratándose del ámbito municipal, el presupuesto de egresos municipal será el que apruebe el Ayuntamiento, para costear, durante el periodo de un año calendario, las actividades, obras y servicios públicos previstos en los programas institucionales y especiales, tomando como base el total estimado en la Ley de Ingresos que apruebe el Congreso. Por su parte, el ordinal 26, del mismo cuerpo normativo, dispone que las Tesorerías Municipales, dictaran las disposiciones a que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la administración pública municipal, en la elaboración de los proyectos de presupuestos necesarios para el financiamiento de sus programas. Que los recursos para cubrir los adeudos del ejercicio fiscal anterior, podrán ser de hasta el dos punto cinco por ciento, de los ingresos totales del municipio de que se trate -artículo 31 bis, del ordenamiento en consulta-. En ese contexto, el artículo 32, de la Ley en cita, prevé que los presupuestos de los municipios serán aprobados por los ayuntamientos en el mes de diciembre del año anterior al ejercicio fiscal de que se trate; y, en el diverso numeral 33, se precisa que el Presidente Municipal, ordenará la publicación del Presupuesto de Egresos, aprobado para el Ayuntamiento, en el Periódico Oficial, dentro de los tres días siguientes a los de su aprobación, y que se deberá enviar un ejemplar a la Auditoría Superior del Estado, dentro de los cinco días hábiles posteriores a su publicación para su vigilancia. Lo que evidencia, que tratándose del presupuesto municipal, los únicos intervinientes son el Presidente, Ayuntamiento y Tesorero Municipal, quienes deberán formular, integrar, aprobar y publicar, un presupuesto de egresos, en ese ámbito de gobierno, aprobando las partidas necesarias para solventar las obligaciones correspondientes. No obsta a lo anterior, la existencia de las participaciones e incentivos en Ingresos Federales y Estatales, así como los Fondos de Aportaciones Federales y Estatales que son entregados en efectivo a los municipios, acorde a lo previsto por la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán; empero, según se observa de los preceptos transcritos, su empleo se encuentra destinado para la satisfacción de los fines que prevé la propia Ley, acorde a los artículos 25 y 26 bis, de dicho ordenamiento (principalmente en cuestiones de infraestructura y atención de necesidades, directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes), de manera que no es jurídicamente viable, conminar a la responsable, a que se haga uso de tales recursos para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo en que se actúa. Por tanto, tomando en consideración lo expuesto, requiérase nuevamente a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; y en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo, se vincula al cumplimiento del fallo protector, al Tesorero Municipal, a la doctora -, Presidenta Municipal de Cuitzeo, Michoacán, al licenciado -, Síndico Municipal, al licenciado -, para que en el término de tres días, contados a partir del siguiente a aquél, en que reciban la notificación de este proveído, realicen lo siguiente: El Tribunal responsable con plenitud de jurisdicción, emita las resoluciones que correspondan, para lograr el efectivo cumplimiento de la ejecutoria, esto es, deberá hacer uso de las medidas de apremio que prevé la ley y las que estime necesarias para lograr su cumplimiento. El Tesorero Municipal, elabore el proyecto de presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2024, incluyendo el monto que requieren para dar cumplimiento de la obligación económica respecto al juicio de amparo en que se actúa. A la doctora -, Presidenta Municipal de Cuitzeo, Michoacán, licenciado -, Síndico Municipal, licenciado -, Secretario del Ayuntamiento, y a los Regidores - para que aprueben el presupuesto de egresos municipal, elaborado por el Tesorero De tal forma, acrediten con las documentales correspondientes, haber enviado al Director del Periódico Oficial, el presupuesto de egresos aprobado en el que se incluya lo anterior. En el entendido, que una vez que sea aprobado el presupuesto de egresos en diciembre de este año, el Tesorero municipal, deberá demostrar que se hizo el pago correspondiente a la parte quejosa. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá a cada uno de los funcionarios antes mencionados, multa de trescientas unidades de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, o en su defecto, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192 y 258 de la Ley de la Materia. Notifíquese.

  3. Principal

    Con esta fecha se notifica a la parte quejosa el auto de dieciseis de octubre de dos mil veintitrés, que dice: Morelia, Michoacan, dieciseis de octubre de dos mil veintitres. Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos del Presidente de la Republica y otras autoridades; regístrese como prevención en el libro de juicios de amparo que se lleva de control en este Juzgado con el número II-1342/2023-2, previo admitirla, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y, No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda [.]". Atendiendo a lo establecido en dicho precepto, y a fin de estar en condiciones de acordar lo conducente en atención al principio de seguridad jurídica que rige el juicio de amparo, procurando la celeridad en el procedimiento en términos del artículo 17 constitucional y, además, con fundamento en los numerales 108, fracción V, 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, precise lo siguiente: Bajo protesta de decir verdad y apercibido de la responsabilidad en que incurre en caso de manifestar hechos falsos, narre los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, de forma clara y cronológica o que sirven de fundamento a los conceptos de violación, lo cual deberá hacer bajo protesta de decir verdad, por ser éste un requisito formal establecido por la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo. Luego, deberá precisar qué acto le reclama a las autoridades Presidente de la Republica, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores e Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Asimismo precise el acto reclamado en la presente instancia a la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Ello toda vez que únicamente lo refiere como "LA RESOLUCION DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS EN LA CUAL SE ME NIEGA LA PENSION POR ORFANANDAD QUE ESTABLECE. EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DEL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. DE FECHA 29 DE JUNIO DE 1976", esto es, si es su deseo señalar como acto destacado la resolución de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Además, aclare el acto reclamado a la Dirección General del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, tomando en consideración que refiere la falta de aplicación del mensaje C. E. I. ordinario número 3097, de once de enero de dos mil dieciocho, sin especificar mayores datos. Finalmente, para que de su escrito aclaratorio, así como de demanda y anexos, acompañe las copias necesarias para correr traslado a todas las partes, debiendo tener en consideración que se necesita una para cada autoridad responsable, dos para los cuadernos incidentales y una para el Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado. En la inteligencia que dicha manifestación deberá hacerla bajo protesta de decir verdad la propia quejosa, toda vez que la misma corresponde a los hechos y abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, la que es necesario para evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, e imponer sanciones al quejoso que manifieste hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley de Amparo, que señala que cuando algún quejoso o su abogado autorizado o ambos, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirmen hechos falsos u omitan los que les consten, en relación con el acto reclamado, podrán ser acreedores a una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, por lo que adquieren con ello la responsabilidad que conlleva su manifestación, dadas las consecuencias legales que de dicha protesta pudieran derivarse. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 88/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA.- El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. Apoya a lo anterior, es de invocar por identidad de razón, la tesis 127/99, consultable en la página 32, del Tomo X, correspondiente al mes de noviembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas.". En la inteligencia que de no cumplir con las prevenciones formuladas, se procederá en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo y se tendrá por no presentada la demanda de garantías. También deberá exhibir tantas copias sean necesarias del escrito aclaratorio, dado que el mismo tiene el propósito de subsanar las omisiones anotadas por lo que no puede desvincularse y analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." También se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica o bien consultar el expediente electrónico, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato y solicitar expresamente la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este órgano jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la propia ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general aun en días y horas inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que, en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. Finalmente, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones y por autorizada para dicho efecto a la persona que alude. Notifíquese personalmente. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso C), de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Fiscal en cita, por medio del cual según constancia secretarial de cuenta, se advierte que proporciona el usuario - ******************** - a fin de que tenga acceso al expediente electrónico; de igual manera señala la cuenta de correo electrónico -, y el número telefónico celular ********************; en consecuencia, se ordena a la Analista Jurídico (SISE) dar de alta el nombre de usuarios citados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que la promovente tenga acceso al expediente electrónico; de igual manera, se tiene por señalado las cuentas de correo electrónico y número telefónico celular precisados anteriormente, para que este órgano jurisdiccional establezca el contacto respectivo en los casos en que lo estime necesario. Notifíquese.

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