María Juana Flores Guerra

Expediente 355/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
355/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
22/06/2022

Partes del expediente

  • María Juana Flores Guerra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que las partes de este juicio recurrieron al auto dictado el veintitrés de mayo del año en curso, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que la autoridad responsable y la parte quejosa fueron notificadas el veinticuatro de mayo y tres de junio del año en curso, quedando comprendido dicho plazo del veinticuatro de mayo al veinte de junio de dos mil veintidós, en la inteligencia de que el plazo de las demás partes queda contenido en el antes indicado. Sentado lo anterior, se declara que el auto dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Así mismo, de conformidad con el artículo 21, inciso c) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el que se establecen los lineamientos para la depuración y destrucción de los juicios de amparo, procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible en un lapso de tres años, debido a que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, advirtiéndose que el cuaderno relativo a la suspensión del acto reclamado en este asunto, se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno invocado en el párrafo anterior, provéase lo conducente en el referido incidente.

  2. Principal

    De conformidad con lo dispuesto en el numeral 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica por lista para conocimiento de la parte quejosa, la determinación de fecha veintitrés de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual en síntesis se acordó: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene recibido el oficio signado por la Titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán. Ahora, de la demanda de amparo que dio origen a este juicio, la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: El acto reclamado es el consistente en: La omisión de emitir sentencia en el juicio de tramitación especial radicado bajo el expediente 313/2021, promovido por el señor Baltazar Mejía Bernal (actor), en contra de la suscrita, María Juana Flores Guerra, que ostento la calidad de demandada. Sentado lo anterior, se estima que en la especie se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por las razones siguientes: En primer término los numerales de referencia disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.) "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior;(.)" De las porciones normativas antes transcritas, se pone de manifiesto que la causa de improcedencia denominada como cesación de efectos, consiste en que una vez promovido el juicio de amparo, los efectos del acto que se reclama en él, hayan dejado de existir y que con motivo de ello -el acto- ya no ocasiona ningún agravio en la esfera jurídica del quejoso, ello como consecuencia de una actuación posterior por parte de la autoridad que lo haya emitido. Es decir, el acto reclamado debe quedar destruido en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, que aun cuando subsista el mismo no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso. Brinda sustento a lo anteriormente expuesto, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y ocho del Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto, dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Ahora bien, debe decirse que del análisis de los presentes autos se advierte que a través del comunicado de cuenta la autoridad responsable, remite copia certificada de la resolución de veintisiete de abril del año en curso, en el que se resolvió el incidente de resolución de litigio en su integridad promovido y admitido en autos del expediente relativo al expediente 313/2021, relativo al juicio de Tramitación especial , promovido por María Juana Flores Guerra, resolución que ya les fue legalmente notificada. Entonces si en el caso particular, la materia de reclamo constituye la omisión de emitir sentencia en el juicio de tramitación especial radicado bajo el expediente 313/2021, del índice de la autoridad responsable, deriva inconcuso que han cesado en sus efectos, puesto que dejó de existir el motivo por el cual el solicitante del amparo acudió en busca de la protección constitucional, toda vez que como se adelantó la sentencia de la cual se duele, se dictó el veintisiete de abril del año en curso. Razón por la cual se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio biinstancial es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, como acontece en la especie; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA, y dejar sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la audiencia constitucional. Tiene aplicación en la especie la tesis de jurisprudencia número 2ª./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". De igual manera, brinda apoyo a la anterior consideración, la tesis resuelta en contradicción número 26/2002-PL, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, Página 387, sin que su contenido contravenga lo previsto en la normatividad vigente, conforme al artículo sexto transitorio del decreto aludido, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que obste que el promovente no se haya impuesto del informe de cuenta y sus anexos, pues dado su contenido, mismo que motivó la cesación de los efectos del acto, es claro que no existe la mínima posibilidad de que se supere el obstáculo relativo a la sobreveniencia de la causal señalada; por el contrario, provoca una demora en la impartición de justicia en perjuicio del mismo. Tampoco es obstáculo a lo antes considerado que no se hubiere dado vista a la parte quejosa con el contenido del oficio que se prové, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que estuviera en aptitud de ampliar si era su deseo el libelo inicial, toda vez que la actitud omisiva de la autoridad responsable versa sobre la abstención de dictar sentencia en el juicio de tramitación especial 313/2021 de su índice, el recurso de inconformidad relativo a pruebas ofrecidas en el sumario de origen, contra el cual no es procedente el juicio de garantías al tratarse de actos que no afectan materialmente derechos sustantivos, sino meramente procesales, por lo que si lo estima pertinente la aquí quejosa, en su momento oportuno, puede alegar las violaciones procesales que estime correspondientes, en el juicio de origen. Aunado a lo anterior, se advierte que el diez de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido un escrito signado por el quejoso, mediante el cual realiza las siguientes manifestaciones: "vengo a hacer de su conocimiento que el día 3 (tres) de mayo de la anualidad cursante, le fue notificada la sentencia interlocutoria dictada en el juicio de tramitación especial 313/2021, por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, así mismo, una vez que evidentemente han cesado los efectos del acto reclamado, le solicito decrete el sobreseimiento de este juicio de garantías. Finalmente, hágase saber a las partes que los criterios invocados en el presente auto no contravienen lo previsto en el artículo sexto transitorio del Decreto que se expidió la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTES QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido de la secretaria de juzgado, licenciada Rocío Osuna Lizárraga, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene recibido el oficio signado por la Titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán. Ahora, de la demanda de amparo que dio origen a este juicio, la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: El acto reclamado es el consistente en: La omisión de emitir sentencia en el juicio de tramitación especial radicado bajo el expediente 313/2021, promovido por el señor Baltazar Mejía Bernal (actor), en contra de la suscrita, María Juana Flores Guerra, que ostento la calidad de demandada. Sentado lo anterior, se estima que en la especie se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por las razones siguientes: En primer término los numerales de referencia disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.) "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior;(.)" De las porciones normativas antes transcritas, se pone de manifiesto que la causa de improcedencia denominada como cesación de efectos, consiste en que una vez promovido el juicio de amparo, los efectos del acto que se reclama en él, hayan dejado de existir y que con motivo de ello -el acto- ya no ocasiona ningún agravio en la esfera jurídica del quejoso, ello como consecuencia de una actuación posterior por parte de la autoridad que lo haya emitido. Es decir, el acto reclamado debe quedar destruido en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, que aun cuando subsista el mismo no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso. Brinda sustento a lo anteriormente expuesto, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y ocho del Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto, dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Ahora bien, debe decirse que del análisis de los presentes autos se advierte que a través del comunicado de cuenta la autoridad responsable, remite copia certificada de la resolución de veintisiete de abril del año en curso, en el que se resolvió el incidente de resolución de litigio en su integridad promovido y admitido en autos del expediente relativo al expediente 313/2021, relativo al juicio de Tramitación especial , promovido por María Juana Flores Guerra, resolución que ya les fue legalmente notificada. Entonces si en el caso particular, la materia de reclamo constituye la omisión de emitir sentencia en el juicio de tramitación especial radicado bajo el expediente 313/2021, del índice de la autoridad responsable, deriva inconcuso que han cesado en sus efectos, puesto que dejó de existir el motivo por el cual el solicitante del amparo acudió en busca de la protección constitucional, toda vez que como se adelantó la sentencia de la cual se duele, se dictó el veintisiete de abril del año en curso. Razón por la cual se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio biinstancial es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, como acontece en la especie; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA, y dejar sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la audiencia constitucional. Tiene aplicación en la especie la tesis de jurisprudencia número 2ª./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". De igual manera, brinda apoyo a la anterior consideración, la tesis resuelta en contradicción número 26/2002-PL, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, Página 387, sin que su contenido contravenga lo previsto en la normatividad vigente, conforme al artículo sexto transitorio del decreto aludido, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que obste que el promovente no se haya impuesto del informe de cuenta y sus anexos, pues dado su contenido, mismo que motivó la cesación de los efectos del acto, es claro que no existe la mínima posibilidad de que se supere el obstáculo relativo a la sobreveniencia de la causal señalada; por el contrario, provoca una demora en la impartición de justicia en perjuicio del mismo. Tampoco es obstáculo a lo antes considerado que no se hubiere dado vista a la parte quejosa con el contenido del oficio que se prové, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que estuviera en aptitud de ampliar si era su deseo el libelo inicial, toda vez que la actitud omisiva de la autoridad responsable versa sobre la abstención de dictar sentencia en el juicio de tramitación especial 313/2021 de su índice, el recurso de inconformidad relativo a pruebas ofrecidas en el sumario de origen, contra el cual no es procedente el juicio de garantías al tratarse de actos que no afectan materialmente derechos sustantivos, sino meramente procesales, por lo que si lo estima pertinente la aquí quejosa, en su momento oportuno, puede alegar las violaciones procesales que estime correspondientes, en el juicio de origen. unado a lo anterior, se advierte que el diez de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido un escrito signado por el quejoso, mediante el cual realiza las siguientes manifestaciones: "vengo a hacer de su conocimiento que el día 3 (tres) de mayo de la anualidad cursante, le fue notificada la sentencia interlocutoria dictada en el juicio de tramitación especial 313/2021, por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, así mismo, una vez que evidentemente han cesado los efectos del acto reclamado, le solicito decrete el sobreseimiento de este juicio de garantías. Finalmente, hágase saber a las partes que los criterios invocados en el presente auto no contravienen lo previsto en el artículo sexto transitorio del Decreto que se expidió la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTES QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido de la secretaria de juzgado, licenciada Rocío Osuna Lizárraga, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Téngase por recibido el escrito signado por José Ramón Bonilla Rojas, autorizado de la quejosa María Juana Flores Guerra, a través del cual manifiesta que el día tres del presente mes y año, le fue notificada a la quejosa María Juana Flores Guerra, la sentencia interlocutoria dictada en el juicio de tramitación especial 313/2021, por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, por lo que solicita, se decrete el sobreseimiento en este juicio de garantías; comunicado que se ordena agregar en autos para que obre como corresponda y se reserva proveer lo conducente hasta en tanto obren en autos las constancias que remita la autoridad responsable, en su informe justificado.

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