María Jovita Victoria Arreola

Expediente 840/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 31 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
840/2018
Año
2018
Actuaciones
31
Última actuación
21/10/2019

Partes del expediente

  • María Jovita Victoria Arreola
  • Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio que remite el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña los autos originales del juicio de amparo 840/2018, un tomo de prueba y copia certificada de la resolución de tres de octubre de dos mil diecinueve, dictada dentro del amparo en revisión 184/2019, de la que se advierte que se confirmó la sentencia recurrida, por la que se negó el juicio en que se actúa. Acúsese el recibo respectivo. Sin que sea necesario glosar el cuaderno de antecedentes relativo a este juicio, pues éste se formó con motivo de la remisión del expediente original al Tribunal Colegiado en cita, por lo que ahora ya se cuenta con los autos originales, de ahí que dicho cuaderno puede ser susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por lo que se ordena glosar al presente juicio únicamente las constancias originales que obren en dicho cuaderno para los efectos legales conducentes. Con fundamento en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo conjunto, en razón de que se negó la protección constitucional solicitada. De conformidad con el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del Acuerdo General en cita, se determina que el presente asunto NO es de relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto al incidente de suspensión relativo a este juicio, el original es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del mencionado acuerdo, ya que se concedió la suspensión provisional; así como la definitiva solicitada. Por lo que se refiere al duplicado destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este. Finalmente, devuélvase al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil en el Estado, con residencia en Zamora, Michoacán, las documentales que allegó al presente juicio que obra en un tomo de prueba, por ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de agosto de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio signado por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada dentro del juicio de amparo del que deriva este cuaderno, el cual quedó registrado con el número 184/2019. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 840/2018, promovido por María Jovita Victoria Arreola, por su propio derecho; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho (fojas 17-27), ante el Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, María Jovita Victoria Arreola, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de dicha autoridad así como del Secretario y del Actuario del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, del Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Zamora, Michoacán, del Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio y del Jefe de Departamento de Anotaciones y Trámites Procesales adscrito al mencionado registro. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo directo. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo de referencia al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, órgano jurisdiccional que lo registró como amparo directo civil 810/2018 y en acuerdo de Pleno de uno de octubre de dos mil dieciocho (fojas 71-72), determinó que carecía de competencia legal para conocer de la demanda de amparo y ordenó remitirla al Juzgado de Distrito en turno, con residencia en Morelia, Michoacán. Tercero. Trámite de amparo indirecto. Por razón de turno correspondió conocer del asunto a este órgano jurisdiccional y en auto de tres de octubre de dos mil dieciocho, la desechó respecto del Secretario del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán y la admitió en relación al resto de las autoridades responsables (fojas 74-80); se solicitó a éstas su informe con justificación; se reconoció el carácter de terceros interesados a Martha Ruiz Ruiz, Marco Rolando Esquivel Villanueva, René Esquivel Ruiz y J. Jesús Ruiz Ruiz; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. El treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho (foja 134), se convalidó el emplazamiento realizado por la Actuaria adscrita al juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora a Martha Ruiz Ruiz, a Marco Rolando Esquivel Villanueva y a J. Jesús Ruiz Ruiz, se ordenó notificarles el auto admisorio de tres de octubre de dos mil dieciocho y se ordenó el emplazamiento de René Esquivel Ruiz. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado tiene ejecución en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, los actos reclamados por la parte quejosa, son: Del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, todo lo actuado dentro del juicio sumario civil 1067/2005, que sobre interdicto para recuperar la posesión promovió Consuelo Victoria Arreola frente a Martha Ruiz Ruiz, Marco Rolando Esquivel Villanueva, René Esquivel Ruiz y J. Jesús Ruiz Ruiz, incluida la orden de desalojo y desposesión del bien inmueble ubicado en el lote diecisiete, manzana doce, sobre el cual se encuentra edificada la casa habitación marcada con el número novecientos uno, con frente a la avenida del sol, del fraccionamiento Aurora de Zamora, Michoacán. De la Actuaria del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán y del Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de dicha localidad, la ejecución de la orden de desalojo y desposesión. Del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y del Jefe del Departamento de Anotaciones y Trámites Procesales del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cualquier anotación registral que se hubiere efectuado sobre el inmueble mencionado en líneas anteriores. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. El Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y el Jefe del Departamento de Anotaciones y Trámites Procesales del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los actos que se les atribuyeron (fojas 139 y 11, respetivamente). Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión del acto reclamado, así como su ejecución, son de carácter positivo en tanto que implica una actividad desplegada por la autoridad responsable, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que lo hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. Aunado a ello, del "certificado de historia registral" que remitió el Director del Registro Público de la Propiedad, no se advierte anotación registral alguna en relación al inmueble ubicado en el lote diecisiete, manzana doce, sobre el cual se encuentra edificada la casa habitación marcada con el número novecientos uno, con frente a la avenida del sol, del fraccionamiento Aurora de Zamora, Michoacán. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y al Jefe del Departamento de Anotaciones y Trámites Procesales del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cuarto. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez y al Actuario del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 16 y 173). Por otro lado, si bien el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Zamora, Michoacán, al rendir su informe justificado (foja 106), manifestó que no era cierto el acto de ejecución que se le atribuyó, éste debe tenerse por cierto, toda vez que la ordenadora aceptó su existencia; por lo que -en razón de jerarquía- se encuentra obligada a darle cumplimiento. Es aplicable la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 56 del Tomo III, Segunda Parte-1 del Semanario Judicial de la Federación, Enero-Junio de 1989, Materia Común, Octava Época, registro 227890, del rubro y texto: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado". Certeza que se corrobora con la prueba documental que exhibió el Juez responsable, consistente en copia certificada del juicio sumario civil 1067/2005, que sobre interdicto para recuperar la posesión de inmueble, promovió Consuelo Victoria Arreola [constante de un tomo]. Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Quinto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, Parte TCC, Materia Común, Octava Época, registro 394770, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, toda vez que las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia ni este juzgador advierte de manera oficiosa su existencia; lo procedente es realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Sexto. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Ello, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Materia Común, registro 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Asentado lo anterior, este Órgano Constitucional se avoca el estudio de los argumentos de inconformidad expresados en la demanda de amparo. La quejosa aduce -en esencia- que es persona extraña al juicio de origen; que el acto reclamado viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que se le pretende desposeer de un bien inmueble de su propiedad sin haber sido oída ni vencida en el juicio de origen, el cual estaba libre de gravamen cuando lo compró, por lo que lo adquirió de buena fe. Motivo de inconformidad que es infundado. Para llegar al anterior aserto, es menester relatar brevemente algunas de las constancias que obran en el juicio sumario civil 1067/2015, que sobre interdicto para recuperar la posesión de inmueble promovió Consuelo Victoria Arreola y son lo siguientes: El quince de julio de dos mil cinco, Consuelo Victoria Arreola, demandó en la vía sumaria civil y en interdicto para recuperar la posesión de inmueble, a Martha Ruiz Ruiz, a Marco Rolando Esquivel Villanueva, a René Esquivel Ruíz y a J. Jesús Ruiz Ruiz, en relación al lote número diecisiete, manzana doce, con frente a la calle Avenida del Sol, del Fraccionamiento la Aurora de Zamora, Michoacán, la cual se admitió el nueve de agosto del mismo año por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán (fojas 1-5, del tomo de pruebas). Mediante escrito presentado el quince de agosto de dos mil cinco, Consuelo Victoria Arreola, solicitó medida cautelar de secuestro de inmueble materia de la controversia. A dicha petición recayó acuerdo al día siguiente, en el que el juez de conocimiento se excusó del conocimiento del asunto (fojas 6-7, del tomo de pruebas). El veintidós de agosto de dos mil cinco, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, se avocó al conocimiento del asunto (foja 12, del tomo de pruebas). Mediante escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil cinco, el apoderado de la actora, solicitó se decretara la medida cautelar de secuestro del inmueble materia de la controversia, lo que se acordó de conformidad el treinta siguiente (foja 24, del tomo de pruebas). El uno de marzo de dos mil seis, Marco Rolando Esquivel Villanueva y Martha Ruiz Ruiz, solicitaron se decretara la caducidad de la instancia en el juicio de origen (fojas 13-19, del tomo de pruebas). El tres de marzo de dos mil seis, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, declaró el abandono y la caducidad de la instancia por haber transcurrido un lapso mayor de ciento veinte días naturales sin que alguna de las partes promoviera el curso de los autos (foja 20, del tomo de pruebas). Inconforme con la anterior determinación, el siete de marzo de dos mil seis, el apoderado de la actora interpuso recurso de revocación, el cual se admitió a trámite en auto de diez siguiente (fojas 21-27, del tomo de pruebas). El cuatro de abril de dos mil seis, el juez del conocimiento declaró infundado el recurso de revocación y subsistente en sus términos el proveído de tres de marzo del mismo año (fojas 38-40, del tomo de pruebas). El dieciséis de octubre de dos mil seis, el juez de origen autorizó al actuario para que se constituyera en legal y debida forma en la finca marcada con el número novecientos uno, ubicada en el lote diecisiete, de la manzana doce, con frente a la calle de Avenida del Sol, del fraccionamiento Aurora de Zamora, y requiriera al depositario la entrega de la misma, para estar en condiciones de ponerla en posesión real y material de la parte demandada (foja 41, del tomo de pruebas). Por escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil diecisiete, Martha Ruiz Ruiz y Marco Rolando Esquivel Villanueva, solicitaron la entrega de la posesión del bien inmueble materia de la controversia, en relación a lo cual el juez, en auto de dieciséis siguiente tuvo por hechas sus manifestaciones para los efectos legales a que hubiere lugar (fojas 75 y 76, del tomo de pruebas). El siete de diciembre de dos mil diecisiete, Martha Ruiz Ruiz y Marco Rolando Esquivel Villanueva, solicitaron nuevamente la entrega de la posesión del bien inmueble materia de la controversia, por lo que en relación a ello, el juez en auto de trece de diciembre siguiente ordenó al personal del órgano jurisdiccional a su cargo, requirieran a Guillermo Gaona Victoria, la entrega el inmueble materia del juicio (fojas 83 y 84, del tomo de pruebas). El quince de diciembre de dos mil diecisiete, Consuelo Victoria Arreola, interpuso recurso de revocación, el cual fue desechado en resolución de trece de febrero de dos mil dieciocho (fojas 92 y 109, del tomo de pruebas). El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, Marco Rolando Esquivel Villanueva (foja 125 del tomo de pruebas), solicitó se autorizara el uso de la fuerza pública y cerrajero para que se le pusiera en posesión real y material del inmueble materia de la controversia, lo que se acordó de conformidad el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. En ese contexto, se obtiene que -como lo señala la quejosa- es persona extraña en estricto sentido al juicio de donde emana el acto reclamado, porque no figura como parte dentro del mismo y sufrió un perjuicio en su esfera de derechos -como se verá más adelante-. Al respecto debe precisarse que "persona extraña a juicio" es aquélla que no ha figurado en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre de un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido oportunidad de ser oída en sus defensas por desconocer las actuaciones relativas. Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 7/98 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 56, Tomo VII, Enero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 196932 de rubro y texto: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Ahora bien, la quejosa en su demanda de amparo señaló que el juicio sumario civil de origen fue llevado a sus espaldas, sin haber sido oída ni vencida en juicio, incluida la orden de desalojo y como consecuencia la desposesión del bien inmueble de su propiedad y posesión, el cual adquirió de buena fe y con la seguridad que otorga el registro público, pues cuando lo compró estaba libre de gravamen o limitación, por lo que no puede sufrir consecuencia alguna ni procesal ni substancialmente, ya que no sabía de la existencia de un gravamen o juicio que reportara el inmueble, que no es causahabiente ni material ni procesal, sino tercera extraña natural al juicio; por lo que se violaron en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales. Asimismo, a efecto de demostrar que el inmueble materia del juicio de origen es de su propiedad, exhibió copia certificada de la escritura pública trece mil setecientos noventa y ocho, que contiene el contrato de compra venta de inmueble celebrado entre Leticia Gaona Victoria [vendedora] y María Jovita Victoria Arreola [compradora], en relación con el lote diecisiete, de la manzana doce, sobre la cual se encuentra edificada la casa habitación marcada con el número novecientos uno, con frente a la Avenida del Sol, del fraccionamiento Aurora de esta ciudad de Zamora, Michoacán, de ocho de febrero de dos mil once. Documental que tiene valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 133, 202, 217 y 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, al tratarse de documento público exhibido en copia certificada. Medio de convicción que resulta eficaz para demostrar el interés jurídico de la quejosa, pues de éste se advierte que el inmueble que aduce es de su propiedad es el mismo que el que fue materia del juicio de origen 1067/2005 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora; por lo tanto, se acredita la identidad entre el bien aludido en la escritura pública y el que fue materia de la orden de desalojo en el multicitado juicio sumario civil. Asimismo cabe señalar, que la referida escritura, fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad el diecisiete de octubre de dos mil trece, tal como se advierte de las constancias que remitió el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio al rendir su informe justificado (fojas 143-152, del juicio de amparo). Sin embargo, ese título de propiedad no es suficiente para otorgar la protección federal por derecho de audiencia. En efecto, de la relación de constancias efectuada en líneas anteriores se advierte que el dieciséis de octubre de dos mil seis, el juez de origen autorizó al actuario para que se constituyera en legal y debida forma en la finca marcada con el número novecientos uno, ubicada en el lote diecisiete, de la manzana doce, con frente a la calle de Avenida del Sol, del fraccionamiento Aurora de Zamora, y requiriera a su depositario la entrega de la misma, para estar en condiciones de ponerla en posesión real y material de la parte demandada; esto es, tal acto es el que depara perjuicio a la quejosa al no haber sido parte en el juicio de origen. Lo anterior, tomando en cuenta que en esta determinación es donde el juez dejó sin efectos la medida cautelar consistente en el secuestro de dicho bien inmueble en virtud de la caducidad decretada en el proceso de origen; es decir, la orden de desalojo y sus razones legales, nacieron a la vida jurídica desde el año dos mil seis. Acto que ocurrió con antelación a la celebración de la compra venta por medio de la cual María Jovita Victoria Arreola adquirió el bien inmueble que defiende en esta vía constitucional, de ahí que no pueda estimarse, como lo señala la quejosa, que se le debía haber llamado al juicio de origen a defender el derecho de propiedad que detenta sobre el inmueble materia de la controversia, pues en esa data aun no era propietaria del mismo y el derecho de audiencia no puede aplicarse sobre cuestiones futuras. Aunado a que en el proceso de origen y más específicamente la determinación reclamada no impacta en el derecho de propiedad, sino que en todo caso el juez simplemente está volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la medida cautelar decretada en el juicio de origen, esto es, poner en posesión de los demandados el bien inmueble materia del conflicto. No es impedimento a lo anterior, que la quejosa hubiere precisado en su demanda de amparo que el veintiuno de mayo apareció en la página del tribunal del Estado de Michoacán, un acuerdo en donde se ordena desposeerla del inmueble de su propiedad y de las constancias se corrobora la existencia de un proveído de esa data, pues lo cierto es que desde el dieciséis de octubre de dos mil seis, se ordenó la entrega del inmueble para ponerlo en posesión real y material de la parte demandada. En ese contexto, se encuentra probado para los efectos de este juicio de amparo que el inmueble materia de controversia en el juicio natural no pertenecía a la quejosa cuando adquirió vida jurídica el auto que ordenó la entrega del inmueble, en virtud que el contrato de compraventa se efectuó ante Notario el ocho de febrero de dos mil once, mientras que el proveído en el que se ordenó poner a la parte demandada en posesión del mismo se dictó el dieciséis de octubre de dos mil seis, por lo que es inconcuso que si el bien inmueble que defiende la quejosa aún no estaba dentro de su patrimonio en esa data, la responsable no tenía por qué otorgarle garantía de audiencia. Lo anterior no implica que la quejosa no pueda entonces defender su derecho de propiedad frente a las instancias jurisdiccionales. Esto es, el presente criterio no se traduce en una limitante al derecho a la tutela jurisdiccional de acuerdo a como se reconoce en el artículo 17 de la Constitución Federal, en tanto a que el derecho de la tutela judicial no se limita -en estos casos- a ser llamado al juicio por el cual se afecta el derecho de propiedad que ostenta un contrato de compraventa de fecha cierta. Ya que sin duda, la quejosa tiene habilitado invariablemente su derecho público subjetivo a la tutela jurisdiccional para defender sus intereses patrimoniales, lo que se traduce en la posibilidad de accionar en contra de quien en su caso le haya trasladado el dominio, o bien contra quien tiene el título de propiedad registrado, o en contra de quien considere, a fin de ejercer la mejor defensa de sus derechos, mediante pretensiones que deberá demostrar en un juicio contradictorio, a fin de probar un mejor derecho de propiedad o bien la nulidad de la compra venta. En las anotadas condiciones, lo conducente es negar el amparo y protección de la justicia federal. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución que se reclaman de la Actuaria del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán y del Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de dicha localidad, al no haberse impugnado por vicios propios. Apoya lo expuesto la jurisprudencia V.2o. J/6, visible a fojas 267, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propios." Séptimo. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 74, 76, 217 de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: Primero. La justicia de la Unión no ampara ni protege a María Jovita Victoria Arreola, por las razones expuestas en el considerando sexto y para los efectos precisados en el diverso séptimo de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades demandadas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy trece de junio de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Se notifica a la parte tercero interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado la sentencia de trece de junio de dos mil diecinueve , lo anterior de conformidad con el articulo 27, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo.

Quedan 27 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano