María Josefiná Cuautle Huerta

Expediente 707/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
707/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
03/06/2021

Partes del expediente

  • María Josefiná Cuautle Huerta

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de junio de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que se encuentra pendiente el emplazamiento de la autoridad señalada como tercera interesada Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal por Conducto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal, toda vez que por auto de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa que indicara el domicilio correcto de la citada autoridad, sin que a la fecha lo hubiere proporcionado. Ahora bien, para evitar mayores dilaciones procesales y a fin de logar el emplazamiento de la autoridad señalada como tercera interesada; con fundamento en la fracción II del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena girar oficio a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación del presente acuerdo, proporcione el domicilio y la denominación correcta de la autoridad Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal por Conducto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal. Asimismo, por su conducto le haga entrega del oficio 24911/2020 de tres de diciembre de dos mil veinte, por medio del cual se ordenó el emplazamiento al presente juicio de amparo. Por lo anterior, se ordena adjuntar copia simple de la demanda de amparo y del referido oficio (por duplicado), para que una vez que haya hecho entrega de dicho oficio, recabe el sello de recibo y lo envíe a este Juzgado. Con el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258 de la ley de la materia, en relación con el diverso 26, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de desindexación del salario mínimo, así como el artículo 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor diario será de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno. Debiendo remitir copia certificada de las constancias que lo acrediten. Para dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. El acto reclamado materia de análisis de este juicio fue el retardo en la administración de justicia, derivado de la omisión de desahogar las pruebas (inspección ocular y cotejo y compulsa) ofrecidas por las partes contendientes en el juicio laboral D-3/228/2018, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Por resolución dictada el uno de marzo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa Verónica Arellano Ramírez y Adán Nefi de la Rosa Morales, a través de su apoderado legal Édgar Solís González, contra los actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, y del Actuario de su adscripción para los siguientes efectos: ".el término prudente de tres días hábiles siguientes a la fecha en que se le requiera el cumplimiento de esta sentencia de amparo (sólo para el caso de que no se hubieren desahogado las pruebas de inspección ocular y cotejo y compulsa ofrecidas por las partes actora y demandada), emita un acuerdo en el juicio laboral D-3/228/2018, en el que, en acatamiento a lo establecido en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, señale nuevo día y hora para el desahogo de esos medios de convicción, dentro de los diez días siguientes a la emisión de dicho acuerdo; debiendo ordenar que se notifique la nueva fecha a las partes actora y demandada, y verifique que el actuario adscrito a dicho tribunal lleve a cabo tales comunicaciones con la oportunidad debida a fin de que estén en condiciones de acudir a la audiencia y proceda a la realización de las diligencias de inspección en los términos que para ello establezca. Todo lo cual deberá hacerlo del conocimiento de este juzgado federal. En consecuencia, una vez transcurrido el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo; y, sin que las partes se inconformaran con la sentencia a pesar de estar debidamente notificadas, el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, la sentencia causó ejecutoria; y se requirió el cumplimiento respetivo a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, y del Actuario de su adscripción. Posteriormente, la Presidenta de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante oficio 3676/2021, recibido en la oficialía de este Juzgado el nueve de abril de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de las diligencias dos de diciembre de dos mil veinte y veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, por las cuales se desahogaron las pruebas de inspección ocular ofrecidas por la partes actora y demandada, así como la prueba de cotejo y compulsa anunciada por la actora -aquí parte quejosa-. Por lo anterior, el doce de abril de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable, el cual se notificó a la quejosa el catorce de abril de dos mil veintiuno; y a la parte tercera interesada el quince de abril de dos mil veintiuno. Atento a lo anterior, Francisco Javier Fernández Vázquez, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, en el escrito presentado en este órgano jurisdiccional el quince de abril de dos mil veintiuno, dio contestación a la vista que se le dio en el párrafo que antecede. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Del examen de las documentales exhibidas por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de su Presdienta, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que remitió copia certificada de las diligencias dos de diciembre de dos mil veinte y veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, por las cuales se desahogaron las pruebas de inspección ocular ofrecidas por la partes actora y demandada, así como la prueba de cotejo y compulsa anunciada por la actora -aquí parte quejosa-; lo anterior, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que se entiende que se cumplió en su totalidad. Sin que se soslayen las manifestaciones vertidas en el escrito presentado el quince de abril de dos mil veintiuno, por el Francisco Javier Fernández Vázquez, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, en el que manifestó que no se debe de tener por cumplida el fallo protector hasta que la autoridad responsable acuerde las manifestaciones vertidas en cada una de las diligencias desahogadas, sin embargo, como quedó precisado en la sentencia dicta por este juzgado el uno de marzo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo para que se desahogaran las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral de origen, situación que ya aconteció, por tanto, no ha lugar a acordar favorable su petición pues sería proveer en exceso en el cumplimiento al fallo protector. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE]; asimismo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido; en el entendido de que se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Por lo anterior, como lo dispone el capítulo Décimo Tercero, artículo 35, primer y segundo párrafo del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa; y, una vez que transcurra el plazo de tres años que aduce el penúltimo párrafo del artículo 18, dentro de los siguientes noventa días posteriores, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; hecho lo anterior, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del multicitado Acuerdo. Notifíquese.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Especia Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a través del cual, remite copia certificada de la resolución de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno dictada en el recurso de revisión contra actos de la Presidenta ejecutora derivado del juicio laboral D-6/397/2005 de su índice, de la que se advierte que tomo en consideración los agravios vertidos por el actor César Herrera Olgüín; asimismo, ordenó remitir los autos a fin de continuar con el procedimiento de ejecución. Ahora, visto los efectos y las constancias remitidas por la autoridad oficiante se advierte que la autoridad fue omisa en dejar insubsistente la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el recurso de revisión contra actos de la Presidenta ejecutora derivado del juicio laboral D-6/397/2005 de su índice. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Junta Especia Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que en el término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, remita copia certificada del auto por el cual dejó insubsistente la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el recurso de revisión contra actos de la Presidenta ejecutora derivado del juicio laboral D-6/397/2005 de su índice. Finalmente, se apercibe a la autoridad responsable Junta Especia Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de ocho de abril de dos mil veintiuno. NOTIFÍQUESE.

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