Maria Josefina Beatriz de la Candelaria Peon Mediz

Expediente 1060/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1060/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
21/12/2018

Partes del expediente

  • Maria Josefina Beatriz de la Candelaria Peon Mediz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    IV. Agréguese a los presentes autos el oficio 3628 suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el testimonio judicial de la resolución pronunciada el seis de diciembre del presente año, por ese Cuerpo Colegiado en la queja 147/2018, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por Ángela Carolina Maldonado Cachón, en su carácter de autorizada de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en contra del auto dictado el veintiocho de septiembre del presente año, de la que aparece que la citada Superioridad en su único punto declaró infundado el recurso de queja interpuesto. Por ende, con apoyo en el artículo 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el expresado acuerdo en el que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto concluido. Asimismo, como lo solicita la Superioridad, acúsese recibo de la resolución de tres de octubre del presente año. Por otra parte, en cumplimiento al punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto Número uno de dos mil nueve, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías, y que por ende, no se tramitó el incidente de suspensión, este expediente se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Asimismo, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Finalmente, toda vez que de autos se advierte que la parte quejosa anexó a su escrito inicial de demanda de fecha diecisiete de septiembre del año en curso, diversos escritos; por tanto, con fundamento en el párrafo tercero del citado punto, prevéngase a la parte quejosa para que acuda a este Tribunal con identificación oficial, a fin de recoger los documentos que anexó a su demanda de garantías de mérito; en el entendido que de no hacerlo, dentro el plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, serán destruidos junto con el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    IV. Agréguese a estos autos el oficio 10145/2018, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, por medio del cual informa a este órgano jurisdiccional, que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Ángela Carolina Maldonado Cachón, en su carácter de autorizada de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintiocho de septiembre del año en curso, dictado en autos del presente juicio de amparo, formándose por tal motivo el toca 147/2018. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por licencia académica del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio número CCJ/ST/3765/2017, suscrito por el Secretario Técnico de la propia Comisión, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    IV. Agréguese a estos autos el escrito de Ángela Carolina Maldonado Cachón, en su carácter de autorizada de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de veintiocho de septiembre del año en curso, junto con seis copias del mismo, en el que se desechó la demanda de amparo. En mérito a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase el correspondiente informe a la Superioridad manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR EL RECURRENTE, toda vez que en acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de amparo al considerar actualizada la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. En tal virtud, remítase copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar lo antes expuesto, así como la legalidad del acto reclamado, asimismo remítase el escrito original de interposición del recurso de mérito, en el que expresa sus agravios y la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, sin que haya necesidad de otorgarle a la parte quejosa el plazo de tres días que consigna el artículo 101 de la Ley de Amparo, en virtud de la naturaleza del acto que reclama. Asimismo, obténgase copia certificada del escrito de interposición del recurso de queja aludido y agréguese a estos autos, lo anterior a fin de que se pueda constatar la fecha en la que se interpuso tal recurso. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    IV. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por MARÍA JOSEFINA BEATRIZ DE LA CANDELARIA PEÓN MEDIZ, con el que cumple la prevención realizada en acuerdo de diecinueve de septiembre del presente año. En ese sentido, téngase la demanda de garantías de cuenta promovida por el citado Merly Nuemi Mosqueda Chavarría, contra actos del Congreso Constitucional del Estado, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades. Ahora bien, se procede a proveer en relación con su admisión, por lo que con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo en vigor, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, acorde a lo que se expondrá a continuación. En efecto, la quejosa reclama la aprobación, y emisión del decreto 649/2018, por el que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en materia de jueces de primera instancia, específicamente el artículo 85 de la citada Ley, en su fracción I, en relación a las causas para la terminación de su encargo, incrementándose la edad de setenta a los setenta y cinco años, mismo decreto que fue publicado el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. En el caso, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud que la parte quejosa carece de interés jurídico para impugnar el citado numeral 85 en su fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán. La porción normativa que contiene la causa de inejercitabilidad de la acción en comento prescribe lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". De la porción normativa transcrita se advierte, en lo que interesa, que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en el numeral 5º, fracción I, de la ley de la materia. A su vez, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los arábigos 5º, fracción I y 6º de la Ley de Amparo, de manera respectiva, prescriben lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." La norma constitucional invocada en primer término establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, asimismo, dispone que tiene ese carácter, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución General de la República y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otro lado, señala que tratándose de actos o resoluciones que provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Por su parte, el numeral 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, estatuye que el quejoso es parte en el juicio de amparo y tiene ese carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos fundamentales previstos en el artículo 1º de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El precepto reproducido en último orden dispone que el juicio de amparo puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de lo prescrito en el arábigo 5º, fracción I, de citada legislación. Además, señala que el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley de la materia. En el presente asunto, el estudio de la causa de improcedencia se abordará desde la perspectiva del interés jurídico que estatuye que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por ser el sujeto a quien se dirige la ley. Es así, porque la parte quejosa intenta la acción de amparo por estimar que es destinataria directa de la norma jurídica reclamada. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de amparo. Así, como la tutela del derecho solo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Apoya lo antes dicho, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 225, Tomo XXVII, Enero de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Consecuentemente, la causa de improcedencia en estudio se actualizará cuando el acto de autoridad que se combata en el juicio de protección de los derechos fundamentales no incida en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le imponga obligación o porque no se tenga un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto y, en todo caso, porque no quede demostrada de manera fehaciente tal afectación. Así, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, es necesario que el acto o ley reclamados, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Expuesto lo anterior, debe decirse que atendiendo a su naturaleza las leyes se clasifican en autoaplicativas y heteroaplicativas, las primeras admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, generan perjuicio al gobernado desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho; en tanto que las segundas se distinguen cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su aplicación. Cabe destacar que el concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer en cada caso, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada. Así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional e incluso comprende el acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal; de manera que, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. En cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su aplicación, se estará en presencia de una norma heteroaplicativa. Al respecto resulta aplicable al caso la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo VI, Julio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto son: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Ahora bien, para determinar la naturaleza de la norma combatida, es necesario tener presente su texto, el cual señala lo siguiente: "Artículo 85.- Los jueces de primera Instancia rendirán su Compromiso Constitucional ante el Pleno del Consejo de la Judicatura, por conducto de su Presidente. Los jueces de primera Instancia durarán en su cargo cuatro años contados desde el día en que tomen posesión, al término del cual podrán ser ratificados para períodos subsecuentes. Sólo podrán ser removidos por causa justificada y previo juicio de responsabilidad respectivo, no se considerará remoción, la promoción de los jueces a otro juzgado de primera instancia o a grado superior. Es causa de terminación del cargo de los jueces: I.- Cumplir 75 años de edad; II.- Por infracción a la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas, y III.- Por incapacidad física o mental" Como se puede apreciar de la transcripción que antecede, el numeral señala que los jueces de primera Instancia rendirán su Compromiso Constitucional ante el Pleno del Consejo de la Judicatura, por conducto de su Presidente, además de que durarán en su cargo cuatro años contados, al término del cual podrán ser ratificados para períodos subsecuentes. Asimismo, que sólo podrán ser removidos por causa justificada y previo juicio de responsabilidad respectivo, y que las causas de terminación de su encargo, será al cumplir setenta y cinco años de edad, por alguna infracción a la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas; y por incapacidad física o mental. Así en el caso, la quejosa se duele del precitado numeral, en su fracción I, que refiere el cumplir setenta y cinco años de edad, como una causa de terminación en el cargo de juez de primera instancia. De ahí que deba decirse que la porción normativa impugnada, no es de acción automática, porque para que trascienda en la esfera jurídica del destinatario, precisa de un acto de aplicación; es decir, es de aplicación condicionada, pues para que se materialice sus efectos es necesario, en principio, que la persona sea juez de primera instancia en el Estado de Yucatán, y que dicha causa de terminación en su encargo le afecte porque cuenta con setenta y cinco años de edad. Sin embargo, en el caso debe decirse que la quejosa en modo alguno acredita que se encuentre en dicha hipótesis, sino que únicamente refiere que es parte dentro de un procedimiento de naturaleza civil, que se tramita ante la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, la cual según señala tiene más de setenta años, siendo que la modificación de dicho artículo hace que continúe en su encargo, lo que a afirma le causa perjuicios de difícil reparación, pero no que la propia quejosa sea la titular del citado Juzgado, a fin de demostrar que tal porción normativa afecte sus intereses jurídicos. Por ello, debe decirse que al no obrar prueba que demuestre alguna afectación legal u objetiva en relación con el artículo combatido, debe concluirse que los actos reclamados no causan algún daño a su esfera jurídica, pues el interés jurídico debe demostrarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones, y el caso, que sea juez de primera instancia en el Estado, y que tal norma le afecta, lo que en la especie no acontece según lo narrado por la quejosa en su demanda de amparo y anexos que adjunto. De ahí que cobra aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 173, Volumen 205-216, Tercera Parte, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación, que reza: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse solamente a base de presunciones." En esa tesitura, los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de quien esto resuelve, existe la certeza de su existencia; y que, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegarse las partes. De ahí que, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo instada por MARÍA JOSEFINA BEATRIZ DE LA CANDELARIA PEÓN MEDIZ, por resultar notoriamente improcedente la acción que mediante ella se pretende ejercitar. Notifíquese personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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