Maria Josefina Avila Avila

Expediente 103/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
103/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
14/05/2019

Partes del expediente

  • Maria Josefina Avila Avila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 14 DE MAYO DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, catorce de mayo de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el escrito signado por Homero Pérez Aquino, autorizado en términos amplios de la promovente María Josefina Ávila Ávila, quien promueve por propio derecho y en representación de la menor de edad L.M.R.A, mediante el cual solicita la devolución del documento que anexó a su escrito aclaratorio con número de registro 2611 (foja 23), consistente en la copia certificada del acta de nacimiento de doce de febrero de dos mil diecinueve (foja 24), con la que la promovente acredito la representación con la que promovió en nombre de la menor L.M.R.A. el presente juicio de garantías. En consecuencia, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, como lo dispone el artículo Tercero, punto Décimo Primero, párrafo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, hágase saber a la parte promovente que deberá acudir por sí o por conducto de las personas que para tal efecto autoriza, a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger el documento descrito en el párrafo que antecede; apercibida que de no hacerlo, éstas será destruida junto con el expediente en que se actúa.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por Homero Pérez Aquino, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, por medio del cual, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, interpone recurso de queja en contra del proveído de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, dictado en este juicio de derechos fundamentales. Ahora bien, atento a que el auto impugnado es aquél por el cual se desechó la demanda de amparo, resulta evidente que no hay parte alguna a la que deba notificarse la interposición del recurso de mérito, a efecto de que señale las constancias que deban remitirse para la sustanciación de la queja, como lo dispone el artículo 101 de la ley de la materia, al no habérsele dado intervención a alguna de ellas. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, todos de la Ley de Amparo ríndase el INFORME respectivo, manifestando que ES CIERTO que el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, se dictó el proveído impugnado, el cual se estima apegado a derecho. Para tal efecto, remítase copia certificada de todo lo actuado en este expediente 103/2019-B, el original del aludido escrito de agravios y el informe sobre la materia de la queja, al Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. Finalmente, no ha lugar a suspender el procedimiento en el presente sumario constitucional, en términos del artículo 102 de la Ley de Amparo, pues como ya se dijo, el presente asunto no se encuentra en trámite, al haberse desechado la demanda que dio inicio al mismo.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. CUESTIONES PRELIMINARES. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio de demanda signado por María Josefina Ávila Ávila, quien promueve por propio derecho y en representación de la menor de edad L.M.R.A, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de siete de febrero del año en curso (fojas 12 a 16), manifiesta lo siguiente: "(.) Para acreditar mi caráter de representante legal de mi menor hija LEIDI MAHARAI ROJAS ÁVILA, anexo a la presente copia certificada del acta de naciomiento, Folio A21 1718374, expedida en fecha doce de febrero de dos mil diecinueve. (.) Reclamo de la Directora General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía del Estado de Puebla, la omisión de nombrar perito en la materia de Vialidad Terrestre, solicitado mediante oficio: 1586/2018/ACATLÁN, por el abogado Marcial de los Santos Martínez, Agente del Ministerio Público Investigador de Acatlán de Osorio, Puebla. (.) No existe Acto que Reclamar al Fiscal del Estado de Puebla." En consecuencia, téngase a María Josefina Ávila Ávila, quien promueve por propio derecho y en representación de la menor de edad L.M.R.A, dando cumplimiento al requerimiento efectuado y precisando por auto de siete de febrero de dos mil diecinueve. DESECHAMIENTO. Ahora bien, debe precisarse que de la demanda de amparo se advierte que en la presente instancia constitucional la promovente reclama a la autoridad responsable denominada 1. Directora General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la omisión de nombrar perito en materia de vialidad terrestre dentro de la carpeta de investigación 232/2018/ACATLÁN/CNPP y solicitado por el agente del Ministerio Publico Investigador de Acatlán de Osorio, Puebla. Por tanto, este órgano jurisdiccional estima que en el caso, procede desechar de plano la demanda de derechos fundamentales que se analiza, pues en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II de dicho ordenamiento legal. Los artículos referidos disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: [.] El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Conforme a los dispositivos legales que anteceden, debe decirse que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos u omisiones, normas generales o tratados internacionales que en el mismo se reclamen, provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De ahí que, se considere como autoridad para efectos del juicio de amparo a aquella que cuenta con las características de órgano público que le dan las normas jurídicas y que tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y datos siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En esa línea argumentativa, el artículo 1, último párrafo, establece que el amparo tendrá por objeto proteger a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o incluso de particulares, pero sólo en los casos señalados en la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 5, fracción II, primer párrafo, define como autoridad responsable a aquélla que, con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omita aquél que de realizarse las crearía, modificaría o extinguiría. Así, el segundo párrafo de la referida fracción establece los términos y casos en que los particulares serán parte en el juicio de amparo en calidad de autoridad responsable, previendo que será cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos de la fracción I, y cuyas funciones estén determinadas en una norma general. En esas condiciones, resulta factible concluir que un particular adquiere calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo, en términos de la legislación de la materia, cuando: 1. Realiza actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. 2. Afecta derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, 3. Sus funciones están determinadas en una norma general. Establecido lo anterior, conviene señalar que al dictaminar la exposición de motivos que dio origen a la Ley de Amparo que entró en vigor a partir del dos de abril del dos mil trece, las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación y de Estudios Legislativos, establecieron que la introducción de la posibilidad de pedir amparo contra actos de particulares obedeció a que quedó superada la teoría que asumía que los derechos fundamentales sólo podían ser afectados por las autoridades o los miembros del Estado. Explicaron que dicha teoría encontraba sustento en el hecho de que tradicionalmente se habían aceptado relaciones de verticalidad o supra-subordinación en que sólo el Estado podía afectar la esfera jurídica de los gobernados, lo que hacía necesario el reconocimiento de garantías individuales que limitaran su actuación, situación que cambió a partir del reconocimiento de los derechos fundamentales. Concepción que se dijo fue modificada principalmente por tres razones: por el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales; porque hoy en día la vulneración de los derechos fundamentales no proviene de autoridades sino de la actuación de particulares en determinadas circunstancias, por ejemplo, las afectaciones al medio ambiente y las prácticas de discriminación social y, finalmente, porque la protección procesal para prevenir o reparar violaciones a los derechos humanos cometidas por particulares era prácticamente nula o de una eficacia muy limitada. Para finalmente explicar que, como en muchas ocasiones ha existido violación a derechos humanos por parte de particulares, resultaba conveniente adoptar un modelo de protección horizontal que garantice un resguardo más eficaz y justo, razón por la cual se proponía tener a los particulares como autoridades responsables cuando actuaran con ese carácter afectando derechos fundamentales, siempre que su función derive de una norma general y abstracta, pues en otros casos la protección contra ese tipo de actos se deberá realizar mediante la tramitación de medios ordinarios de defensa. Como se ve, cuando el legislador incorporó al texto de la Ley de Amparo la posibilidad de tener a los particulares como autoridades responsables en el juicio de amparo pretendió proteger a los gobernados de la vulneración a sus derechos con independencia del carácter de quien emita el acto o cometa la omisión. Razón por la que limitó la posibilidad de que los particulares acudan al juicio de amparo a los casos en que conforme a sus funciones puedan dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar u omitir algún acto en forma unilateral y obligatoria que conlleve a la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas que afecten derechos. En otras palabras, para que alguna autoridad sea llamada al juicio de amparo como responsable se requiere que dentro del cúmulo de funciones que les otorga la norma general y abstracta que los regula se encuentre prevista la de dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar u omitir algún acto en forma unilateral y obligatoria que conlleve a la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas que afecten derechos. Sentado lo anterior, se hace referencia al caso concreto, en el que la parte quejosa alega como acto reclamado la omisión de la 1. Directora General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, de nombrar perito en materia de vialidad terrestre dentro de la carpeta de investigación 232/2018/ACATLÁN/CNPP que le solicitó el agente del Ministerio Publico Investigador de Acatlán de Osorio, Puebla; sin que le asista la razón de acuerdo a las siguientes consideraciones jurídicas. Como se advierte del cuerpo de la demanda, la autoridad que la parte quejosa señala como 1. Directora General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla es auxiliar del Agente del Ministerio Público Investigador de Acatlán de Osorio, Puebla; por lo que, aquélla no tiene las facultades que se establecen en la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo. En efecto, los artículos 127, 131, fracción IX, 368 y 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: (.) Artículo 127. Competencia del Ministerio Público Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. (.) Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones: . IX. Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba. (.) Artículo 368. Prueba pericial Podrá ofrecerse la prueba pericial cuando, para el examen de personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para el proceso, fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio. (.) Artículo 369. Título oficial Los peritos deberán poseer título oficial en la materia relativa al punto sobre el cual dictaminarán y no tener impedimentos para el ejercicio profesional, siempre que la ciencia, el arte, la técnica o el oficio sobre la que verse la pericia en cuestión esté reglamentada; en caso contrario, deberá designarse a una persona de idoneidad manifiesta y que preferentemente pertenezca a un gremio o agrupación relativa a la actividad sobre la que verse la pericia. No se exigirán estos requisitos para quien declare como testigo sobre hechos o circunstancias que conoció espontáneamente, aunque para informar sobre ellos utilice las aptitudes especiales que posee en una ciencia, arte, técnica u oficio." Lo que permite concluir que el Ministerio Público se encuentra facultado para requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, quienes fungirán como auxiliares de la Administración de Justicia. Así, de los artículos antes señalados se advierte que la autoridad que la quejosa señala como responsable 1. Directora General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla únicamente es auxiliar en la Administración de Justicia y, por ende, su actuación no tiene autonomía propia, de ahí que no tenga el carácter de autoridad responsable, pues no encuadra en las hipótesis establecidas en los artículos 1 y 5, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 103, fracción I de la Constitución Federal. Ahora bien, el Ministerio Público es la institución encargada de velar por la exacta observancia de las leyes de interés público y, a través de sus Agentes, llevar a cabo la persecución de los delitos del orden común, por tanto, le corresponde la integración de las carpetas de investigación, así como solicitar las órdenes de aprehensión de los inculpados, y allegarse de las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos. Así mismo, para el cumplimiento de sus atribuciones, el Ministerio Público puede solicitar informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a sus auxiliares, como en este caso lo es la 1. Directora General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla. En tal sentido, la parte quejosa debe acudir directamente ante el Agente del Ministerio Público Investigador de Acatlán de Osorio, Puebla, para que ésta haga cumplir sus determinaciones; solicitándole que, en caso de que el Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla no dé cumplimiento, le aplique una de las medidas de apremio previstas por el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de lograr vencer la contumacia en que incurren los auxiliares en la administración de justicia. Por tanto, la autoridad señalada como responsable 1. Directora General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, como se indicó, no tiene el carácter de autoridad responsable y, por el contrario, el Ministerio Público tiene la facultad de actuar ampliando los medios de investigación y aplicando las medidas de apremio que estime convenientes, para lograr la debida integración de la averiguación previa. En mérito de lo expuesto, se estima que en la especie opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción II de dicho ordenamiento legal y, por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de derechos fundamentales por notoriamente improcedente. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita."

  4. Principal

    (publicación AVISO) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 18 DE febrero DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. CUESTIONES PRELIMINARES. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio de demanda signado por María Josefina Ávila Ávila, quien promueve por propio derecho y en representación de la menor de edad L.M.R.A, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de siete de febrero del año en curso (fojas 12 a 16), manifiesta lo siguiente: "(.) Para acreditar mi caráter de representante legal de mi menor hija LEIDI MAHARAI ROJAS ÁVILA, anexo a la presente copia certificada del acta de naciomiento, Folio A21 1718374, expedida en fecha doce de febrero de dos mil diecinueve. (.) Reclamo de la Directora General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía del Estado de Puebla, la omisión de nombrar perito en la materia de Vialidad Terrestre, solicitado mediante oficio: 1586/2018/ACATLÁN, por el abogado Marcial de los Santos Martínez, Agente del Ministerio Público Investigador de Acatlán de Osorio, Puebla. (.) No existe Acto que Reclamar al Fiscal del Estado de Puebla." En consecuencia, téngase a María Josefina Ávila Ávila, quien promueve por propio derecho y en representación de la menor de edad L.M.R.A, dando cumplimiento al requerimiento efectuado y precisando por auto de siete de febrero de dos mil diecinueve. DESECHAMIENTO. Ahora bien, debe precisarse que de la demanda de amparo se advierte que en la presente instancia constitucional la promovente reclama a la autoridad responsable denominada 1. Directora General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la omisión de nombrar perito en materia de vialidad terrestre dentro de la carpeta de investigación 232/2018/ACATLÁN/CNPP y solicitado por el agente del Ministerio Publico Investigador de Acatlán de Osorio, Puebla. Por tanto, este órgano jurisdiccional estima que en el caso, procede desechar de plano la demanda de derechos fundamentales que se analiza, pues en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II de dicho ordenamiento legal. Los artículos referidos disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: [.] El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Conforme a los dispositivos legales que anteceden, debe decirse que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos u omisiones, normas generales o tratados internacionales que en el mismo se reclamen, provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De ahí que, se considere como autoridad para efectos del juicio de amparo a aquella que cuenta con las características de órgano público que le dan las normas jurídicas y que tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y datos siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En esa línea argumentativa, el artículo 1, último párrafo, establece que el amparo tendrá por objeto proteger a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o incluso de particulares, pero sólo en los casos señalados en la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 5, fracción II, primer párrafo, define como autoridad responsable a aquélla que, con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omita aquél que de realizarse las crearía, modificaría o extinguiría. Así, el segundo párrafo de la referida fracción establece los términos y casos en que los particulares serán parte en el juicio de amparo en calidad de autoridad responsable, previendo que será cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos de la fracción I, y cuyas funciones estén determinadas en una norma general. En esas condiciones, resulta factible concluir que un particular adquiere calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo, en términos de la legislación de la materia, cuando: 1. Realiza actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. 2. Afecta derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, 3. Sus funciones están determinadas en una norma general. Establecido lo anterior, conviene señalar que al dictaminar la exposición de motivos que dio origen a la Ley de Amparo que entró en vigor a partir del dos de abril del dos mil trece, las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación y de Estudios Legislativos, establecieron que la introducción de la posibilidad de pedir amparo contra actos de particulares obedeció a que quedó superada la teoría que asumía que los derechos fundamentales sólo podían ser afectados por las autoridades o los miembros del Estado. Explicaron que dicha teoría encontraba sustento en el hecho de que tradicionalmente se habían aceptado relaciones de verticalidad o supra-subordinación en que sólo el Estado podía afectar la esfera jurídica de los gobernados, lo que hacía necesario el reconocimiento de garantías individuales que limitaran su actuación, situación que cambió a partir del reconocimiento de los derechos fundamentales. Concepción que se dijo fue modificada principalmente por tres razones: por el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales; porque hoy en día la vulneración de los derechos fundamentales no proviene de autoridades sino de la actuación de particulares en determinadas circunstancias, por ejemplo, las afectaciones al medio ambiente y las prácticas de discriminación social y, finalmente, porque la protección procesal para prevenir o reparar violaciones a los derechos humanos cometidas por particulares era prácticamente nula o de una eficacia muy limitada. Para finalmente explicar que, como en muchas ocasiones ha existido violación a derechos humanos por parte de particulares, resultaba conveniente adoptar un modelo de protección horizontal que garantice un resguardo más eficaz y justo, razón por la cual se proponía tener a los particulares como autoridades responsables cuando actuaran con ese carácter afectando derechos fundamentales, siempre que su función derive de una norma general y abstracta, pues en otros casos la protección contra ese tipo de actos se deberá realizar mediante la tramitación de medios ordinarios de defensa. Como se ve, cuando el legislador incorporó al texto de la Ley de Amparo la posibilidad de tener a los particulares como autoridades responsables en el juicio de amparo pretendió proteger a los gobernados de la vulneración a sus derechos con independencia del carácter de quien emita el acto o cometa la omisión. Razón por la que limitó la posibilidad de que los particulares acudan al juicio de amparo a los casos en que conforme a sus funciones puedan dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar u omitir algún acto en forma unilateral y obligatoria que conlleve a la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas que afecten derechos. En otras palabras, para que alguna autoridad sea llamada al juicio de amparo como responsable se requiere que dentro del cúmulo de funciones que les otorga la norma general y abstracta que los regula se encuentre prevista la de dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar u omitir algún acto en forma unilateral y obligatoria que conlleve a la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas que afecten derechos. Sentado lo anterior, se hace referencia al caso concreto, en el que la parte quejosa alega como acto reclamado la omisión de la 1. Directora General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, de nombrar perito en materia de vialidad terrestre dentro de la carpeta de investigación 232/2018/ACATLÁN/CNPP que le solicitó el agente del Ministerio Publico Investigador de Acatlán de Osorio, Puebla; sin que le asista la razón de acuerdo a las siguientes consideraciones jurídicas. Como se advierte del cuerpo de la demanda, la autoridad que la parte quejosa señala como 1. Directora General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla es auxiliar del Agente del Ministerio Público Investigador de Acatlán de Osorio, Puebla; por lo que, aquélla no tiene las facultades que se establecen en la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo. En efecto, los artículos 127, 131, fracción IX, 368 y 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: (.) Artículo 127. Competencia del Ministerio Público Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. (.) Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones: . IX. Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba. (.) Artículo 368. Prueba pericial Podrá ofrecerse la prueba pericial cuando, para el examen de personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para el proceso, fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio. (.) Artículo 369. Título oficial Los peritos deberán poseer título oficial en la materia relativa al punto sobre el cual dictaminarán y no tener impedimentos para el ejercicio profesional, siempre que la ciencia, el arte, la técnica o el oficio sobre la que verse la pericia en cuestión esté reglamentada; en caso contrario, deberá designarse a una persona de idoneidad manifiesta y que preferentemente pertenezca a un gremio o agrupación relativa a la actividad sobre la que verse la pericia. No se exigirán estos requisitos para quien declare como testigo sobre hechos o circunstancias que conoció espontáneamente, aunque para informar sobre ellos utilice las aptitudes especiales que posee en una ciencia, arte, técnica u oficio." Lo que permite concluir que el Ministerio Público se encuentra facultado para requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, quienes fungirán como auxiliares de la Administración de Justicia. Así, de los artículos antes señalados se advierte que la autoridad que la quejosa señala como responsable 1. Directora General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla únicamente es auxiliar en la Administración de Justicia y, por ende, su actuación no tiene autonomía propia, de ahí que no tenga el carácter de autoridad responsable, pues no encuadra en las hipótesis establecidas en los artículos 1 y 5, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 103, fracción I de la Constitución Federal. Ahora bien, el Ministerio Público es la institución encargada de velar por la exacta observancia de las leyes de interés público y, a través de sus Agentes, llevar a cabo la persecución de los delitos del orden común, por tanto, le corresponde la integración de las carpetas de investigación, así como solicitar las órdenes de aprehensión de los inculpados, y allegarse de las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos. Así mismo, para el cumplimiento de sus atribuciones, el Ministerio Público puede solicitar informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a sus auxiliares, como en este caso lo es la 1. Directora General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla. En tal sentido, la parte quejosa debe acudir directamente ante el Agente del Ministerio Público Investigador de Acatlán de Osorio, Puebla, para que ésta haga cumplir sus determinaciones; solicitándole que, en caso de que el Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla no dé cumplimiento, le aplique una de las medidas de apremio previstas por el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de lograr vencer la contumacia en que incurren los auxiliares en la administración de justicia. Por tanto, la autoridad señalada como responsable 1. Directora General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, como se indicó, no tiene el carácter de autoridad responsable y, por el contrario, el Ministerio Público tiene la facultad de actuar ampliando los medios de investigación y aplicando las medidas de apremio que estime convenientes, para lograr la debida integración de la averiguación previa. En mérito de lo expuesto, se estima que en la especie opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción II de dicho ordenamiento legal y, por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de derechos fundamentales por notoriamente improcedente. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita."

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