María José Rivera Guevara
Expediente 320/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 27 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 320/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 25/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María José Rivera Guevara
- Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a este Juzgado
- Instituto Nacional del Derecho de Autor
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 320/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: Boca del Río, Veracruz, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que, por una parte, se concedió la suspensión del acto reclamado (definitiva), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe. En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que, por una parte, se concedió la suspensión del acto reclamado (definitiva), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el sobre devuelto por el Servicio Postal Mexicano, que contiene el oficio 20720, dirigido a la autoridad responsable 1. Instituto Nacional de Derechos de Autor, con sede en Xalapa, Veracruz, del que se advierte la imposibilidad de entregar dicho oficio con motivo de que no pertenece al domicilio al que fue dirigido. En ese sentido, tomando en consideración que la citada autoridad responsable al rendir su informe previo señalo domicilio procesal; por tanto, se ordena reexpedir el oficio 20720 en el domicilio correcto, esto es, el domicilio ubicado en Calle Puebla, número 143, colonia Roma, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06700, en la Ciudad de México, a fin de que se imponga del contenido de la interlocutoria emitida en autos el veinticinco de agosto de la presente anualidad. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
V. Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte quejosa la sentencia engrosada el treinta de septiembre del año en curso, misma que a la letra dice: RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito exhibido el seis de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Boca del Río, Veracruz, recibido por razón de turno el día siguiente en este juzgado María José Rivera Guevara representante legal de DEPORTE Y ENTRETENIMIENTO BAJO CERO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra del acto y autoridades que posteriormente serán precisados. SEGUNDO. Mediante acuerdo de diez de mayo de dos mil veintiuno, se acordó admitir la demanda de amparo; requerir de las autoridades 1. Instituto Nacional de Derechos de Autor, de la 2. Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, ambas con sede en Xalapa, Veracruz y de la 3. Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Boca del Río, en Veracruz, señaladas como responsables su informe justificado; dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; así como fijar fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional (fojas 70 a 73). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obran en autos los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 79, 104, 112, 115, 128 y 132) así como la constancia de notificación al Ministerio Público adscrito a este juzgado (foja 78); sin que en el caso recaiga el carácter de parte tercero interesada a persona alguna en razón de que el acto reclamado es de índole administrativa; por lo que tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de actos que -según afirma el quejoso- son susceptibles de afectar su legalidad y seguridad jurídica, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) toda vez que actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por cuestión del territorio, atento a que el acto reclamado tuvo ejecución material dentro de la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados por el quejoso son: 1. De la autoridad ordenadora INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR, se reclama la determinación infundada del importe a pagar por $9,311.12 (NUEVE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 12/100 M.N.) por supuestas violaciones a derechos de autor, mismas violaciones que no se especifican ni determinan claramente dejando al suscrito quejoso en estado de indefensión, documento que se contiene como gestión de cobro OFICIO/TES/SDI/EF/1453/2021, folio 085/2021 de fecha dieciséis de abril de dos mil veintiuno, emitido por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz. 2.- De las responsables ejecutoras se reclama el indebido cumplimiento que se le pretenda dar a la orden emitida por la responsable ordenadora. TERCERO. Inexistencia de los actos de ejecución reclamados. No es cierto el acto que se reclaman al 2. Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, ambas con sede en Xalapa, Veracruz, pues así se advierte de su informe justificado (fojas 112-115) sin que al respecto el peticionario de amparo hubiese aportado prueba idónea para desvirtuar tal negativa. En esas condiciones, dado que no se acreditó la existencia de los referidos actos reclamados, procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de dichos actos y autoridades responsables, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo vigente. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables 1. Instituto Nacional de Derechos de Autor, en Xalapa, Veracruz, y de la 3. Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Boca del Río, en Veracruz, aceptaron la existencia de los restantes actos que se les reclama, pues así se aprecia de sus informes y las constancias que remitieron como justificación de tales actos (fojas 40 a 46). El contenido de dichos informes se corroboran con las pruebas aportadas las propias responsables que tienen plena eficacia probatoria en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente de acuerdo con el dispositivo 2, párrafo segundo de la ley de la materia, por tratarse de documentos emitidos por funcionarios en el ejercicio de su encomienda. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. En el juicio de amparo es posible impugnar normas generales, actos u omisiones cuando vulneren derechos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, inclusive, cuando esa vulneración se origine por la contravención al régimen de distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas. Por ello, es un mecanismo jurisdiccional de control constitucional que tiene la finalidad de restituir el goce de tales derechos. La improcedencia de dicho mecanismo, según lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conlleva la actualización de un impedimento técnico para que el órgano jurisdiccional analice y resuelva la cuestión planteada en la demanda y, por ende, supone algunas circunstancias - de hecho o de derecho - que impiden que la parte quejosa logre la satisfacción de su pretensión mediante la acción de amparo e implica, según el momento procesal, el desechamiento de aquélla o el sobreseimiento en el juicio. Tales circunstancias están previstas como hipótesis en el artículo 61 de la Ley de Amparo; y, según lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben ser interpretadas restrictivamente para que la salvaguarda de la Constitución y de los derechos humanos mediante el juicio de amparo sea efectiva y no ilusoria. De ahí que siendo las causales de improcedencia cuestiones de orden preferente, éstas deben analizarse previamente a cualquier otro planteamiento, lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo que dispone la jurisprudencia número 814, visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, como la tesis aislada 2a. CLVII/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, enero de 2010, página 324, con Registro digital 165538 del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben interpretarse de manera estricta, de manera que la salvaguarda de la Constitución y de las garantías individuales a través de dicho proceso sea efectiva, de lo cual deriva que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 73 de la Ley de Amparo, el juez debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que condicionan la actuación de todos los poderes públicos, incluido el juez de amparo." Por cuestión de técnica jurídica, a juicio del suscrito se estima que se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque se considera que la demanda de amparo con que se constituyó este asunto fue presentada fuera del plazo que establece el artículo 17 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, como consecuencia de ello, ha operado el consentimiento tácito del acto reclamado MARCO NORMATIVO En efecto, para justificar la actualización del aludido motivo de improcedencia, se considera oportuno establecer el siguiente marco legal. Los artículos 17, 18, 19 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; ." De una interpretación sistemática y teleológica de los preceptos legales citados se pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término de quince días que prevé el artículo 17, mismos que deberán ser computados de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo vigente. Igualmente, se prevén tres supuestos en los que el peticionario del amparo puede tener conocimiento de los actos reclamados y, que se tomarán como punto de partida para realizar el cómputo de los quince días para la interposición de la demanda de amparo. Esas hipótesis son: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. La hipótesis del inciso a) refiere a la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en data precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se consideran legales y, en consecuencia, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, en tanto el quejoso no cuestione su nulidad o ilegalidad. La contemplada en el inciso b) establece que, para computar el plazo de quince días, es necesario un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable (distinto a la notificación) de una autoridad diversa o incluso del propio quejoso, que conlleve la certeza de que éste tuvo conocimiento en forma directa, plena y completa del acto reclamado. Y la diversa del inciso c) establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, lo cual implica una expresión exclusiva de éste, quien manifiesta que conoce la actuación reclamada; esa conducta puede considerarse como una confesión expresa por parte del afectado. De lo anterior se concluye que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo -en las vías directa o indirecta- comienza a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis antes señaladas, las cuales son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. ANTECEDENTES Concretando el marco referencial que precede, y con la finalidad de contar con la información suficiente para justificar el motivo de improcedencia invocado, criterio que aquí se sostiene, conviene hacer referencia a los antecedentes que se desprenden de las copias certificadas remitidas del expediente administrativo de avenencia número 206/98.402/1403"2017" del 1. Instituto Nacional de Derechos de Autor, en Xalapa, Veracruz y del oficio y anexos remitidos por el 3. Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Boca del Río, en Veracruz, que remitieron en justificación de sus actos. 1. En data de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, la apoderada legal de la SOCIEDAD MEXICANA DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS VIDEOGRAMAS Y MULTIMEDIA S.G.C. (SOMEXFON) instó ante la Subdirección de Conciliación y Consulta de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional del Derecho de Autor, una controversia suscitada con la asociación DEPORTE Y ENTRETENIMIENTO BAJO CERO, S.A. DE C.V., según lo manifestado en su escrito de queja, con relación a la comunicación directa al público con fines de lucro de fonogramas de la titularidad de los socios de SOMEXFON, sin haber realizado el pago que establecen los artículos 131 bis y 133 de la Ley Federal del Derecho de Autor por el uso de los derechos conexos del productor del fonograma dentro del establecimiento comercialmente conocido como ZONA ARTICA. 2. Con motivo de dicho procedimiento administrativo de avenencia, con número de expediente 206/98.402/1403"2017", se dictó el acuerdo admisorio DJPA/5706/2017 de fecha veintiuno de octubre de dos mil diecisiete, emitido por el Subdirector de Conciliación y Consulta del Instituto Nacional del Derecho de Autor, por el cual se citó a las partes para que comparecieran el día veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las trece horas con treinta minutos, en el local que ocupa la Dirección Jurídica del Instituto Nacional del Derecho de Autor, ubicado en la calle Puebla número 143, Primer Piso, Colonia Roma, C.P. 06700, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal; para que tuviera verificativo el procedimiento de avenencia iniciado, haciéndoles el apercibimiento que en caso de inasistencia con fundamento en lo dispuesto en el artículo 218 fracción III de la Ley Federal del Derecho de Autor y 140 de su Reglamento, se impondría a cualquiera de las partes una multa de cien a ciento cincuenta unidades de medida y actualización. 3. Con fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho, a las trece horas con treinta minutos se llevó a cabo la celebración de la Junta de avenencia antes mencionada, se emitió el acuerdo DJPA/513/2018 de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho, mediante el cual a petición del promovente del procedimiento de avenencia se dejó sin efecto la junta de avenencia programada para el veinticinco de enero de dos mil dieciocho en el acuerdo DJPA/5706/2017 de fecha veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, asimismo, se señalaron las nueve horas con treinta minutos del día siete de mayo de dos mil dieciocho, para la continuación del presente procedimiento, haciéndoles el apercibimiento que en caso de inasistencia con fundamento en lo dispuesto en el artículo 218 fracción III de la Ley Federal del Derecho de Autor y 140 de su Reglamento, se impondría a cualquiera de las partes una multa de cien a ciento cincuenta unidades de medida y actualización. 4. Con fecha siete de mayo de dos mil dieciocho, a las nueve horas con treinta minutos se llevó a cabo la celebración de la junta de avenencia antes mencionada, se emitió el acuerdo DJPA/2496/2018 de fecha siete de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual a petición del promovente del procedimiento de avenencia se dejó sin efecto la junta de avenencia programada para el siete de mayo de dos mil dieciocho en el acuerdo de DJPA/513/2018 de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho, asimismo se señalaron las diez horas con treinta minutos del día veinte de julio de dos mil dieciocho, para la continuación del presente procedimiento, haciéndoles el apercibimiento que en caso de inasistencia con fundamento en lo dispuesto en el artículo 218 fracción III de la Ley Federal del Derecho de Autor y 140 de su Reglamento, se impondría a cualquiera de las partes una multa de cien a ciento cincuenta unidades de medida y actualización. 5. Con fecha veinte de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la celebración de la junta de avenencia antes mencionada, se emitió el acuerdo DJPA/4034/2018 de fecha veinte de julio de dos mil dieciocho, en donde se hizo constar la comparecencia de la persona de la representante legal de SOCIEDAD MEXICANA DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS VIDEOGRAMAS Y MULTIMEDIA, S.G.C. (SOMEXFON), y no así la del representa legal de DEPORTE Y ENTRETENIMIENTO BAJO CERO, S.A. DE C.V., y ya existiendo en autos del expediente administrativo de avenencia 206/98402/1403"2017" constancia de notificación, se procedió hacer efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo DJPA/2496/2018 de fecha siete de mayo de dos mil dieciocho, imponiéndole una multa al quejoso de cien unidades de medida y actualización equivalentes a $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 M.N.) de conformidad con lo establecido en los artículos 2018, fracción III de la Ley Federal del Derecho de Autor y 140 de su Reglamento. 6. Mediante oficio DJPA/5993/2018 de fecha veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, la Jefa del Departamento de Conciliaciones, solicitó a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, que hiciera efectiva la multa administrativa federal no fiscal, impuesta a DEPORTE Y ENTRETENIMIENTO BAJO CERO, S.A. DE C.V., equivalente a cien unidades de medida y actualización por la cantidad de $8,060.00 ( ocho mil setenta pesos 00/100 M.N.) en cumplimiento al oficio DJPA/4034/2018 (M2) de fecha veinte de julio de dos mil dieciocho. Ahora por lo que respecta a la autoridad 3. Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Boca del Río, en Veracruz, informó lo siguiente: 1.- El Tesorero Municipal radicó el expediente MFNF/TES/EF0235/2019 del índice de la Tesorería Municipal el día catorce de mayo del año dos mil diecinueve, en dicha actuación se tuvo por recibo el oficio DGR/SEF/DGPPYANF/1183/2019 signado por la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz-mismo que contenía la comparecencia de fecha veinte de julio del 2018, esto ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, bajo el expediente 206/98.402/1403 "2017" y número de oficio DJPA/4034/2018 (M2) Procedimiento Administrativo. En dicho proveído, se ordenó el requerimiento de pago de la multa impuesta por OCHO MIL SESENTA PESOS, MONEDA NACIONAL (8,060.00) cantidad que determinó idónea la autoridad emisora del procedimiento 206/98.402/1403 Deporte y Entretenimiento Bajo Cero, S.A de C.V. Aunado a ello, se agregaron las cantidades de DOSCIENTOS OCHO PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL ($208.77) por concepto de factor de actualización y TRESCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($380) por concepto de honorarios. Lo anterior trajo como suma total la cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO, CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL ($8, 648.77), señalando que dicha cantidad fue requerida en primera ocasión en fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, y el cual se inserta a fin de evidenciar lo planteado por la responsable: Ahora, dado que dicho requerimiento no fuera atendido la responsable llevó a cabo un segundo requerimiento en los siguientes términos: A la imposición de la multa inicial se agregaron las cantidades de OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON ONCE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL ($871.11) por concepto de factor de actualización y TRESCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($380) por concepto de honorarios. Lo anterior trajo como suma total la cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS CON DOCE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL ($9,311.712). -Hasta aquí los antecedentes- SUBSUNCIÓN. En el contexto normativo y fáctico anterior, se puede concluir que, en el asunto a estudio, se concreta el primero de los supuestos precisados, del artículo 18, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra de la multa impuesta dentro del expediente administrativo de avenencia número 206/98.402/1403 "2017" así como se ejecución; no obstante el impetrante de garantías fue notificado formalmente de tal multa en primera ocasión en fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, por parte de la autoridad responsable 3. Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Boca del Río, en Veracruz, mediante acta de notificación de quince de mayo de dos mil diecinueve, sin que haya presentado su demanda de amparo dentro de los quince días siguientes al en que surtió efectos la notificación aludida. En efecto, de las constancias remitidas por las responsables 1. Instituto Nacional de Derechos de Autor, en Xalapa, Veracruz y 3. Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Boca del Río, en Veracruz se aprecia que la multa reclamada fue emitida el veinte de julio de dos mil dieciocho, con motivo de hacer efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo DJPA/2496/2018 de fecha siete de mayo de dos mil dieciocho, imponiéndole una multa al quejoso de cien unidades de medida y actualización equivalentes a $8,060.00, y notificada por mediante acta de notificación el quince de mayo de dos mil diecinueve. Circunstancia que pone en evidencia que, a partir del día siguiente al en que surtió efectos dicha notificación, esto es, el dieciséis del mes y año citado, empezó a transcurrir el término de quince días con que contaba la quejosa para presentar su demanda de amparo, el cual feneció el seis de junio del mismo año, con descuento de los días inhábiles (dieciocho, diecinueve, veinticinco, veintiséis de agosto y uno y dos de junio de dos mil diecinueve por ser sábados y domingos. Luego, se colige que el plazo de quince días con que contaba la parte quejosa para presentar la demanda de amparo ya había fenecido, conforme lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que de conformidad con el transcrito artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para la interposición del juicio de amparo, en este caso, es de quince días, pues el acto reclamado en este asunto no lo constituye una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en que el plazo de presentación de la demanda es de treinta días. Tampoco se está ante una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, donde el plazo para presentarse es hasta de ocho años. Mucho menos se promovió el presente asunto contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, donde el plazo para promoverla será de siete años. Además, la resolución reclamada no constituye un acto que ataque la libertad personal fuera de procedimiento judicial. Tampoco se advierte que con la emisión de la misma, exista en perjuicio de la parte quejosa, peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o incorporación forzosa al servicio del Ejército o Armada Nacionales. Por lo que se evidencia que no se está en presencia de alguna de las hipótesis de excepción establecidas por el citado precepto legal. En la especie, como se vio, si el plazo para presentar la demanda de amparo feneció el seis de junio de dos mil diecinueve, entonces es evidente que la presentación de la demanda que originó el presente juicio es extemporánea al haberse exhibido el seis de mayo de dos mil veintiuno y por ende, el destacado acto reclamado debe considerarse tácitamente consentido. CONCLUSIÓN En consecuencia, al tener el acto reclamado la calidad de consentido tácitamente, pues no se promovió en su contra el juicio de amparo en el término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, resulta indudable que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia de mérito, entonces debe sobreseerse el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, conforme a los términos antes expuestos, no es óbice el dejar de analizar los argumentos alegados por el peticionario de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." SEXTO. Supresión de datos sensibles. En otro contexto, tomando en consideración que las partes en este asunto no realizaron manifestación alguna, dentro del término concedido, en relación con su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 63, fracción V, y 74, de la Ley de Amparo en vigor, se RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por María José Rivera Guevara representante legal de DEPORTE Y ENTRETENIMIENTO BAJO CERO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra del acto y autoridades señalados en el resultando primero y considerando segundo, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de la presente sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación del presente fallo. Notifíquese en términos de ley.
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