María José Rangel Martínez y Otros.

Expediente 971/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 17 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
971/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
19/04/2023

Partes del expediente

  • María José Rangel Martínez
  • María José Rangel Martínez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Vista la cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa en proveído de veintinueve de marzo del año en curso, a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, este órgano jurisdiccional analizará si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector está cumplido. Asimismo, debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente. En tales condiciones, se considera que el fallo protector está cumplido conforme a lo dispuesto en los artículos 77 y 192, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo. Máxime que mediante escrito acordado el diez de abril en curso, la parte quejosa manifestó su conformidad con el cumplimento a la sentencia dictada en este juicio. En mérito de lo anterior, con apoyo en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, archívese el presente asunto como totalmente concluido y háganse las anotaciones respectivas. este expediente es susceptible de depuración, el cual deberá conservarse en este órgano jurisdiccional por el plazo de tres años, contado a partir del presente acuerdo. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse. Toda vez que en el presente expediente obran documentos susceptibles de devolución aportados por la parte quejosa, désele vista por el plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que comparezca a este juzgado a recogerlos; apercibida con que de no hacerlo, se procederá a su destrucción.-

  2. Principal

    Vista la cuenta, agréguese el escrito firmado por Leticia Atilano Baltazar, autorizada de la parte quejosa, en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual realiza manifestaciones respecto del cumplimiento dado al fallo protector de este asunto, por ende, una vez que trascurra el término de tres días concedido en auto de veintinueve de marzo del año en curso, se realizara el pronunciamiento correspondiente a dicho cumplimiento.

  3. Principal

    Vista la cuenta, agréguese el oficio (folio 4507) firmado por el Oficial del Registro Civil 01 de Silao, Guanajuato, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector, y remite copia certificada de las constancias relativas. Consecuentemente, previo a pronunciarse respecto al cumplimiento de mérito, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta y sus anexos, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga. En la inteligencia de que de no hacerlo dentro del plazo que se le concede, este órgano de control constitucional proveerá lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del precepto legal en cita. Finalmente, agréguese el oficio (folio 4508) firmado por el Director General del Registro Civil del Estado de Guanajuato, mediante el cual remite copia del diverso que giró al Oficial del Registro Civil 01 de Silao, Guanajuato, para que cumpliera con la sentencia dictada en el presente asunto. Aspecto del que se toma conocimiento para los fines legales conducentes.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que al efecto señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia de catorce de diciembre de dos mil veintidós en la que se concedió el amparo solicitado por las quejosas. Con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Consecuentemente, conforme a lo establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Oficial del Registro Civil 01 de Silao, Guanajuato, para que en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que reciba el oficio que derive del presente proveído, cumpla con la sentencia amparadora e informe las medidas que tome al respecto, para lo cual deberá remitir copia certificada de las constancias relativas. De igual forma, con fundamento en el artículo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Director General del Registro Civil del Estado, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable señalada en el párrafo anterior, a fin de que ordene a su subalterno acate la ejecutoria de amparo. En el entendido de que no basta con que emita un oficio en que indique que giró una orden a la responsable para el cumplimiento del fallo protector, para que se considere colmada su obligación en la etapa de ejecución de la sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirlo al debido cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues, de lo contrario le son aplicables las sanciones previstas en la propia ley. Es aplicable la jurisprudencia I.9o.A. J/3 (10a.), del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Décima Época, registro 2005830, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, página 1380, que dice: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito." Con el apercibimiento de que de no dar cumplimiento a los requerimientos que respectivamente se les formulan, sin causa justificada, se seguirá en su contra el procedimiento previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, esto es, se impondrá a la omisa una multa de cien unidades de medida y actualización, que asciende a $10,374 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 258 en relación con el diverso 238, y se remitirán los presentes autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para los efectos del numeral 193 de la Ley de Amparo.

Quedan 13 actuaciones en este expediente

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