María José Ramírez Reyes

Expediente 102/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
102/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
08/03/2021

Partes del expediente

  • María José Ramírez Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y certificación que antecede, en el sentido de que transcurrió el término para interponer el recurso de queja que el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintitrés de febrero del año en curso, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme. Notifíquese.se expide el oficio , al tenor de la minuta que se agrega. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a las nueve horas del día nueve de marzo de dos mil veintiuno, la (el) suscrita (o) actuaria (o), hago constar que la anterior determinación fue notificada por lista. Doy fe.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. ANOTACIONES Con la demanda de amparo promovida por ***** quien se ostenta apoderado de ***** y de sus menores hijas, contra actos del Director de Administración y Finanzas, Subdirectora de Recursos Humanos y Jefe del Departamento de Tesorería, todos del Instituto de Salud del Estado de Chiapas; se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 102/2021-V. DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Lo anterior se estima así, ya que el promovente reclama la omisión de no garantizar a ***** "el laborar bajo la modalidad de trabajo en casa y no concederle el resguardo domiciliario, ante la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 por pertenecer a un grupo vulnerables, al no existir condiciones laborales para presentarme presencialmente a mi centro de trabajo, así como ordenar la ilegal retención de sus salarios y demás prestaciones a que tiene derecho, amén de haberlo requerido mediante escrito presentado el 23 de julio de año 2020, con lo cual se violentó su derecho de petición". Es menester precisar que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que el acto de autoridad, cause algún perjuicio en la esfera jurídica del promovente, lo que supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado en el momento en que se ejecutó el acto, que cuando se ve transgredido por la actuación de la autoridad, faculta a su titular para acudir ante el Órgano de Control Constitucional correspondiente, demandando que la transgresión cese. Ahora bien, el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad, de los actos de las autoridades, que de conformidad con la fracción I del artículo 107 constitucional, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. La anterior disposición se reproduce en el artículo 5º, fracción I2 y 6, de la Ley de Amparo. De lo anterior se obtienen los conceptos de parte y de afectación. El primer concepto, "parte", corresponde a quien ejercita la acción constitucional que activará a los órganos jurisdiccionales, con la pretensión de obtener la protección de la justicia de la Unión. A través del ejercicio de la acción constitucional, el promovente del amparo, pretende que se tutele un derecho público subjetivo, que en su perjuicio fue infringido por las autoridades que emitieron u omitieron el acto que reclama, dicha infracción debe ser personal, es decir, se concrete específicamente en el quejoso, no ser abstracto; y, directa, entendiéndose con esto último, que debe haberse producido, estarse ejecutando o ser de realización inminente. Mediante el derecho de acción, que es un derecho instrumental, se pretende el respeto del derecho público subjetivo y, en su caso, la restitución en su goce; pero resulta que tal derecho subjetivo puede o no existir, o puede o no haber sido infringido por la autoridad responsable, no obstante lo cual, el órgano prestador de la función jurisdiccional se activó debido a que el derecho de acción es dinámico. En ese orden de ideas, quien ejercita la acción de amparo, siempre se ostenta titular de un derecho que se ve amenazado por la actuación de las responsables y, en tal evento tiene necesidad de acudir ante los tribunales a solicitar la protección federal; es decir, a solicitar se le respete el derecho violado. Precisado lo anterior, resulta evidente que la omisión de garantizar a ***** la modalidad de trabajo en casa, así como la retención de su salario y demás prestaciones, no es un acto que irrogue perjuicio a ***** -promovente del amparo-, a menos que esa determinación vulnere directamente algún derecho subjetivo público o produzca una afectación de imposible reparación; ya que en todo caso, a quien perjudica directamente tal omisión sería es a *****. Lo anterior se determina así, ya que si bien *****, se ostenta apoderado de *****, lo cierto es que no anexa documento fehaciente e idóneo para acreditar dicha personería, pues la carta poder de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno que le fue otorgada por *****, resulta insuficiente para acreditar tal representación, ya que al tratarse de un mandato general es imprescindible que el mismo cumpla con los requisitos establecidos por el artículo 2555, fracción I del Código Civil Federal. Por lo que, al no cumplir con dichos requisitos, resulta insuficiente para acreditar su personalidad dentro del juicio de amparo que promueve. Así las cosas, al advertirse en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene por autorizados en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, siempre y cuando sus cédulas se encuentren en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, en el entendido que lo anterior se verificará una vez que hagan valer dicha autorización. Como lo solicita, se tiene como medio para oír y recibir notificaciones la firma electrónica (FIREL) que proporciona, de conformidad con el artículo 26 fracción IV de la Ley de Amparo y el articulo 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual refiere que su nombre de usuario en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/home/opc ionesfirel, es "*****", debiendo corroborar su credencial de acceso a dicho portal. Asimismo, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y 35 del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del presente asunto vía electrónica. De lo anterior, hágase la anotación correspondiente en el sistema electrónico a través de la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). Respecto a su petición de recibir notificaciones a través del correo electrónico y número de teléfono que proporciona, de conformidad con el artículo 22, fracción II del acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza ese medio sólo para recibir comunicaciones no procesales, las cuales éste juzgador determinará qué actuaciones tienen tal carácter. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Como lo solicita, se autoriza la reproducción de las constancias que obren en este expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. Notifíquese electrónicamente al quejoso.

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