María José Pérez Moreno y Otros.
Expediente 969/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 969/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/06/2023
Partes del expediente
- María José Pérez Moreno y Otros.
- María José Pérez Moreno
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por el tercero interesado ***, por el cual solicita copia certificada de la sentencia dictada en el presente juicio. En consecuencia, en términos de lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídasele a su costa las copias que refiere en su escrito de cuenta, previa razón que se deje en autos para su debida constancia. Lo anterior, en el entendido de que, conforme al artículo 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, la persona autorizada para consultar el expediente electrónico puede descargar en su equipo de cómputo, copia de la citada determinación, la que se considera certificada electrónicamente al incluir la evidencia criptográfica. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; trece de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio remitido vía electrónica proveniente del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, por el cual acusa recibo del diverso 15561/2022, del índice de este juzgado, solicita se le remita la constancia de notificación relativa a la resolución de uno de marzo de dos mil veintitrés, realizada a la parte quejosa, e informa que lo registró con el número ***. En atención a lo solicitado, remítasele al Tribunal de Alzada, previo teste y sustitución de la constancia de notificación de uno de marzo del año en curso, realizada a la parte quejosa, copia certificada de la misma, para que se encuentre en aptitud de acordar lo conducente en relación al medio impugnación interpuesto. Notifíquese
- Principal
CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; trece de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la autoridad responsable señalada como: 1. Juzgado Tercero Especializado en Materia Burocrática, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente y registrarlo bajo el número de juicio de amparo 969/2023-1-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: *** "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis1 2a.LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene por rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en la dilación de la responsable en dar trámite a la demanda laboral presentada por la parte quejosa el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, con la que se formó el juicio laboral XXX. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, 6 y 107, fracción V, aplicado a contrario sensu de la Ley de Amparo2. Conforme al artículo 61, fracción XXIII, del ordenamiento legal en cita, en que se apoya la causa de improcedencia de referencia, el juicio de amparo será improcedente cuando ello resulte de alguna disposición legal; dicho normativo no establece una causa específica, sino más bien una cláusula abierta que permite decretar su improcedencia de acuerdo con un supuesto que se desprenda del contenido de la Ley de Amparo o de la Constitución, distinto a los mencionados en las primeras veintidós fracciones de ese precepto. Al respecto, es aplicable la tesis 2a. XCI/2015 (10a.)3 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO". Correlativo a lo anterior, el artículo 6, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos del artículo 5, fracción I, de la ley de la materia. Luego, el artículo 5, fracción I, párrafo primero, de la ley del ordenamiento legal en cita, prevé que tiene carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1, de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.De los numerales invocados, se colige que la existencia de un agravio personal y directo en la esfera jurídica del particular, es uno de los requisitos esenciales a efecto de que proceda el juicio de amparo, y como éste tiene por objeto proteger a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo que afecte de manera directa la esfera jurídica del gobernado. En efecto, del artículo 6, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, se advierte que sólo a quien perjudique la norma general o el acto reclamado de forma directa y personal, es quien se encuentra legitimado para promover el juicio de amparo. En ese sentido, es importante precisar que por "agravio" debe entenderse todo menoscabo, o toda ofensa que se infrinja a la persona física o moral, ya sea de naturaleza patrimonial o no, siempre que sea apreciable objetivamente. En otras palabras, la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. Aunado a lo anterior, dicho agravio debe recaer en una persona determinada, no ser abstracto, y ser de realización ya sea pasada, presente o inminente y no simplemente eventual, aleatorio o hipotético; es decir, es menester que se haya producido, se esté efectuando en el momento de la promoción del juicio de amparo, o bien, que sea de carácter inminente. Apoya lo antes considerado, la jurisprudencia 1a./J. 168/20074 , emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por título "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS". En el caso particular, la promovente de amparo señala como acto reclamado la dilación de la responsable en dar trámite a la demanda laboral presentada por la parte quejosa el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, con la que se formó el juicio laboral XXXX. Sin embargo, contrario a lo manifestado por la quejosa, debe decirse que de ninguna manera puede concluirse por el momento, que la dilación reclamada, le ocasione un perjuicio en su esfera jurídica, ni que tampoco le produzca una afectación material a sus derechos sustantivos, aun cuando se aleguen violaciones al derecho de impartición de justicia pronta, completa e imparcial, ya que no constituyen una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de prosecución; resultando improcedente el juicio de amparo en su contra. En efecto, para poder considerar que existe una abierta dilación de la autoridad responsable, es preciso establecer como se deben computar los plazos según la ley que norma el procedimiento burocrático, para ello, es preciso establecer lo que dispone el artículo 156, de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas: "Artículo 156.- Se tendrá por desistida de la acción y de la demanda intentada, a toda persona que no haga promoción alguna, en el término de tres meses, siempre que esa promoción sea necesaria para la continuación del procedimiento. El tribunal, de oficio o a petición de parte, una vez transcurrido ese término, declarará la caducidad." Así, de acuerdo a lo antes mencionado, y atendiendo a la temporalidad que dispone el numeral previamente transcrito, debemos tener en cuenta cómo se deben de computar los plazos en tratándose de asuntos de esta naturaleza, para ello, se trae a la luz el contenido del artículo 736 de la Ley Federal del Trabajo, misma que como se estableció, se aplica supletoriamente a la legislación del Servicio Civil del Estado y de los Municipios de Chiapas, la cual dispone: "Artículo 736.- Para computar los términos, los meses se regularán por el de treinta días naturales; y los días hábiles se consideraran de veinticuatro horas naturales, contados de las veinticuatro a las veinticuatro horas, salvo disposición contraria en esta Ley". Ahora, para considerar si en el caso en particular ha existido una abierta dilación al no dar trámite a la demanda laboral presentada por la parte quejosa el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, con la que se formó el juicio laboral XXXXXX, es preciso dejar establecido qué plazo es el que se debe atender como parámetro para considerarlo así; para ello, el artículo 156 de la mencionada ley, dispone el término de tres meses, para que las partes puedan impulsar el procedimiento, y una vez transcurrido ese plazo, el antes tribunal, hoy Juzgado Especializado en Materia Burocrática del Tribunal Superior de Justicia del Estado del Poder Judicial del Estado de Chiapas, de oficio o a petición de parte, podrá declarar la caducidad. Es decir, en dicho precepto se observa que el legislador estableció en la ley local un lapso preciso (tres meses) para que el anterior Tribunal Burocrático, hoy Juzgado Especializado oficiosamente o a petición de parte provea lo necesario en relación con la paralización del procedimiento, y concluyó que la sanción de tal inactividad procesal, caduca la instancia. Periodo de tres meses que evidentemente tiene el propósito de que los juicios no queden indefinidamente paralizados, y resulta un referente útil, por identidad de razones, para determinar cuándo debe considerarse que se ha configurado una dilación excesiva que se traduce en una paralización del procedimiento. Por ello, si en el presente asunto, la demanda por la que ocurre en esta instancia, se recibió en el buzón judicial el nueve de junio del actual, según el sello estampado que obra en la misma, es evidente que no ha existido una abierta dilación para dar trámite a la demanda laboral presentada por la parte quejosa el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, con la que se formó el juicio laboral XXXX, ya que únicamente han transcurrido ochenta y un días naturales, a partir del día siguiente al que tenía la autoridad responsable para dar trámite a la referida demanda, de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 de la Ley Del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas5. Ello es así, pues de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, la inconforme manifiesta que el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, presentó escrito de demanda radicada con el número de expediente 75/2023, del índice de la responsable, lo que constituye una confesión expresa, con pleno valor probatorio en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De ahí que, el acto reclamado no cause un perjuicio ni afecte directa e inmediatamente los derechos sustantivos de la parte quejosa, al no existir una abierta dilación, pues como ha quedado establecido, sólo han transcurrido ochenta y un días naturales en que la autoridad responsable ha dejado de actuar en torno a la admisión de la demanda, dentro del juicio natural. Por lo tanto, a consideración de quien esto resuelve, dicho plazo no puede considerarse como una abierta dilación del procedimiento. Resulta aplicable por los principios que la rigen, la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.)6, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que lleva por rubro "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS". Es importante precisar, que el parámetro que se adopta en el presente acuerdo, es similar al establecido por el alto tribunal, en la jurisprudencia que antecede, pues al resolver la contradicción de tesis que dio lugar a dicho criterio obligatorio, se tomó como plazo máximo para considerar que existe una abierta dilación, el contemplado en el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que de no existir una promoción por parte del trabajador dentro de los cuarenta y cinco días naturales, que sea necesaria para continuar el juicio, operará la caducidad del juicio correspondiente, período que se considera indispensable agotar a efecto de que la autoridad laboral, a manera de oficio provea lo propio, y que tiene como propósito de que los juicios no queden indefinidamente paralizados, resultando un referente útil, para determinar cuándo debe configurarse una dilación excesiva. Ahora, tomando como referente dicho criterio para considerar un determinado tiempo para que exista una dilación en el procedimiento, y atendiendo a que la Ley del Servicio Civil del Estado y de los Municipios de Chiapas, es puntal al establecer un término para que opere la caducidad de la instancia (tres meses), es necesario apegarse a dicho plazo, de modo que, atendiendo a las consideraciones establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tome como base para considerar la referida dilación, el que concluye con la caducidad del juicio. Sin que pase desapercibido para esta juzgadora el hecho de que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17 constitucional; sin embargo, como se dijo anteriormente, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del juicio laboral de origen, en el que, la quejosa es parte; por lo que resulta evidente que en el presente asunto no se actualiza caso de excepción alguno para acudir al juicio de amparo indirecto. Por lo antes expuesto, la suscrita considera que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, no media tiempo suficiente para afirmar que exista una abierta dilación del procedimiento de ejecución o su paralización total. Tiene aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.)7, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVO". Asimismo, no pasa inadvertido para quien esto resuelve, la circunstancia de que el acto reclamado se derive de un juicio laboral burocrático, regido por la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas; ello, en atención a que de conformidad con lo que dispone el artículo 11 de dicha ordenanza, se aplica como norma supletoria la Ley Federal del Trabajo. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, 6 y 107, fracción V, aplicado a contrario sensu de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones correspondientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS
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