Maria Jose Muñoz Alcocer
Expediente 1384/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1384/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 16/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Maria Jose Muñoz Alcocer
- Secretaria de Seguridad Publica del Estado de Yucatan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
VIII.- Toda vez que de la razón de cuenta que antecede, se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubieran recurrido la resolución constitucional dictada en este juicio de garantías; con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo anterior, se declara que la expresada resolución que en su único punto resolutivo SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, atendiendo a que no obstante que se tramitó y substanció el incidente de suspensión solicitado en estos autos, se advierte que se negó a la parte quejosa la suspensión provisional y definitiva del acto que reclamó; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Asimismo, en cumplimiento al punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa, en el que se negó la suspensión definitiva, se ubica en la diversa hipótesis a que se refiere la fracción III del punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado acuerdo, SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN; por lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. De igual modo, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo y acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, también ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Asimismo, en cuanto al valor jurídico no lo tiene el presente juicio de garantías, ni el incidente de suspensión derivado del mismo. Finalmente, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se hace del conocimiento de las partes, que en sesión ordinaria de trece de noviembre de dos mil diecinueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción de manera interina de la Jueza Karla Alexandra Domínguez Aguilar, en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, con efectos a partir del día uno de diciembre del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada Ley de la Materia, dese vista a las partes por el término de tres días, a efecto de que manifiesten lo que a sus intereses convenga.
- Principal
IV. RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el siete de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, María José Muñoz Alcocer, por su propio derecho, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES y ACTOS RECLAMADOS: *La Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, a quien reclamo: la detención y retención sin fundamentación alguna, del vehículo automotor propiedad de la suscrita, marca Seat, tipo Ibiza Xcellence 1.6L, 110HP, 6 VEL, 5 puertas, 4 cilindros, estándar, color blanco, nevada, modelo 2019, con número de serie VSSBB6KR04646, con placas del Estado de Yucatán YWM-493-B. * El Gobernador del Estado de Yucatán, a quien reclamo: La promulgación y publicación del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, que contiene los artículos 7, 331, 448, 451, 463, 468, 470 y 472 fracción I. La parte quejosa señaló como vulnerados, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del Juicio. Por acuerdo de ocho de octubre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo, registrándose bajo el número 1384/2019-IV del índice de éste juzgado federal; se solicitaron los informes justificados a la autoridades responsables; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se verificó al tenor del acta que antecede a la presente sentencia. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE DERECHO. PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgador Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 y 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 8/2013 del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se trata de una demanda de amparo promovida contra un acto de autoridades cuya ejecución o aplicación tiene verificativo en el territorio en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto o actos reclamados que derivan del análisis integral de las constancias de autos. Sobre el particular, tienen aplicación las jurisprudencias P. J. 40/2000 y P. VI/2004, emitidas por el Pleno del más Alto Tribunal del País, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓNCLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, se tiene que la parte quejosa reclama los siguientes actos de las autoridades responsables: Del Gobernador del Estado de Yucatán, la promulgación y publicación del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, que contiene los artículos 7, 331, 448, 451, 463, 468, 470 y 472 fracción I; así como el acto de aplicación que atribuyó al Secretario de Seguridad Pública del Estado, que hizo consistir en la detención y retención, del vehículo automotor marca Seat, tipo Ibiza Xcellence, 1.6L, 110HP, 6 VEL, 5 puertas, 4 cilindros, estándar, color blanco, nevada, modelo 2019, con número de serie VSSBB6KR04646, con placas del Estado de Yucatán YWM-493-B. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Está acreditada en autos la existencia del acto reclamado al Gobernador del Estado de Yucatán, consistente en la aprobación y expedición del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, específicamente sus artículos 331, 448, 451, 463, 468, 470 y 472 fracción I. Lo anterior, ya que dicha autoridad, así lo manifestó al rendir su informe justificado; aunado al hecho, que por lo que ve al acto reclamado a dicha responsable, su existencia no está sujeta a prueba, por tratarse de una norma general o decreto que aparece publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, y que por lo tanto, ello constituye un hecho notorio para el suscrito, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Ilustra lo determinado, la jurisprudencia siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". De igual forma, se aprecia la existencia del diverso acto consistente en la detención y retención, del vehículo automotor marca Seat, tipo Ibiza Xcellence, 1.6L, 110HP, 6 VEL, 5 puertas, 4 cilindros, estándar, color blanco, nevada, modelo 2019, con número de serie VSSBB6KR04646, con placas del Estado de Yucatán YWM-493-B, ya que la responsable, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por conducto de su Director Jurídico, así lo señaló al rendir su correspondiente informe justificado. Existencia que de igual forma se corrobora, con las constancias relativas al oficio SSP/DJ/36286/2019, que anexó la Secretaría de Seguridad Pública responsable a su informe justificado, a las que se le otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del juicio. De acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, cuando se advierta la actualización de alguna causa de improcedencia, este órgano jurisdiccional tiene la obligación de pronunciarse de oficio, o bien, cuando así lo argumente alguna de las partes. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 1ª./J.3/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Tomo IX - Enero de 1999, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." Para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales se denominan causas de improcedencia. De esa manera, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa, sería imposible el examen de la litis constitucional planteada. Ahora bien, en el caso particular, debe decirse que a consideración del suscrito, tal y como lo hace valer la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, respecto del acto reclamado consistente en la detención y retención, del vehículo automotor marca Seat, tipo Ibiza Xcellence, 1.6L, 110HP, 6 VEL, 5 puertas, 4 cilindros, estándar, color blanco, nevada, modelo 2019, con número de serie VSSBB6KR04646, con placas del Estado de Yucatán YWM-493-B; este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, toda vez que el sentido literal del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, lleva a considerar que el amparo es improcedente cuando los actos combatidos no afectan el interés jurídico de la quejosa. En efecto, conforme a lo dispuesto en la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo citada, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él; no obstante, para que a través de este medio de control constitucional se tutelen los derechos fundamentales de tales sujetos y, por ende, se les conceda la protección de la Justicia Federal, deben acreditar en forma fehaciente que tales actos afectan su esfera jurídica, es decir, que son titulares de algún derecho legítimamente tutelado, que haya sido vulnerado por un acto de autoridad dentro de un procedimiento jurisdiccional, al cual no hayan sido llamados, a efecto de permitirles que defendieran sus derechos, en respeto al derecho fundamental de audiencia establecido en el artículo 14 Constitucional, consistente en que a toda persona se le debe otorgar la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, mediante un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales implican que al afectado se le notifique el inicio del procedimiento y sus consecuencias, tenga oportunidad de ofrecer las pruebas en que base su defensa, así como de alegar, y se dicte una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Apoya a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Diciembre de 1995, página 133, del tenor siguiente: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Así, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, la existencia de un perjuicio que afecte la persona o los derechos del impetrante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la carta magna. Por otro lado, conforme lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal, y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se produce en los derechos o intereses de un particular. Al respecto orienta la jurisprudencia 852, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo IV, Materia Civil, página 581, del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4º de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." En tal virtud, la procedencia del juicio de amparo contra un acto de autoridad determinado, debe referirse a la existencia de una parte agraviada, es decir, a la afectación de los intereses jurídicos de alguien. Para efectos de la procedencia del amparo, es indispensable que a fin de acreditar su interés jurídico, quien se ostente como persona extraña a juicio demuestre el derecho del cual afirma ser titular, o el hecho o acto jurídico del que deriva esa potestad jurídica, por lo cual, tratándose de la propiedad, esta debe acreditarse mediante el título correspondiente o, en su caso, por medio de alguna probanza apta y suficiente para evidenciar que es su titular. Sentado lo anterior se tiene que de las constancias remitidas por el Secretario de Seguridad Pública, en apoyo a su informe justificado, a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que el veintinueve de septiembre de dos mil diecinueve, se realizó la detención y retención, del vehículo automotor marca Seat, tipo Ibiza Xcellence, 1.6L, 110HP, 6 VEL, 5 puertas, 4 cilindros, estándar, color blanco, nevada, modelo 2019, con número de serie VSSBB6KR04646, con placas del Estado de Yucatán YWM-493-B. Sin que de la revisión integral de las constancias se advierta que la aquí quejosa fuera parte en dicho procedimiento, por lo que le asiste el carácter de persona extraña con que se ostenta. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 7/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Enero de 1998, página 56, del siguiente contenido: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." En efecto, la quejosa es persona extraña al procedimiento y alega la violación a su derecho fundamental de audiencia porque, según afirma, se le pretende desposeer del vehículo automotor marca Seat, tipo Ibiza Xcellence, 1.6L, 110HP, 6 VEL, 5 puertas, 4 cilindros, estándar, color blanco, nevada, modelo 2019, con número de serie VSSBB6KR04646, con placas del Estado de Yucatán YWM-493-B, respecto del cual se ostenta propietaria; lo anterior, derivado de la copia simple de la carta factura, de la tarjeta de circulación en copia simple con número de folio 271421A a nombre de María José Muñoz Alcocer, y por último, de la credencial para votar expedida a su nombre por el Instituto Nacional Electoral, en copia simple. Una vez precisado lo anterior, conviene precisar que para efectos de determinar la procedencia del juicio de amparo, es necesario el análisis de las documentales ofrecidas por la parte quejosa en su demanda de amparo, en atención a la tesis aislada LII/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 333, Tomo V, Mayo de 1997, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 198744, que es de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. ES NECESARIO ANALIZAR EL DOCUMENTO CON EL QUE SE PRETENDE ACREDITARLO, AUN CUANDO EL RESULTADO SOLO SEA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. No obstante que no sea el caso de pronunciarse sobre la validez, existencia o nulidad que pudiera resultar respecto del contrato de comodato, exhibido por la quejosa como instrumento demostrativo de su interés jurídico, sí se hace necesario el análisis de dicho contrato, solo para los efectos de determinar la procedencia del juicio de garantías, lo cual es una cuestión de orden público." En esas condiciones, la carta factura, tarjeta de circulación y credencial de elector, ofrecidas en copia simple, aun cuando tienen el nombre de la aquí quejosa, no tienen el alcance para demostrar el derecho que ostenta la justiciable, para efectos de la procedencia del juicio de amparo; pues como se reitera, para que lo anterior pudiera ocurrir, era menester que la quejosa hubiera acreditado, aunque sea en forma presuntiva que detentan algún derecho real sobre el automotor en comento, lo que no se presenta en el caso, pues no basta afirmar que se tiene ese derecho, sino que es necesario acreditarlo. Se afirma lo anterior dado que dichas documentales, por si mismas resultan insuficientes para demostrar la propiedad que afirma tener respecto dicho bien mueble, lo anterior, porque dada la naturaleza de las mismas, no son suceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la finalidad con la que se pueden confeccionar, de ahí que al no estar robustecidas con alguna otra prueba, carecen de valor probatorio. Tiene aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia con el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE. No se puede otorgar valor probatorio aun cuando no hayan sido objetadas en cuanto a su autenticidad, las copias simples de un documento, pues al no tratarse de una copia certificada, no es posible presumir su conocimiento, pues dichas probanzas por sí solas, y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se pueden confeccionar, por ello, es menester adminicularlas con algún otro medio que robustezca su fuerza probatoria, razón por la que sólo tienen el carácter de indicio al no haber sido perfeccionadas." Lo cual produce incertidumbre sobre si la quejosa tiene el carácter de propietaria del mueble con que se ostentó, pues los documentos privados que exhibió en copia simple no resultan idóneos para acreditar su interés jurídico, pues éste debe quedar fehacientemente demostrado y no inferirse con base en presunciones, más cuando éstas, como en el caso, no le favorecen. Sin que esta consideración implique un desconocimiento de la celebración de los citados actos jurídicos, sino solo que para efectos del juicio de amparo no son suficientes para acreditar la afectación a su interés jurídico como tercera extraña al procedimiento de origen. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 225, Tomo XXVII, Enero de 2008, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 170500, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4° de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho solo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Lo anterior es, pues el análisis que al respecto formula este órgano de control constitucional obedece a que las causales de improcedencia son de orden público y únicamente para efectos de la procedencia del juicio de amparo se realiza una consideración que no implica prejuzgar la celebración de los referidos actos jurídicos, que siguen intactos, pues únicamente se señala que no hay constancia cierta de si la quejosa es propietaria del referido vehículo automotor, lo que repercute en la acreditación de la parte quejosa sobre la afectación a su interés jurídico. A mayor abundamiento, cabe precisar que si bien aisladamente los hechos que derivan de las constancias del procedimiento de origen, por sí solos, no demuestran la causa de improcedencia bajo la diversa perspectiva señalada; sin embargo, adminiculadas todas las pruebas del sumario, es posible jurídicamente llegar a la convicción válida de que hay incertidumbre acerca de si la quejosa tiene el carácter de propietaria, lo que debió demostrarse fehacientemente, y no se hizo. Habida cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en jurisprudencia obligatoria, en términos del artículo 217 de la ley de la materia, que en el juicio de amparo, el interés jurídico debe ser acreditado en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. En consecuencia, se reitera, al no haber demostrado la quejosa su interés jurídico para ejercer la acción constitucional contra la detención y retención, del vehículo automotor marca Seat, tipo Ibiza Xcellence, 1.6L, 110HP, 6 VEL, 5 puertas, 4 cilindros, estándar, color blanco, nevada, modelo 2019, con número de serie VSSBB6KR04646, con placas del Estado de Yucatán YWM-493-B, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento de este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la propia ley de la materia. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de la aprobación y expedición del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, específicamente sus artículos 331, 448, 451, 463, 468, 470 y 472 fracción I, toda vez que no procede el examen de su constitucionalidad, atento a que, cuando se promueve un amparo en contra de una disposición de observancia general con motivo de su aplicación en perjuicio de la parte quejosa, no puede desvincularse el estudio de dicha disposición de su acto de aplicación. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 235, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En tal virtud, al haber operado el sobreseimiento del presente juicio, no puede estudiarse el fondo del asunto, toda vez que las causas de improcedencia son de estudio preferente. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". QUINTO. SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). En cumplimiento a los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a las atribuciones de los órganos jurisdiccionales en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en su versión pública, con la certificación secretarial respectiva y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 al 79, 124 y 225, de la Ley de Amparo, se; RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por María José Muñoz Alcocer, contra el acto reclamado al Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, ambos con sede en esta ciudad de Mérida, consistente en la aprobación y expedición del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, específicamente sus artículos 331, 448, 451, 463, 468, 470 y 472 fracción I, así como el acto de aplicación que hizo consistir en la detención y retención, del vehículo automotor marca Seat, tipo Ibiza Xcellence, 1.6L, 110HP, 6 VEL, 5 puertas, 4 cilindros, estándar, color blanco, nevada, modelo 2019, con número de serie VSSBB6KR04646, con placas del Estado de Yucatán YWM-493-B, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva en versión pública, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
IV. Agréguese a estos autos el alegato ministerial número 742/2019, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, en el que, por los motivos que expone, solicita se sobresea en el presente juicio de amparo; lo anterior, para que sea relacionado y tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Finalmente, como lo solicita la Fiscal Federal adscrita, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, entréguesele, en el momento procesal oportuno, copia certificada de la sentencia que se pronuncie en este juicio. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
IV. Toda vez que de autos se advierte que por acuerdo de treinta de octubre del año en curso, fue puesto a la vista de las partes el informe justificado rendido por el Consejero Jurídico, en representación del Gobernador del Estado de Yucatán, por lo que aún no se cumple con los ocho días de anticipación a que se contrae el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nuevas hora y fecha para su desahogo, las DIEZ HORAS CON VEINTINUEVE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. Lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes. Lo antes expuesto encuentra apoyo en la tesis de rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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