María José Medina Riancho

Expediente 1082/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1082/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
09/12/2022

Partes del expediente

  • María José Medina Riancho
  • Fernando Josué Carrillo Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo causarle perjuicio, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el veintidós de noviembre de dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previos los registros correspondientes en el Libro de Gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la determinación señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios por medio de los cuales se notificó la sentencia de que se trata a las autoridades responsables foráneas, ya que dicha resolución sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar el acto atribuido a las autoridades señaladas como responsables, siendo que en relación dichas autoridades, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que éstas sólo podrán interponer recurso de revisión en contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudiera tener la autoridad en que su acto subsista. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad, hasta el treinta de noviembre dse dos mil veintidós. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Visto para resolver los autos del juicio de amparo 1082/2022-III-B, promovido por ********************y ********************, en contra de los actos que reclaman del Titular de la Oficina de la Representación en Yucatán de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano del Gobierno de México, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de abril de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el día hábil siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, comparecieron ********************y ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclaman del 1. Titular de la Oficina de la Representación en Yucatán de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano del Gobierno de México, con residencia en esta ciudad; 2.Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano del Gobierno de México, así como del 3. Subsecretario de Ordenamiento Territorial; 4. Director General de la Propiedad Rural; 5. Jefe del Departamento de Titulación y 6. Subdirector de Terrenos Nacionales, todos de dicha Secretaría, con sede en la Ciudad de México. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERA. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de las constancias remitidas por la Juez responsable, se tiene que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: La omisión dentro del ámbito de sus atribuciones, de dar trámite a la solicitud sin folio, presentada el doce de julio de dos mil dieciocho, respecto de la enajenación de un terreno nacional sin denominación, de superficie aproximada de ********************hectáreas, ubicado en el municipio de ********************. TERCERA. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables; pues así lo admitieron las residentes en la Ciudad de México, y no obstante que el Titular de la Oficina de la Representación en Yucatán de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, con residencia en esta ciudad, su existencia al rendir su informe justificado por conducto del Subdelegado Jurídico Estatal, posteriormente realiza manifestaciones de las que se evidencia su certeza. Sustenta lo anterior la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Julio de 1994, visible a página 391, del rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Lo que se corrobora con las constancias que remitió la citada responsable en justificación a su informe de ley, a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del numeral 2° de esta última. CUARTA. Causas de improcedencia. Resulta de explorado derecho que las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente y aun de oficio por ser ésta una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, así como la Jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tesis de jurisprudencia 814, consultable en la página 553, del tomo VI, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, con número de registro 394770, cuyo rubro y texto es el siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO." Las causales de improcedencia del juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el presente asunto, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;.." De conformidad con la porción normativa reproducida, la acción de amparo se tornará improcedente contra actos que sean materia de otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Esta causa de improcedencia se encuentra inspirada en la figura procesal de la litispendencia, de acuerdo con la cual, cuando existe una pendencia ante el mismo o ante órganos jurisdiccionales distintos, de una misma acción que tiene elementos idénticos (sujetos, objeto del derecho de acción y causa petendi), ante la implicación de que pueda duplicarse la misma actividad jurisdiccional, impide juzgar en el segundo asunto (el presentado segundo en tiempo). Lo anterior, porque no es jurídicamente factible que una causa que tenga unos mismos e idénticos elementos subjetivos (causa o relación jurídica substantiva) y objetivos (partes en el litigio), pueda ser simultánea o sucesivamente llevada al examen ante el mismo o ante otro órgano jurisdiccional del mismo grado. En torno al particular, se cita el criterio de la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la tesis de la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 75, Séptima Parte, página: 21, de rubro y texto siguiente: "LITISPENDENCIA, EXCEPCIÓN DE. CONCEPTO Y PROCEDENCIA. El término 'litispendencia', significa que existe algún otro juicio pendiente de resolver, y procede como excepción cuando un Juez conoce ya del mismo negocio. La palabra 'mismo' exige que en los dos juicios haya identidad completa, es decir, que se trate de las mismas personas, que sean iguales las acciones deducidas, que procedan de las mismas causas, y que sea igual, también, la calidad con que interviene las partes". La configuración de la institución jurídica de la litispendencia guarda una especial característica: si bien se exige la demostración de la identidad de sujetos (quejoso y autoridades responsables) y de objeto del litigio (acto reclamado), no resulta necesaria la identidad en la causa de pedir (violaciones constitucionales alegadas). Porque lo relevante en el señalado procedimiento constitucional, en cuanto a la finalidad de la figura jurídica de que se trata, es que no sea sometido al examen del juzgador la pretensión de un mismo gobernado (planteada en dos o más demandas de amparo), que consista en obtener la declaratoria de inconstitucionalidad de un mismo acto reclamado, aunque en la segunda o ulteriores demandas se expresen distintos preceptos constitucionales que contengan los derechos humanos que se estimen violados, así como distintos conceptos de las violaciones; lo cual persigue la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias y respetar la cosa juzgada que pudiera establecerse sobre la misma controversia. Es ilustrativa la tesis XIX.2o.12 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Enero de 1996, Página 312, del tenor siguiente: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable". De lo dispuesto por el invocado numeral se desprende que son dos los requisitos exigidos para que opere la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, que son: a) Que la ley o acto que se reclamen sea materia de otro juicio de amparo y que en éste no exista una sentencia ejecutoriada; y, b) Que ambos juicios de amparo hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el propio acto reclamado, aun cuando las violaciones constitucionales sean diversas. En el caso concreto, a fin de justificar la actualización de la causal de improcedencia invocada, deviene oportuno señalar que el presente juicio de amparo lo promovieron ********************y ********************, en fecha veintiuno de abril de dos mil veintidós, en contra de los actos atribuidos al Titular de la Oficina de la Representación en Yucatán de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano del Gobierno de México, con residencia en esta ciudad; 2.Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano del Gobierno de México, así como del 3. Subsecretario de Ordenamiento Territorial; 4. Director General de la Propiedad Rural; 5. Jefe del Departamento de Titulación y 6. Subdirector de Terrenos Nacionales, todos de dicha Secretaría, con sede en la Ciudad de México. Actos que hizo consistir esencialmente en la omisión de culminar el trámite a la solicitud presentada el doce de julio de dos mil dieciocho, respecto de la enajenación de un terreno nacional sin denominación, de superficie aproximada de ********************hectáreas, ubicado en el municipio de ********************. Por otra parte, de las constancias relativas al juicio de amparo 1561/2021-V, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, cuyo acceso electrónico se autorizó a este juzgado. Se advierte que dicho juicio fue promovido por ********************y ********************, en fecha seis de septiembre de dos mil veintiuno, en el que señaló como actos reclamados al 1. Titular de la oficina de la Representación en Yucatán de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 2. Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de la República; 3. Subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 4. Director General de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 5. Jefe del Departamento de Titulación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y 6. Subdirector de Terrenos Nacionales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. La omisión de continuar el trámite administrativo de la solicitud realizada el doce de julio de dos mil dieciocho, en la que se solicitó la enajenación de un predio considerado como terreno nacional, ubicado en ********************, Yucatán; que de acuerdo a la demanda, se trata de un bien raíz, con una superficie aproximada de ********************hectáreas. El cual se encuentra en trámite, ya que aún no causa ejecutoria la sentencia dictada el seis de abril de dos mil veintidós, en la que se le concedió a los quejosos el amparo y protección de la Justicia Federal; pendiente de resolución firme con motivo del recurso de revisión interpuesto por una de las autoridades responsable. En esa tesitura, se concluye que los actos reclamados en la presente instancia de control constitucional, son materia de un diverso juicio de amparo, en el que se encuentra pendiente de dictar resolución firme y que fue anterior al presente juicio de amparo, razón suficiente para decretar la improcedencia del juicio acorde a lo dispuesto en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. Esto es así, porque se está ante la presencia de dos juicios de amparo promovidos por los mismos quejosos, en los que hay identidad de actos reclamados a las mismas autoridades. Lo anterior es así, tomando en cuenta que en ambos juicios de amparo se reclama esencialmente, como ya se dijo, la omisión de culminar la solicitud de trámite presentada el doce de julio de dos mil dieciocho, respecto de la enajenación de un terreno nacional sin denominación, de superficie aproximada de ********************hectáreas, ubicado en el municipio de ********************. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que a la letra establece: "LITISPENDENCIA EN AMPARO. SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EXISTIENDO UN JUICIO DE GARANTÍAS PENDIENTE DE RESOLVER LOS QUEJOSOS RECLAMAN EN UNO DIVERSO LOS MISMOS ACTOS Y CONTRA IDÉNTICAS AUTORIDADES Y OTRAS DIVERSAS, PERO ÉSTAS NIEGAN LOS QUE LES ATRIBUYEN. Si existiendo un juicio de amparo pendiente de resolver, los quejosos promueven un diverso juicio de garantías reclamando los mismos actos, contra las mismas autoridades y otras diversas, cuando estas últimas niegan los actos que se les atribuyen se actualiza la causa de improcedencia por litispendencia, prevista en el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, pues la litis constitucional que subsiste es idéntica en ambos juicios y la constitucionalidad de los actos reclamados solamente puede analizarse en una sola ocasión." Así como la jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.), que expresa: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia invocada, lo que legalmente procede es sobreseer en el presente juicio, con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sin que sea necesario realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, así como las alegaciones que formuló, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTA. Apercibimiento. Finalmente, en mérito de lo anteriormente resuelto, apercíbase a la parte quejosa que de incurrir nuevamente en la conducta descrita en la presente sentencia, esto es, promover juicios de amparo idénticos (en relación a actos reclamados y autoridades responsables) de manera injustificada, se dará vista al Ministerio Público de la Federación, en términos de lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley de Amparo, pues ello se traduce en omitir los hechos que le constan relativos al acto reclamado, con la finalidad de obtener una ventaja procesal. SEXTA. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVA. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************y ********************, en contra de los actos que reclaman del Titular de la Oficina de la Representación en Yucatán de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano del Gobierno de México, con residencia en esta ciudad; Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano del Gobierno de México, así como del Subsecretario de Ordenamiento Territorial; Director General de la Propiedad Rural; Jefe del Departamento de Titulación y Subdirector de Terrenos Nacionales, todos de dicha Secretaría, con sede en la Ciudad de México; por los motivos señalados en la consideración quinta de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración sexta de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración séptima de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio 2C.10.UAJ.DGAE.DA.7339.2022, signado por la Directora de Amparos en representación de la Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural correcta denominación), Jefe del Departamento de Titulación y Subdirector de Terrenos Nacionales, todos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual remite diversas constancias en alcance al informe justificado que previamente rindió en representación de dichas autoridades. Al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firmó el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado que autorizó y dio fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos, se aprecia que a la presente data la autoridad responsable Subsecretario de Ordenamiento Territorial, Director General de la Propiedad Rural, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, no ha rendido su informe justificado, como tampoco obra en autos el acuse postal correspondiente al oficio mediante el cual le fue requerido el aludido informe. Con relación a lo anterior, téngase por recibido de la Oficina de Servicios Directos del Poder Judicial, dependiente del Servicio Postal Mexicano en esta ciudad, el sobre devuelto que contiene el oficio 32423/2022, de diez de agosto de dos mil veintidós, que fue dirigido al referido Subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, el cual fue devuelto por la razón expuesta en el mismo. En consecuencia, mediante oficio que se gire para tal efecto, a cual se deberá adjuntar la misiva de mérito, reenvíese el aludido oficio a la citada autoridad, en su domicilio correcto, a fin de que se imponga del proveído que se notifica y se encuentre en aptitud de rendir su informe justificado. En tal virtud de lo anterior, es claro que no es factible llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para este propio día, por tanto, se impone su diferimiento y se fija como nueva fecha para su celebración el VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS A LAS NUEVE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS. Notifíquese y cúmplase.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

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