María José Lastra Huerta
Expediente 1617/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 9 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1617/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 06/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- María José Lastra Huerta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a seis de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada sentencia para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previa las anotaciones pertinentes en el libro de registro correspondiente, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos del artículo 21, inciso a) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Sin que obste que aún no se cuenta con el acuse de notificación de la sentencia a la autoridad responsable, en virtud que no se encuentra facultada para impugnar la presente determinación. No obstante ello, se ordena remitir copia de tal determinación, para los efectos legales respectivos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Sandra Luz González García, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1617/2021; promovido por María José Lastra Huerta, contra los actos que reclama del Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Distrito Judicial en el Estado, con sede en Padilla, Tamaulipas y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito residentes en esta ciudad, María José Lastra Huerta solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Padilla, Tamaulipas, por lo siguiente: "Actos que se reclaman: Se reclama de la autoridad responsable el que no me haya hecho conocer en breve término su respuesta a mi petición escrita ingresada a su potestad vía electrónica por medio de la plataforma del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas a las 09:17:20 horas del día 25 de agosto del año en curso.". SEGUNDO. Trámite. Mediante auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, se dio trámite a la demanda de amparo promovida por María José Lastra Huerta; se registró con el número 1617/2021, y se admitió a trámite la demanda, se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró, al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el artículo cuarto, fracción XIX, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado carece de ejecución, siendo decisión de la parte quejosa, presentar su demanda en esta ciudad, sobre la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación clara y precisa del acto reclamado. Así, considerada la demanda de amparo como un todo, se obtiene que a la autoridad responsable se le reclama: La omisión de dar contestación a su escrito de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 46/2009, índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Padilla, Tamaulipas. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Padilla, Tamaulipas, negó la existencia del acto que se le atribuye; sin embargo, realizó manifestaciones de las que se advierte su certeza; por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado. Lo anterior, se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las cuales se les reconoce pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, al ser expedida por autoridad legalmente competente en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. En apoyo se invoca la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable el Apéndice de 1995, página 153, tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, registro 394182.cuyo rubro y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De ahí que se tenga por cierto el acto reclamado. CUARTO. Causales de improcedencia. El artículo 62 de la Ley de Amparo, establece como obligación para los juzgadores de amparo el analizar las causales de improcedencia, siendo que esto se realice de manera oficiosa, o que en su caso lo hagan valer las partes; previo a cualquier otra cuestión. En el caso, de las constancias que fueron aportadas por el Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo señalan:, porque han cesado los efectos del acto reclamado. Previo a explicar el porqué de dicha causal, es necesario transcribir el contenido de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.)". De la interpretación de los artículos transcritos se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora, tratándose del derecho de petición que consagra el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si la responsable al rendir su informe justificado exhibe la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8°, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, puede ampliar su demanda inicial o bien promover diverso juicio de amparo. Luego, de autos se advierte que la solicitud planteada por la parte quejosa por escrito de fecha escrito de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, en la cual solicitó la cancelación y devolución de las pólizas de fianza originales 016-02/105838 y 016-02/105839, fue acordado el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, en el sentido de que no había lugar a acordar de conformidad su petición, pues la causa penal de origen, aún se encuentra en periodo de instrucción, y que las pólizas de fianza que solicitó le fueran devueltas, garantizan la libertad caucional del acusado por lo que esta autoridad Judicial se encuentra impedida paro dicha devolución hasta en tanto el este no garantice la libertad aludida. Lo anterior dentro de la causa penal 46/2009 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Padilla, Tamaulipas, lo que actualiza la causal antes invocada. Esto es, que ante la respuesta de la autoridad, los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la conducta omisiva de la responsable. Sirven de apoyo los siguientes criterios: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, febrero de 1998, página 210, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." También es aplicable, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, página 38, cuyo texto establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". En el caso, la quejosa reclama la omisión de brindar respuesta a su escrito de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 46/2009, índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Padilla, Tamaulipas, con el que solicitó la cancelación y devolución de las pólizas de fianza número 016-02/105838 y 016-02/105839; mientras que, al rendir informe justificado, la autoridad responsable manifestó que ya había dado respuesta a la solicitud formulada por la impetrante, y con diversas constancias agregadas a los autos mediante proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, exhibió el acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, que si bien presenta una fecha de elaboración anterior a la presentación de la demanda que data del cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, dicha respuesta no había sido notificada a la parte quejosa. En ese contexto, dado que el quejoso conoció la respuesta dada a su petición con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo es dable concluir que han cesado los efectos de la omisión reclamada y que, debido a ello, ha sido eliminada permanentemente la afectación generada por la autoridad responsable en la esfera jurídica del quejoso. De ahí que las cosas han regresado al estado que guardaban antes de la violación reclamada como si se hubiera concedido la protección constitucional. Apoya lo anterior, por el criterio que la forma la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en la página seiscientos cinco, de la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, en el tomo XXIX, de enero de dos mil nueve, registro digital 168189, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto". En vista a lo anterior, con fundamento en el artículo 63 de la Ley de Amparo, en su fracción XXI, se procede a sobreseer el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por María José Lastra Huerta, respecto del acto reclamado a la Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Padilla, Tamaulipas, que fuera precisado en el considerado segundo, por las razones y motivos expuestos en el último del presente fallo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la responsable. Así lo resolvió y firma el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, ante la licenciada Astrid Alicia Ortiz Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe hasta hoy catorce de febrero de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Con lo que se da por terminada la audiencia. Doy fe.
- Principal
Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1617/2021; promovido por María José Lastra Huerta, contra los actos que reclama del Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Distrito Judicial en el Estado, con sede en Padilla, Tamaulipas y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito residentes en esta ciudad, María José Lastra Huerta solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Padilla, Tamaulipas, por lo siguiente: "Actos que se reclaman: Se reclama de la autoridad responsable el que no me haya hecho conocer en breve término su respuesta a mi petición escrita ingresada a su potestad vía electrónica por medio de la plataforma del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas a las 09:17:20 horas del día 25 de agosto del año en curso.". SEGUNDO. Trámite. Mediante auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, se dio trámite a la demanda de amparo promovida por María José Lastra Huerta; se registró con el número 1617/2021, y se admitió a trámite la demanda, se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró, al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el artículo cuarto, fracción XIX, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado carece de ejecución, siendo decisión de la parte quejosa, presentar su demanda en esta ciudad, sobre la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación clara y precisa del acto reclamado. Así, considerada la demanda de amparo como un todo, se obtiene que a la autoridad responsable se le reclama: La omisión de dar contestación a su escrito de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 46/2009, índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Padilla, Tamaulipas. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Padilla, Tamaulipas, negó la existencia del acto que se le atribuye; sin embargo, realizó manifestaciones de las que se advierte su certeza; por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado. Lo anterior, se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las cuales se les reconoce pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, al ser expedida por autoridad legalmente competente en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. En apoyo se invoca la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable el Apéndice de 1995, página 153, tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, registro 394182.cuyo rubro y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De ahí que se tenga por cierto el acto reclamado. CUARTO. Causales de improcedencia. El artículo 62 de la Ley de Amparo, establece como obligación para los juzgadores de amparo el analizar las causales de improcedencia, siendo que esto se realice de manera oficiosa, o que en su caso lo hagan valer las partes; previo a cualquier otra cuestión. En el caso, de las constancias que fueron aportadas por el Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo señalan:, porque han cesado los efectos del acto reclamado. Previo a explicar el porqué de dicha causal, es necesario transcribir el contenido de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.)II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.)". De la interpretación de los artículos transcritos se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora, tratándose del derecho de petición que consagra el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si la responsable al rendir su informe justificado exhibe la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8°, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, puede ampliar su demanda inicial o bien promover diverso juicio de amparo. Luego, de autos se advierte que la solicitud planteada por la parte quejosa por escrito de fecha escrito de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, en la cual solicitó la cancelación y devolución de las pólizas de fianza originales 016-02/105838 y 016-02/105839, fue acordado el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, en el sentido de que no había lugar a acordar de conformidad su petición, pues la causa penal de origen, aún se encuentra en periodo de instrucción, y que las pólizas de fianza que solicitó le fueran devueltas, garantizan la libertad caucional del acusado por lo que esta autoridad Judicial se encuentra impedida paro dicha devolución hasta en tanto el este no garantice la libertad aludida. Lo anterior dentro de la causa penal 46/2009 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Padilla, Tamaulipas, lo que actualiza la causal antes invocada. Esto es, que ante la respuesta de la autoridad, los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la conducta omisiva de la responsable. Sirven de apoyo los siguientes criterios: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, febrero de 1998, página 210, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." También es aplicable, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, página 38, cuyo texto establece:"CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". En el caso, la quejosa reclama la omisión de brindar respuesta a su escrito de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 46/2009, índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Padilla, Tamaulipas, con el que solicitó la cancelación y devolución de las pólizas de fianza número 016-02/105838 y 016-02/105839; mientras que, al rendir informe justificado, la autoridad responsable manifestó que ya había dado respuesta a la solicitud formulada por la impetrante, y con diversas constancias agregadas a los autos mediante proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, exhibió el acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, que si bien presenta una fecha de elaboración anterior a la presentación de la demanda que data del cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, dicha respuesta no había sido notificada a la parte quejosa. En ese contexto, dado que el quejoso conoció la respuesta dada a su petición con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo es dable concluir que han cesado los efectos de la omisión reclamada y que, debido a ello, ha sido eliminada permanentemente la afectación generada por la autoridad responsable en la esfera jurídica del quejoso.De ahí que las cosas han regresado al estado que guardaban antes de la violación reclamada como si se hubiera concedido la protección constitucional. Apoya lo anterior, por el criterio que la forma la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en la página seiscientos cinco, de la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, en el tomo XXIX, de enero de dos mil nueve, registro digital 168189, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto". En vista a lo anterior, con fundamento en el artículo 63 de la Ley de Amparo, en su fracción XXI, se procede a sobreseer el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por María José Lastra Huerta, respecto del acto reclamado a la Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Padilla, Tamaulipas, que fuera precisado en el considerado segundo, por las razones y motivos expuestos en el último del presente fallo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la responsable. Así lo resolvió y firma el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, ante la licenciada Astrid Alicia Ortiz Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe hasta hoy catorce de febrero de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Con lo que se da por terminada la audiencia. Doy fe
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA.
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