María José Indalecio Mantilla y Otros.
Expediente 389/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 389/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- María José Indalecio Mantilla y Otros.
- María José Indalecio Mantilla
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho proveído ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Así, en observancia al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible, ya que se desechó la demanda. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de abril de dos mil veintidós. Agréguese el oficio del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula BI-4 Naucalpan, de la Fiscalía General de la República, atento a su contenido, infórmese que el cinco de agosto de dos mil diecinueve, se ordenó el archivo del presente asunto. Además, se le hace saber que al Agente del Ministerio Público de la adscripción, se le dio la intervención correspondiente a través del auto admisorio, sin que de las actuaciones procesales se advierta que haya iniciado alguna carpeta de investigación en contra del quejoso. Respecto al requerimiento indicado en el punto 2, debe precisarse que a este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 261 de la Ley de Amparo, únicamente le compete dar vista a la representación social para que ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de los delitos especiales tipificados, los investigue de inmediato, lo que no ha sucedido, hasta el momento, en el juicio de amparo en que se actúa. Finalmente, el trece de abril de dos mil veintiuno se le remitieron al Inspector Jefe adscrito a la Policía Federal Ministerial Subsede Naucalpan, copias certificadas de la demanda, ampliación de ésta, sentencia y ejecutoria dictada en el amparo en revisión 119/2019 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, para que estuviera en posibilidad de integrar la carpeta de investigación ***. Notifíquese.
- Principal
se ingresa al SISE la notificación por lista y por lista en página electrónica a la quejosa de auto de seis de abril de dos mil veintidós, dictado por el juzgado de mi adscripción, al no haberse presentado al local del juzgado la parte citada dentro del término indicado a recibir la notificación correspondiente, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c, de la Ley de Amparo Vigente. Doy fe. Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de abril de dos mil veintidós. ANOTACIONES Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se registra la demanda de amparo promovida vía electrónica presuntamente por ***, en representación de su menor hijo de iniciales S.S.S.I.; fórmese el expediente relativo con el número 389/2022-VII, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. DESECHAMIENTO Primeramente, resulta necesario precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgado de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/6, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal. En los citados artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la constitución y con ello se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio a dicho procedimiento constitucional, ni que se restablezca el orden constitucional afectado, ni se deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales del quejoso. En ese contexto, de conformidad con los artículos 3, 6 y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto debe formularse por escrito o por medios electrónicos por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado y podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado. En el entendido que, en todo caso, la demanda de amparo deberá contener la firma del promovente o, al haber optado por presentarla por medios electrónicos, la evidencia criptográfica de su firmante. Ello obedece a que la firma tiene como función esencial no sólo identificar a su autor, sino también la de imputarle la autoría del texto que le precede, en razón de que, a través de la firma, la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. Así, una vez recibida la demanda de amparo ante el órgano jurisdiccional, el Juzgado de Distrito tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquella externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, la impresión de la huella digital, o bien, la evidencia criptográfica al enviarse por medios electrónicos. En el caso concreto, la demanda presentada vía electrónica es firmada electrónicamente por Jorge Augusto Bustamante Martínez, quien figura como autorizado de la parte quejosa, por lo que este documento carece de la firma electrónica de María José Indalecio Mantilla, quien actuaría en representación de su menor hijo de iniciales S.S.S.I., a que se refiere el artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 mencionado. Por ende, no existe instancia de parte agraviada, pues no se aprecia su voluntad para instar el juicio constitucional al no expresar mediante dicha firma su voluntad con la que lleve inmerso que se hace responsable de su contenido, en términos del artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, toda vez que conforme a lo establecido en los numerales 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6 de la Ley de Amparo, sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, omisión o la ley que se reclame, esto es, por quien el acto de autoridad le ocasione un agravio personal y directo, lo cual le otorga legitimación para incoar la instancia constitucional. Por ello, es inconcuso que no se le puede dar valor alguno a la demanda de cuenta, por carecer de la firma electrónica de su promovente, lo que implica que no existió voluntad de ejercer la acción de amparo. Máxime que en la especie, la persona que firma electrónicamente la demanda no insta en representación de la impetrante de mérito, pues no lo mencionó así en el escrito inicial, y tampoco adjuntó documental de la que se desprenda tal circunstancia de manera fehaciente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Sin que en el caso se actualice la excepción contemplada en el artículo 109 de la Ley de Amparo, pues no se promueve en términos del diverso numeral 15 de la legislación de la materia; esto es, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Es importante destacar que la promovente tiene a su alcance los medios necesarios para tramitar su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), incluso de manera remota (en línea), pues para tal propósito el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido los mecanismos necesarios para simplificar el trámite para su obtención y con ello que no sea necesario que asistan personalmente a los módulos físicos para su tramitación, sino que basta con descargar una aplicación móvil para acceder a esa herramienta. A mayor abundamiento, se tiene que al resolver la contradicción de tesis 47/2018, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que, acorde con lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, resulta ser una "opción" para el promovente el presentar su escrito de demanda en forma impresa o electrónicamente (como facilidad procesal), pero si decide hace electrónicamente, es un requisito indispensable que lo haga mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando su firma electrónica (FIREL) o bien la de quien legalmente lo represente. Por lo que en caso de que el quejoso y/o quien legalmente la represente, no cuenten con dicha firma electrónica debidamente registrada en el sistema de registro correspondiente, ello no obstaculiza irreparablemente su acceso a la justicia, pues aún existe la posibilidad de presentar la demanda por escrito y en el mismo ocurso solicitar el acceso a los servicios tecnológicos autorizando para ello, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionales del derecho que cuenten con firma electrónica registrada en el sistema para que puedan continuar por esa vía con la tramitación del juicio de amparo y sus recursos, cuya solicitud puede válidamente revocarla en el momento que así lo decida. Por ello, no debe considerarse que esta determinación transgreda el derecho fundamental de la parte quejosa a tener acceso a un recurso judicial efectivo que combata los actos de autoridad de los que se duele, toda vez que, tiene a su alcance los medios necesarios para tramitar su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y con ello la posibilidad de hacer uso del servicio de impartición de justicia de forma más accesible. En las relatadas condiciones, al quedar actualizada la causal de improcedencia advertida por este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Sin que se inadvierta que al pie de la demanda de amparo obre un signo gráfico como firma de María José Indalecio Mantilla; sin embargo, no se trata de su original, pues se infiere que se trata de un documento en copia simple que no sustituye la obligación de dicha firma electrónica al decidir presentarla por esta vía. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Tomando en consideración que el domicilio proporcionado para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez, Estado de México), hasta en tanto se señale algún domicilio dentro del municipio anterior, todas las notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. No obstante, dada la importancia de esta determinación, comisiónese a cualquiera de los actuarios a efecto de que notifique personalmente la presente determinación a la parte promovente en el domicilio que indica en su demanda. Por autorizados a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Con relación al correo electrónico y número telefónico que proporciona, se tiene por señalados a fin de que este juzgado establezca contacto en los casos en que se estime necesario. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio que señala en su demanda.
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