Maria Jose Hernandez Reyther

Expediente 922/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
922/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
01/08/2023

Partes del expediente

  • Maria Jose Hernandez Reyther

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, uno de agosto de dos mil veintitrés. Estado procesal. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Por tanto, con fundamento en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Semanario Judicial de la Federación el dos de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente al no ser de relevancia documental es susceptible de destrucción una vez que transcurra el lapso de tres años a que se refiere el acuerdo de mérito, teniendo en consideración que no se entró al fondo de la litis planteada, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 34, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Requerimiento a parte quejosa. Finalmente, en razón de que obran documentos que por sus características deben ser devueltos a su oferente, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 20 del precitado Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca a recogerlos, previa razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no recoger dichos documentos, podrán ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, uno de agosto de dos mil veintitrés. Estado procesal. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Por tanto, con fundamento en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Semanario Judicial de la Federación el dos de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente al no ser de relevancia documental es susceptible de destrucción una vez que transcurra el lapso de tres años a que se refiere el acuerdo de mérito, teniendo en consideración que no se entró al fondo de la litis planteada, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 34, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Requerimiento a parte quejosa. Finalmente, en razón de que obran documentos que por sus características deben ser devueltos a su oferente, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 20 del precitado Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca a recogerlos, previa razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no recoger dichos documentos, podrán ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de julio de dos mil veintitrés. Recepción oficio Ténganse recibidos y agréguense a los presentes autos únicamente para que obren como correspondan, el oficio y anexo de cuenta remitidos por el Juez Segundo Familiar con sede en esta ciudad, lo anterior, en virtud de que por proveído de cuatro de los presentes mes y año, se acordó lo conducente. Notifíquese.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de julio de dos mil veintitrés. Recepción de documento. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por la quejosa, con tres copias y un anexo que acompaña. Desechamiento. Ahora bien, examinada la demanda de amparo de que se trata, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, lo siguiente: ? La omisión de dar contestación al escrito presentado el veintinueve de mayo pasado ante la autoridad responsable. En concepto de la suscrita, sobre la omisión de que se trata, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que procede desechar la demanda en términos de la fracción XII del artículo 61 en relación con los diversos numerales 5°, fracción I y 6º, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia [.]" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo [.]" "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". El artículo 61, fracción XII, dispone en su primera hipótesis, que es improcedente el juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la ley de la materia; mientras que el segundo, prevé dos supuestos, uno, relativo a que la protección constitucional la puede solicitar quien es titular de un derecho subjetivo afectado de manera real y directa, o bien, quien alega tener un derecho legítimo. Y conforme al artículo 6º de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de derechos fundamentales, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Según lo definió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 69/2002, el quejoso es aquel que solicita el amparo en contra de un acto o norma general que afecta de manera real y directa un interés propio, distinto al derecho subjetivo que terceras personas oponen frente al actuar de las autoridades (y se agrega, particulares con tal carácter), pero cuya finalidad es que estos últimos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico en la persecución de ciertos fines generales, aunque ello no le reporte a quien alega un interés legítimo, un beneficio o servicio inmediato. En ese sentido, el interés jurídico existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos. Así, la afectación al interés jurídico se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto sino resultado inmediato de la resolución que se dicte o llegue a dictarse. Así, la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, por lo que las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de suerte que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados, es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten de momento en forma real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Referenciado el marco legal anterior, de la lectura de la demanda queda de manifiesto que la parte quejosa acude al amparo como titular de un derecho subjetivo, alegando que la omisión atribuida a la autoridad administrativa le causa un perjuicio real y directo a su esfera jurídicamente protegida; sin embargo, ello no es así, ya que la omisión reclamada en este momento no afecta los derechos subjetivos y garantizados de la demandante. Es así, porque el artículo 5° de la Ley de Amparo prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, la omisión o la norma general que se reclaman, por lo que, de esa porción normativa se deriva el concepto de perjuicio, que es un elemento esencial para la procedencia del juicio de derechos fundamentales, el cual debe entenderse como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona, como así lo estableció la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada publicada en la página 2291 del tomo XLVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona." Luego, como presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, se requiere que el acto de autoridad jurisdiccional lesione de manera directa el derecho del que se es titular. En el caso concreto, debe destacarse que la quejosa manifiesta presentó un escrito ante el Presidente Municipal de Rioverde, San Luis Potosí, recibido el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Al respecto debe tomarse en cuenta lo establecido por los artículos 19 a 22 del Código Procesal Administrativo para el Estado, que es del tenor siguiente: "ARTÍCULO 19. Para la práctica de las notificaciones, citaciones, requerimientos, visitas e informes, a falta de términos o plazos específicos establecidos en ésta y otras normas administrativas, se harán dentro del plazo de diez días. El órgano administrativo deberá hacer del conocimiento del interesado dicho plazo." "ARTÍCULO 20. Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia o entidad resuelva lo que corresponda, a no ser que se decrete la caducidad prevista en el primer párrafo del artículo 194 de este Código. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo a la petición del promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado se deberá expedir constancia de tal circunstancia, dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva, ante quien deba resolver." "ARTÍCULO 21. Cuando los escritos que presenten los interesados no contengan los datos o no cumplan con los requisitos aplicables la dependencia o entidad correspondiente deberá prevenir a los interesados, por escrito y por una sola vez para que subsanen la omisión dentro del término que establezca la dependencia o entidad, el cual no podrá ser menor de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación; transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar la prevención se desechará el trámite. Salvo que en una disposición de carácter general se disponga otro plazo, la prevención de información faltante deberá hacerse dentro del primer tercio del plazo de respuesta o, de no requerirse resolución alguna, dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación del escrito correspondiente. En caso de que la resolución del trámite sea inmediata, la prevención de información faltante también deberá hacerse de manera inmediata a la presentación del escrito respectivo. De no realizarse la prevención mencionada en el párrafo anterior dentro del plazo aplicable, no se podrá desechar el trámite argumentando que está incompleto. En el supuesto de que el requerimiento de información se haga en tiempo, el plazo para que la dependencia correspondiente resuelva el trámite se suspenderá y se reanudará a partir del día hábil inmediato siguiente a aquel en el que el interesado conteste." "ARTÍCULO 22. Salvo disposición expresa en contrario, los plazos para que la autoridad conteste empezarán a correr al día hábil inmediato siguiente a la presentación del escrito correspondiente." De los artículos transcritos, en lo que interesa, se advierte que la codificación que regula los actos y procedimientos de la administración pública del Estado y Municipal1 , como lo es la Presidencia Municipal de Rioverde, San Luis Potosí, establece que el plazo para resolver las peticiones o solicitudes efectuadas por los 1 "ARTÍCULO 1º. El presente Código es de orden e interés público y de observancia obligatoria en el Estado de San Luis Potosí y tiene por objeto establecer los procedimientos para la actuación de las autoridades administrativas y para el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa." "ARTÍCULO 2º. Los procedimientos administrativos serán aplicables a los actos, procedimientos y resoluciones de las administraciones públicas estatal y municipal centralizadas, y de los organismos descentralizados de la administración pública estatal o municipal respecto de sus actos de autoridad, a los servicios que el Estado o el municipio presten de manera exclusiva; y a los contratos de derecho público que los particulares celebren con los mismos." particulares a las autoridades administrativas que enuncia el numeral 2º de dicha normatividad, salvo norma expresa que disponga otra cosa, será hasta de tres meses, contado a partir del día hábil siguiente a la presentación del escrito de que se trate, y de no resolver en ese plazo, operará la negativa ficta, a menos que alguna otra disposición establezca lo contrario. También del precitado artículo 21 se desprende, que la autoridad administrativa, en el supuesto de que la petición no requiera resolución alguna, tendrá diez días hábiles para determinar si es necesario requerir al particular para que, dentro de un plazo no menor a cinco días, por escrito y por una sola vez, subsane las omisiones en las que hubiese incurrido en el escrito de que se trate, bajo apercibimiento que de no hacerlo se desechará el trámite. Y en el caso en el que la petición sí requiera de una respuesta, la autoridad administrativa tendrá hasta un tercio del plazo para emitir la respuesta, para determinar si se debe prevenir al particular para que subsane las omisiones en las que hubiese incurrido. Así, si se toma en cuenta que el plazo genérico de respuesta es de tres meses, entonces, el referido tercio corresponde a un mes. Por último, se toma en cuenta que el artículo 19 dispone que la autoridad administrativa tendrá diez días hábiles, para notificar cualquier determinación al particular, salvo que exista alguna otra disposición que establezca un plazo diverso. Ahora, en la especie debe destacarse que la petición de la parte quejosa se presentó ante la autoridad responsable el pasado veintinueve de mayo, y la demanda de amparo, el siete de julio siguiente. Lo expuesto pone de manifiesto que en el caso, no ha transcurrido el plazo de tres meses que prevé el Código Procesal Administrativo para que la autoridad administrativa emita la respuesta correspondiente a la petición presentada por la parte promovente, la cual incluso puede notificarse hasta diez días después de su emisión; por lo tanto, es palmario que si a la fecha de presentación de la demanda constitucional no había transcurrido el plazo que tiene la Presidencia Municipal de Rioverde, San Luis Potosí, para dar contestación a la determinación respectiva, entonces, no existe perjuicio alguno que pudiese haberse causado a la demandante del amparo hasta este momento, en la medida en que la autoridad señalada como responsable se encuentra dentro del término legal para dar respuesta a la solicitud de que se trata. De tal manera que la omisión reclamada no afecta la esfera jurídica de la parte enjuiciante. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis VI.1o.A.21 A (10a.)2 , del rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO DE PETICIÓN RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 37 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL PREVER EN SU PRIMER PÁRRAFO EL TÉRMINO DE TRES MESES PARA QUE LAS AUTORIDADES FISCALES DEN RESPUESTA A LAS INSTANCIAS O PETICIONES QUE LES FORMULEN LOS CONTRIBUYENTES, Y ESTABLECER COMO CONSECUENCIA DEL SILENCIO DE LA AUTORIDAD LA FIGURA DE LA NEGATIVA FICTA, NO VULNERA LA CITADA PRERROGATIVA FUNDAMENTAL. De los lineamientos establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis P. LXIX/2011(9a.) y P. LXVII/2011(9a.), de rubros: "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." Y "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.", se 2 Publicada en la página 1861, libro VIII, tomo 2, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 2012, Décima Época. desprende, en lo conducente, que a fin de adecuar el control de convencionalidad ex officio al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país, debe procederse en primer orden a realizar una interpretación conforme de la norma que se señala violatoria de derechos humanos, teniendo además en consideración lo establecido por el artículo 133 de la Ley Fundamental. Por tanto, al efectuar el control de constitucionalidad a fin de determinar si el artículo 37, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, es violatorio del derecho humano de petición, es necesario tomarse en cuenta que el artículo 8o. de la Constitución Federal, que reconoce este último, no prevé un plazo específico para que las autoridades den respuesta a las peticiones que les formulen los particulares, pues exclusivamente alude a que ello deberá hacerse del conocimiento del solicitante en un breve término, y debe concluirse en primer orden que no existe sustento jurídico para determinar que la sola existencia de un plazo en particular en una norma secundaria, pueda considerarse por sí misma como violatoria del derecho humano en cuestión. De igual modo, del citado primer párrafo del artículo 37 del Código Tributario Federal, se advierte que dicha porción normativa no se limita a establecer el término de tres meses para que las autoridades fiscales den respuesta a las instancias o peticiones que les formulen los particulares, sino que además prevé una consecuencia jurídica para el supuesto consistente en que la autoridad no efectúe pronunciamiento alguno sobre la solicitud planteada, que es la configuración de la negativa ficta, lo que implica que el silencio de la autoridad fiscal ante una instancia o petición formulada por el contribuyente, extendido ininterrumpidamente durante el mencionado término de tres meses, genera la presunción legal de que resolvió en contra de los intereses del peticionario, circunstancia que da lugar al derecho procesal de interponer los medios de defensa pertinentes contra esa negativa tácita, o bien, a esperar a que la autoridad dicte la resolución respectiva. Así, el término previsto en el primer párrafo del artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, al vincularse con la figura de la negativa ficta en caso de silencio de la autoridad, permite garantizar una definición al particular sobre la petición formulada, ya sea mediante una respuesta en forma expresa, o bien implícitamente, lo que se traduce además en brindarle certeza sobre la existencia de un límite temporal tras el cual estará en aptitud de hacer valer los medios de defensa procedentes en relación con el fondo de lo solicitado, pues con tal figura ficta se determina también la litis sobre la que, eventualmente, versará el medio de defensa que, de estimarlo conveniente, haga valer el particular. Consecuentemente, atendiendo a las dos consideraciones destacadas, y en ejercicio del control de constitucionalidad inicialmente referido, debe concluirse que con el contenido de la porción normativa de mérito no se genera afectación al derecho de petición reconocido en el artículo 8o. constitucional, y que el correspondiente problema jurídico se solventa con el examen efectuado con base en la interpretación conforme de aquélla." Decisión. De ahí que esta juzgadora considere que la omisión reclamada en este momento no ocasiona un agravio personal y directo a la parte quejosa, por lo cual es evidente que se acredita la actualización de manera notoria, manifiesta e indudable, de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los numerales 5º, fracción I y 6º, todos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda constitucional en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la legislación invocada. Háganse las anotaciones correspondientes. Transparencia y acceso a la información pública En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

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