Maria Jose Guillen Leal
Expediente 1070/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 13 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1070/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 06/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Maria Jose Guillen Leal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, ha fenecido el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra la sentencia dictada en el presente asunto, en el que se sobreseyó en el juicio en que se actúa, sin que ninguna de las mismas lo hubiera hecho. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletorio a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2, se declara que dicha resolución causó ejecutoria para todos los efectos legales. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 211, inciso a) del Acuerdo General de referencia, y capitulo 8 Expedientes Destruibles, 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos, sub punto 12, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados [.]. 2 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos. [.] 1. Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. [.] ???????? Federal; el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó respecto de los actos reclamados, y no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 153, del citado Acuerdo General. Por lo tanto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 del citado instrumento normativo, consérvese este expediente por el término de tres años, y cumplido que sea dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes destrúyase, debiéndose remitir el acta de baja documental condigna, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DESTINO DE INCIDENTES DE SUSPENSIÓN Se hace la indicación que acorde con lo dispuesto en el artículo 214, inciso c) del Acuerdo General de referencia, 3 Artículo 15. Expedientes de relevancia documental. Se consideran expedientes de relevancia documental y se conservarán en su integridad en original, con independencia del órgano jurisdiccional que lo genere o el tipo de expediente, los siguientes: I. Los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; II. Los relativos a delitos contra el derecho internacional; III. Delitos contra la humanidad; IV. Los que traten de delitos contra la administración de justicia; V. Los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; VI. Los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; VII. Los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; VIII. Los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; IX. Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; X. Los que versen sobre materia agraria; y XI. Los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Podrán ser considerados de relevancia documental, además de los anteriores supuestos, aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional." 4 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una relacionado con el capítulo 8, punto 8.1.2 sub punto 35, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión provisional y definitiva. En ese sentido, una vez cumplido el término de tres años a partir de esta fecha, deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Asimismo, en términos de lo dispuesto en el numeral 20, fracción ll, inciso a) del multicitado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental que deriva de este asunto, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; 5 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos. [.] 3. El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados. Nota: Si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la suspensión definitiva el expediente será "destruible". Si se negó la suspensión provisional y se negó la suspensión definitiva el expediente será "destruible". ????????? coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del citado Acuerdo General.
- Principal
AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las nueve horas del quince de noviembre de dos mil veintidós, la licenciada Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida por Pedro Castillo Castañón, Secretario con quien actúa y da fe, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 1070/2022, promovido por María José Guillén Leal, por su propio derecho, contra actos de la Rectora de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, sin la comparecencia de ninguna de las partes ni representante legítimo de ellas. A continuación, el Secretario da cuenta con la relación de constancias, en las que obran y destacan las siguientes: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1 Demanda de amparo. 2 a 16. 2 Auto admisorio. 34 a 39. 3 Emplazamiento a las autoridades responsables. 42. 4 Emplazamiento del Fiscal del Ministerio Público adscrito. 42. Asimismo, se hace constar que la siguiente relación coincide con las autoridades responsables y el sentido de su informe con justificación: NO AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO FOJA PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 JUICIO DE AMPARO 1070/2022 -2- 1 Rectora de la Universidad Interamericana para el Desarrollo [UNID]. Niega. 64 a 71. 2 Coordinadora del Área de Servicios de la Universidad Interamericana para el Desarrollo [UNID]. Niega 64 a 71. 3 Directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de la Universidad Interamericana para el Desarrollo [UNID]. Omisa Omisa Al respecto la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos a que haya lugar. Acto seguido se abre la etapa de pruebas: El secretario hace constar que fueron ofrecidas por las siguientes partes: NO AUTORIDAD RESPONSABLE PRUEBA FOJA 1 Rectora y de la Universidad Interamericana para el Desarrollo [UNID]. Documentales 72 a 137. 2 Coordinadora del Área de Servicios de la Universidad Interamericana para el Desarrollo [UNID]. Documentales 72 a 137. PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 JUICIO DE AMPARO 1070/2022 -3- 3 Quejosa María José Guillén Leal. Documentales, presuncional legal y humana, e instrumental pública de actuaciones. 17 a 33. Al respecto la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas las citadas pruebas ofrecidas por las partes, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente asunto, por lo cual se declara cerrada dicha etapa. Acto continuo, se abre el periodo de alegatos, y el secretario hace constar que únicamente fueron formulados por la parte quejosa, mediante escrito recibido en este juzgado el siete de octubre del presente año. Al respecto la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la quejosa, los cuales serán tomados en consideración al momento de resolver el presente asunto, por lo cual se declara cerrada dicha etapa. Luego, al no existir actuaciones pendientes de desahogar, se da por concluida esta audiencia constitucional y se procede a dictar la resolución correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 1070/2022. PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 JUICIO DE AMPARO 1070/2022 -4- RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el veintidós de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, de la que correspondió conocer, por razón de turno, a este juzgado, María José Guillen Leal, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite el expediente 1070/2022, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desprende del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 JUICIO DE AMPARO 1070/2022 -5- circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vinculación con el diverso acuerdo 16/2016, publicado el once de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación; toda vez que se reclama un acto atribuido con ejecución en la circunscripción en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, es necesario precisar en qué consisten aquellos, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Al respecto, es orientadora la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"1 y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS".2 En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda, y demás constancias que obran en autos, se obtiene que el acto reclamado es el siguiente: 1 Tesis P. IV/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255. 2 Jurisprudencia 2ª./J. 55/98, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, agosto de 1998, página 227. PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 JUICIO DE AMPARO 1070/2022 -6- La omisión y/o negativa en realizar los trámites necesarios para expedir, registrar y entregar el Título Profesional Electrónico y Cédula Profesional a la quejosa. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, la Rectora y la Coordinadora del Área de Servicios Escolares, ambas de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con sede en esta ciudad, negaron la existencia de los actos que se les reclaman. Por su parte, la autoridad responsable Directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con sede en esta ciudad, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante de encontrarse notificada con la oportunidad debida, como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos [foja 42]. Sin embargo, no es estima procedente presumir cierto el acto reclamado en términos de lo previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, toda vez que la autoridad responsable ordenadora negó la existencia del mismo, y por tanto, también debe tenerse por inexistente respecto a la Directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con sede en esta ciudad, como autoridad ejecutora. Es aplicable al caso la tesis aislada, consultable en la página 1761, del Tomo LXXXV. Segunda Sala, Quinta Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 JUICIO DE AMPARO 1070/2022 -7- Corte de Justicia de la Nación, con registro 322450, la cual indica lo siguiente: "ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. Habiendo negado el acto la autoridad señalada como ordenadora, sin que sea desvirtuada la negativa, procede el sobreseimiento tanto respecto a dicha autoridad, como de la ejecutora, que en estas condiciones no puede realizar órdenes inexistentes." Atento lo anterior, debe decirse que uno de los presupuestos de la acción de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, pues no es posible revisar en primer lugar la procedencia de la instancia y en su caso la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. En ese sentido, siguiendo el principio general del proceso, de acuerdo con el cual incumbe a quien afirma probar su dicho, la Ley de Amparo arroja sobre la parte quejosa la responsabilidad de demostrar que los actos cuya inconstitucionalidad reclama efectivamente existen. La ley de la materia, establece tres vías para determinar la existencia del acto reclamado: la primera es desde luego la prueba directa; la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables; y la última, aunque más usual, es mediante el reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su proceder. En el asunto concreto, no existe en autos dato objetivo alguno que confirme la participación que se imputa a las autoridades antes mencionadas en los actos PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 JUICIO DE AMPARO 1070/2022 -8- reclamados, de ahí que se considere en sus términos la negativa expresada por las autoridades. Lo anterior así se considera, partiendo del hecho que las autoridades responsables señalaron en su informe justificado que antes de la expedición del título solicitado por la quejosa, es necesario realizar el siguiente procedimiento: I.- La universidad elabora un certificado total de estudios. II.- El certificado total de estudios es enviado a las oficinas de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Secretaria de Educación Pública (DGAIR), para su debida certificación y autentificación. III.- La Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Secretaria de Educación Pública (DGAIR), devuelve a la universidad el certificado total de estudios. IV.- La universidad elabora el título profesional y lo remite a la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Secretaria de Educación Pública (DGAIR), para generar el documento en archivo electrónico debidamente certificado y autentificado. Asimismo, la autoridades responsables precisaron que la quejosa María José Guillen Leal, terminó de cursar las materias correspondientes al plan de estudios de la Licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas, el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, y el veintisiete de agosto de ese mismo año, cubrió el pago del costo de titulación, pero sin cubrir los requisitos exigibles para titularse, al no PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 JUICIO DE AMPARO 1070/2022 -9- acreditar satisfactoriamente la evaluación examen EGEL, presentado en el citado mes y año. Además, las autoridades responsables señalaron que la quejosa María José Guillen Leal, presentó nuevamente la evaluación de egreso en el mes de diciembre de dos mil veintiuno, y obtuvo un resultado satisfactorio del que fue notificada la universidad en el mes de enero del dos mil veintidós, siendo hasta ese momento en que se podían iniciar los trámites correspondientes. De igual manera, las potestades responsables precisaron que el atraso en los trámites que reclama la impetrante, se originan con la suspensión de actividades durante catorce meses en la Administración Pública Federal, a partir de la publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación de veinte de marzo de dos mil veinte, en la que se incluyen la suspensión de los plazos y términos relacionados con los trámites y procedimientos administrativos que se llevan a cabo ante la Secretaria de Educación Pública, mismo que fue modificado y actualizado, y pese a ello, únicamente se encuentra pendiente la validación y certificación del título profesional reclamado. Al respecto, la Rectora y la Coordinadora del Área de Servicios Escolares, ambas de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con sede en esta ciudad, exhibieron entre otros documentos, el historial académico de la impetrante María José Guillen Leal y el acuse de recibo original de la constancia de notificación realizada a la quejosa respecto a la calificación obtenida en la evaluación de egreso UNID, y en donde también se le comunica que se considera acreditado y liberado dicho requisito dentro del proceso de titulación, en la que se PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 JUICIO DE AMPARO 1070/2022 -10- aprecia la firma de María José Guillen Leal, con fecha veinte de enero de dos mil veintidós. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 2° de esta última. Al efecto, se cita la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por analogía, con datos de localización Época: Quinta Época, Registro: 394182, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia(s): Común, Tesis: 226, Página: 153, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Luego, la quejosa María José Guillen Leal, exhibió como pruebas la impresión relativa al reporte de pagos realizados a la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con sede en esta ciudad; la copia simple de la constancia de terminación de estudios de fecha quince de septiembre de dos mil veintiuno; la copia simple del diploma expedido en favor de la impetrante por la universidad responsable, como integrante de la generación 2018-2021 de la Licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas; la copia simple de la constancia de notificación realizada a la quejosa respecto a la calificación obtenida en la evaluación de egreso UNID, y en donde también se le comunica que se considera acreditado y liberado dicho PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 JUICIO DE AMPARO 1070/2022 -11- requisito dentro del proceso de titulación, en la que se aprecia la firma de María José Guillen Leal, con fecha veinte de enero de dos mil veintidós; la copia simple del historial académico de la impetrante; y la copia simple de la constancia de trámite de certificado total de licenciatura y título profesional. Sin embargo, debe destacarse que de las citadas documentales no se advierte la existencia del acto reclamado, y por el contrario, corroboran lo informado por las autoridades responsables, en el sentido de que se está realizando el trámite de certificado total de licenciatura y título profesional, encontrándose los documentos relativos al mismo, ante la Secretaría de Educación Pública, tal y como le informó la Coordinadora del Área de Servicios Escolares, ambas de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con sede en esta ciudad, a la quejosa María José Guillen Leal, en constancia de ocho de abril del presente año [foja 33]. En ese sentido, sin prueba en contrario que desvirtúe las negativas apuntadas por las responsables, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización Época: Sexta época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Página 236, número 284, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 JUICIO DE AMPARO 1070/2022 -12- sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la ley de Amparo. También, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con datos de localización Época: Octava Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Página: 627, número 20, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por José Macías Bárcenas, contra el acto y autoridades precisados en el considerando segundo, atento los razonamientos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a diecisiete de octubre de dos mil veintidós. SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Visto la certificación de cuenta, se advierte que esta trascurriendo el termino de ocho días, previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, correspondiente a la vista del informe justificado rendido por las autoridades responsables Rectora y Coordinadora del Área de Servicios Escolares, ambas de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con sede en esta ciudad. En esas circunstancias, para dar margen a que transcurra el término legal previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las nueve horas del quince de noviembre de dos mil veintidós para su verificativo, la cual preferentemente se llevará a cabo con la participación no física de las partes sino a través del envío de sus pruebas, alegatos o promociones, o de ser José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 2 indispensable, mediante el uso de algún medio electrónico y/o tecnológico que permita realizar diligencias a distancia, en cuyo caso así debe hacerse del conocimiento oportuno de este órgano jurisdiccional por la parte interesada, a fin de realizar la preparación pertinente. El señalamiento de la referida fecha, obedece a la necesidad de utilizar con eficiencia la agenda de este juzgado federal, tomando como base las medidas preventivas y lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General 10/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, prorrogado en su vigencia por los Acuerdos Generales 25/2020, 372020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 21/2021, 2/2022, 7/2022, 9/2022 y 16/2022. Inscríbase esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de esta institución, para los estadísticos correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de José de Jesús Soto Ríos, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a once de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el escrito firmado por la quejosa María José Guillen Leal, a través del cual realiza diversas manifestaciones, en torno a la vista concedida en proveído de treinta de septiembre de dos mil veintidós. En consecuencia, en términos del artículo 124 de la Ley de la Amparo, se le tiene a la directa quejosa, formulando alegatos de su intención, los cuales serán relacionados en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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