María José Carrillo Aviles
Expediente 345/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 345/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- María José Carrillo Aviles
- Agente del Ministerio Público Adscrito Al Juzgado Segundo de Distrito En el Estado de Yucatán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el veintinueve de marzo del dos mil veintidós, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
ANTECEDENTES PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado el nueve siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció María José Carrillo Avilés, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclamó de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de diez de febrero de dos mil veintidós, se registró la demanda de que se trata con el número 345/2022-VIII-A y se admitió a trámite la misma, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 60 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, de la lectura de la demanda de amparo, como de las constancias que obran en autos, se tiene que la parte quejosa reclama: La omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 801/2018. TERCERA. Inexistencia de los actos reclamados. No es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, pues aun y cuando manifestó al rendir su informe, que sí era cierto, inmediatamente ésta señaló que en fecha nueve de julio de dos mil veintiuno, dictó el proyecto de resolución en forma de laudo, el cual fue elevado a la categoría de laudo en fecha veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. En el caso, del estudio de las constancias que remitió la autoridad responsable, a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se desprende que la Junta responsable por resolución de nueve de julio de dos mil veintiuno, dictó el proyecto de laudo y con fecha veinticuatro de agosto del mismo año, se elevó a categoría de laudo dicho proyecto, circunstancia que aconteció con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, que lo fue el ocho de febrero de dos mil veintidós. En este punto, igual debe precisarse, que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. En consecuencia, dado que la parte quejosa no ofreció prueba alguna para desvirtuar dicha circunstancia, conlleva a que este órgano de control no pueda realizar el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por ser inexistente como ya se vio, de ahí que, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio. Cobran aplicación al caso particular por analogía, la jurisprudencia número 10, consultable en la página 12, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,544, así como el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que este Juzgador comparte, consultable en la página 254, Octava Época, Tomo XIII-Enero del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 213793, que en su orden indican: "AMPARO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja"; y "JUICIO DE AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del motivo de sobreseimiento que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." CUARTA. Oposición a la publicación de datos personales Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTA. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por María José Carrillo Avilés, en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en la consideración tercera de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración cuarta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese una reimpresión de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el oficio TTSEM/MP/SRÍA.-469/2022, signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con residencia en esta ciudad, y anexos que acompaña, mediante los cuales en atención al requerimiento efectuado mediante proveído de dieciséis de febrero último, adjunta copia certificada de todas las gestiones realizadas a efecto de requerir el cumplimiento del laudo a las autoridades responsables y actualizando las cantidades pendientes de pago por el Ayuntamiento de Tekantó, Yucatán, tal y como se advierte en específico de su auto de veintidós de marzo del año en curso. No obstante lo anterior, tomando en consideración lo proveído en autos en donde se advierte que mediante acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno a efecto de seguir los lineamientos plasmados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se vinculó al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada dictada en el presente asunto a las autoridades siguientes: a) Congreso, b) Secretario de Gobierno, c) Secretario de Hacienda del Gobierno, d) Secretario de Administración y Finanzas, todos del Estado de Yucatán y al e) Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, en su carácter de superior jerárquico. Ello, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, informen las gestiones que han llevado a cabo para auxiliar al Ayuntamiento Municipal de Tekantó, Yucatán, esto es, informen de qué manera le han brindado los medios necesarios para la obtención de recursos, ya sea mediante una asesoría, una ampliación presupuestal, la autorización para la adquisición de empréstitos o créditos para cumplir con la sentencia de amparo, o bien la implementación de algún sistema de pago para que puedan pagar lo adeudado a la parte quejosa. Lo anterior, en atención a que al Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán, se le instruyó, para que una vez recibida la petición del Ayuntamiento para que con cuenta del Municipio, realzare el pago adeudado al quejoso con cargo a las participaciones que en ingresos federales les corresponda, llevare a cabo el trámite correspondiente en breve término, para que se efectúe el pago relativo adeudado al quejoso; o bien, en el caso de que surgiera algún impedimento para cumplir lo requerido, se le instruye para que busque alguna otra opción para satisfacer lo solicitado. Al Gobernador del Estado de Yucatán, se le instruyó en su carácter de superior jerárquico, para que conmine y supervise el cumplimiento a lo determinado en esta resolución, tomando en cuenta que, en caso de inobservancia a este deber, tanto a él como al Secretario de Administración y Finanzas, se procederá en aplicación de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal. Y no obstante ello, sólo han manifestado que no se encuentra dentro de sus atribuciones realizar las gestiones que les fueron encomendadas, dejando de lado lo ordenado por el Máximo Tribunal de la Nación. Al Congreso del Estado de Yucatán, se le requirió para que dé respuesta inmediata a la solicitud efectuada por el Municipio de Tekantó, Yucatán, a fin de que en su auxilio facilite, estudie y analice el presupuesto del Municipio, así como la implementación de los medios para la obtención de recursos con cargo a la cuenta del Municipio, para que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debiendo otorgarle a éste una asesoría a efecto de poder cumplir la ejecutoria de amparo. Lo anterior, con el apercibimiento a las autoridades vinculadas que de no efectuar las gestiones necesarias para lograr el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dentro del plazo concedido, e informarlo a este juzgado federal, se seguirá el trámite de ejecución previsto en la Ley de Amparo, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, y el Acuerdo Plenario 5/2013, modificado mediante instrumento normativo de cinco de septiembre de dos mil diecisiete. Además, con apercibimiento a dichas autoridades, que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa por el valor de cien unidades de Medida y Actualización equivalente a $9,622.00 (nueve mil, seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N), a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En apoyo de lo anterior, por analogía cabe citar la tesis de jurisprudencia 178, visible en la página 145, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registrada con el número 917,712, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo." También es aplicable la tesis relacionada en quinto lugar con la jurisprudencia 735, visible en la página 1208, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que señala: "EJECUTORIA DE AMPARO, AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, TIENEN OBLIGACIÓN DE REALIZAR LOS ACTOS QUE REQUIERA SU EFICACIA. Todas las autoridades, aunque no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, si tienen o deben tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia protectora, y para que el fallo constitucional logre vigencia real y eficacia práctica." Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guarda el presente expediente, se desprende que mediante proveído de nueve de marzo de dos mil veintidós, causó estado el acuerdo por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio constitucional. Asimismo, que en proveído de la misma fecha dictado en el incidente de suspensión derivado del juicio constitucional en que se actúa, se dejó sin efectos la audiencia incidental señalada para las nueve horas con veinticuatro minutos del once de marzo de dos mil veintidós. En consecuencia, se ordena remitir por cuerda separada al archivo, el original y duplicado del cuaderno incidental, anexándole para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, se hace la indicación de que es susceptible de destrucción, pues mediante acuerdo pronunciado el nueve de marzo del año en curso en estos autos, se dejó sin efectos todas las providencias dictadas en el presente cuaderno de suspensión, lo que genera la misma consecuencia jurídica a que hubiera sido negada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c), del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el arábigo 22 del acuerdo normativo. Notifíquese y cúmplase.
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