María José Arrojo Salazar
Expediente 308/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 22 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 308/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 13/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María José Arrojo Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
SE NOTIFICA A LAS PARTES EL SIGUIENTE AUTO: Córdoba, Veracruz, a trece de enero de dos mil veintiuno. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que de las constancias que conforman los presentes autos se advierte que en sentencia dictada el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito por una parte sobreseyó en el juicio de amparo, y por otra concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en los siguientes términos: En consecuencia, dado que los conceptos de violación resultaron esencialmente fundados, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto que, en términos del precepto 74, fracción V, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable Tesorero Municipal de Orizaba, Veracruz, realice las siguientes acciones: a) Deje insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo de ejecución 16/2017, a partir de la diligencia de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, incluyendo el embargo decretado sobre el inmueble propiedad de la quejosa, y: b) Ordene la legal notificación a la contribuyente de la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete que contiene el mandamiento de ejecución. Inconforme con esa determinación, *******, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, cuyos Magistrados integrantes, en sesión de veinte de junio de dos mil diecinueve, al resolver el toca 411/2018, de su estadística, determinaron confirmar la sentencia impugnada; por ende, por auto de ocho de julio del mismo año, se requirió el cumplimiento del fallo protector al indicado Tesorero. En consecuencia, la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo debía: Dejar insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo de ejecución 16/2017, a partir de la diligencia de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, incluyendo el embargo decretado sobre el inmueble propiedad de la quejosa, y: Ordenar la legal notificación a la contribuyente de la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, el mandamiento de ejecución. En atención a lo anterior, la responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, remitió las constancias con las que estimó daba cumplimiento al fallo protector, entra estas al auto de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, por el que se dejó insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo de ejecución 16/2017, a partir de la diligencia de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, y ordenó la legal notificación de la resolución que contiene el mandamiento de ejecución. El veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable. En acuerdo de siete de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo, determinación contra la cual la parte quejosa interpuso inconformidad, la que mediante resolución de nueve de julio de dos mil veinte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, declaró fundada, pues determinó que la autoridad responsable no notificó legalmente la referida resolución de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete; por tanto, mediante auto de quince de octubre de dos mil veinte, se requirió nuevamente el cumplimiento a la autoridad responsable. Atento a lo anterior, el Tesorero Municipal de Orizaba, Veracruz, remitió copia certificada del acuerdo administrativo de veintiocho de octubre de dos mil veinte, y copias certificadas de los recibos con números de folio 2613775, 2613776, 2613777, 2613778 y 2613779, por concepto de pago de agua potable y drenajes respecto del contrato ******* a nombre de la contribuyente ******* y copropietario, con lo que manifestó se acreditaba que la quejosa cubrió el crédito fiscal determinado en el procedimiento administrativo de ejecución 016/17, por lo cual ordenó el archivo del mismo como asunto concluido, determinación que fue notificada a la quejosa el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Mediante auto de treinta de noviembre del presente año, se dio vista a la parte quejosa, por el término de tres días, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que hiciera manifestación alguna al respecto. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que inicialmente dejó insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo de ejecución 16/2017, a partir de la diligencia de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, incluyendo el embargo; empero, al realizar la quejosa *******, los pagos por los servicios de agua potable y drenaje, como se advierte de los recibos con números de folios 2613775, 2613776, 2613777, 2613778 y 2613779, relacionados con el contrato 55561439, a nombre de la accionante del amparo y otro, cubrió el crédito fiscal que dio origen al procedimiento administrativo de ejecución 016/17, por lo se dio por terminado dicho procedimiento y se ordenó el archivo del mismo como asunto concluido, determinación que fue notificada a la quejosa el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Por tanto, existe imposibilidad jurídica para cumplir en sus términos la ejecutoria de amparo, al haber cambiado la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, pues la quejosa realizó el pago del crédito fiscal materia del procedimiento administrativo de ejecución 16/2017, motivo por el cual el mismo se dio por concluido, de ahí que la responsable se encuentra imposibilitada para realizar la notificación de la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, que contiene el mandamiento de ejecución, pues dicho procedimiento administrativo ya se archivó, al haber cubierto la quejosa el pago requerido del citado crédito fiscal. En esas condiciones, se declara sin materia el cumplimiento a la ejecutoria federal, por las razones que han quedado precisadas. Sustenta lo anterior, en lo conducente y por su contenido esencial, la jurisprudencia 2a./J.2/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 431, Tomo XXVII, correspondiente al mes de enero de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que por una parte se sobreseyó en el juicio y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se concedió y por otra se negó la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otro lado, toda vez que en la certificación de esta propia fecha, se asentó que la parte quejosa exhibió como pruebas de su parte diversas documentales, con las cuales mediante auto de ocho de junio del año en curso (foja 212), se ordenó formar un tomo de pruebas, el cual se encuentra en resguardo en la secretaria de este juzgado; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, del referido Acuerdo General; requiérase a la parte quejosa a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir tales documentos en el término de NOVENTA DÍAS, contados a partir de la legal notificación de este proveído, previa copia y razón que por su recibo se otorgue en autos, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, los citados documentos correrán la misma suerte que este expediente.
- Incidental
SE NOTIFICA A LAS PARTES EL SIGUIENTE AUTO: Córdoba, Veracruz, a trece de enero de dos mil veintiuno. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que de las constancias que conforman los presentes autos se advierte que en sentencia dictada el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito por una parte sobreseyó en el juicio de amparo, y por otra concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en los siguientes términos: En consecuencia, dado que los conceptos de violación resultaron esencialmente fundados, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto que, en términos del precepto 74, fracción V, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable Tesorero Municipal de Orizaba, Veracruz, realice las siguientes acciones: a) Deje insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo de ejecución 16/2017, a partir de la diligencia de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, incluyendo el embargo decretado sobre el inmueble propiedad de la quejosa, y: b) Ordene la legal notificación a la contribuyente de la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete que contiene el mandamiento de ejecución. Inconforme con esa determinación, *******, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, cuyos Magistrados integrantes, en sesión de veinte de junio de dos mil diecinueve, al resolver el toca 411/2018, de su estadística, determinaron confirmar la sentencia impugnada; por ende, por auto de ocho de julio del mismo año, se requirió el cumplimiento del fallo protector al indicado Tesorero. En consecuencia, la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo debía: Dejar insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo de ejecución 16/2017, a partir de la diligencia de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, incluyendo el embargo decretado sobre el inmueble propiedad de la quejosa, y: Ordenar la legal notificación a la contribuyente de la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, el mandamiento de ejecución. En atención a lo anterior, la responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, remitió las constancias con las que estimó daba cumplimiento al fallo protector, entra estas al auto de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, por el que se dejó insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo de ejecución 16/2017, a partir de la diligencia de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, y ordenó la legal notificación de la resolución que contiene el mandamiento de ejecución. El veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable. En acuerdo de siete de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo, determinación contra la cual la parte quejosa interpuso inconformidad, la que mediante resolución de nueve de julio de dos mil veinte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, declaró fundada, pues determinó que la autoridad responsable no notificó legalmente la referida resolución de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete; por tanto, mediante auto de quince de octubre de dos mil veinte, se requirió nuevamente el cumplimiento a la autoridad responsable. Atento a lo anterior, el Tesorero Municipal de Orizaba, Veracruz, remitió copia certificada del acuerdo administrativo de veintiocho de octubre de dos mil veinte, y copias certificadas de los recibos con números de folio 2613775, 2613776, 2613777, 2613778 y 2613779, por concepto de pago de agua potable y drenajes respecto del contrato ******* a nombre de la contribuyente ******* y copropietario, con lo que manifestó se acreditaba que la quejosa cubrió el crédito fiscal determinado en el procedimiento administrativo de ejecución 016/17, por lo cual ordenó el archivo del mismo como asunto concluido, determinación que fue notificada a la quejosa el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Mediante auto de treinta de noviembre del presente año, se dio vista a la parte quejosa, por el término de tres días, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que hiciera manifestación alguna al respecto. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que inicialmente dejó insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo de ejecución 16/2017, a partir de la diligencia de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, incluyendo el embargo; empero, al realizar la quejosa *******, los pagos por los servicios de agua potable y drenaje, como se advierte de los recibos con números de folios 2613775, 2613776, 2613777, 2613778 y 2613779, relacionados con el contrato 55561439, a nombre de la accionante del amparo y otro, cubrió el crédito fiscal que dio origen al procedimiento administrativo de ejecución 016/17, por lo se dio por terminado dicho procedimiento y se ordenó el archivo del mismo como asunto concluido, determinación que fue notificada a la quejosa el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Por tanto, existe imposibilidad jurídica para cumplir en sus términos la ejecutoria de amparo, al haber cambiado la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, pues la quejosa realizó el pago del crédito fiscal materia del procedimiento administrativo de ejecución 16/2017, motivo por el cual el mismo se dio por concluido, de ahí que la responsable se encuentra imposibilitada para realizar la notificación de la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, que contiene el mandamiento de ejecución, pues dicho procedimiento administrativo ya se archivó, al haber cubierto la quejosa el pago requerido del citado crédito fiscal. En esas condiciones, se declara sin materia el cumplimiento a la ejecutoria federal, por las razones que han quedado precisadas. Sustenta lo anterior, en lo conducente y por su contenido esencial, la jurisprudencia 2a./J.2/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 431, Tomo XXVII, correspondiente al mes de enero de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que por una parte se sobreseyó en el juicio y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se concedió y por otra se negó la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otro lado, toda vez que en la certificación de esta propia fecha, se asentó que la parte quejosa exhibió como pruebas de su parte diversas documentales, con las cuales mediante auto de ocho de junio del año en curso (foja 212), se ordenó formar un tomo de pruebas, el cual se encuentra en resguardo en la secretaria de este juzgado; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, del referido Acuerdo General; requiérase a la parte quejosa a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir tales documentos en el término de NOVENTA DÍAS, contados a partir de la legal notificación de este proveído, previa copia y razón que por su recibo se otorgue en autos, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, los citados documentos correrán la misma suerte que este expediente.
- Principal
Córdoba, Veracruz, treinta de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a sus autos sin mayor proveído el informe rendido por el Jefe de la oficina de apoyo legal por acuerdo del 4. Director General de la Policía Ministerial, con sede en Xalapa, Veracruz, toda vez que el veintiochode octubre del año en curso, se resolvió sobre la suspensión definitiva en el presente asunto.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio signado por el Tesorero Municipal, con residencia en Orizaba, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene remitiendo copia certificada del acuerdo administrativo de veintiocho de octubre de dos mil veinte, del que se advierte que la aquí quejosa *************, cubrió el crédito fiscal que dio origen al procedimiento administrativo de ejecución 16/2017, por lo que se dio por terminado el mismo y se ordenó el archivó como un asunto total y definitivamente concluido; sin embargo, es omiso en remitir copia certificada de la notificación a la quejosa del citado auto. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 192, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo vigente, se requiere al Tesorero Municipal, con residencia en Orizaba, Veracruz, para que de inmediato, remita copia certificada de la notificación a la quejosa del auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte, emitido en el procedimiento administrativo de ejecución 16/2017. En el entendido de que le subsiste el apercibimiento formulado por auto de quince de octubre del año en curso
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